Las autoridades bolivianas investigan una red de caza de animales silvestres comandada desde Argentina que ofrecía expediciones en Brasil y Paraguay para aficionados a esa práctica, principalmente españoles y estadounidenses, con tarifas que podían costar hasta 50.000 dólares por un ejemplar de jaguar.

La voz de alerta en Bolivia la dio el guardaparque Marcos Uzquiano, a raíz de su participación en un evento internacional en Brasil y que derivó en que, a mediados de diciembre, él junto al abogado ambientalista Rodrigo Herrera y la agrupación animalista 'Llanto del Jaguar' presenten una denuncia penal.

Uzquiano dijo a EFE que muchos de los participantes en esas expediciones llegaban a pagar “entre 10.000 dólares hasta 50.000 dólares por espécimen de jaguar”, para ya muertos someterlos a técnicas de taxidermia o disecado.

El punto de origen fue una investigación en Argentina que reveló los nexos de Jorge Néstor Noya, propietario de la empresa 'Caza & Safaris Argentina', quien se dedicaba a la oferta de circuitos y expediciones para cazar animales silvestres.

El caso fue investigado por la revista boliviana Nómadas, que informó que actualmente Noya guarda detención domiciliaria en Buenos Aires acusado por provisión ilegal de armas, asociación ilícita y depredación de fauna silvestre, por el negocio que realizó desde la década 1980 y que incluso se amplió hasta algunos países africanos.

Uzquiano explicó que la denuncia penal en Bolivia es por biocidio, con una pena de hasta 10 años de prisión si es contra animales silvestres en áreas protegidas, que espera sirva “para visibilizar el tema” y que llamar la atención de las autoridades locales.

Este guardaparque viene de ganar una batalla legal después de que el destituido director del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) Johnson Jiménez ordenó su despido, por lo que Uzquiano presentó un recurso ante la Justicia con el que logró su reincorporación.

“Cazaban lo que querían”

El abogado Rodrigo Herrera, quien dirige la Asociación Legal Justicia Ambiental en Bolivia, relató a EFE que Noya ofrecía en internet el servicio de cacería, pero que “dentro de los círculos de cazadores ilegales” se sabía que habían paquetes de caza de jaguares.

La oferta en Bolivia se hacía dentro del Área Natural de Manejo Integrado San Matías, una zona protegida situada en el departamento de Santa Cruz (este), en la frontera con Brasil.

“Tenemos las confirmaciones sobre el récord migratorio de Noya, que se ha desplazado a Bolivia en 25 oportunidades. Utilizaba avionetas pequeñas para desplazarse desde Brasil y Argentina hasta Bolivia para no cumplir con las normas migratorias”, explicó Herrera.

Inclusive el dueño de 'Caza & Safaris Argentina' contaba con “operarios” bolivianos con los que aprovisionaba a sus clientes mayormente españoles y estadounidenses con “material de caza, armas, municiones y todo lo que se necesitaba”, agregó.

Herrera afirmó que se trata de “un caso grotesco” y que se tiene certeza que también involucra a personas de “importancia económica y política” en Bolivia, cuyos nombres evitó mencionar.

Por su parte, Uzquiano mencionó que “no solamente venían a cazar jaguares, sino que se daba a entender que podían tener todo lo que ellos querían, no solo jaguares, monos. Cada animal tenía su precio”, apuntó.

El tarifario incluía felinos como tigrillos y pumas, caimanes, anacondas, ciervos, tapires y cerdos de monte, entre otras especies que suelen poblar la selva amazónica y el chaco boliviano.

Los denunciantes coincidieron en que no se puede establecer un número exacto de animales o de especies afectadas, aunque durante las acciones de investigación en Argentina se incautaron casi 8.000 piezas de taxidermia.

Además, indicaron que el proceso penal en Bolivia se va a exigir “la sanción para todas las personas” que participaron y colaboraron con Noya y 'Caza & Safaris Argentina' además de pedir su extradición.

MM con información de la agencia NA.

Cabezas y pieles de jaguares en exhibición, una pata de elefante vaciada y convertida en paragüero, esqueletos y cuernos de mamíferos. Las autoridades argentinas encontraron unas 8.000 partes de animales tras allanar en agosto de 2024 propiedades de la empresa Caza & Safari, de Jorge Noya, un reconocido cazador en la escena global.

“Quienes estaban detrás de esto se jactaban de tener una empresa de más de 40 años para cazar en Argentina y en países limítrofes”, dice a Mongabay Latam una fuente cercana al caso. Gran parte de los clientes eran de Estados Unidos y Europa, de acuerdo con Emiliano Villegas, coordinador de fauna del Área Operativa de la Brigada de Control Ambiental, un organismo de la Subsecretaría de Ambiente de Argentina.

En los allanamientos también encontraron un puma (Puma concolor) vivo encerrado en un tanque metálico y cinco pecaríes de collar (Dicotyles tajacu) en un establo. “Estaban haciendo fusilar a animales en situación de cautiverio”, sostiene Villegas.

Se ha dicho que este es el caso más grande de tráfico de fauna en Argentina, pero se trataría de una red de crimen organizado transnacional. A inicios de 2025 salió a la luz que Noya también sería responsable de la caza de al menos cinco jaguares en Bolivia, también llamados yaguaretés en Argentina. No habría actuado solo y eso es lo que las autoridades de ambos países buscan demostrar.

La operación era explícita

La empresa funciona desde 1979, según su website. En la página, que todavía sigue activa, se publicita abiertamente la caza de pumas (Puma concolor), capibaras (Hydrochoerus hydrochaeris), pecaríes de labio blanco (Tayassu pecari) y corzuelas (Mazama gouazoubira), especies cuya caza está prohibida en Buenos Aires y Santiago del Estero, las provincias en las que operaba la empresa.

En el sitio web se muestran imágenes del hospedaje para los turistas cazadores en los que se observan cabezas de jaguares (Panthera onca) en las paredes. La cacería del gran felino americano está prohibida en Argentina y países de la región, de acuerdo con una fuente cercana al caso.

“Supongamos que hayan cazado jaguares en Argentina, donde tenemos una población en estado crítico de extinción. La mayoría de los informes dice que no hay más de 250 ejemplares, por lo que la caza implica un daño inconmensurable”, afirma Villegas.

También se promociona durante todo el año la caza de especies permitidas sólo en ciertas temporadas. Casi todas son introducidas, como los ciervos colorados, el búfalo de agua, los carneros o los chivos.

Además, se impulsa el envío de los “trofeos de caza”, es decir, los cuerpos completos o sus partes preservadas, a los clientes extranjeros, a pesar de que el tránsito, la exportación y la importación de partes de animales autóctonos están prohibidos en Argentina desde 2022.

La empresa ofrecía paquetes turísticos que incluían el servicio completo: se recogía a los visitantes en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y se los llevaba a los lodges. Uno de ellos estaba en Dolores, provincia de Buenos Aires, y los otros dos en Santo Domingo y Guampacha, provincia de Santiago del Estero, en el Gran Chaco argentino. Una vez en el hospedaje, la alimentación estaba cubierta así como el acceso a armas y municiones.

Siete presuntos responsables identificados en Argentina

El caso comenzó cuando la organización no gubernamental Freeland, que trabaja para combatir el tráfico de vida silvestre, presentó una denuncia contra Caza & Safari.

Miembros de Freeland, que prefieren no ser citados por seguridad, atribuyen los hechos a una “posible desconexión entre la ley federal y la ley de las provincias”. Reconocen que “la corrupción es el denominador común” en los casos de tráfico y que “se podría asumir que las autoridades provinciales brindan algún tipo de protección a estas organizaciones”. Sin embargo, “no es tan fácil culpar a todos los oficiales que tienen el deber de controlar a los cotos de caza”.

La Fiscalía Federal número 1, a cargo de Sergio Mola, y el Juzgado Federal número 2 de Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires, investigaron los hechos durante aproximadamente ocho meses, con el apoyo de la Policía Federal Argentina y del Área Operativa de la Brigada de Control Ambiental.

Después, se llevaron a cabo los allanamientos y la confiscación de los elementos probatorios, entre ellos, animales vivos, armas, municiones, memorias extraíbles y vehículos de alta gama. Además, se confiscaron unas 8.000 partes de animales, entre cráneos, cuernos, pieles y garras. “Los bienes secuestrados suman cerca de 50 millones de dólares”, calcula Villegas.

Las autoridades argentinas detuvieron a siete supuestos responsables: Noya, supuesta cabeza de la operación; otro hombre, encargado de la exportación de las partes de animales; un socio de Noya; un taxidermista; un hombre dedicado a captar clientes extranjeros a través de redes sociales, y dos guías de caza.

Mongabay Latam se comunicó con el abogado de Noya en Buenos Aires, Diego Storto, quien sólo respondió que se encontraba de vacaciones y declinó responder preguntas o facilitar un contacto del empresario para conocer su versión de los hechos. Este medio también intentó comunicarse con Noya en sus domicilios declarados ante las autoridades argentinas pero los números de teléfono están fuera de servicio.

Los presuntos responsables estuvieron en prisión preventiva durante dos meses. El juzgado concedió prisión domiciliaria a Noya, por ser mayor de 70 años, y ordenó que los otros implicados continúen el proceso en libertad, aunque les retiró los pasaportes para evitar que salgan del país..

Más que supuestos delitos en contra de la fauna

Las autoridades han atribuido a los responsables una serie de delitos, según detallan Villegas y la fuente cercana al caso. En primer lugar, están los delitos en contra de la fauna silvestre, específicamente de especies protegidas por las leyes nacionales y por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), como el jaguar y el pecarí labiado. Estos delitos son penados con hasta tres años de prisión.

“Los delitos de fauna son muy leves en Argentina”, reconoce la fuente cercana al caso y consultada por Mongabay Latam. “Por eso es importante fortalecer estas investigaciones, no quedándose solamente con los delitos de fauna, sino investigar y juzgar los delitos que están aparejados a la caza ilegal”, agrega.

Los dos cotos de caza de Santiago del Estero no tenían autorización para realizar cacería. Pero incluso en el que sí tenía el permiso vigente, el de Buenos Aires, se realizaban actividades ilegales. Los turistas no contaban con licencias de caza ni tenían permiso para portar armas. Este último configura un delito con pena de tres a cuatro años de cárcel en Argentina. Además, se usaban silenciadores e infrarrojos, ambos prohibidos para estas actividades.

La taxidermización de los animales cazados y de sus partes se hacía en laboratorios presuntamente ilegales. “Después los sacaban de nuestro país, no sabemos todavía de qué manera”, dice la fuente cercana al caso.

Las autoridades buscan probar principalmente la asociación ilícita, pues con eso se podría asegurar que los responsables reciban sentencias de entre tres y diez años de prisión. Este es un tipo penal que consiste en la asociación de tres o más personas para cometer delitos.

Una vez que la investigación fiscal sea acreditada por la Cámara de Apelaciones, pasará a otra fiscalía que llevará adelante el juicio.

Una presunta red de crimen organizado transnacional

En Bolivia, el caso empezó en noviembre de 2024. Representantes de la Fuerza Pública Argentina y miembros de Freeland entregaron a Marcos Uzquiano, jefe de Protección de la Reserva de la Biósfera Estación Biológica del Beni, información que señalaba que Noya habría estado involucrado en la caza de jaguares en el Área Natural y de Manejo Integrado San Matías, en el departamento de Santa Cruz.

Lo anterior está descrito en la denuncia que Uzquiano presentó en diciembre de 2024 junto a Rodrigo Herrera, abogado y director de la asociación legal Justicia Ambiental, y Mirella Corti, representante del colectivo El Llanto del Jaguar. En el documento también se señala que se habrían asesinado cinco individuos de esta especie.

Bolivia reconoce desde 2023 el biocidio, que establece una pena de dos a cinco años a “quien matare con ensañamiento o con motivos fútiles a un animal”. La sanción será agravada si se trata de más de un animal.

Herrera, en entrevista con Mongabay Latam, cuenta que Freeland determinó el lugar de los hechos con base en fotografías obtenidas en su investigación y mediante “una triangulación de datos geográficos”. Se estima que la cacería se habría dado a partir del 30 de septiembre de 2023 y “de manera reiterada en fechas posteriores”.

“Por la denuncia que recientemente se presentó en Bolivia, podemos entender que podría tratarse de una red internacional de crimen organizado dedicada a la caza furtiva”, asegura Villegas desde Argentina.

El abogado boliviano explica que se apunta a encontrar a los responsables que habrían colaborado con Noya en Bolivia, lo que será clave para que en ambos países puedan usar el delito de crimen organizado.

Presiones, detrás del caso

Dos semanas después de que Uzquiano presentara la denuncia, fue destituido de su cargo. Herrera no lo asocia solamente a este hecho: “Marco ha estado denunciando muchos otros delitos ambientales”, asegura. Para María René Álvarez, diputada nacional y representante del estado de Santa Cruz, el despido “es una acción directa del director del SERNAP (Servicio Nacional de Áreas Protegidas)”.

Mongabay Latam solicitó entrevista con Uzquiano y con Johnson Jiménez Cobo, director nacional del SERNAP, pero no recibió confirmación en ninguno de los dos casos.

Tras conocer el caso y el escándalo tras la destitución de Uzquiano, la diputada Álvarez se adhirió a la denuncia y presentó una querella en la que también se incluye como responsables a Jiménez Cobo, del SERNAP; Alan Lisperguer, ministro de Ambiente, y Álvaro Quispe Olivera, viceministro de Cambio Climático. “Estos funcionarios públicos son llamados a proteger los recursos, pero han decidido guardar silencio ante estas arbitrariedades”, dice la representante de Santa Cruz.

Mongabay Latam pidió al Ministerio de Medio Ambiente y Agua de Bolivia información sobre por qué no se adhirieron al caso y sobre cómo están colaborando para esclarecer los hechos, pero no recibió respuesta hasta el cierre del artículo.

Herrera cuenta que ante el despido, “varias instituciones brindaron apoyo”, como la Defensoría del Pueblo y Justicia Ambiental. Además, se puso una acción de amparo constitucional. El guardaparques ya fue restituido.

El abogado, sin embargo, reconoce que sí hay “una suerte de presión y restricción” alrededor del caso. Relata que se ha enfrentado a aseveraciones extraoficiales que lo señalan como una persona “no grata” para el gobierno de Bolivia.

“Creemos que hay personas importantes y poderosas detrás del caso”, dicen los miembros de Freeland. “La clientela de Noya estaba compuesta por personas de alto perfil a nivel internacional, muchas con cargos públicos importantes”, concluyen.

Nota: Tras la publicación de esta nota, el jueves 23 de enero de 2025 en Mongabay Latam, Caza & Safari quitó de la web las fotografías en donde se veía la caza de especies prohibidas.

ED/MC

Las autoridades y los vecinos de Santa Fe están indignados luego de la viralización de imágenes de cazadores de Estados Unidos que mataron decenas de aves, las cuales se encuentran protegidas por la ley provincial, y luego lo subieron a sus redes sociales.

La ONG Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres (Ceydas) de Entre Ríos publicó en sus redes sociales las diversas imágenes de la agrupación MGW Outfitters en distintas travesías en Santa Fe.

“Esto sucede en el Coto de la Caza de la firma MGW Outfitters. Por esto y más decimos no a la caza de aves autóctonas, no a los cotos y no a la temporada de caza”, señala la publicación.

Las imágenes publicadas por la firma estadounidense se subieron en junio, pero la triste noticia recién trascendió en las últimas horas tras la denuncia de la ONG.

La Resolución 129/2024 reglamentada por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático indica que solo se podrá realizar la caza de tres especies de patos: sirirí, sirirí pampa y crestón, desde el 1° de mayo hasta el 31 de julio.

En este sentido, solo se permite realizar esta actividad en las localidades de 9 de Julio, Vera, General Obligado, San Cristóbal, San Justo, San Javier y Garay.

“Se podrán cazar hasta un máximo de seis piezas por clase y hasta un máximo de 12 en conjunto con excursión”, destaca la Resolución.

Aun así, las autoridades de la ONG confirmaron que los cazadores estadounidenses sobrepasaron el límite establecido.

“La responsabilidad no es solo del coto, que está cazando ilegalmente. La gran responsabilidad cae en el gobierno de la provincia de Santa Fe que autoriza algo que de antemano sabe que no tiene la capacidad para controlar”, manifestó Gabriel Bonomi, representante de Ceydas al diario La Capital.

“Las aves cazadas no son plagas, no son exóticas, ni tampoco abundantes. Son muy importantes para el ecosistema por su carácter migratorio. Al ser migratorias, la importancia ecológica se potencia porque en sus plumas, en sus picos y en sus patas llevan a lo largo de toda su ruta migratoria huevos de peces y semillas de plantas acuáticas y las dispersan”, reclamó.

Con información de agencias.

IG

Uno de los cinco yaguaretés que quedaba en Formosa fue muerto y carneado por cazadores furtivos, los cuales fueron detenidos por autoridades locales.

El yaguareté, el mayor félido de América, se encuentra en peligro en extinción en la Argentina y su captura se encuentra prohibida..

La caza ilegal se produjo en la zona de Estanislao del Campo y el Ministerio de Producción y Ambiente de la provincia de Formosa informó que los autores del hecho ya fueron detenidos y que se encuentran a disposición de la Justicia provincial.

Las autoridades formoseñas confirmaron que el animal fallecido era un macho de gran porte que ya había sido detectado por las cámaras trampa el 27 de febrero de este año por primera vez y también en abril.

Luego de que se confirmó la muerte del animal se realizó una denuncia policial y finalmente intervino el Juzgado de Instrucción y Correccional de la localidad de Las Lomitas, que tiene a su cargo la jueza Gabriela Soledad Plazas.

“Se logró corroborar, a través de las primeras fotos obtenidas del yaguareté muerto y que resultaron determinantes para la investigación que desencadenó en la detención de las personas involucradas en el hecho, por lo cual informamos que a la fecha se encuentra esclarecido respecto a los autores de esta lamentable matanza de un valioso animal que se encuentra protegido por leyes nacionales y provinciales”, destacó Plazas a medios locales.

En este contexto, la Administración de Parques Nacionales, a cargo de Cristian Hansen, emitió un comunicado en el que avisa que pretende que “la causa pase a la Justicia Federal” para en dicho ámbito “constituirse en parte querellante por ser la autoridad de aplicación a cargo del resguardo del Monumento Natural Yaguareté”.

Las penas para este tipo de delitos se encuentran previstas en los artículos 25 y 26 de la Ley de Conservación de Fauna y van de dos meses a dos años con cinco años de inhabilitación especial. La pena se eleva de cuatro meses a tres años de prisión e inhabilitación especial por diez años cuando la caza fuera cometida de modo organizado o con el concurso de tres o más personas o con armas, artes o medios prohibidos por la autoridad de aplicación.

También corresponde una multa económica significativa calculada en función del daño ambiental.

En el país se considera al yaguareté en peligro crítico, ya que enfrenta un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre en un futuro inmediato, siendo las principales causas de ello la destrucción y degradación de ambientes, la caza furtiva y la escasez de presas naturales.

El yaguareté es el mayor felino de América. Su altura a la cruz (lomo) oscila entre los 70 y 90 cm, y su largo varía entre los 110 y 180 centímetros (sin contar su cola), y pesan alrededor de 80kg los machos y 60kg las hembras.

Su cuerpo es ancho y compacto, y su cabeza robusta con potentes mandíbulas.

CRM con información de la agencia NA