Maribel Rodríguez se puso en contacto con la persona indicada en la frontera, en la ciudad boliviana de Yacuiba. Le dieron el paquete y la promesa: 700 dólares. “Tenía que adosarlo a mi panza”, recordó. Decía que sí a todo, era la primera vez que hacía algo parecido. Nunca había estado en una situación así. 

Emprendió viaje desde Salvador Mazza, provincia de Salta, frontera seca con Yacuiba, con destino a Córdoba, acompañada de un kilo de cocaína y de su hijita. A cada paso la consumían un poco más los nervios y la culpa.

En Jujuy, un operativo protocolar de Gendarmería frenó el micro. La requisaron: 998 gramos de cocaína. Quedó detenida y la imputaron por transporte de cocaína, un delito penado con entre cuatro y 15 años de cárcel.

Pero paradójicamente fue absuelta. Mario Juárez Almaraz, juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy, la exculpó. El magistrado acogió los fundamentos de la defensa pública: el contexto en el que vivían ella y sus hijos no le había dejado otra opción que transportar la cocaína. Algo que en el derecho penal se conoce como “estado de necesidad justificante o exculpante”.

La imputada había sufrido una salvaje violencia de género durante seis años. No tenía el secundario completo, tampoco había accedido al mercado laboral formal. Sus ingresos eran mínimos, ni ella ni sus hijos gozaban de cobertura médica.

Pero el gran detonante para la absolución fue otro: la malformación congénita de su hija en la mano izquierda. Cuando Maribel la llevó al Hospital Materno Infantil de Salta, los médicos le advirtieron que cuanto más se postergara la cirugía, menos posibilidades tenía la niña de recuperar la mano.

“El accionar de Rodríguez estuvo justificado porque, con aquel, intentó darle calidad de vida a su hija y la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba la posicionó frente al delito como única alternativa posible”, concluyó el juez Juárez Almaraz en su fallo absolutorio.

Ante la disyuntiva, Maribel eligió el mal menor. ¿Transportar un kilo de cocaína o que tal vez su hija nunca pudiera recuperar la funcionalidad de la mano? El inciso tercero del artículo 34 del Código Penal de Argentina estipula que no habrá castigo para quien cometa un mal con el fin de evitar otro mayor. 

Maribel recuperó la libertad, mas no la calma. El fiscal federal subrogante Sebastián Gabriel Jure apeló la absolución. El 10 de diciembre de 2019 el caso recayó en la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal. Los magistrados Eduardo Riggi, Liliana Catucci y Juan Carlos Gemignani dieron vuelta el veredicto. 

En esta segunda instancia y ya en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el tribunal falló por mayoría a favor de la postura del fiscal Jure, y los jueces decidieron mayoritariamente condenar a Maribel Rodríguez por el delito de transporte de cocaína. 

Por lo general, las reclutan señoras conocidas de un conocido. O directamente ni las conocen y las cruzan en la calle para ofrecer el trabajo. Cuando las detienen no saben nada, ni quién las contrató ni de dónde sale la droga.

Matías Gutiérrez Perea. — Coordinador de las unidades del Ministerio Público de la Defensa en Salta y Jujuy.

El Ministerio Público Fiscal esgrimió que, si bien la acusada había sido víctima de violencia de género, no recibía agresiones al momento de cometer el delito porque la relación con el padre de sus hijos había terminado meses atrás. Argumentó también que existen hospitales públicos donde podría haber tratado la malformación. Y que la nena no se encontraba en una situación de vida o muerte que justificara la urgencia de conseguir dinero a cualquier costo.

Ante la condena, llegó también la apelación de la defensa. Otra sala de la Cámara Federal de Casación Penal, la Sala II, anuló la condena y ordenó que un juez volviera a revisar el caso y le pusiera punto final. 

Así fue que el expediente llegó a las manos de Ángela Ester Ledesma, jueza de Casación, quien volvió a absolver de culpa y cargo a Maribel Rodríguez el 5 de marzo de 2021. La jueza desarmó los fundamentos del fiscal Jure. “Desconocer la situación de necesidad que primó sobre Maribel Rodríguez implica caer en una mirada sesgada del caso, carente de toda perspectiva de género, propia de las estructuras androcéntricas”, se lee en el fallo.

Según la jueza, el fiscal Jure había omitido que para atenderse en el hospital infantil de Salta, Maribel y su hija tenían un viaje de 14 horas ida y vuelta. Les era imposible sostener económicamente la operación que podría costar hasta 4.500 dólares más la estadía de la internación. Si bien Maribel no era golpeada por su ahora ex pareja al momento del delito, seguía sufriendo violencia económica y psicológica, argumentó Ledesma.

La causa contra Maribel pasó por las manos de cinco jueces. Tres concluyeron que no correspondía condenarla. 

Después de la última sentencia, Maribel recuperó las riendas de su vida. Ya alejada de los vaivenes de los tribunales, conoció a su actual pareja y fue mamá por tercera vez. Sigue viviendo en Salvador Mazza, a pasos de la frontera que le enseñó cómo funciona la saña injusta con el último eslabón del tráfico de cocaína, las mujeres más necesitadas son piezas tan importantes como descartables para el crimen organizado. 

Maribel no logró juntar el dinero para tratar a Zamira, que está en segundo grado y tiene una maestra especial que la ayuda a adaptarse y mejorar todo lo posible la funcionalidad de su mano izquierda. 

Un negocio redondo para los narcos

Bolivia y Argentina comparten 742 kilómetros de frontera. Buena parte del contrabando pasa por ahí, incluidos los pequeños cargamentos de entre uno y ocho kilos de cocaína en el cuerpo de las mujeres.

Cada semana son detenidas unas diez mujeres, que la prensa y la policía llaman “mulas” o “bagayeras” y que viajan desde los pasos de frontera de Salta y Jujuy, según el Ministerio Público de la Defensa.

El crimen organizado mueve la cocaína con mujeres porque es una opción económica y segura. Cada una recibe un pago de entre US$600 y US$1.000 por viaje, posiblemente mucho menos que lo que costaría garantizar la logística a través de una cadena de coimas a quienes tienen a cargo los controles, coinciden actores de la Justicia.

El accionar de Rodríguez estuvo justificado porque, con aquel, intentó darle calidad de vida a su hija y la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba la posicionó frente al delito como única alternativa posible.

Juez Juárez Almaraz.

Ser “mula”, recordó Maribel al teléfono, “era algo que pagaba bien”. Después de que Maribel le contara los habituales episodios de violencia a una “amiga”, después de que se mostrara dispuesta a todo para conseguir el dinero que le devolviera la funcionalidad de la mano a su hija, le llegó la propuesta para juntar mucho dinero en poco tiempo. 

Que la cocaína cruce fronteras en el cuerpo de las mujeres es un método seguro para el capitalista. Las organizaciones “buscan personas con necesidades a quienes les sea imposible decir que no. Y esa persona casi nunca conoce quién la contrató”, dijo Eduardo Villalba, titular de la Unidad Fiscal Federal de Salta. “En una causa que tuve en Jujuy, había una persona que buscaba mujeres que tuvieran familiares enfermos”, explicó Villalba. 

A los tribunales fronterizos llegan “muchas mujeres de Bolivia, de comunidades aborígenes inclusive, algunas sólo hablan quechua, vienen de situaciones de vulnerabilidad de toda naturaleza. Las captan y las mandan para acá”, dijo Matías Gutiérrez Perea, coordinador de las unidades del Ministerio Público de la Defensa en Salta y Jujuy.

Jefas de familia, jóvenes, sin antecedentes, víctimas de violencia de género, sin estudios completos ni posibilidades de salida laboral. Casi todas las mujeres que resultan detenidas por contrabandear cocaína son representadas por un defensor público ante la Justicia. “Por lo general, las reclutan señoras conocidas de un conocido. O directamente ni las conocen y las cruzan en la calle para ofrecer el trabajo. Cuando las detienen no saben nada, ni quién las contrató ni de dónde sale la droga”, relató Gutiérrez Perea, quien, como defensor de oficio, representó a Maribel Rodríguez ante el Tribunal de Jujuy en el que la absolvieron en primera instancia. 

Desconocer la situación de necesidad que primó sobre Maribel Rodríguez implica caer en una mirada sesgada del caso, carente de toda perspectiva de género, propia de las estructuras androcéntricas.

Fallo judicial.

“Nadie transporta droga para comprarse un celular nuevo. Todos los casos se explican por necesidades que no se pueden solventar por el camino legal”, sintetizó Gutiérrez Perea.

Estas mujeres aceptan cometer el delito confiadas en que no van a ser detenidas: es un fenómeno que existe hace décadas, según el coordinador de defensores públicos.

Las condiciones de vulnerabilidad llevan a límites mortales a estas mujeres. Algunas aceptan transportar la cocaína dentro de sus cuerpos, dosificada en cápsulas. Un envoltorio roto puede ser fatal.

Por suerte, entre 2023 y el primer trimestre de 2024 no se registraron casos en Salta y Jujuy. La metodología desapareció del radar de la Justicia después de que en 2022 ocurriera la muerte de Rosana López. Una de las 74 cápsulas que llevaba en el estómago explotó mientras viajaba en un micro a la provincia de Chaco acompañada por Jessica Nahir Figueroa, encargada de vigilar y coordinar la operación. Cuando bajaron del micro las esperaba otro miembro de la banda propietaria de la cocaína. Juntos intentaron sin éxito que expulsara las cápsulas del cuerpo y durante casi dos días la privaron de recibir atención médica. Cuando advirtieron que no tenían forma de salvar las cápsulas, arrojaron su cadáver a un costado de la ruta 26.

El 10 de mayo pasado Figueroa fue condenada a 10 años de cárcel por el transporte de la droga en el estómago de la víctima. Pero tanto ella como su colaborador resultaron absueltos del homicidio en primera instancia. Esta sentencia será revisada en Casación.

Todos los casos se explican por necesidades que no se pueden solventar por el camino legal.

Matías Gutiérrez Perea — Coordinador de las unidades del Ministerio Público de la Defensa en Salta y Jujuy.

La complejidad de la frontera

“A esta altura, nadie en esta jurisdicción aplica todo el peso de la ley a una ‘mula’. Pero es algo que sí hemos hecho años atrás”, reconoció el fiscal Eduardo Villalba. 

“Hoy no existe un fallo de una mujer donde no se cite la perspectiva de género. Hace cinco años atrás no estaba en el mapa del Poder Judicial usar esta herramienta para analizar la situación de las mujeres”, afirmó Gutiérrez Perea.

Las mujeres que participan del tráfico de cocaína tienen un panorama distinto cuando se enfrentan a los tribunales. Las argentinas pueden optar por aceptar su culpabilidad, en juicio abreviado, y ser sentenciadas sin pasar por la cárcel. La otra alternativa es ir a debate oral para conseguir la absolución, como ocurrió con Maribel. Pero la defensa debe probar el estado de necesidad justificante.

Para las imputadas extranjeras se abre un capítulo aparte, ya que, como están de paso por el país, no tienen recursos, domicilio ni familia en el lugar donde están siendo juzgadas. En un contexto de cárceles que no están preparadas para alojar mujeres, como sostiene Macarena Fernández Hofmann, coordinadora de política criminal y violencia en el encierro del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), lo que se empezó a hacer es a flexibilizar el acuerdo entre las partes para que se desarrolle un juicio abreviado, generalmente con condenas por debajo de la mínima, y para que se proceda a decretar la expulsión anticipada de las mujeres extranjeras. El principal impedimento para esto es el artículo 64 de la Ley de Migraciones (Nº 25.871), que ordena cumplir la mitad de la pena antes de la expulsión, escollo que las defensas atacan cuando hay chicos a cargo, con el argumento de la superioridad normativa de la Convención de los Derechos del Niño y de la necesidad de reunir a las madres con sus hijos. 

Si bien las salidas para las imputadas extranjeras por transportar droga no están exenta de detractores y de críticas, existen transformaciones relevantes en el tratamiento de esas causas y de las de las argentinas. Con la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal (CPPF) en Salta y Jujuy, más la capacitación de los actores judiciales a través de la Ley Micaela, dos políticas que se aplicaron desde 2019, comenzó a notarse en los fallos referidos a esta temática un claro cambio de tendencias.

El trato mano a mano con las personas propulsó la modificación. “Nos cambió la óptica, ahora tenemos una Justicia con rostro. Estamos cara a cara con la imputada y el juez. Así uno se da cuenta de aquellos casos dramáticos de extrema vulnerabilidad. Yo fui fiscal 20 años con el otro sistema, y lo único que veías era el expediente. Te cambia diametralmente conocer a la persona, la audiencia le da otra sensibilidad al caso”, completó Villalba.

“Puede haber una pequeña resistencia todavía, pero ya no queda ningún juez o fiscal sin citar la perspectiva de género. Discutimos los alcances, pero hay un avance tremendo”, opinó el defensor Gutiérrez Perea.

En cuanto a Maribel Rodríguez, hay algo que, después de haber pasado por el criterio de cinco jueces y haber estado privada de la libertad en su casa durante ocho meses, hasta hoy la sorprende: “Ni los gendarmes que me detuvieron, ni el fiscal, ni nadie jamás me preguntó quién me dio la droga o si tenía algún jefe”.

*Iago Vieyra elaboró esta crónica con el acompañamiento de la Red Federal de Periodismo Judicial. La pieza forma parte de la investigación “Mujeres y microtráfico de drogas, punto ciego de la Justicia argentina” (Julio de 2024). Se trata de un proyecto de la Red apoyado por el Fondo para Investigaciones y Nuevas Narrativas sobre Drogas (FINND) de la Fundación Gabo y Open Society Foundations.

ED

Por la oficina de Rosana Gambacorta pasan chicos desnutridos con unos pocos gramos de cocaína a los que les cuesta hablar castellano. Vienen de varias generaciones con todas las carencias en sus hombros. Ha visto llegar a tres generaciones distintas, una tras otra. Cada año estos casos llegan con mayor frecuencia a su oficina del fuero federal de la Justicia rosarina. Gambacorta entiende que meter gente presa no resuelve el problema. Lo agrava.

La defensora oficial, dice, es la abogada de los “nadies”. De quienes engrosan las estadísticas carcelarias que a casi nadie importan. Ella es parte de la excepción. Es una de las defensoras oficiales históricas. Trabaja en los tribunales penales desde hace 36 años. Es la única defensora mujer en el fuero federal de Rosario. Fue defensora ante la Cámara Federal. En 2024 comenzó a ser coordinadora de los defensores a nivel regional. Ya no entra a calabozos oscuros. Muy a su pesar. Ahora administra escasos recursos humanos. A diciembre de 2023, cada defensor público de la Justicia federal rosarina tenía más de 2 mil causas. Unas 10 mil causas para cinco equipos.

Un 70% de las personas detenidas por la Gendarmería Nacional en Rosario eran consumidores o vendedores con exiguas cantidades de cocaína o marihuana, según un pedido de informes de Carlos Del Frade, diputado provincial.

Son quienes engrosan las celdas del “narcotráfico”, pero poco tienen que ver con el negocio propiamente dicho. Están lejos de conocer el paradero de los cargamentos de cocaína y marihuana que salen y entran por el río Paraná. Los detenidos a menudo no conocen mucho más allá de los límites de su propio barrio.

Somos el pariente pobre de la Justicia.

A pesar de que los defensores oficiales son cuestionados, Gambacorta rechazó cada oportunidad que tuvo de irse de la defensoría pública, de su oficina llena de expedientes de presos pobres. Fue, además, una de las defensoras designadas al dictador Jorge Rafael Videla. “Le dimos a Videla la oportunidad que él no le dio a miles: ser juzgado en un Estado de Derecho, con todas las garantías democráticas”, afirmó, antes de cambiar de tema.

Gambacorta parece tener una sensibilidad especial con la situación de las mujeres privadas de libertad y sus particulares circunstancias. Aseguró que hace dos o tres décadas las mujeres implicadas en el tráfico de drogas eran el 2% ó 3%. “Ahora estamos hablando del 40%”, sostuvo.

“Cuando llegan acá si tienen tres pibes, con mucha suerte y viento a favor, a veces cobran una sola asignación. Es por la desidia misma, porque no tienen la documentación de ese hijo, porque no tuvieron la plata para tomarse el colectivo para gestionar la asignación”, explicó.

Una vez defendió a una mujer de 24 años que cuidaba a los hijos de una persona que comercializaba sustancias fiscalizadas cuando se realizó un allanamiento. Los siete kilos de marihuana fueron suficientes para imputarla por tráfico. Para la defensora oficial está claro que la comercialización de esas sustancias controladas no son negocio de la imputada,  madre de una pequeña de cuatro años, que ni siquiera puede costear los honorarios de un abogado particular y, por eso, acude a la defensa pública.

En uno de los escritos, Gambacorta pidió a los jueces que el caso sea analizado y resuelto con perspectiva de género para evitar un proceso de revictimización. Citó jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina y aludió a las convenciones que invitan a considerar medidas alternativas a la prisión teniendo presente el historial de victimización.

Recordó a una joven madre detenida. Su niña de cuatro años estuvo dos meses conviviendo con su abuela materna y luego con una joven de 19 años que la madre conoció en la cárcel. Más tarde la custodia pasó a la progenitora de aquella chica. Durante ese trayecto la niña no tuvo controles médicos, ni concurrió a ningún establecimiento educativo. Quedó en una situación de absoluto desamparo, a cargo de extraños. Gambacorta pidió que la mujer detenida acceda a la prisión domiciliaria con una tobillera electrónica para cuidar a su hija. El pedido fue denegado. Este expediente y su desenlace no son la excepción, sino la regla.

Gambacorta se siente triste. “Nada se soluciona, la sociedad retrocede. La gente, entre la desnutrición y la cabeza quemada por la porquería que consume, está cada vez peor. Y la única solución que el Estado propone es punitiva. Parece que todo se va a resolver a través del derecho penal, una pena y un tipo en ‘cana’. Y no es así. Yo he asistido a personas que se han enojado por conseguirles la libertad. ‘Doctora, yo me quería quedar acá: en la cárcel como dos veces por día’, me han dicho en más de una oportunidad”, se lamentó.

–¿Por qué hay tantas mujeres detenidas por tráfico de drogas?

–En una ciudad donde el 50% de la gente vive en situación de pobreza, hay mujeres que tienen cuatro o cinco chiquitos que, en el mejor de los casos, son de un solo papá, que está detenido. O son de varios padres que no aportan nada económicamente. ¿Cómo se mantienen esas mujeres? No estoy justificando la comisión del delito.

–¿Qué tipos de vulnerabilidad suelen presentar sus defendidas?

–Todas. ¿Te hago un catálogo? Primero que normalmente son mujeres jóvenes con muy poca o escasa educación formal. Muchas vienen de tercera generación de desnutrición. Hace treinta años que estoy acá, y muchas veces me toca asistir a los hijos o a las nietas de personas que en su oportunidad he defendido. Esa gente no habla, emite sonidos guturales, no tiene el lenguaje de las personas que recibieron la oportunidad de educarse. Porque viven una realidad espantosa. Malnutrición, abuso y desamparo.

–¿Por qué en el último tiempo creció significativamente la cantidad de mujeres que caen en las redes de tráfico de alguna droga?

–Primero porque antes la mujer tenía menos participación en todo, incluso menos participación delictiva. Y, después, por la desintegración social. A una mujer que vive sola con varios chicos le hacen una propuesta del estilo “si vendés 30 bolsitas de cocaína, yo te voy a dar tanta guita”. Y resulta que, con esa plata, ella pudo comprar leche y pan para los pibes. Andá y decile que mañana no lo haga. Además una vez que entrás en eso, no te retirás así nomás. Las bandas criminales coptan vendedores de droga al menudeo y les exigen que sigan vendiendo. Las represalias pueden incluir tiros contra la vivienda e hijos heridos o muertos. Quien acepta sabe que acepta una condena.

A veces ellas mismas pagan por su vida. Entre 2016 y 2021, las mujeres fueron víctimas, en promedio, del 10% de los homicidios en el departamento de Rosario. En 2022, ese porcentaje se duplicó, fueron el 22,1% de los casos.  

–¿Los jueces tienen en cuenta sus planteos con perspectiva de género?

–Normalmente no lo logramos, aunque es obligatorio. Uno de los delitos que vemos con mayor frecuencia es el suministro a título gratuito de estupefacientes dentro de una unidad carcelaria. En el 99% es cometido por mujeres que le llevan la droga al marido, al hijo, al hermano, al amigo o al proveedor de guita que las meten en esta situación. He planteado por años, aunque nadie me da bolilla, que se trata de mujeres cuya voluntad está disminuida porque son violentadas psicológicamente. No es que no comprendan lo que hacen, pero pueden recibir represalias si se niegan y prácticamente carecen de opción.  Además, son mujeres con nula posibilidad de empleo. Los jueces nos han escuchado solamente cuando hemos podido demostrar que esas mujeres habían hecho denuncias por violencia de género contra el preso al que le llevaban la droga.

Y la única solución que el Estado propone es punitiva. Parece que todo se va a resolver a través del derecho penal, una pena y un tipo en ‘cana’. Y no es así.

–¿Hay alguna situación ejemplar que recuerde?

–Hay historias terribles. Escuché a una mujer decir que el padre la vendía por un cajón de cerveza. Y, consecuentemente, el marido que se buscó después le hacía ejercer la prostitución, igual que el padre. Estar cagadas de hambre y sin guita para comprar comida a sus hijos las lleva a hacer cualquier cosa, como vender alguna droga al menudeo. Saben lo que hacen, pero casi no tienen opción. Es muy difícil conseguir trabajo para una persona que tiene preparación cero. Viven sin inodoro, sin agua. Cuando las atiendo en el calabozo expiden un olor tremendo porque no tienen dónde bañarse o lavar la ropa. Y no lo digo peyorativamente, todo lo contrario. Una vez nos pasó con una familia que nos turnábamos para salir a respirar. Yo tuve un chico que cayó preso varias veces en tres años, siempre con el mismo suéter. La gente vive en lugares con una sola habitación sin puerta, sin ventana y adentro todo lleno de hollín porque hacen fuego en el piso para dormir. ¿Cómo te imaginás que esas mujeres pueden ser empleadas domésticas y saber cómo se usa un quitamanchas? ¿Cómo vas a saber planchar si nunca en tu vida viste una plancha? ¿Cómo vas a saber usar un lavarropas automático si en tu casa nunca hubo electricidad? ¿Cómo vas a saber limpiar si nunca tuviste agua potable?

–¿Qué otros delitos vinculados al tráfico de drogas son cometidos por mujeres?

– A veces la pareja les pide que trasladen cuatro o cinco kilos de marihuana de su casa a otro sitio, y la policía las agarra en medio de esa operación. Hemos ganado un par de casos. Pero cuesta mucho todavía que se comprenda esa vulnerabilidad. Afortunadamente yo tengo una jefa mujer. En Argentina, la defensora general de la Nación es Stella Maris Martínez, una persona muy aguerrida, en el buen sentido. Y ella le ha dado una impronta con perspectiva de género a la Defensoría Oficial. Porque, insisto, somos el pariente pobre de la Justicia.

-¿Por qué?

-¿A quién escuchaste que quiera a un defensor? En la sociedad quieren meter a todo el mundo en cana. Piden más jueces y fiscales, pero no más defensores. A nosotros no nos quiere nadie. Y somos una parte esencial de los procesos. Aquí en Rosario llevamos adelante casi el 87% de los casos de narcotráfico. La gente dice “estamos como estamos porque ustedes son sacapresos”. Nosotros no somos “sacapresos”. Defendemos personas, no delincuentes. Defendemos un Estado de Derecho, es decir, que la persona pase por un proceso penal y reciba un juicio justo. Con todos los derechos y garantías que vos, como mamá de Juancito, vas a pretender que tenga si algún día le pasa algo. Pero hasta que no te toque a vos, querés que todos los demás vayan en cana. Y si puede ser a Rawson, mejor. Y si puede ser en otro país, mejor. Y si los quemamos en una hoguera, mejor.

Hace treinta años que estoy acá, y muchas veces me toca asistir a los hijos o a las nietas de personas que en su oportunidad he defendido.

–¿Por qué el trabajo recae en los defensores oficiales si el narcotráfico remite a un negocio multimillonario?

–Si yo te contara cómo se mueren de hambre… A veces traen a un detenido tres o cuatro policías disfrazados de rambo. Y, si lo bañás, es un chico que pesa 40 kilos como mucho. ¿Qué necesidad hay de que vengan cuatro ursos así?

–De la cantidad de personas que defienden, ¿cuántos tienen un consumo problemático de drogas?

–Hay una figura que no existe legalmente, nosotros llamamos “trafiadicto”: un chico que se para en una esquina a vender diez bolsitas para procurarse su propio consumo. Entonces, cuando vos decís narcotráfico, pensás en cantidades astronómicas de plata, pero no. A estos chicos los defendemos nosotros. Ese dinero claramente está yendo a otro lugar. Hubo días en los que tenía quince indagatorias y eran todas por tres o cinco gramos de cocaína o marihuana.

 –¿Cree que hay algún delito de drogas que no debería ser penalizado?

–El consumo de sustancias porque se mide desde el punto de vista penal y no se tiene en cuenta que es un tema de salud. Con esta mirada, nunca se va a solucionar.

*Evelyn Arach elaboró este reportaje con el acompañamiento de la Red Federal de Periodismo Judicial. La entrevista forma parte de la investigación “Mujeres y microtráfico de drogas, punto ciego de la Justicia argentina” (Julio de 2024). Se trata de un proyecto de la Red apoyado por el Fondo para Investigaciones y Nuevas Narrativas sobre Drogas (FINND) de la Fundación Gabo y Open Society Foundations.

ED