El Gobierno anunció este martes la disolución de Trenes Argentinos Capital Humano (DECAHF). La decisión dejará sin trabajo a 1.388 trabajadores a los que se suman otros 23 cargos jerárquicos. Así lo confirmó el secretario de Transporte, Franco Mogetta, quien aseguró que con el cierre implicará un ahorro de 42.000 millones de pesos por año.

Además, también se cerró el Instituto Argentino del Transporte.

Según el comunicado difundido por Mogetta en su cuenta de X, ni DECAHF ni el Instituto “tenían funciones que justifiquen su existencia” y aseguró que lo salarios que cobraba el personal iban de los 2.000.000 a los 4.000.000 de pesos por mes.

“Los trenes estaban sin mantenimiento pero a través de esta empresa el Estado se dedicaba a hacer obras públicas cuyas funciones no estaban en los estatutos y tenían que ver con puesta en valor de obras de arte en algunas estaciones de trenes que tenían que ver más con amigos de la política como algún intendente afín. Tambien contrataba artistas populares en un plan que se llamaba Entrentenerte, que se desarrolló en el marco de la pandemia, tenían encerrados a todos los argentinos pero se dedicaban a contratar artistas y hacer fiestas”, dijo Mogetta, quien participó de la habitual conferencia de prensa del vocero presidencial, Manuel Adorni.

El Instituto Argentino del Transporte (I.A.T.), creado en 2014 para asesorar en la planificación estratégica del transporte en Argentina, fue oficialmente disuelto a través del Decreto 870/2024. Esta medida, según la argumentación gubernamental, se enmarca en la estrategia para racionalizar el gasto público y eliminar duplicidades en la administración estatal.

El I.A.T. fue creado mediante el Decreto Nº 1004/14 por la expresidenta Cristina Kirchner y su ministro Florencio Randazzo con el objetivo de integrar los sectores público y privado en la planificación del transporte, promover la investigación en esta área y colaborar con el Ministerio del Interior y Transporte en la elaboración de programas de mejora.

No obstante, a lo largo de los años, el Instituto comenzó a mostrar superposición de funciones con otras áreas de la administración, como la Secretaría de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que ya lideraban la planificación y ejecución de políticas relacionadas con el transporte en el país.

En abril de 2024, con la promulgación del Decreto Nº 318/24, el I.A.T. fue transferido al ámbito de la Secretaría de Transporte bajo la órbita del Ministerio de Economía. Sin embargo, tras una evaluación del Gobierno, se determinó que muchas de sus funciones eran redundantes, lo que llevó a la decisión final de disolver el organismo.

Los motivos detrás de la disolución

El decreto justifica la disolución del I.A.T. en un contexto de optimización de los recursos públicos. Según el documento, la existencia del Instituto no se consideraba necesaria, ya que sus tareas podían ser asumidas por otras dependencias que ya estaban operando en el ámbito del transporte. Esta medida se alinea con el objetivo del Gobierno de reducir el gasto público, eliminando entidades cuya contribución al interés general se considera marginal.

En el texto se menciona explícitamente la necesidad de maximizar la eficiencia del gasto, asegurando que los recursos estatales se destinen a áreas prioritarias y a quienes más lo necesitan. Esto se inscribe en la estrategia más amplia de la Administración actual, que ha implementado diversas acciones para equilibrar las cuentas públicas y mejorar la transparencia del gasto.

¿Qué pasará con los recursos del I.A.T.?

El Decreto 870/2024 establece que la totalidad de los recursos materiales y financieros del I.A.T. serán transferidos a la Secretaría de Transporte, que asumirá las funciones que antes desempeñaba el Instituto. De esta forma, el Gobierno busca evitar la duplicación de funciones y mejorar la eficiencia administrativa dentro del sector del transporte.

Además, el decreto deroga el Decreto Nº 1004/14, que había establecido la creación del Instituto, formalizando así su cierre definitivo.

La disolución del I.A.T. se enmarca en un proceso más amplio de reforma y reestructuración del aparato estatal impulsado por el Gobierno. Este tipo de medidas buscan no solo reducir costos, sino también mejorar la coordinación entre las distintas áreas gubernamentales y optimizar el uso de los recursos.

Desde la Administración, se ha señalado en diversas ocasiones que una gestión eficiente de los recursos públicos es fundamental para el crecimiento económico del país. Al concentrar las funciones del I.A.T. en otras áreas que ya tienen competencia en el transporte, el Ejecutivo asegura que no se estén destinando recursos a organismos innecesarios, y que el sector del transporte, crucial para el desarrollo económico, sea gestionado de manera más eficaz.

El secretario de Transporte, Franco Mogetta, aseguró hoy en la Cámara de Diputados que, al asumir el Gobierno Nacional, encontró un “gran desorden en términos de subsidios” del transporte automotor de pasajeros y ratificó que desde septiembre la Ciudad y la provincia de Buenos Aires no recibirán ninguna ayuda económica para las líneas que solo hacen el recorrido en sus distritos.  

“A partir del mes que viene, las jurisdicciones Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires se van a tener que hacer cargo del boleto integrado que es el beneficio que tiene la red SUBE para el pasajero que se baja del medio de transporte y accede al segundo dentro de las dos horas”, dijo el funcionario.   

Asimismo, agregó: “Hemos establecido que desde el mes de septiembre, la Ciudad de Buenos Aires va a solventar el 100% de las compensaciones de sus 31 líneas y el Estado nacional no va a poner un peso en la Ciudad”.  

Mogetta formuló estos conceptos en un informe que brindó en la comisión de Transporte de la Cámara de Diputados, que preside la diputada del radicalismo mendocino Pamela Verasay, en cuyo transcurso, diputados de Unión por la Patria volvieron a reclamar por subsidios en el interior del país.

Junto a Mogetta también participaron el subsecretario de Transporte Aéreo, Hernán Gómez, el subsecretario de Transporte Automotor, Mariano Plencovich, el subsecretario de Puertos y Vías Navegables, Iñaki Arreseigor.

El secretario de Transporte destacó que solo se subsidiará el transporte que hace su recorrido entre la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.  

El funcionario dijo que cuando asumió el presidente Javier Milei se “subsidiaba el 92% de los costos que demandaban las empresas para funcionar” en el Área Metropolitana y detalló: “En la actualidad estamos en un 67% aproximadamente de cobertura de esos costos, con la mejora del manejo de los recursos de todos los argentinos”.  

“Nos estamos ocupando de eficientizar estos indicadores, ya que creemos que las empresas tienen que tener una mayor autonomía del Estado, sobre todo las líneas de colectivos que son privadas, y deben manejar con mayor libertad sus ingresos, y no estar condicionados por el subsidio que paga el Estado”, puntualizó.  

Sobre los subsidios al transporte de pasajeros del interior, Mogetta dijo que “el Estado nacional intervenía de manera muy distorsiva en las jurisdicciones del interior. Si bien distribuía un fondo compensador, establecía condiciones muy gravosas para poder acceder a ese fondo ya que debían adherir al sistema SUBE para poder recibir el fondo compensador y lo más llamativo de todo, le exigían a la provincia aportar el mismo monto que aportaba la Nación a su sistema, sin ningún tipo de estudio técnico, sin saber si esa provincia o ese distrito requería de esos fondos”.  

“Nosotros hemos tratado de focalizar el subsidio a las provincias y a todo el país por igual a través de la tarjeta SUBE que es el instrumento que tiene el Estado Nacional para subsidiar a las personas que más lo necesitan que son los grupos sociales más vulnerables y que, como ustedes saben, están encabezados por jubilados, pensionados, beneficiarios de Asignación Universal por Hijo, empleadas de casas particulares, excombatientes de Malvinas, beneficiarios de otros planes sociales que son alcanzados por el descuento del 55% de la tarifa que fije la jurisdicción”, dijo.  

“Por lo tanto, por eso podemos decir que, en el interior del país, la cobertura que hace el Estado Nacional a través de la tarjeta SUBE es aún mayor que en el Área Metropolitana de Buenos Aires, justamente teniendo en cuenta las tarifas que fijan por las diferencias que existen en cada uno de los sistemas”, puntualizó.  

Además, dijo: “Vamos a seguir subsidiando a través de SUBE 5.300.000 personas que son los beneficiarios a través o con el aporte de 25.000 millones de pesos por mes aproximadamente, teniendo en cuenta ll 55% del descuento a las tarifas que fija cada una de las 60 localidades de todo el país en las que se está implementando SUBE”.  

También dijo que: “El objetivo final de esta política de equiparación tiene que ver con la creación de la Agencia Metropolitana de Transporte, como una instancia de gobernanza que les dé mayor protagonismo a las jurisdicciones que integran el AMBA”.  

En su exposición, destacó: “Desde hoy no hay más monopolio en la República Argentina, ya que hoy somos testigos de la apertura de los medios de pago en todo el país ya que se estableció que los argentinos van a poder pagar el transporte por el medio de pago que elijan, sea una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, billetera virtual”.  

El sistema ferroviario

Sobre el sistema ferroviario, Mogetta dijo: “El sistema ferroviario se encuentra en emergencia, por lo que hemos creado un gabinete que cuenta con el asesoramiento de expertos para priorizar obras vinculadas a la seguridad operativa, como la compra de repuestos y material rodante”.  

En tanto, señaló que los recursos se deben utilizar en inversiones “que tiene que ver más con señalamiento y con vías”, y añadió: “Nos estamos ocupando y estamos revirtiendo la situación deplorable que hemos recibido del sistema ferroviario de pasajeros y también de cargas”.  

En ese sentido dijo que existen “300 kilómetros por donde corren trenes de pasajeros que poseen un señalamiento con una antigüedad de más de 30 años. Hace 30 años que no se renueva ni se acondiciona el señalamiento de las vías”.

CRM con información de la agencia NA