Eduardo Castellanos sobrevivió al secuestro y detención ilegal de la Policía Bonaerense en enero de 1976. Soportó torturas y vejámenes en diferentes campos de concentración de la provincia de Buenos Aires. Compartió cautiverio con militantes como Jorge Julio López y Nilda Eloy. En 2006, miró a los ojos al que fue el exjefe de la Bonaerense Miguel Echecolataz y declaró en su contra en el juicio que lo condenó a prisión perpetua. Ese año, volvió a sufrir la desaparición de su amigo, Jorge Julio López. 

Eduardo tuvo miedo, desesperanza. Sin embargo, continuó exponiendo su testimonio en varios juicios contra delitos de lesa humanidad de la última dictadura. Pero hoy, un martes de fines de agosto en el anexo 1 de la Legislatura bonaerense, en medio de la presentación de un proyecto de ley para que el Ministerio de Seguridad bonaerense deje de financiar la defensa legal de los policías acusados por delitos de violencia institucional, Eduardo luce derrotado. Trajo una bandera que no encuentra cómo colgar en la sala. “Ayudame, Miriam”, le dice a la señora que lo acompaña. La bandera, finalmente, se despliega. Tiene una foto y un nombre: “Andrés Núñez, primer desaparecido en democracia”. Núñez fue secuestrado y torturado por cuatro policías bonaerenses el 27 de septiembre de 1990. Miriam era la esposa de Andrés en ese momento. “Hace 32 años que pedimos justicia”, le dice a elDiarioAR.

A un costado, Mabel Valdez, hermana de Sofía Fernández, una mujer trans de 39 años que apareció muerta el 11 de abril de 2023 en la celda de la comisaría 5° de Derqui, también intenta colgar una bandera. Es larga y blanca. En el centro, se lee: “Justicia por Sofía Fernández. Fue transfemicidio”. 

Hay 16 policías bonaerenses implicados en la muerte de Sofía. Luego de que la Dirección de Asesoría Letrada del ministerio de Seguridad de la provincia pusiera abogados y peritos, el número se redujo a nueve. Quedaron detenidos. En junio, sin embargo, los efectivos fueron liberados y ya se encuentran prestando servicio. 

La versión policial dice que Sofía se quitó la vida en la celda. La Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR demostró que uno de los peritos que defendió la hipótesis del suicidio participó en otros tres casos de muertes por ahorcamiento en destacamentos bonaerenses. Los abogados de las víctimas, incluido el de Sofía, sostienen que hay pruebas concluyentes que demuestran que fue un homicidio. “A Sofi la torturaron hasta matarla”, le dijo Mabel a elDiarioAR. “A los policías le pusieron peritos y abogados desde un principio. A nosotros, el Estado nos olvida”, afirmó Mabel. Al caso de Sofía podrían sumarse los de Daiana Abregú (2022), Mauricio Castillo (2023) y Marcos Portela (2024), investigados por la Unidad de Investigación (UDI).

Los familiares de Néstor Costilla, presuntamente asesinado por tres oficiales durante una irregular detención el 7 de octubre de 2020, mientras Costilla circulaba con su moto por la ciudad de La Plata, acaban de entrar a la sala. Daiana, hermana de Néstor, no conoce a Mabel. Pero pronto se fundirán las dos en un abrazo. “Los abogados de los policías que mataron a mi hermano nos bastardearon desde un primer momento”, dijo Daiana. Se sientan en la primera fila y llevan remeras con la cara de Néstor. 

El proyecto de ley busca derogar la financiación de los abogados y peritos de los policías involucrados en diferentes delitos a través de la Dirección de la Asesoría Letrada del Ministerio de Seguridad. Fue redactado e impulsado por el legislador provincial Guillermo Kane. “No queremos reformar a la policía provincial, sino que se acote la desigualdad entre víctimas y victimarios”, aseguró Kane. “Hay informes como el que hicieron en elDiarioAR en base a la Comisión Provincial por la Memoria que demostraron un aumento letal en las muertes dentro de las comisarías bonaerenses”, expuso el legislador del Partido Obrero. 

“El Estado provincial acompaña y financia muchas veces a policías acusados por delitos contra derechos humanos básicos”, advirtió Kane. Respecto al acompañamiento del proyecto por parte de otros sectores políticos, el diputado señaló que se han invitado a otras fuerzas a formar parte del mismo, pero que no han mostrado un interés genuino. “El oficialismo en la provincia se presenta como un partido muy progresista, pero sostuvo a Sergio Berni y su doctrina represiva. Hoy lo continúa a través del ministro, Javier Alonso”, señaló el legislador, quien citó a Alonso a dar explicaciones al Congreso provincial ante una investigación de elDiarioAR que demostró las irregularidades en torno a los supuestos suicidios en las dependencias policiales. 

La diputada nacional Vanina Biasi también formó parte de la presentación. “La desigualdad en relación con la defensa que obtienen aquellos que cometen delitos desde el aparato del Estado es muy grande”, destacó Biasi, quien acompañó a Mabel y su lucha por la búsqueda de justicia en el transfemicidio de su hermana desde un primer momento. “Mabel no recibió ninguna asistencia por parte del Estado, mientras que los nueve policiales involucrados en el asesinato de Sofía en la comisaría de Derqui contaban con asistencia legal y técnica”, denunció la diputada. Y agregó: “El gatillo fácil forma parte estructural de la policía bonaerense. En la vida cotidiana, este proyecto acota esa preeminencia que hoy tienen las fuerzas policiales”, remarcó Biasi.

Rodrigo Pomares, director del Programa de monitoreo territorial de la violencia policial de la Comisión por la Memoria (CPM), quien formó parte de la presentación del proyecto, explicó que el Estado “no construye información respecto a las muertes en comisarías”. “El hermetismo en cuanto a las cifras de letalidad policial atenta contra la democracia. Y no es por una cuestión de falta de eficiencia que no las dice, sino por decisión”, señaló Pomares. 

Desde el 2012, la CPM registró una muerte por ahorcamiento por mes, entre otras causas de fallecimiento, dentro de las estaciones policiales. Respecto a la defensa de los oficiales con recursos provinciales, el integrante de la CPM recordó que no siempre fue así. “En la modificación del estatuto policial de 2008, que impulsó en su momento el gobernador Daniel Scioli, se estableció este privilegio. Con lo cual, se podría eliminar algo que finalmente fue un derecho regresivo”, detalló Pomares.

FLD/ED/JJD

El diputado provincial del Partido Obrero Guillermo Kane presenta este martes un proyecto en la legislatura de la provincia de Buenos Aires para que los agentes de seguridad bonaerense involucrados en casos de delitos graves como homicidio, tortura, abuso sexual y desaparición forzada no reciban un patrocinio legal gratuito por parte del Ministerio de Seguridad. 

La iniciativa busca revocar la normativa actual que permite la representación legal del ministerio a dichos agentes, así como también el aporte de diferentes especialistas como peritos forenses, criminalísticas o asistencia psicológica. El proyecto, además, crea una comisión integrada por organismos de derechos humanos independientes, encargada de supervisar el cumplimiento de la ley, así como también de recibir denuncias por incumplimientos de la misma.

El proyecto busca que las direcciones jurídicas de las fuerzas de seguridad presenten informes trimestrales detallando los casos en los que se otorgue o niegue el patrocinio estatal y, en caso de irregularidades, la comisión podría realizar las denuncias penales correspondientes.

Kane, quien ya había presentado un pedido de informe al titular de la cartera de seguridad, Javier Alonso, a partir de las revelaciones de la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR en torno de la cantidad de ahorcamientos en comisarías bonaerenses, impulsó el proyecto de ley acompañado por la diputada nacional del mismo partido, Vanina Biasi. 

La razón que motivó esta iniciativa, explicó Kane a este medio, es el reciente juicio contra los policías implicados en el caso de Sofía Fernández, una mujer trans que fue hallada muerta en la comisaría número 5 de Pilar en 2022. La versión policial confirma su supuesto suicidio. “Nueve de los diez policías que participaron de alguna manera de su abuso, de su asesinato o del encubrimiento fueron liberados luego de que el Ministerio de Seguridad de la Provincia pusiera abogados, peritos, psicólogos y un montón de otros profesionales a disposición para esto”, señaló el titular de la Comisión de Libertad de Expresión y Violencia Institucional de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. 

La UDI comprobó que un mismo perito forense de la Policía Bonaerense participó en cuatro casos de supuestos suicidios, incluyendo el de Sofía Fernández. En los cuatro casos, el médico y funcionario de la cartera de Seguridad defendió la hipótesis policial del suicidio. Los abogados que representan a las familias de las cuatro víctimas sostienen que hay sobradas pruebas para demostrar lo contrario.

Para el caso de las fuerzas federales este tipo de asistencia técnica y legal está expresamente vetada por la Resolución Nacional 477/2023.

Abogados y peritos forenses le detallaron a la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR que las investigaciones judiciales en torno a los supuestos suicidios en destacamentos bonaerenses “están plagadas de irregularidades”. Asimismo, las investigaciones judiciales en torno a esas muertes sólo se centran en “comprobar la versión policial”. Este medio presentó el 15 de mayo por mesa de entrada del ministerio de Seguridad bonaerense un pedido de acceso a la información pública para obtener el número exacto de muertes en comisarías provinciales desde 2012 y las causas de esos decesos. Sin embargo, no hubo respuesta.

Desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la provincia tampoco quisieron dar una opinión al respecto y sólo se limitaron a ofrecer los informes sobre violencia institucional que confeccionan semestralmente. En ese relevamiento, el organismo registra de forma superficial el número de muertes ocurridas en las comisarías bonaerenses. No detallan las causas ni ofrecen información sobre sus circunstancias. Lo que sí precisa, en cambio, es la cantidad de presuntos delitos cometidos por miembros de la policía dentro de las dependencias policiales y los pocos casos en que llegan a convertirse en imputaciones penales o elevaciones a juicio.

Nota: se corrigió el apellido Martínez por Fernández, en referencia a Sofía Fernández, 29 de agosto de 2024 a las 16:55.

FLD/ED/JJD

A partir de las revelaciones de la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos aires, Javier Alonso, podría ser citado ante la cámara de Diputados bonaerense para rendir explicaciones por los ahorcamientos en las comisarías del distrito, principal causa de muerte en dichas dependencias policiales.

El presidente de la Comisión de Libertad de Expresión y Violencia Institucional de la cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Guillermo Kane (Partido Obrero - Frente de Izquierda) solicitó que Alonso sea interpelado por los diputados con el fin de obtener información no sólo sobre las muertes por ahorcamiento en las comisarías bonaerenses, sino también sobre las investigaciones en torno a esos supuestos suicidios y el relevamiento pertinente de los casos por parte del Ministerio.

Kane aseguró a elDiarioAR que “el elevado número de muertes informadas como suicidios por ahorcamientos muestra que estamos frente a un método de encubrimiento sistemático”. “Que esto surja por una investigación periodística o el impulso de organismos de derechos humanos y no como información del Ministerio muestra que una vez más se ampara desde el poder a la Bonaerense”, señaló el diputado del Partido Obrero a este medio. 

Abogados y peritos forenses le detallaron a la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR que las investigaciones judiciales en torno a los ahorcamientos “están plagadas de irregularidades”. Este medio presentó el 15 de mayo por mesa de entrada del Ministerio de Seguridad bonaerense un pedido de acceso a la información pública para obtener el número exacto de muertes en comisarías provinciales desde 2012 y las causas de esos decesos. Sin embargo, no hubo respuesta. 

elDiarioAR consultó varias veces a una fuente del Ministerio, quien rechazó enfáticamente que la estadística sostenida de un fallecimiento al mes por una ahorcadura o causa desconocida fuera “importante”. “Desde la provincia se trabaja muy bien en materia de seguridad de los detenidos y todo lo que se publique o diga en torno al tema son sólo opiniones”, contestaron desde Seguridad.

Desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la provincia tampoco quisieron dar una opinión al respecto y sólo se limitaron a ofrecer los informes sobre violencia institucional que confeccionan semestralmente. En ese relevamiento, el organismo registra de forma superficial el número de muertes ocurridas en las comisarías bonaerenses. No detallan las causas ni ofrecen información sobre sus circunstancias. Lo que sí precisa, en cambio, es la cantidad de presuntos delitos cometidos por miembros de la policía dentro de las dependencias policiales y los pocos casos en que llegan a convertirse en imputaciones penales o elevaciones a juicio.

En esa línea, Kane apuntó contra la Justicia ante la falta de respuesta. “Cuando una práctica se extiende tanto en el tiempo y acumula tantos casos evidentemente es porque hay una matriz de impunidad, donde los fiscales juegan un rol y donde ya tenemos una doctrina de varios gobiernos de no investigar los hechos graves que puedan cometer policías”, puntualizó el diputado provincial.

Otro punto que le preocupa al legislador es la financiación de abogados y peritos por parte del Ministerio de Seguridad a los policías implicados en muertes bajo su propio cuidado. “Es muy grave la disposición del gobierno de la provincia de Buenos Aires de defender a los policías bonaerenses con sus recursos, con profesionales, incluso cuando están acusados de llevar adelante delitos aberrantes”.

En ese sentido, Kane dijo que se encuentran preparando la presentación de un proyecto de ley que plantee que no se puedan usar los recursos de la provincia de Buenos Aires para defender a los policías acusados de delitos en el ejercicio de su función. 

La razón que impulsa este proyecto, explicó Kane, es el reciente juicio contra los policías implicados en el caso de Sofía Martínez, una mujer trans que fue hallada muerta en la comisaría Quinta de Pilar en 2022. La versión policial confirma su supuesto suicidio. “Nueve de los diez policías que participaron de alguna manera de su abuso, de su asesinato o del encubrimiento fueron liberados luego de que el Ministerio de Seguridad de la Provincia pusiera abogados, peritos, psicólogos y un montón de otros profesionales a disposición para esto”, señaló el titular de la Comision de Libertad de Expresión y Violencia Institucional de la Cámara de Diputados de la Provincia. 

La UDI comprobó que un mismo perito forense de la Policía Bonaerense participó en cuatro casos de supuestos suicidios, incluyendo el de Sofía Martínez. En los cuatro, el médico y funcionario de la cartera de seguridad, defendió la hipótesis policial del suicidio. Los abogados que representan a las familias de los cuatro víctimas le confirmaron a este medio que hay sobradas pruebas para demostrar lo contrario.

Este no es el primer pedido de informe que el legislador provincial presenta para obtener información o respuestas del ministerio de Seguridad. “Hemos presentado múltiples pedidos de informe e interpelaciones sobre estos temas. En particular cuando Sergio Berni era ministro”, afirmó Kane. “No hay una costumbre de atender estos pedidos”, agregó. “Las bancadas del oficialismo tienen por costumbre votar en contra de los pedidos de informe e interpelación, con lo cual no sólo no acuerdan con nuestras inquietudes sobre estos problemas, o sobre las familias afectadas, sino que ni siquiera con el derecho a la información”, aseguró el diputado.

En lo que va del año, al menos cuatro detenidos fueron hallados ahorcados en comisarías bonaerenses.

ED