Cuando, después de una sequía larga,

plata y oscuridad al fin corrieron

por los montes, la llama seca e indiferente

del ojo de mi mente parpadeó,

pero siguió encendida.

Denise Levertov, “El mundo cerrado”

Se anuncia para fin de año la inminente llegada de “La Niña” a la Argentina como si fuera el personaje principal de una película de terror. No es para menos: “La Niña” es un fenómeno climático que enfría el agua del Océano Pacifico ecuatorial y tiene efectos en todo el mundo. Entre ellos, genera menos precipitaciones en el sur de Sudamérica. Es un fenómeno disruptivo y recurrente que existe desde hace miles de años, pero últimamente impacta de forma más severa, más intensa. Desde 1950 “La Niña” visitó la Argentina 8 veces. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el evento de sequía del bienio 2020-2022 fue uno de los más secos de los últimos 60 años. La falta de lluvias dejó cicatrices profundas en todas las regiones del país durante ese período. 

Abril de 2022. En el puerto de Rosario, la altura del río Paraná es de 40 centímetros, el nivel más bajo en 50 años. Se complican las exportaciones agrícolas. Los buques que parten del principal polo agroexportador argentino deben reducir su carga hasta en 10.000 toneladas para no encallar, un 20 a 30% menos que el volumen habitual. El tránsito en el río se demora, ya que los pilotos deben maniobrar con mayor precaución en los pasos críticos. Además, se retrasa entre 10 y 15 días la llegada de barcazas con soja desde Paraguay, donde el río también alcanzó su nivel más bajo en 50 años debido a la sequía extrema. Esta bajante afectó tanto la carga máxima de los buques como las operaciones portuarias del Gran Rosario, epicentro de la agroindustria argentina, y tuvo un costo de 243 millones de dólares solo en el primer cuatrimestre de 2020.

Mayo de 2022. La sequía en el norte del país generó graves dificultades para el acceso al agua en las provincias de Chaco y Salta, las comunidades indígenas y rurales son las más afectadas. El monte chaqueño vivió una crisis hídrica que obligó a sus habitantes a recorrer hasta 20 kilómetros para encontrar un pozo con agua. En la región del río Pilcomayo, con precipitaciones que no superaron los 100 milímetros en todo el año, las fuentes de agua y las reservas de pastura para los animales quedaron devastadas. Unas 12.000 familias campesinas se enfrentaron a la emergencia agropecuaria. Las poblaciones que tienen una economía de subsistencia se encontraron con la pobreza.

Agosto de 2022. El campo argentino atraviesa un período extremadamente duro. La sequía afecta transversalmente la producción agropecuaria: los cultivos extensivos de soja, trigo, girasol y maíz de la zona central del país se pierden o tienen rindes bajísimos, las vacas enflaquecen o mueren porque no tienen pasto. La peor parte se la llevan las producciones intensivas y regionales: la citricultura del noroeste es una de las más dañadas. El fenómeno de La Niña, que persistió durante tres años consecutivos, provocó grandes pérdidas económicas y productivas. La agricultura, ganadería, caza y silvicultura registraron una caída anual promedio del 20%, con un pico del 40% en el segundo trimestre que es el de mayor actividad.

Esto es sólo un puñado de postales de una sequía. Cualquiera que elijamos refleja un mismo patrón: un efecto devastador para la sociedad y la economía. Pero la sequía de 2020-2022 era algo que esperábamos: no podíamos evitarla, pero sí la esperábamos. Los modelos climáticos ya lo habían anticipado: un evento intenso de La Niña estaba en puerta y complicaría la disponibilidad hídrica en el sur de Sudamérica. No son ciencias adivinatorias, son ciencias exactas y naturales: los eventos climáticos extremos se pueden prever. El cambio climático ya no es una teoría lejana o una advertencia en un informe. Es real, está aquí. Y sabemos que no se detendrá solo. Si seguimos en este camino, los eventos extremos serán más intensos, más frecuentes.

¿Vendrá La Niña a fin de año? ¿Habrá una nueva sequía que ponga en alerta a las comunidades, a las ciudades y a la economía? Lo más probable es que sí. Y no será la última que visite la Argentina y el hemisferio Sur. Los titulares de los diarios con desastres ambientales continuarán multiplicándose, como sucede con los titulares de economía de la larga crisis argentina: el riesgo país convive cada vez más frecuentemente con los incendios, las sequías y las inundaciones. Son las señales del desequilibrio climático. Aquí también ambiente y economía avanzan (o retroceden) en sintonía. 

Hay algo que puede marcar la diferencia en esta crisis: los datos y el monitoreo. Contar con información detallada permite implementar iniciativas como el manejo integrado de cuencas, la construcción de infraestructuras hídricas sostenibles y la creación de sistemas de alerta temprana. Anticiparse a condiciones extremas y optimizar la gestión de recursos hídricos en tiempo real puede garantizar el acceso al agua y proteger las actividades agropecuarias. Sin información precisa, no hay adaptación posible. Sólo con datos podemos prepararnos para un futuro cada vez más hostil. Para Argentina, es una prioridad identificar y trabajar en la adaptación a las consecuencias que tendrá el cambio climático sobre su territorio y sus poblaciones. 

Convertir las postales de crisis en historias de mitigación y adaptación es el desafío. Hay ejemplos que apuntan en esa dirección y no están lejos de casa. En Brasil, donde las sequías son particularmente severas, se han implementado mejoras en la gestión del agua a través de sistemas de almacenamiento y riego más eficientes, que optimizan el uso de los recursos hídricos durante los periodos de escasez. Además, la reducción de la deforestación y la restauración de tierras degradadas han contribuido a aumentar la capacidad de los suelos para retener agua y mitigar los efectos de la sequía. En Argentina, el desarrollo de cultivos resistentes a la sequía como el trigo HB4 también representa una salida de adaptación. Esta variedad es capaz de mantener rendimientos más altos en situaciones de estrés hídrico, lo que no solo beneficia a los agricultores en regiones afectadas por la falta de agua, sino que también contribuye a una gestión más sostenible de los recursos hídricos. 

Es hora de formular una agenda climática que exprese las necesidades de nuestro tiempo. Que distinga las urgencias y sitúe el conocimiento y la evidencia en el centro de la conversación pública. Comprender nuestras vulnerabilidades para trazar un panorama más certero. Evitar que el debate se contamine con información imprecisa o fuera de contexto. Contribuir a una toma de decisiones más informada y eficaz. Transformar los datos en relatos cargados de sentidos y sentires, reflejos de la realidad. Que sean una herramienta de emancipación hacia un futuro más resiliente y justo para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los habitantes del planeta Tierra.

La autora es científica de datos en Fundar

Cumplir con los objetivos del cambio climático requiere avanzar en la transición energética. Avanzar en la transición energética requiere acelerar la sustitución de vehículos tradicionales, propulsados por combustibles fósiles, por vehículos eléctricos. Sustituir los vehículos tradicionales por eléctricos demanda la producción de baterías eléctricas capaces de almacenar energía. Y las baterías eléctricas necesitan de un insumo fundamental: el litio. De toda esta cadena de demandas se derivan las oportunidades económicas de nuestro país: Argentina tiene grandes reservas de un mineral fundamental para mitigar el cambio climático.

Sin embargo, contribuir con la mitigación del cambio climático global tiene como contrapartida riesgos ambientales y sociales a nivel local, puntualmente en los sitios de extracción de los minerales en el noroeste argentino. Los componentes de litio que se utilizan para la producción de baterías no se producen solos: primero hay que extraer el mineral de los salares de la Puna argentina, en las provincias de Salta, Jujuy y Catamarca. Esta extracción, y su posterior procesamiento, conlleva riesgos relevantes, como la alteración del balance hídrico de las cuencas donde se ubican los salares; la afectación a la biodiversidad de estos ecosistemas; el desplazamiento de pueblos indígenas y la afectación a otros sectores productivos que utilizan los mismos recursos (agua y recursos humanos, por ejemplo).  Atender estos impactos no sólo es un fin en sí mismo, sino también una condición para la sostenibilidad de la actividad en el tiempo.

¿Cómo se logra esto? La respuesta por excelencia es: con regulaciones. Con reglas que digan qué se puede y qué no se puede hacer, cómo hay que hacer ciertas cosas y qué consecuencia hay por no cumplir los requisitos para hacerlas. En primer lugar están las leyes que sanciona y controla el Estado para regular la vida social en general y las actividades económicas en particular. Pero las regulaciones públicas no son las únicas que organizan la actividad minera: también existen los llamados estándares privados. Los estándares privados son un conjunto de reglas, pero escritas y controladas por actores no estatales, como empresas y ONGs.

Simpatías y diferencias entre las regulaciones públicas y privadas

¿En qué se parecen y en qué se diferencian las regulaciones privadas y las regulaciones públicas? ¿Unas y otras tienen las mismas exigencias con las empresas mineras? ¿Convergen o divergen? Tomemos, por ejemplo, el estándar de la Iniciativa para el Aseguramiento de la Minería Responsable (IRMA, por sus siglas en inglés), que es el que se está utilizando para certificar el proyecto Fénix, ubicado en el Salar del Hombre Muerto en la provincia de Catamarca, operado por la empresa estadounidense Arcadium Lithium (ex Livent). 

IRMA es una iniciativa transnacional que surgió de una alianza entre diversos actores: empresas mineras, empresas demandantes de minerales para usos industriales, ONGs, comunidades locales afectadas por la actividad, asociaciones sindicales y entidades financieras. La certificación, en particular, consiste en desarrollar una auditoría externa que evalúa el cumplimiento de varios requisitos a lo largo de una serie de dimensiones, como la responsabilidad ambiental, la responsabilidad social y la integridad empresarial. El resultado de la auditoría se refleja en un puntaje en una escala de 0 a 100 y refleja el desempeño de la empresa. Es decir, es un mecanismo por el cual se acredita que una empresa minera, en un proyecto determinado, cumpla con ciertos requisitos deseables para el desarrollo responsable de la minería. 

¿Qué vemos si comparamos IRMA con la normativa que regula la actividad minera en Catamarca, compuesta tanto por normas nacionales (como la Ley General del Ambiente) como por provinciales (por ejemplo, la resolución ministerial 74/2010)? En principio, vemos que se parecen bastante en materia de evaluación de impacto ambiental, que es un mecanismo clave de control y rendición de cuentas en materia ambiental. Ambas exigen a la empresa minera un informe de impacto ambiental previo al comienzo de las distintas etapas de un proyecto minero y el contenido de ese informe es muy parecido. En este aspecto, IRMA y la regulación pública convergen.

En materia de participación ciudadana y comunitaria, otro mecanismo clave en el control y la rendición de cuentas, la regulación pública e IRMA también tienden a parecerse, aunque con algunas diferencias. Ambas regulaciones prevén formas de participación temprana, continua e informada para la ciudadanía y la comunidad en el proceso de toma de decisiones. Sin embargo, mientras la legislación pública se basa principalmente en instancias de consulta, IRMA exige involucramiento, que representa una forma más intensa de participación. En este punto, convergen parcialmente.

Pero las divergencias más grandes aparecen en la consulta previa, libre e informada (CPLI) a los pueblos indígenas: mientras la normativa pública habla de llevar adelante una consulta a los pueblos indígenas afectados, IRMA exige a las empresas obtener el consentimiento de esos pueblos. Esta es una diferencia sustancial. En un caso, el resultado importa. En el otro, no. IRMA detalla a su vez cuestiones procedimentales que no están presentes en la legislación local: el gran problema con la CPLI es que no está claro cómo debe llevarse adelante el proceso de consulta ni cuál es la consecuencia de no llevarla adelante, ni mucho menos de no obtener el consentimiento. Aquí hay un gran vacío legal por cubrir.

El mercado y el Estado: complementar, no reemplazar

Hasta acá, expusimos una paradoja: los estándares privados voluntarios pueden ser más completos y exigentes que la regulación pública. Es decir, las empresas (o el mercado) se (o le) imponen estándares sociales y ambientales más exigentes que los que impone el Estado. Aunque esto se vuelve menos paradójico si pensamos que las empresas mineras tienen sus propios motivos para demostrar el cumplimiento de estándares sociales y ambientales de calidad. No sólo es una exigencia del mercado (en particular, de demandantes de litio, como las empresas automotrices), sino también es importante para contar con la aprobación de la sociedad y de las comunidades, y de esa forma operar sin riesgo de conflictos que pongan en peligro el normal desarrollo de la actividad.

¿Está bien tener regulaciones privadas más robustas que las públicas? En principio, no parece ser, por sí solo, algo negativo. Pueden complementar a la legislación estatal generando un esquema doble de rendición de cuentas que garantice mayor seguridad. Y este tipo de certificaciones muchas veces son necesarias no sólo para contribuir a la sostenibilidad social y ambiental de la actividad, sino también por motivos económicos, dado que permiten mantener mercados, acceder a nuevos y diferenciar productos. El problema está en apoyarse exclusivamente en los estándares privados que son iniciativas voluntarias cuyo incumplimiento no tiene consecuencias operativas: en todo caso, el incumplimiento de ciertos requisitos se traduce en una mala calificación, lo que empeora la imagen de la empresa frente a sus accionistas, posibles inversores y consumidores. No es poco, pero es insuficiente.

Estos incentivos de mercado no son despreciables en absoluto: las preferencias de accionistas, inversores y consumidores pueden incentivar comportamientos positivos por parte de las empresas mineras y ser un mecanismo de procesos de sostenibilidad social y ambiental. Pero no pueden ser el único mecanismo. El fin último debe ser fortalecer la regulación pública, es decir, las normas que son sancionadas y aplicadas por autoridades directa o indirectamente elegidas por la ciudadanía y que deben rendir cuentas ante ella por sus acciones. Normas cuyo incumplimiento acarrea consecuencias operativas concretas, como la denegación de un permiso, la paralización de un proyecto o la obligación de restaurar o indemnizar un daño ambiental, y cuya aplicación es respaldada por la fuerza pública. Para decirlo claramente: no se trata de descartar las certificaciones privadas (por el contrario, impulsarlas puede traer beneficios tanto en materia social y ambiental como económica), sino de no apoyarse exclusivamente en ellas. Deben complementar, no suplir. 

Las iniciativas privadas podrán reemplazar sólo transitoriamente la falta de iniciativa de un Gobierno nacional que —en el mejor de los casos— parece no tener interés en liderar una estrategia de sostenibilidad social y ambiental de la actividad o que, en una mirada más detenida, parece ir a contramano de ese objetivo. Pero más temprano que tarde debemos fortalecer la regulación pública y garantizar su implementación efectiva si queremos tener una minería de litio responsable y sostenible, que le permita a Argentina aprovechar las oportunidades que brinda el contexto internacional.

El autor es investigador de Recursos naturales de Fundar.

TA/DTC

En tiempos de pretendida refundación nacional, la necesidad de explotar los recursos no convencionales de Vaca Muerta se presenta como un consenso de la política en Argentina. El amplio espectro partidario acuerda en que el yacimiento de la Cuenca Neuquina es condición necesaria para salir del estancamiento. Y no es para menos. En un país que se enfrenta a una restricción crónica de divisas, la potencialidad de Vaca Muerta plantea un giro de 180° en el mapa exportador: el desarrollo del 50% de los recursos disponibles de petróleo y gas generaría más de US$30.000 millones anuales. Esta no es una oportunidad en abstracto, sino una transformación en marcha: en mayo pasado, el 52% del petróleo y 65% del gas fue no convencional. 

Pero este consenso es un punto de partida: quedan muchas cuestiones a abordar cuando hablamos de la explotación de Vaca Muerta. La más urgente: cómo promover las inversiones privadas necesarias para realizar su potencial. Pero no es la única. También es necesario discutir cómo maximizar la renta que captura el Estado, cómo garantizar que su explotación conduzca el bienestar de todos los argentinos, o cómo hacer partícipes a las comunidades aledañas de los beneficios de la actividad, entre otras. Hoy, nos concentramos en una de ellas: ¿qué pasa con el impacto de Vaca Muerta sobre el cambio climático? ¿Debe Argentina explotar sus recursos de petróleo y gas en plena transición energética? 

La respuesta simple es conocida: es hipócrita exigirle a los países en desarrollo que no exploten sus recursos fósiles, mientras Estados Unidos, principal responsable histórico de las emisiones, es actualmente el mayor inversor global en petróleo y gas. Argentina representa menos del 1% de las emisiones globales de dióxido de carbono, tiene serias deudas sociales y más de una década de estancamiento económico. No puede resignar la explotación de recursos que siguen siendo demandados a nivel global. Todo esto es, en rigor, cierto. Sin embargo, adherir al consenso sobre Vaca Muerta no puede llevarnos a anular la pregunta sobre el cambio climático. La transición energética está en marcha y transforma al mundo de forma irreversible. Hay al menos tres temas a tratar en relación con nuestros recursos hidrocarburíferos y el cambio climático. 

1. ¿A dónde destinar los recursos fiscales que genera Vaca Muerta?

Argentina es un país con una inserción internacional fuertemente orientada a los recursos naturales y una riqueza minera e hidrocarburífera subexplotada. Por eso, la discusión sobre cómo lograr que la explotación de nuestros suelos sea una palanca para el desarrollo es central. Una fracción de este debate se centra en la recaudación fiscal, y cómo darle un uso estratégico a la renta que surja de la explotación de los recursos. La lógica indica que, si el recurso es finito, debemos financiar bienes y servicios que contribuyan a sostener el bienestar económico cuando el recurso no esté: obras de infraestructura, inversión en educación, salud, ciencia y tecnología, entre tantas otras. 

Ahora bien, el contexto del cambio climático le agrega una nueva dimensión a esta discusión. El impacto de las sequías, las olas de calor, los incendios, y las inundaciones obligan a los países a hacer grandes enormes inversiones para adaptarse a condiciones adversas. Y esto es caro. Según un cálculo conservador del Ministerio de Ambiente de 2022, la inversión necesaria en adaptación para sólo una de las líneas estratégicas del Plan Nacional de Cambio Climático ascendía a US$118.000 millones. Y sólo si consideramos 19 de las 28 medidas previstas, en solo una de las 6 líneas estratégicas del plan.  

No podemos afirmar hoy de dónde van a salir esos fondos, y el dinero es fungible, por lo que en última instancia será el poder político quien deberá captarlos internacional y nacionalmente. Sin embargo, la cuantía de recursos fiscales asociados a Vaca Muerta y la exportación de GNL —aunque significativamente reducidos en el marco del RIGI— y una inversión —mayormente pública— tan grande y concentrada como la que demanda la adaptación al cambio climático, hacen pensar en la necesidad de unir los puntos y abrir una conversación.

2. ¿Qué pasa con las emisiones de Vaca Muerta y los compromisos climáticos de Argentina?

Argentina tiene compromisos internacionales de reducción de emisiones: prometió no sobrepasar las 349 millones toneladas de CO2 equivalente a 2030. Y hay buenas razones para pensar que el cumplimiento de esta promesa será crecientemente escrutado en el terreno internacional, por ejemplo como condición para acceder a mercados de exportación y a financiamiento. Cabe preguntarse, entonces, en qué medida la explotación de los recursos de Vaca Muerta supone el riesgo de incumplir las promesas climáticas. Argentina emitió en 2020 376 millones toneladas de CO2 equivalente, por lo que la meta parece cumplible. Pero esto es producto fundamentalmente del estancamiento económico: si el PBI crece —y ojalá que así sea, porque sino tendremos otros problemas más graves— el cumplimiento será un desafío.

Detengámonos en una cuestión técnica y normativa. Si el grueso de la explotación incremental de Vaca Muerta es destinada a la exportación, las emisiones producto de la combustión de ese petróleo y gas no serán computadas a nuestro país sino al que los consuma. Esto es así porque los inventarios de gases de efecto invernadero registran las emisiones en los países en donde estas se producen. No obstante, entre el 10 y el 20% de las emisiones de la industria del petróleo y el gas corresponden a la etapa de producción y transporte de los hidrocarburos, las llamadas “emisiones fugitivas”. Eso va a la cuenta del país productor. Por ejemplo, las fugas de metano, la quema en antorchas (flaring) y las emisiones de los equipos de perforación y transporte.

Sobre estas emisiones debemos hablar. Si hay un “boom” de producción en Vaca Muerta, las emisiones fugitivas, que representaron un 5% del total nacional en 2020, podrían aumentar significativamente. Estas emisiones pueden y deben ser mitigadas, ya que el 40% de las iniciativas de descarbonización en la producción son rentables. Sin embargo, esto requiere un compromiso activo por parte de las empresas, los gobiernos subnacionales y el Estado nacional. 

3. ¿Vaca Muerta tiene fecha de vencimiento?

El cambio climático nos exige pensar en mañana, pero también en pasado mañana. En el largo plazo, el sector hidrocarburífero argentino se expone a un riesgo claro: en la medida en que se acelere la transición energética, su negocio se va a achicar. Conforme las tecnologías limpias logren sustituir a los combustibles fósiles, la demanda de petróleo y gas podría reducirse de manera estructural. En este escenario, en donde la demanda entrará en un declive sin retorno, los productores de combustibles fósiles podrían inundar el mercado en la búsqueda de capitalizar sus recursos, generando una caída aún mayor en los precios, quiebras generalizadas y activos varados. 

En el caso del petróleo, este futuro no es tan lejano. Las proyecciones de diferentes agencias sitúan el pico de demanda de petróleo antes de 2030, momento después del cual la demanda comenzará a descender. En el caso del gas, el horizonte temporal es más largo, pero su perspectiva a futuro dependerá de la velocidad que adopte la transición. ¿Cómo se para Vaca Muerta frente a esta amenaza? Si bien los costos de producción son competitivos a nivel global, la mala noticia es que no lo son tanto como aquellos de los países históricamente petroleros, como los de la OPEP. Si estos, preocupados por la caída de la demanda y quedarse con el petróleo bajo tierra, inundan el mercado con sus productos, difícilmente Vaca Muerta pueda competir. Además, a diferencia de los hidrocarburos convencionales, el shale requiere de un flujo continuo de inversión para producir, por lo que el costo de salida es bajo: si una empresa decide retirarse del negocio, deja poco capital hundido. Esto hace a Vaca Muerta muy sensible a un eventual cambio estructural de demanda. 

¿Durante cuánto tiempo podremos explotar petróleo? ¿Qué inversiones vale la pena hacer y cuáles no? En el caso particular del GNL, ¿estamos a tiempo? ¿Qué costo del GNL necesitamos para ser rentables y amortizar las inversiones, y durante cuánto tiempo? En muchos de los casos, será el sector privado el que deberá hacer sus cálculos, tomar decisiones y afrontar los riesgos frente a sus accionistas. Sin embargo, en aquellos en donde sea el Estado quien invierta, ¿cómo evaluará estos riesgos? Y, dado el enorme rol que juegan en los ingresos fiscales nacionales y provinciales estos recursos, ¿está planificando su adaptación a este futuro post fósil? Muchas preguntas quedan en el aire. 

Las luces del futuro promisorio que Vaca Muerta augura para Argentina no deben encandilarnos. El cambio climático se hace sentir cada vez más, la transición energética avanza a pasos acelerados, y urge pensar más allá del optimismo.