La familia Montoya-Albareda está atravesada por la tragedia desde hace 45 años, cuando el subcomisario Ricardo Fermín Albareda (37), un ingeniero electrónico egresado de la UTN que prestaba servicios en la Central de Comunicación de la Casa de Gobierno de Córdoba fue secuestrado la noche del 25 de septiembre de 1979 en la capital provincial por un grupo de tareas del Departamento de Inteligencia de la Policía (D2) que lo llevó hasta el centro clandestino de detención Casa de Hidráulica, en las afueras de Villa Carlos Paz, lo torturó y asesinó.

Los integrantes del grupo de tareas responsables de la desaparición de Albareda habrían descubierto que la víctima militaba clandestinamente en la guerrilla del PRT-ERP y, desde su puesto en la Policía, le pasaba información al grupo guerrillero, pese a que a mediados de 1977 ya había sido prácticamente diezmado.

Tras la trágica muerte de su padre, a los nueve años de edad, Fernando Albareda comenzó un derrotero de desgracias que tuvo un hito desgarrador este jueves, cuando fue detenido y acusado de haber asesinado a su propia madre.

Tras la desaparición de su esposo, Susana Montoya -madre de los niños Mónica y Fernando y del bebé Ricardo- se puso en pareja con un policía: el ex coronel Rodolfo Campos -era el titular de la Policía en aquéllos años-; quién en diciembre de 2009 fue condenado a prisión perpetua por el Tribunal Oral Federal N°1 de Córdoba por, precisamente, el secuestro, asesinato y desaparición del subcomisario Albareda.

En ese mismo juicio, junto a Campos fueron condenados a prisión perpetua el ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército con sede en esta provincia, general Luciano Benjamín Menéndez; y los ex agentes Armando Cejas y Hugo Cayetano Britos; quiénes fueron encontrados culpables de los delitos de “privación ilegítima de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público; homicidio calificado por ensañamiento, alevosía y por una pluralidad de partícipes”.

Quienes conocen a la familia Albareda confiaron que el hijo del medio de la familia, pasó a un segundo plano. La turbulencia de la preadolescencia y el desprecio de Campos hicieron que Fernando viviera entre los nueve y los 12 años de edad en institutos de menores, donde sufrió diversos abusos. Al regresar a su casa, gracias a la gestión de una maestra, pasó un corto tiempo allí y luego transitó una vida en pensiones y literalmente en la calle.

El pasado viernes 2 de agosto, cerca de las 18, un llamado ingresó al número policial 911 dando cuenta de la muerte de una mujer en su casa de calle Miguel Andrés Caminos al 4800 de barrio Ampliación Poeta Lugones. Su hijo Fernando Albareda fue quién dio aviso. Las aberturas de la vivienda estaban cerradas. El cadáver, con una herida en el cuello estaba tirado en el patio y semicubierto de hojas. Ese mismo día, a las 20, el ministro de Seguridad cordobés, Juan Pablo Quinteros llegó al lugar y se entrevistó con el hijo de la mujer asesinada. El funcionario le avisó al gobernador Martín Llaryora que se trataba de la viuda del subcomisario Ricardo Fermín Alvareda.

Muy temprano en la mañana del lunes 5, horas antes de que comenzara el velorio de Susana Montoya, Fernando Albareda le envió un mensaje a través de WhatsApp a sus “queridos y queridas compañeros y compañeras”; donde relata que estaba recomponiendo relaciones con su madre: “Me destruyeron la esperanza de poder seguir en esa construcción y lazo familiar que tan bien me estaba haciendo, no solo a mí, sino a S. y F., que sabían que existía la Susana, después la abuela Susana, para finalmente reencontrar afecto y momentos compartidos con ‘la Chueca’.”

“Toda esa imagen costó años de reconstrucción y de tratar de entender cosas que estaban en gris y que después del suicidio de mi hermana, decidí poner fin y hacer un punto y aparte, lo cual resultó porque empezamos con mi mamá una hermosa relación de simbiosis que lo que yo hacía por ella me volvía y lo ella hacía por mí también le volvía. Tomamos mates, jugamos cartas, buraco, comíamos juntos, etc. Era todo ganar... hasta el viernes”; escribió Fernando Albareda. En 2021, Mónica, la hermana mayor, falleció en Bariloche.

Familia y deportes

En 1994, Fernando Albareda se casó con C. y producto de ese matrimonio nació N., un varón:

“C. es una de mis mejores amigas del club. Fue testigo de mi casamiento y hemos ido al casamiento de ellos. Ellos están obviamente divorciados hace veintipico de años, pero lo veo de vez en cuando en el club”, confió a elDiarioAR un amigo de la juventud de Fernando Albareda y su ex esposa. “Estoy sorprendido absolutamente, pero bueno, espero que verdaderamente que no sea lo que está diciendo la Policía. Francamente me asusta pensar que ha hecho una locura así”, afirma.

Luego del divorcio con C.; Fernando rehízo su vida con M.P.; y tuvieron una hija y un hijo, S. y F. La hija estaba en el departamento familiar de barrio Villa Cabrera cuando su padre fue detenido el pasado jueves 8.

“Realmente, elegí fingir fortaleza, que se que me va a romper en mil pedazos cuando esto vaya pasando y solo estoy pensando en N., S. y F. y obviamente M.P. No soy nada si ellos, no soy nada sin ustedes, no sirvo solo, es un estado que muchas veces uno usa para disfrutar, bueno, esta soledad así, es una mierda, sin ellos y ustedes no podría dar un paso más. Estoy paralizado, estoy roto, estoy triste, angustiado y desesperado. Solo digo lo que siento y puedo expresarlo así. A mi mamá le reventaron la cabeza a ladrillazos, la apuñalaron en el cuello y no se qué más. Solo me sale decirles que no me dejen, sé que no va a ser el caso, que los amo profundamente. Que los necesito cerca y que no voy a parar”, escribió Albareda en otro de los párrafos a sus amigos, antes de que los investigadores de la policía reunieran las evidencias suficientes para acusarlo del asesinato de Susana Montoya.

Este amigo que habló con elDiarioAR recordó que Fernando “incurría en todo lo que es las cuestiones políticas, y sé que no es un tipo fácil. ¿Pero quién es fácil? ¿Vos sos fácil? ¿Yo soy fácil? Obviamente, con todas las situaciones del padre y, obviamente, de una casa destrozada a causa de la muerte prematura. No voy a juzgarlo, sí voy a ponerme a pensar que si es por dinero eso sí es juzgable y cuestionable, así que bueno, esperemos verdaderamente que Dios pueda reparar todo este desastre que los seres humanos hacemos y que lamentablemente aquellos que más van a sufrir van a ser los hijos”.

Fernando y su hermano Ricardo siempre estuvieron ligados al deporte en clubes como Palermo Bajo, Tablada y Universitario. Fernando, el mayor, entrenó las inferiores de hockey, fue árbitro y también entrenó fútbol en el Club Atlético Talleres; del cuál su papá, el subcomisario Ricardo Fermín Albareda era fanático. El menor de los hermanos, Ricardo, actualmente es entrenador de rugby en Universitario.

Su vínculo con la militancia

“No lo conozco a Fernando, yo ya hacía muchísimo tiempo que me había ido de HIJOS y creo que Fernando se vincula ya cuando empiezan los juicios de lesa humanidad, que desde que se formó HIJOS hasta los juicios, pasaron un montón de años”, señala Mariquita Llorens, integrante del grupo fundacional de HIJOS, que se reunió en la Semana Santa de 1995 en la localidad cordobesa de Río Ceballos.

Los referentes que aparecían entonces en la nueva agrupación eran los cordobeses Silvia Di Toffino y Martín Fresneda.

En octubre de 2009, cuando recién había comenzado el juicio por la desaparición de su padre, Fernando le dio una entrevista al periodista Alexis Oliva. Allí recordaba su incorporación a HIJOS en el año 2000: “Un día, Iván Ferreyra, el que edita la revista Recovecos, me escucha discutir por teléfono con el abogado que nos llevaba la causa por la indemnización de mi viejo. Era un abogado que trabaja en la Policía y lo habían puesto mi hermana y mi vieja. Se demoró tanto que me empezó a pudrir y cuando lo empecé a apretar, el tipo se escudaba en que no le habíamos entregado todos los papeles".

Albareda recuerda: “Cuando Iván escucha esa charla apareció y me dijo: ”Yo tengo el nombre de las personas que te van a solucionar el problema“. Y me anotó en un papelito: ”Agustín Di Toffino y Martín Fresneda“. Me dio los números y me dice: ”Llamales, estos tipos te van a solucionar el problema. ¿Nunca fuiste a HIJOS?“ Y le cuento que una vez crucé por la plaza San Martín, donde había un escrache a (Antonio Domingo) Bussi, y me puse a charlar con ellos. Con el que hablé era Emiliano Fessia, y él me dio su número de teléfono. Ese fue mi primer acercamiento a HIJOS”.

En esa entrevista de 2009, Fernando Albareda explica que “Martín (Fresneda) me citó a su estudio para que le diera los datos y pudiéramos hablar a la Secretaría de Derechos Humanos y al Ministerio del Interior, para saber dónde estaba parado el trámite. Hablamos, en definitiva, de quién había sido mi padre. Les conté el caso e inmediatamente lo agarraron como propio, porque no tenían denuncias de policías desaparecidos”.

La estrecha relación de Fernando Albareda con los dirigentes de HIJOS, principalmente con Agustín Di Toffino -secretario ejecutivo del Consejo Federal de Derechos Humanos durante el gobierno de Alberto Fernández-; y Martín Fresneda –secretario de DDHH de la Nación durante el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner- le posibilitó ingresar como asesor de Fresneda en su paso como legislador cordobés (2015-2019) y luego en la Secretaría de DDHH nacional, donde estaba a cargo en Córdoba del Centro de Integración de Migrantes y Refugiados, que depende también de la Organización Internacional de Migrantes (OIM). Durante 2023, a través de un convenio entre la Secretaría de DDHH nacional y la Policía cordobesa, Fernando Albareda dictó cursos y charlas a los cadetes aspirantes en fuerza, relacionados a la Protección de Testigos.

La caída

El 8 de diciembre del año pasado, mientras terminaba el ciclo lectivo de los aspirantes a policías, en la casa de Fernando Albareda, en barrio Villa Cabrera, aparecieron carteles con amenazas: “Sos hijo de terrorista. Se terminaron los amigos de la Policía”; “No vayas más a la escuela ni a Jefatura”, “va a morir”, y el “te vamos a juntar con tu papito”. Los mensajes escritos con fibra negra y recortes, tenían dibujadas cruces esvásticas. Además, en el lugar aparecieron seis balas calibre .22. Esa causa la investigó, sin resultados, el fiscal Juan Pablo Klinger, el mismo que ordenó detener a Albareda por el asesinato de su madre.

El propio intendente Martín Llaryora, que dos días después iba a sumir como gobernador de Córdoba, se solidarizó en las redes sociales con el hijo del subcomisario desaparecido: “Expreso mi enérgico y firme repudio a las amenazas que sufrió un integrante de la agrupación Hijos Córdoba”.

Ese mismo día, Juan Pablo Quinteros, que estaba a punto de asumir como ministro de Seguridad se solidarizó con Albareda y en ese encuentro, la presunta víctima de las amenazas se acercó y le solicitó que le resolviera la reparación histórica de su padre.

En marzo pasado, el ministro Quinteros -en nombre del Estado cordobés- le hizo entrega en el edificio de la Jefatura de Policía de la reparación del legajo de Ricardo Fermín Albareda a sus familiares y seres queridos. El acto reparatorio de legajos de empleados públicos desaparecidos durante la pasada dictadura cívico militar se enmarca en la Ley 10.874.

El reconocimiento por parte del Estado, autorizaba “el pago del cien por ciento (100%) del subsidio por fallecimiento, a favor del señor Fernando Armando Albareda y de la viuda, Susana Beatriz Montoya, por el monto de $76.447.970”.

Segun declaró a los investigadores y periodistas, alertado porque no le respondía el teléfono, el viernes 2 de agosto pasado, cerca de las seis de la tarde, Fernando Albareda llegó a la casa de su madre Susana Montoya, en Miguel Andrés Caminos 4.880 de barrio Ampliación Poeta Lugones. Al no poder entrar a la vivienda le pidió a una vecina que lo deje subir al techo para ver hacia el interior de la casa materna. Allí vio el cuerpo de su mamá, tirado en el patio. Llamó a la Policía y allí Fernando y los agentes encontraron una nueva amenaza presuntamente de elementos ligados a la dictadura cívico-militar: “Los vamos a matar a todos. Ahora vamos por tus hijos. #Policía”, escrito presuntamente con lápiz labial rojo en una de las paredes de la casa de la víctima.

En el mensaje de Whatsapp enviado el lunes, Albareda le confiaba a sus más cercanos: “Me río de los nervios, lloré mucho, me abrazo con todo lo que se me cruza y voy buscando la manera de ponerle palabras al espanto. Esta vez, cruzaron un límite que yo no imaginaba”; “Ahí se me derrumbó el mundo entero. No tengo una sola palabra que pueda describir lo espantoso del momento que estoy viviendo. Temo por mí. Temo por mi familia, mi hermano. Por cada uno/a de nosotros/as”, ratificando su sospecha hacia elementos policiales.

Tras su detención, trascendieron algunos detalles, por ejemplo, que la noche del viernes, cuando Fernando y Ricardo se encontraron en la vivienda de Susana, el hermano mayor le reclamó al menor “¿por qué hiciste esto?, si todos íbamos a cobrar la reparación de papá”; tratando de desviar la investigación hacia Ricardo, que vivía con la madre. Los investigadores de Homicidios, comenzaron a investigar al menor, pero esa línea quedó descartada cuando se comprobó que el jueves a la hora del asesinato estaba en Villa Carlos Paz con sus hijos.

Las filmaciones, las pericias grafológicas, los cruces de teléfonos, las huellas dactilares y la presencia de ADN, además de testimonios de testigos situaron a Fernando Albareda en la casa de su madre, en el mismo momento en que era asesinada.

El viernes, el defensor de Albareda, Claudio Juárez Centeno había insistido con la sospecha de elementos de la Policía cordobesa ligados a viejos elementos de la dictadura, que podrían haber armado una escena para inculpar a su cliente. Ayer, en cambio, le dijo a elDiarioAR: “Fernando es una víctima del terrorismo de Estado. Hace 45 años mataron a su padre y lo hicieron desaparecer. Después, Susana comienza una relación sentimental con uno de los policías que es condenado por las torturas y desaparición de su padre; pero en el medio, Fernando es internado en institutos de menores donde sufre todo tipo de abusos. Evidentemente, es un producto de esta sociedad que lo sometió a esta tragedia”.

DM/GM

Esta tarde, cerca de las cuatro y media, una comisión de la Policía de Córdoba al mando del fiscal Juan Pablo Klinger llegó al departamento de Fernando Albareda (53) en barrio Villa Cabrera y lo detuvo en las inmediaciones por el homicidio de su madre, Susana Montoya (74), ocurrido en su casa de Ampliación Poeta Lugones, la tarde-noche del jueves 1 de agosto.

El propio Albareda, ex militante de la agrupación HIJOS, y empleado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, había sembrado sospechas que el crimen de su madre había sido cometido por elementos ligados a fuerzas de seguridad y a condenados por delitos de Lesa Humanidad, en el marco de la ola de reivindicación del genocidio por parte del oficialismo de la Casa Rosada. En una de las paredes de la casa donde vivían la víctima y su hijo menor Ricardo, escrito presuntamente con lápiz labial rojo, apareció una amenaza: “Los vamos a matar a todos. Ahora vamos por tus hijos. #Policía”.

El informe de la autopsia a cargo del Instituto de Medicina Forense concluyó que en la muerte de Susana Montoya “han confluido traumatismo de cráneo y asfixia mecánica por estrangulamiento”. El cuerpo estaba en el patio, semi tapado con hojas y excrementos de perros. Las aberturas de la vivienda no habían sido forzadas. Fernando Albareda denunció el viernes 2, cerca de las 19, que había visto a través de una casa vecina, a su madre tirada en el patio de su casa.

Según reconstruyeron los investigadores de Homicidios en base a las pericias, la noche del jueves 1, Susana Montoya cenó con su hijo Fernando. Y tras cenar, la mujer salió al patio a alimentar a los perros, cuando fue sorprendida por atrás por su asesino, quién la habría ahorcado con un lazo fino. La mujer quedó tirada moribunda y con vida, por lo que inmediatamente el asesino la habría golpeado con una loseta hasta matarla. Y luego le clavó el cuchillo de cocina. No hay huellas en ese cuchillo, y la soga aún no fue hallada. Las cámaras de seguridad de los vecinos de la zona muestran al sospechoso cuando entraba y cuando salía de la vivienda de Miguel Andrés Caminos 4880 de barrio Ampliación Poeta Lugones.

El pasado domingo 4 a la noche, los investigadores de Homicidios le dijeron al fiscal Klinger: “El cúmulo de prueba objetiva y de indicios sitúan a Fernando Albareda como el autor material del hecho”. El fiscal les respondió que solo imputaría al sospechoso cuando tuviera pruebas concluyentes.

Ese mismo domingo, Albareda había declarado en la Unidad Judicial de Homicidios entre las 9 de la mañana y las cinco de la tarde. Una alta fuente del Gobierno de Córdoba, que monitoreó el caso permanentemente confió a elDiarioAR que “en todas las declaraciones presenta contradicciones”.

La otra hipótesis que seguían ponía como sospechoso a Ricardo Albareda, el hijo menor de la mujer, pero el hombre declaró en la Unidad Judicial de Homicidios que el jueves 1 había estado en Villa Carlos Paz en la casa de su ex esposa, con los dos hijos de la pareja, uno de ella anterior y uno hijo de él. Los detectives comandados por el comisario mayor Claudio Bustamante –jefe del Departamento Homicidios- confirmaron la versión y quedó descartado como sospechoso.

Entre las pruebas colectadas para imputar y detener al mayor de los hermanos, el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Córdoba resaltó, a través de un comunicado: “Se ha llegado a la decisión comunicada, a partir de la incorporación de profusos y contundentes elementos probatorios que permitieron reconstruir de manera forense, las circunstancias que nos llevan a sostener que existen motivos bastantes para sospechar la participación del nombrado Fernando Armando Albareda en el hecho que nos ocupa.

A su vez, cabe destacar que el informe técnico del Área de Grafocrítica de Policía Judicial ha podido establecer preliminarmente que los manuscritos obrantes en la pared de la casa de la víctima presentan grafocinetismos afines con algunos de los grafismos de los anónimos analizados con motivo de las Amenazas denunciadas el 8 de diciembre del año 2023 por el imputado, presentando ambas características similares a las de Fernando Armando Albareda“.

El MPF señaló además: “Se trata de Fernando Armando Albareda de 53 años –hijo de la víctima- quien fue imputado y detenido en el día de la fecha como supuesto autor del suceso encuadrado legalmente como Homicidio calificado por el vínculo. Se prevé que en los próximos días sea trasladado a la sede de la Fiscalía a efecto de recibirle declaración con la debida asistencia legal, asegurándole el pleno goce de las garantías constitucionales y procesales correspondientes”.

El cruce de comunicaciones del teléfono del detenido, del teléfono de su madre; además de filmaciones de cámaras de seguridad de la Municipalidad, la Policía y las domiciliarias en más de 25 manzanas de la zona norte de esta Capital, ubicaron a Albareda en el lugar del crimen al momento de cometerse el hecho.

Amenazas no investigadas

 En los ’90 Fernando Albareda militó en HIJOS Córdoba, siempre muy ligado a Martín Fresneda, secretario de DDHH del último gobierno de Cristina Fernández y a cargo del área de DDHH del Senado durante el Gobierno de Alberto Fernández. Incluso, el propio imputado declaró a principios de esta semana, después del homicidio de su madre, que iba “a solicitar una audiencia con el gobernador (Martín) Llaryora, porque yo conozco a sus funcionarios, a sus ministros los conozco, porque fueron legisladores cuando yo fui asesor ocho años de Fresneda cuando era legislador”.

Actualmente, el mayor de los hermanos Albareda trabajaba como empleado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a cargo en Córdoba del Centro de Integración de Migrantes y Refugiados, que depende también de la Organización Internacional de Migrantes (OIM).

Durante 2023, a través de un convenio entre la Secretaría de DDHH de la Nación y la Policía cordobesa, Fernando Albareda dictó cursos y charlas a los cadetes aspirantes en fuerza, relacionados a la Protección de Testigos.

El 8 de diciembre del año pasado, mientras terminaba el ciclo lectivo de los aspirantes a policías, en la casa de Fernando Albareda, en calle Gato y Mancha de barrio Villa Cabrera, aparecieron carteles con amenazas: “Sos hijo de terrorista. Se terminaron los amigos de la Policía”; “No vayas más a la escuela ni a Jefatura”, “va a morir”, y el “te vamos a juntar con tu papito”.

Los mensajes escritos con fibra negra y recortes, tenían dibujadas cruces esvásticas. Además, en el lugar aparecieron seis balas calibre .22. Esa causa había sido investigada por el fiscal Klinger -el mismo que ahora lo detuvo por haber asesinado a su madre-; pero nunca se resolvió. “Si hubieran investigado bien esas amenazas a través de los expertos grafólogos de Policía Judicial, Susana estaría con vida”, se lamentó un dirigente de uno de los organismos de DDHH que a esta hora participa en la plaza San Martín de la ronda de los jueves de Madres de Plaza de mayo, donde se pidió “Justicia por Susana Montoya”.

La detención

Cerca de las 14.30 del día de hoy, Fernando Albareda le dijo al policía uniformado de consigna apostado de custodia en su departamento de Gato y Mancha 1750 de barrio Villa Cabrera, que salía hacia el médico, que ya regresaba. En la vivienda quedaba su hija mayor, una estudiante de la Universidad Nacional de Córdoba. Policías de civil le hicieron un discreto seguimiento. Pasadas las 16, cuando estaba en la cuadra de su vivienda, los agentes de Homicidios se acercaron y le informaron acerca de la orden de detención. Y para evitar escándalos acordaron ingresar al departamento de Albareda para formalizar la detención y allanar el lugar en busca de elementos probatorios.

Cuando los policías llegaron al departamento de Albareda le informaron que tenían una orden de allanamiento y que quedaba detenido: “Esto es una injusticia, la verdad va a salir a la luz”, se quejó el detenido, según una fuente que participó del operativo. 

El hijo de Susana Montoya pidió hablar con su abogado y tras comunicarse telefónicamente con el abogado Claudio Juárez Centeno, a los pocos minutos su defensor llegó al lugar y supervisó el operativo comandado por el propio fiscal Klinger.

“Lo tenemos acá en Jefatura, tras ser revisado por el cuerpo médico forense va a ser derivado a Bouwer, esta noche ya va a estar alojado en Bouwer”, detallaron desde la Dirección de Investigaciones Criminales de la Policía provincial, en referencia al complejo carcelario “Padre Luchesse”, ubicado en la vecina localidad de Bouwer, en las afueras de esta Capital.

Una reparación de $ 76 millones

El mismo día de las amenazas, el 8 de diciembre, cuando faltaban horas para que Juan Pablo Quinteros asumiera como ministro de Seguridad de Martín Llaryora, Fernando Albareda se acercó y le dijo que le resolviera la reparación histórica de su padre, el subcomisario Ricardo Fermín Albareda, secuestrado, torturado y desaparecido por un grupo de tareas el 25 de septiembre de 1979. Además de ser policía, el subcomisario Albareda militaba en el PRT-ERP.

En marzo pasado, el ministro Quinteros -en nombre del Estado cordobés- le hizo entrega en el edificio de la Jefatura de Policía de la reparación del legajo de Ricardo Fermín Albareda a sus familiares y seres queridos. El acto reparatorio de legajos de empleados públicos desaparecidos durante la pasada dictadura cívico militar se enmarca en la Ley 10.874.

El reconocimiento por parte del Estado, incluye el resarcimiento económico por salarios caídos, monto que beneficiaría a los deudos del policía Alvareda, la viuda Susana Montoya; los hijos Fernando y Ricardo y Mónica, una hija fallecida en 2021.

Y el 8 de mayo, el Ministerio de Seguridad publicó la resolución que otorgaba “el ascenso por mérito extraordinario por pérdida de la vida en acto de servicio, al grado inmediato superior del extinto Subcomisario de la Policía de la Provincia de Córdoba Ricardo Fermín”. 

La decisión administrativa era retroactiva al 7 de marzo de 2024 y autorizaba “el pago del cien por ciento (100%) del subsidio por fallecimiento, a favor del señor Fernando Armando Albareda y de la viuda, Susana Beatriz Montoya, por el monto de $76.447.970.

Se investiga si el homicidio se debió a que Susana Montoya quería dejarle su parte de la indemnización a sus nietos –los hijos de Fernando, Ricardo y Mónica, una hija fallecida en 2021-; algo a lo que el mayor de sus hijos se oponía.

DM/GM