La vicepresidenta, Victoria Villarruel, intervino la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual por 180 días, una medida interpretada por sectores críticos como un ataque a la normativa vigente en materia de derechos de las audiencias.

La Defensoría del Público fue creada en 2009 como parte de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, bajo la Ley 26.522, con el objetivo de garantizar el derecho a la información y promover una relación más equitativa entre las audiencias y los medios de comunicación. La función principal del organismo es recibir denuncias, consultas y reclamos de las audiencias, además de fomentar la participación ciudadana en los medios. Desde su creación, el organismo se posicionó como una institución modelo a nivel internacional en la defensa de los derechos de las audiencias.

Sin embargo, la Defensoría también estuvo envuelta en polémicas. Una de las más resonantes ocurrió durante la gestión de Myriam Lewin, cuando en 2020 se lanzó el dispositivo “Nodio”, una iniciativa que buscaba combatir la desinformación y los discursos de odio en los medios. La propuesta recibió duras críticas por parte de la oposición y sectores del periodismo, que la consideraron un intento de censura encubierta. A pesar de la defensa oficial, que argumentó que el proyecto tenía como objetivo proteger la calidad de la información, el dispositivo fue visto como un ataque a la libertad de expresión y quedó marcado como un episodio controversial en la historia del organismo.

En esta ocasión, la Comisión Bicameral, encargada de designar al presidente o a la presidenta del organismo, no realizó el nombramiento a tiempo, lo que facilitó la intervención por parte del Ejecutivo.

Soher El Sukaria, exdiputada del PRO y concejala de la ciudad de Córdoba, fue designada interventora del organismo. Sin embargo, su nombramiento puede generar controversia ya que no cuenta con antecedentes ni experiencia vinculada a los medios de comunicación ni a la defensa de los derechos de las audiencias. Esto despertó preocupaciones sobre la independencia y la futura orientación de la Defensoría.

JJD