La larga agonía de Garbarino llegó a su final. La Justicia comercial decretó la quiebra de la histórica cadena de electrodomésticos luego de que fracasara el proceso de salvataje abierto para intentar rescatar la compañía y evitar su liquidación definitiva. La decisión marca el cierre de uno de los casos empresariales más emblemáticos del sector de las ventas minoristas de la Argentinsa en los últimos años y se produce en medio de un deterioro generalizado y acentuado del consumo, la industria y el empleo desde que Javier Milei llegó a la Presidencia de la Nación.

La resolución fue firmada por el juez comercial Fernando D’Alessandro, quien concluyó que no existían condiciones para continuar con el concurso preventivo iniciado en 2021. La empresa no logró alcanzar las mayorías necesarias entre los acreedores para aprobar un acuerdo y tampoco prosperó la instancia de salvataje que permitía a terceros presentar propuestas para quedarse con la compañía.

El único interesado que se había inscripto en el registro de rescate, la sociedad financiera Vlinder, nunca presentó una propuesta formal de reestructuración. Sin inversores y sin acuerdo con los acreedores, el tribunal dispuso la apertura del proceso de quiebra.

A partir de ahora, los bienes de la compañía quedarán bajo control de la sindicatura designada por el tribunal, que deberá identificar y liquidar activos para intentar satisfacer las deudas acumuladas. La Justicia también ordenó mantener la inhibición general de bienes y avanzar en la localización de activos que puedan formar parte del patrimonio de la empresa.

El fallo incluye además la inhabilitación de los directivos para ejercer el comercio durante el plazo que establece la legislación concursal y una prohibición de salida del país para los principales responsables de la compañía hasta que se complete el informe general de la sindicatura.

De gigante del retail a empresa residual

La quiebra pone fin a la historia de una empresa que durante décadas fue uno de los nombres más fuertes del comercio minorista argentino. Fundada en 1951, Garbarino llegó a dominar cerca del 30% del mercado de electrodomésticos y artículos para el hogar, con más de 300 sucursales en todo el país y una red de negocios asociados que incluía marcas como Compumundo.

En su momento de mayor expansión llegó a emplear a más de 5.000 trabajadores, lo que la convirtió en una de las compañías más influyentes del sector.

Sin embargo, una combinación de problemas financieros, caída del consumo y transformaciones en el comercio minorista fue deteriorando su estructura.

El proceso se aceleró en los últimos años. La empresa había sido vendida en 2020 al empresario Carlos Rosales, que prometió un plan de rescate para recomponer la situación financiera. Pero ese intento nunca logró revertir el deterioro.

Cuando el expediente llegó a su tramo final en la Justicia, la compañía ya había reducido su operación a una escala casi simbólica: apenas tres locales abiertos en la Ciudad de Buenos Aires y menos de veinte empleados en actividad.

La quiebra llega después de más de cuatro años de proceso judicial y deja una pregunta abierta sobre el destino final de los activos que aún puedan existir —marcas, participaciones societarias o bienes remanentes— en una empresa que durante décadas fue sinónimo de consumo masivo en la Argentina.

Un sector golpeado por la caída del consumo y las importaciones

El cierre definitivo de Garbarino no es un hecho fortuito ni único dentro del sector de electrodomésticos y artículos para el hogar, sino la consecuencia de un contexto y de una política económica.

En los últimos meses, distintas empresas vinculadas al comercio y la producción de estos bienes comenzaron a mostrar señales de crisis. Fabricantes y cadenas comerciales vienen atravesando recortes de personal, cierres de plantas o cambios en su modelo productivo en medio de una fuerte caída del consumo interno y una apertura de importaciones que afecta a la producción local.

En diciembre, la multinacional Whirlpool cerró su planta de lavarropas en Pilar y despidió a sus 220 trabajadores. La empresa atribuyó la decisión a la caída de ventas y a la competencia creciente de productos importados.

La ola de ajustes también alcanzó a la fábrica de ollas Essen en Venado Tuerto, donde se produjeron despidos en los últimos meses, y a la metalúrgica Cramaco, que dejó de fabricar generadores y alternadores después de despedir a la mayor parte de su personal.

Incluso en el comercio minorista aparecieron señales de alerta. La cadena Frávega cerró sucursales en distintas localidades y atraviesa un proceso de reorganización marcado por la caída de las ventas y el aumento del endeudamiento.

El panorama se repite en otros segmentos industriales. La autopartista Corven recortó alrededor de 150 puestos de trabajo, mientras que sindicatos del sector advierten que varias empresas comenzaron a reemplazar procesos de fabricación local por la importación de productos terminados o de piezas semielaboradas.

Empresas en reestructuración y concursos de acreedores

Las dificultades también alcanzaron a otras compañías del mismo universo productivo. La empresa Goldmund, responsable de la marca de electrodomésticos Peabody, inició un concurso preventivo de acreedores para reestructurar sus pasivos y ordenar su situación financiera.

La firma comunicó a clientes y proveedores que atraviesa una etapa de reorganización destinada a sostener la continuidad de la operación. El proceso judicial busca renegociar deudas y evitar un escenario de insolvencia que podría comprometer su funcionamiento.

El concurso se produce en un contexto en el que distintas empresas enfrentan dificultades similares, con balances deteriorados por la caída de la demanda y por cambios en la estructura del mercado.

La crisis del sector también se refleja en conflictos laborales abiertos. En distintos puntos del país trabajadores se movilizan para defender puestos de trabajo ante cierres o suspensiones de actividades.

El telón de fondo: caída industrial y destrucción de empleo

La quiebra de Garbarino se inscribe en un escenario económico más amplio marcado por el deterioro de la actividad industrial y el empleo.

Un informe elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), al que tuvo acceso trabajAR, estimó que desde noviembre de 2023 la industria argentina perdió alrededor de 100.000 puestos de trabajo, lo que equivale a 160 empleos industriales menos por día.

El mismo estudio señaló que la actividad manufacturera cayó 8,3% durante el gobierno de Javier Milei y que la participación de la industria dentro de la economía se redujo del 16,5% del producto en 2023 al 13,7% en 2025.

Ese nivel se ubica en valores comparables a los registrados antes de la Segunda Guerra Mundial, un retroceso histórico que refleja la magnitud del proceso de desindustrialización.

Los investigadores también registraron una caída en el uso de la capacidad instalada de las fábricas y un aumento de las importaciones de bienes industriales que desplazaron producción local.

JJD

El exministerio y actual Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social publicó los datos sobre trabajo registrado al mes de mayo de 2024. De los mismos se desprende una caída brutal de los puestos desde la asunción de Milei: en 6 meses, se perdieron 123.123 trabajos registrados asalariados en el sector privado y 36.940 en el sector público. 

La pérdida en el privado no es mayor sólo en términos nominales, también lo es en proporción: se perdieron el 2% de los puestos privados y el 1% de los públicos, contrastando con la idea del Gobierno de que sea el sector privado el que “absorba” al personal despedido en el Estado (principalmente nacional).

En mayo, específicamente, se destruyeron 9.101 puestos privados y 8.845 públicos. Más de la mitad de los despedidos devinieron en monotributistas: éstos aumentaron 9.636 en el mismo mes, materializando la propuesta que realiza La Libertad Avanza en materia de legislación laboral: trabajadores con cada vez menos derechos. 

Esta visión se plasmó en la Ley Bases que el Gobierno logró sancionar con ayuda de sus aliados en el Congreso: promover el cuentapropismo sin derechos laborales. En dicha ley se incluyó la figura del “colaborador”, un trabajador “independiente” pero que en realidad trabaja —en relación de dependencia— para otro trabajador independiente. Es decir, se trata de una relación laboral asalariada encubierta, que resulta más barata para el empleador, y con menos derechos para el trabajador: ni licencias, ni aguinaldo, ni vacaciones pagas, ni indemnización en caso de despido. 

En materia de sectores, la construcción encabeza la destrucción de puestos de trabajo, tras la decisión del Gobierno nacional de paralizar la obra pública. Ello trajo aparejado un desplome absoluto de toda la actividad: la construcción acumula en el primer semestre de 2024 un derrumbe de 32,7%, sólo comparable en magnitud con la pandemia. Como consecuencia, en mayo se destruyeron 1.108 puestos de trabajo y en los primeros seis meses de gestión de Milei, se perdieron en este sector 64.179 puestos (sólo contando registrados), es decir, una caída del 15%. A su vez, representan la mitad de los puestos totales perdidos en el sector privado en esta etapa.

Le sigue en importancia (tanto nominal como porcentual) la pérdida de puestos de trabajo en la industria manufacturera: 4.607 sólo en el último mes, y 22.750 en los seis primeros meses de Milei, explicando el 18% de los puestos totales perdidos en el sector privado. La actividad no muestra signos ni siquiera de detener la caída, y ello resulta especialmente preocupante por el peso que tiene la industria en materia de empleo: 19% del total privado registrado.

Esta destrucción de empleo va en línea con la situación de la actividad: en junio, una de cada dos máquinas de la industria manufacturera en Argentina estuvieron apagadas. Son datos que aporta el INDEC: sólo se usó el 54,5% de la capacidad instalada, frente a un 68,6% de hace un año atrás.

Por el contrario, los únicos sectores que crearon empleo en los últimos 6 meses fueron aquellos ligados a actividades primarias: agricultura, ganadería y pesca, que sumaron 11.000 puestos, pero lejos estuvieron de compensar la caída del resto de los sectores.  

Por otra parte, resulta interesante analizar la enorme heterogeneidad de la crisis de empleo en materia territorial: mientras provincias como Formosa y Tierra del Fuego perdieron el 9,9% de su trabajo registrado privado en los seis primeros meses de Milei, Salta incrementó su empleo 1,2% y Chubut 0,9%. Sin embargo, lejos están de compensar los desplomes en la zona núcleo: Buenos Aires perdió 50.743 empleos privados, CABA 13.958, Santa Fe 11.876 y Córdoba 8.001. 

Argentina parece adentrarse en su tercera crisis de empleo en menos de 10 años. La primera fue generada por el macrismo, que desde agosto de 2018 a diciembre de 2019 implicó perder 279.000 empleos privados. La segunda fue provocada por la pandemia, que ocasionó una pérdida de 155.000 puestos en 4 meses. A partir de allí, entre julio de 2020 y noviembre de 2023, se logró recuperar la totalidad de los empleos perdidos y superar en 90.000 puestos los niveles de abril de 2018 (punto máximo anterior). Hacia mayo de 2024, los empleos perdidos en tan poco tiempo generan alarma, y hacia adelante no hay perspectivas de mejora: la Encuesta de Indicadores Laborales que elabora la Secretaría de Trabajo calcula que en junio se destruyeron otros 12.500 puestos de trabajo. Mientras otros temas copan la agenda pública, la crisis de empleo asoma cada vez con más fuerza.

CB/JJD