La Justicia federal intenta establecer si existió una supuesta red de trata de personas con fines sexuales que tiene a empresarios de la salud en el centro de un expediente. La causa fue eje de algunas de las preguntas que los senadores realizaron al juez del caso, Ariel Lijo, el miércoles último durante la audiencia para tratar la candidatura del magistrado a la Corte Suprema. 

En mayo último, el juez Lijo archivó el expediente ante la falta de pruebas, tras dos años de investigación, según el escrito consultado por elDiarioAR, pero la Cámara Federal de Apelaciones porteña revocó el archivo por prematuro y ordenó seguir investigando, como reveló este medio el domingo.  

Tras la decisión de la Sala I de la Cámara de Apelaciones, el juez delegó el expediente en el fiscal Ramiro González, quien solicitó la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), a cargo de los fiscales Alejandra Mángano y Marcelo Colombo.

Tras analizar la causa, los fiscales de la Protex solicitaron escuchar a un testigo en cámara gesell, un método utilizado para las testimoniales de presuntas víctimas de abusos que serán llevadas adelante por psicólogos y especialistas mientras los abogados y fiscales puedan observar la testimonial detrás de un vidrio sin intervenir directamente para preservar al testigo.

Para avanzar sobre la hipótesis de trata de personas, la Justicia debe determinar la existencia de intermediarios que hayan reclutado personas –ya sean mayores o menores de edad– para beneficiarse de su explotación sexual. Hasta el momento, el juez determinó que no hay pruebas de que eso haya sucedido ni de la participación de menores. Sin embargo, la Cámara Federal ordenó que se investigara la denuncia de una ONG sobre dos jóvenes que habrían sostenido su participación en presuntas fiestas con algunos de los investigados.

El testigo en cuestión es un hombre adulto, que realizó una presentación por escrito ante la Justicia pero que hasta el momento no había sido escuchado, explicó una fuente del caso a elDiarioAR. Su caso consta de uno de los tres legajos de identidad reservada en la causa. “Nos interesa escuchar a los testigos porque Alejandro Roemmers está convencido de su inocencia y quiere que la Justicia así lo determine”, dijo Juan Manuel Novello, abogado del empresario mencionado en la causa.  

El caos salió a la luz tras declaraciones de su denunciante, Roberto Mazzoni, en un encuentro sobre trata de personas en el Senado. Sus dichos generaron la publicación de un comunicado del empresario, escritor y filántropo Alejandro Roemmers, heredero de uno de los laboratorios más poderosos del país, quien rechazó las acusaciones y aseguró ser objeto de una extorsión por parte del denunciante.

El caso generó impacto en las redes sociales luego de que el denunciante, Mazzoni, afirmara que su denuncia es contra “la red de trata más grande de la Argentina” y mencionara a dos de los denunciados: Roemmers y el empresario Matías Barreiro, dueño del sanatorio Colegiales, además de vocal de River Plate. “Hasta el día de hoy no llamaron a ninguno de los testigos”, aseguró Mazzoni en el Senado. “Ya no sé a quién acudir porque estamos hablando de la gente más poderosa”, agregó.

Además, Mazzoni hizo especial énfasis en el rol del juez Lijo, en medio de las oposiciones y críticas de ciertos sectores por su candidatura a la Corte Suprema de Justicia, que impulsa el gobierno de Javier Milei.

Tras la difusión de videos del testimonio de Mazzoni en las redes sociales, Alejandro Roemmers publicó un comunicado rechazando los dichos del denunciante “ante la difamación y falsas denuncias de que es objeto” el empresario. Roemmers definió a Mazzoni como “un individuo con antecedentes de extorsión, hurto y violencia que han tomado estado público” y habló de supuesta “difamación y extorsión a un reconocido artista e intento de atropello con una camioneta robada” por parte del denunciante. “Roemmers no se ofreció al chantaje porque está convencido de su inocencia”, dijo su abogado ante la consulta de elDiarioAR.

Según Roemmers, “la Justicia archivó la falsa denuncia de Roberto Mazzoni después de dos años en que se presentara ninguna prueba y ningún damnificado en la causa, ni siquiera el propio Mazzoni, ya que nunca trató” con Roemmers. “Reiteramos: no existe ni una sola persona ni mayor ni menor de edad, ni en nuestro país ni en el exterior, que haya jamás manifestado alguna queja respecto al comportamiento impecable del señor Alejandro Roemmers”, dice el comunicado.

“Hemos ofrecido testigos y pruebas que demuestran el accionar de Roberto Mazzoni, la incitación al falso testimonio y su voluntad de pedir dinero a cambio de no difamar”, agregó el empresario en el comunicado.

El abogado Roberto Herrera representa junto a su socio, Mariano Di Giusseppe, al empresario Barreiro y dijo a este medio que realizará una presentación ante la Justicia en los próximos días en donde afirmará que su cliente fue también objeto de una supuesta extorsión por parte del denunciante Mazzoni, quien, además, acusó a Barreiro de supuesto abuso sexual en su contra. “Barreiro es inocente de estas acusaciones, jamás estuvo con Mazzoni y pediremos una pericia psicológica del denunciante”, aseguró ante la consulta.

ED/MG

La Cámara Federal porteña revocó el archivo de un expediente que tiene a empresarios del sector de la salud y el fútbol entre sus denunciados por supuesta trata de personas con fines de explotación sexual y suministro y comercialización de drogas, de acuerdo al documento al que accedió elDiarioAR. La difusión del caso por parte de su denunciante, Roberto Mazzoni, generó la publicación de un comunicado por parte del empresario, escritor y filántropo Alejandro Roemmers, heredero de uno de los laboratorios más poderosos del país, quien rechazó las acusaciones y aseguró ser objeto de una extorsión por parte del denunciante.

El caso se había cerrado en mayo último. Sin embargo, los camaristas de la Sala I ordenaron el desarchivo el 8 de julio último por considerar “prematuro” el cierre del expediente. Ahora el caso continuará siendo investigado, esta vez con la participación de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), a cargo de los fiscales Alejandra Mángano y Marcelo Colombo. 

El expediente seguirá al mando del juez federal Ariel Lijo y el fiscal federal Ramiro González, luego de que la Cámara Federal porteña rechazara apartar a los magistrados del caso, como había solicitado Mazzoni, según el documento al que accedió elDiarioAR.

Hemos ofrecido testigos y pruebas que demuestran el accionar de Roberto Mazzoni, la incitación al falso testimonio y su voluntad de pedir dinero a cambio de no difamar

Comunicado de Alejandro Roemmers.

La intervención de la Protex será clave para determinar si se trata de un caso de trata de personas, es decir, con la participación de intermediarios que se hayan beneficiado de la prostitución o explotación sexual de terceros; y si, como sostuvo Mazzoni el 5 de agosto pasado en una intervención pública en el Senado, existió la participación de menores en supuestas fiestas sexuales, lo cual, hasta el momento, no está acreditado en el expediente, según las sendas consultas a tres fuentes que intervienen en la causa y tuvieron acceso a la misma.

elDiarioAR intentó comunicarse por tres vías distintas con otro de los empresarios denunciados, Matías Barreiro, vocal titular de River Plate, pero al cierre de esta nota no obtuvo respuesta. 

Los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia coincidieron en que el juez Lijo debe ordenar más medidas de prueba para tratar de descartar ciertas hipótesis, en especial, la planteada por la Asociación Civil Madres Víctimas de Trata, que manifestó en el expediente que “dos jóvenes denunciaron haber sido víctimas del delito de trata de personas” y que “manifestaron haber sido 'drogadas' mientras participaron de fiestas”.

El caso generó impacto en las redes sociales luego de que el denunciante, Mazzoni, se presentara en una reunión abierta en el Senado de la Nación sobre trata de infantes y hablara de su denuncia. Afirmó que su denuncia es contra “la red de trata más grande de la Argentina” y mencionó a dos de los denunciados: Roemmers y Barreiro. “Hasta el día de hoy no llamaron a ninguno de los testigos”, aseguró. “Ya no sé a quién acudir porque estamos hablando de la gente más poderosa”, agregó.

Además, Mazzoni hizo especial énfasis en el rol del juez Lijo, en medio de las oposiciones y críticas de ciertos sectores por su candidatura a la Corte Suprema de Justicia, que impulsa el gobierno de Javier Milei.

Tras la difusión de videos del testimonio de Mazzoni en las redes sociales, Alejandro Roemmers publicó este viernes un comunicado “ante la difamación y falsas denuncias” de las que sería objeto. El empresario definió a Mazzoni como “un individuo con antecedentes de extorsión, hurto y violencia que han tomado estado público” y habló de supuesta “difamación y extorsión a un reconocido artista e intento de atropello con una camioneta robada” por parte del denunciante.

Según Roemmers, “la Justicia archivó la falsa denuncia de Roberto Mazzoni después de dos años en que se presentara ninguna prueba y ningún damnificado en la causa, ni siquiera el propio Mazzoni, ya que nunca trató” con Roemmers. “Reiteramos: no existe ni una sola persona ni mayor ni menor de edad, ni en nuestro país ni en el exterior, que haya jamás manifestado alguna queja respecto al comportamiento impecable del señor Alejandro Roemmers”, dice el comunicado.

Ya no sé a quién acudir porque estamos hablando de la gente más poderosa

Roberto Mazzoni — Denunciante.

“Hemos ofrecido testigos y pruebas que demuestran el accionar de Roberto Mazzoni, la incitación al falso testimonio y su voluntad de pedir dinero a cambio de no difamar”, agregó el empresario en el comunicado.

La causa

En abril de 2022, Mazzoni denunció que un grupo de hombres formarían parte de una red de “trata de personas y de suministro y comercio de estupefacientes a diferentes individuos de distinto sexo, adultos y menores de edad”, de acuerdo al fallo de la Cámara Federal porteña. “Los denunciados se valían de la situación de poder que algunos de ellos detentaban, de dinero y de estupefacientes que suministraban a sus víctimas”, resume el escrito consultado.

Los supuestos hechos tendrían lugar en un departamento en la Ciudad de Buenos Aires, en donde se realizaban fiestas organizadas por uno de los denunciados, donde “se prostituía a hombres y mujeres, algunos de los cuales resultaban ser menores de edad a quienes, en algunos casos, se los drogaba -sin consentimiento- para luego poder abusarlos sexualmente”.

Mazzoni resaltó que él mismo “fue víctima de una situación así razón por la cual también se encuentra en trámite una causa por abuso sexual en el fuero ordinario”.

En mayo último, y tras dos años de instrucción, el juez Lijo decidió archivar el expediente ante la falta de pruebas contra los denunciados. Entre las medidas, se habían analizado mensajes de Whatsapp aportados por el denunciante pero de ellos, según el magistrado, se desprendían “conversaciones con algunos de los denunciados en torno al desarrollo de eventos privados y ”de los cuales no surge que se obligara a las mujeres u hombres a ejercer trabajos sexuales sino que, por el contrario, se trataría de circunstancias en las que, personas mayores de edad, desarrollarían actividades en la órbita de su absoluto consentimiento“.

El juez Lijo concluyó que las pruebas aportadas por Mazzoni “acreditaron relaciones que consistirían en el intercambio de dinero por sexo o por acompañamiento, pero no se advertirían maniobras vinculadas a la trata de personas”.

En julio, la Cámara Federal consideró que, si bien los camaristas coinciden en que esas pruebas descartaban la hipótesis del denunciante, todavía restan medidas a realizar.

Los jueces de la Sala I también advirtieron que “se han formado legajos de identidad reservada en donde se denunciaron maniobras similares a las investigadas en autos que tendrían como protagonistas a los sujetos sindicados por el acusador particular. Tales legajos aún se encuentran en trámite y no se ha descartado que puedan tener relevancia y/o conexión con los hechos”. En resumen, los jueces señalaron “la existencia de circunstancias que aún no han sido esclarecidas”.

ED/DTC