Sin percatarse de que tenía el micrófono prendido, el diputado nacional de La Libertad Avanza Nicolás Mayoraz dijo que “las mujeres son mi debilidad” al inicio del plenario de comisiones en el que se estaba tratando la reforma a la Ley de Glaciares.

Como presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, el libertario expresó que aceptaba una propuesta para conformar las autoridades que quedaban pendientes.

Pero lo insólito fue la razón que esgrimió para justificar su aceptación del pedido, que catalogó como una “excepción”.

“Vamos a aceptar las autoridades. Vamos a hacer una excepción. Las mujeres son mi debilidad”, se le escuchó decir al santafesino.

Luego de decir esta desafortunada frase, el diputado fue apuntado por su par de Unión por la Patria Gabriela Estevez, quien dijo: “Como presidenta de la Comisión de Mujeres, Género y Diversidad, rechazo los dichos de Nicolás Mayoraz, las mujeres no somos 'debilidades' ni 'excepciones'. Somos representantes de pueblo y exijimos respeto. Ese tipo de expresiones atrasan, reproducen una mirada que nos reduce y nos corre del lugar que nos corresponde, y no lo vamos a permitir”.

Ante la insinuación de un reclamo por parte de un diputado oficialista, explicó que el proceso de conformación de autoridades aún “no estaba cerrado”.

La comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, que preside José Peluc junto a la de Asuntos Constitucionales que encabeza Mayoraz, avanzaban en la tarde de este martes con el tratamiento de las modificaciones a la Ley de Glaciares.

Con información de Noticias Argentinas y redes sociales

JIB

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal 5, a cargo del juez Enrique Regeuira, rechazó este viernes una medida cautelar pedida por distintas organizaciones no gubernamentales ambientalistas para que se garantizara la participación oral de la totalidad de inscriptos en las audiencias públicas por la reforma a la Ley de Glaciares que se está tratando en la Cámara de Diputados.

La polémica surgió porque los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, y de Recursos Naturales, José Peluc, acordaron restringir la cantidad de participantes orales a los primeros inscriptos por cada una de las provincias, dado que la cantidad de anotados superaba las 70 mil personas.

Así las cosas, los restantes interesados en participar del debate deberán remitir sus ponencias de manera escrita y/o adjuntando un video al canal de YouTube oficial de la HCDN.

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal 5, a cargo del juez Enrique Regeuira, rechazó hoy una medida cautelar pedida por distintas organizaciones no gubernamentales ambientalistas para que se garantizara la participación oral de la totalidad de inscriptos en las audiencias públicas por la reforma a la Ley de Glaciares que se está tratando en la Cámara de Diputados.

La polémica surgió porque los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, y de Recursos Naturales, José Peluc, acordaron restringir la cantidad de participantes orales a los primeros inscriptos por cada una de las provincias, dado que la cantidad de anotados superaba las 70 mil personas.

Así las cosas, los restantes interesados en participar del debate deberán remitir sus ponencias de manera escrita y/o adjuntando un video al canal de YouTube oficial de la HCDN.

Pero para las organizaciones ambientalistas, esa restricción vulneraba los estándares de participación pública ambiental.

En los fundamentos del fallo, el juez explicó que la parte demandante “no alcanza a demostrar la verosimilitud del derecho que invoca -al menos con el grado de evidencia que se requiere- para suspender los efectos de un acto parlamentario, máxime cuando la presunción de validez que debe reconocerse a los actos de las autoridades constituidas obliga a los procesos precautorios a una severa apreciación de las circunstancias del caso y de los requisitos ordinariamente exigibles para toda medida cautelar”.

“En el caso, la prueba acompañada por los accionantes no revela- con suficiente grado de verosimilitud- la existencia de vicios manifiestos que tornen ilegítima, arbitraria o irrazonable la conducta de la demandada”, agregó.

Mayoraz celebró el fallo del magistrado a través de una publicación en la red social X.

“¡¡LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS POR LA LEY DE GLACIARES SON ILEGÍTIMAS!!”. Eso es lo que te hacen creer un grupo minúsculo de ONGs y CHARLATANES DE FERIA que intentaron BOICOTEAR este proceso trascendental de participación ciudadana“, indicó.

Y agregó: “Pero NO LO LOGRARON: la justicia federal RECHAZÓ el pedido de suspensión de las audiencias convocadas para el 25 y 26/3. Acá te cuento por qué el proceso es PLENAMENTE legítimo. No te dejés psicopatear”.

En los fundamentos del fallo, el juez explicó que la parte demandante “no alcanza a demostrar la verosimilitud del derecho que invoca -al menos con el grado de evidencia que se requiere- para suspender los efectos de un acto parlamentario, máxime cuando la presunción de validez que debe reconocerse a los actos de las autoridades constituidas obliga a los procesos precautorios a una severa apreciación de las circunstancias del caso y de los requisitos ordinariamente exigibles para toda medida cautelar”.

“En el caso, la prueba acompañada por los accionantes no revela- con suficiente grado de verosimilitud- la existencia de vicios manifiestos que tornen ilegítima, arbitraria o irrazonable la conducta de la demandada”, agregó.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

La discusión por la reforma de la Ley de Glaciares sumó un nuevo capítulo judicial luego de que organizaciones ambientalistas presentaran un amparo colectivo para frenar las restricciones impuestas a la participación ciudadana en la audiencia pública convocada por la Cámara de Diputados.

El reclamo apunta a garantizar “condiciones reales de intervención” en un proceso que ya reúne a más de 85.000 inscriptos y que, según denunciaron, podría alcanzar muchos más, marcando un récord histórico de convocatoria.

La acción, que se encuentra en manos del juez Enrique Lavie Pico, fue impulsada por un conjunto de entidades, entre ellas la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Red Universitaria de Ambiente y Salud, Greenpeace Argentina y el Círculo de Políticas Ambientales, junto a otros espacios como el Observatorio del Derecho a la Ciudad. En la presentación judicial, las organizaciones solicitaron una medida cautelar para suspender el formato actual de la audiencia y obligar al Congreso a readecuar el cronograma y garantizar la participación ciudadana.

El eje del planteo radica en la limitación dispuesta por el oficialismo, mediante el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, que prevé solo dos jornadas de debate para el 25 de marzo de manera presencial y el 26 de forma virtual, con exposiciones orales restringidas a solo 200 personas. Esto representa menos del 0,3% del total de inscriptos, mientras que el resto solo podrá enviar intervenciones por escrito o mediante videos para su publicación en el canal institucional de Diputados.

Nicolás Mayoraz, este jueves, decidió que el próximo miércoles 25 de marzo solamente ingresen los diputados integrantes de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y dos asesores por Bloque. “Será una audiencia pública hermética”, dijo a elDiarioAR una fuente parlamentaria.

Desde las organizaciones calificaron el esquema de “censurador y excluyente” y advirtieron que vulnera el derecho a la participación en temas de interés público, especialmente en una discusión vinculada a recursos estratégicos como el agua. En ese sentido, reclamaron garantizar la exposición oral de todos los inscriptos, ampliar la cantidad de jornadas de audiencia y evitar mecanismos que restrinjan el acceso a la palabra.

“El Estado debe ampliar su capacidad receptiva, no reducirla”, señalaron en el comunicado, donde además sostienen que la masiva convocatoria no constituye un problema organizativo sino una muestra de “una democracia deliberativa vibrante”.

También alertaron que avanzar con el tratamiento legislativo sin garantizar estas condiciones podría afectar la validez del proceso y violar derechos reconocidos en la Constitución Nacional y en tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú, un tratado ambiental de América Latina y el Caribe, vigente desde 2021, que busca garantizar el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales.

El oficialismo, por su parte, argumenta que la magnitud de la convocatoria hace “materialmente imposible” asegurar la participación de todos los interesados en un plazo razonable sin afectar el funcionamiento del Congreso. Sin embargo, para los sectores críticos, esa justificación encubre una intención de acelerar el tratamiento del proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado desde el 26 de febrero, cuando fue aprobado por 40 votos a favor y 31 en contra.

La iniciativa propone modificar la Ley 26.639, vigente desde 2010, que establece la protección de los glaciares como reservas estratégicas de agua dulce y prohíbe actividades como la minería o la explotación de hidrocarburos en esas zonas. El nuevo texto busca limitar esa protección a los glaciares considerados “hídricamente relevantes” y habilitar el desarrollo de actividades productivas en otras áreas, lo que podría impactar especialmente en provincias como Mendoza, San Juan, Catamarca, Jujuy y Salta.

Con información de medios y redes

JIB/CRM

En una tensa reunión posterior a la última sesión de Diputados, en que la oposición consiguió rechazar el DNU de Javier Milei que le otorga más plata a los espías de inteligencia del Estado, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) protagonizó un escándalo telenovelesco que tuvo como protagonista a la diputada Lourdes Arrieta.

La polémica surgió luego de que Arrieta, quien había visitado al genocida Alfredo Astiz junto a varios de sus colegas, presentara una denuncia judicial afirmando que fue engañada para participar en esa visita. La diputada aportó chats donde supuestamente se había organizado el encuentro, lo que desató la furia de varios integrantes del bloque.

El detonante de la furia libertaria contra su propia colega, Arrieta, fue la reunión de la comisión de Peticiones y Poderes realizada el martes con el fin de discutir el viaje del 11 de julio que hicieron los legisladores de La Libertad Avanza al penal de Ezeiza. En esa reunión, la mendocina Arrieta lanzó: “Tanto el diputado Beltrán Benedit como también el presidente de la Cámara, Martín Menem, deberían dar explicaciones al respecto. No nos mandamos solos, no me voy a subir a una combi sin algún tipo de aval político”, aseguró. Ninguno de los demás legisladores involucrados en la polémica se presentaron en la comisión este martes. “Se brindaron las herramientas para que esto sea una comitiva de diputados de la Nación para conocer las instalaciones del penal. Se me invitó, cumplí con mi deber, quiero pedir perdón a aquellos que se han sentido molestos con este accionar. La verdad es que no sabía”, dijo la legisladora. Incluso señaló que tiene que haber autorizaciones especiales para vehículos de gran tamaño.

El diputado Nicolás Mayoraz —conocido por ser de pocas pulgas—, que estuvo presente en la reunión de comisión del martes, fue uno de los más duros con Arrieta en la reunión de este miércoles, según pudo saber elDiarioAR. La acusó de ser una operadora kirchnerista y la maltrató frente a sus compañeros, apuntándola con el dedo mientras le recriminaba por mostrar los chats. Mayoraz, quien figuraba en esos mismos mensajes, la acusó de perjudicar al líder del espacio, Milei. En medio de esta agresión verbal, la diputada ultramileísta Lilia Lemoine se sumó a la tensión haciendo gestos que sugerían que Arrieta estaba “loca”, acompañados de chicanas sobre “tener los patitos en la cabeza”. Es porque Arrieta se mostró en algunas reuniones de comisiones con el patito amarillo de juguete en la cabeza, una moda adolescente de los últimos meses.

La situación se desbordó cuando Arrieta, visiblemente afectada, se levantó de su asiento y comenzó a gritar en medio de la reunión. La escena se tornó tan caótica que Martín Menem, integrante del bloque LLA y presidente de la Cámara de Diputados, pidió la intervención de seguridad. “¡Llamen a seguridad!”, exclamó, exigiendo que Arrieta fuera retirada de la sala. El episodio terminó con la intervención del abogado de la diputada, que ingresó para intentar calmar la situación.

En diálogo con periodistas en la puerta del edificio del Congreso que da a a calle Rivadavia, Lemoine dijo: “Lo que yo sé es que hubo un escándalo de una persona desequilibrada mentalmente. La chica del patito en la cabeza”, dijo, refiriéndose despectivamente a su colega de bloque Arrieta.

“Su abogado, no casualmente, es el mismo abogado que armó la causa de Milman, del atentado contra Cristina [Fernández de Kirchner]. Es decir, más allá de que sabemos que hubo un atentado contra la expresidenta,. también hay una causa armada [contra eñ exdiputado Gerardo Milman]. Y el abogado de Lourdes Arrieta justamente es el mismo, que está aprovechándose de una chica que no tiene bien los patitos en fila. Eso es todo”, dijo Lemoine.

“Realmente, el bloque no está bien”

Otra diputada libertaria, Rocío Bonacci, se refirió a la pelea de su espacio que terminó con la intervención de la seguridad, respaldó a Arrieta e insinuó que podría abandonar la bancada oficialista.

“La agresión fue por parte de Nicolás Mayoraz, una agresión en un tono elevado, digamos. No hubo ni un insulto, ni nada más que señalamientos, totalmente injustos. De muy mal tono, de muy mal tono”, relató Bonacci, que en el enfrentamiento está en la vereda de enfrente de Lemoine, Menem y Mayoraz, entre otros, y defiende Arrieta.

Describió al episodio de este miércoles como “fue un momento duro e incómodo” y dijo que, “realmente, el bloque no está bien”. Señaló que Arrieta “está en su derecho de defenderse” y que “lo que pasó hoy es parte del mal manejo del bloque”, que preside el cordobés Gabriel Bornoroni.

“Me consta que ella (por Arrieta) hizo una denuncia penal hacia el diputado Beltrán Benedit por amenazas que recibió, que de hecho hoy lo aclaró en su momento de ira y de angustia y de llanto. Lo aclaró, pero parece ser que hay oídos que son sordos”, dijo Bonacci respecto de la denuncia con el aporte de los chats que sirvieron supuestamente para organizar la visita a Astiz.

La diputada, en defensa de su colega Arrieta, insistió en que “no se puede increpar a una compañera de bloque por decir la verdad” y respecto del resultado de la votación de este miércoles en sesión, en contra del DNU de Milei por más plata a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), es una señal que los aliados le “han soltado la mano” al oficialismo. “Nos han soltado la mano porque se están dando cuenta que el DNU no era lo correcto, no es el camino del cambio, y eso va a quedar totalmente asentado porque es la realidad. El PRO no nos acompañó en este momento, hay muchos diputados que se abstuvieron”, dijo.

Consultada sobre si se quedará en el bloque oficialista o se irá, por ejemplo, al bloque aliado que conduce Oscar Zago, Bonacci respondió: “No lo tengo definido en este momento”. Y subrauyó que acompaña a Arrieta “como mujer, como colega, y porque es una persona muy, muy valiente que se atrevió a decir la verdad”.

No es el primer escándalo en la bancada libertaria

Este no es el primer conflicto interno que sacude al bloque de La Libertad Avanza. La denuncia de Arrieta, presentada hace unas semanas, ya había generado incomodidades, pero el malestar explotó tras la reciente derrota en la sesión. Mayoraz fue el encargado de recriminarle a Arrieta que su actitud afectaba gravemente al bloque y que sus acciones, especialmente la difusión de los chats, eran vistas como una traición.

En medio del caos, el diputado “Bertie” Benegas Lynch fue categórico: “Quien no se sienta a fin con el manejo del bloque, que se vaya del bloque”. Su compañera Lorena Villaverde reforzó la idea: “Si no están de acuerdo, que se vayan”.

El escándalo interno de este miércoles revela las tensiones dentro del oficialismo, donde las acusaciones cruzadas y las diferencias ideológicas han comenzado a fracturar la unidad del bloque, dejando a muchos preguntándose sobre el futuro del espacio político en un clima tan enrarecido.

Entre las diferencias ya se cuentan la escisión del bloque ocurrida hace unos meses, que terminó con la salida del entonces presidente de la bancada Oscar Zago, quien formó con otros dos libertarios el bloque Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), y el escándalo con otra diputada, Marcela Pagano, por la presidencia de la comisión de Juicio Político.

MC/JJD