Organizaciones de jubilados realizarán este miércoles una nueva marcha en las inmediaciones del Congreso para reclamar un aumento en los haberes, la restitución de los medicamentos gratuitos del PAMI y contra el veto del presidente Javier Milei a la ley que establecía un incremento en los ingresos del sector. Mientras tanto, en Diputados, tal como quería el Gobierno, no hubo quórum y cayó la sesión que, en su última parte, debía tratar diferentes proyectos que buscan una reforma previsional que aumente el poder adquisitivo de los jubilados.

Los jubilados se darán cita como todos los miércoles a las 15 en las cercanías del Congreso, donde el Ministerio de Seguridad suele desplegar el operativo de las fuerzas policiales para garantizar el cumplimiento del protocolo antipiquetes.  

La semana última se registraron una serie de incidentes entre la Policía Federal y los manifestantes cuando los efectivos intentaron evitar que la protesta interrumpiera el tránsito en la intersección de Callao y la Avenida Rivadavia.  

Como producto de la represión, los agentes de la Policía Federal agredieron al padre Francisco “Paco” Olveira, que se encontraba en la movilización, así como también a otros manifestantes que resultaron heridos.

Los proyectos en Diputados

En Diputados se iban a plantear dos tipos de reformas, hasta que se cayó la sesión por falta de quórum. La primera apunta a incrementar el bono jubilatorio de $70 mil y actualizarlo por inflación. UxP propone subirlo, como base, a $115 mil y el pichettismo a $100 mil: si bien todavía no hay acuerdo, la oposición buscará consensuar un monto intermedio entre ambos valores antes de la votación. Se incrementará, a su vez, todas las jubilaciones en un 7,2%.

El otro tipo de reforma consiste en aprobar algún mecanismo que resuelva el vacío que dejó el vencimiento de la última moratoria previsional. UxP y la izquierda proponen prorrogar el Plan de Pagos de Deuda Previsional durante dos años más, de modo de incluir al inmenso porcentaje de hombres y mujeres que llegaron a la edad de jubilarse pero no pueden hacerlo porque no cumplen con los 30 años de aportes. 

El radicalismo y el pichettismo, en cambio, proponen una reforma que establezca una prestación proporcional por vejez. El objetivo es eliminar la obligatoriedad de los 30 años de aportes y reemplazarlo por un mecanismo que incremente el valor de la jubilación percibida en proporción a la cantidad de años aportados. La base mínima, en este caso, sería la PUAM (que representa el 80% de la jubilación mínima) 

La oposición sospecha que este último será el dictamen que consiga la aprobación de Diputados, ya que la moratoria no cuenta con más avales que los del peronismo y la izquierda. Pero hay otro motivo, y es que la oposición sabe que tiene que aprobar una ley que, luego, necesitará ser ratificada con dos tercios de los votos. Ya que el veto de Milei es inevitable. 

Es ahí cuando entra a jugar el PRO, que tuvo una dura reunión de bloque el martes por la noche. Después de un largo debate, las espadas macristas, que amagaban con acompañar el proyecto de prestación proporcional, aceptaron rechazarlo o, los más díscolos, abstenerse. La oposición, sin embargo, piensa en el día después. Y fantasea con que la guerra del PRO con LLA les permita sumar, cuando llegue el momento, algunas adhesiones macristas a resistir el veto presidencial.

Eugenio Semino, defensor de la tercera Edad, sobre los proyectos de Diputados: “No mueven la aguja”

El defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, afirmó que con las reformas previsionales que se tratarán esta tarde en la Cámara de Diputados “se sigue hablando de miseria”, sostuvo que es necesario “hacer un sistema nuevo”, y destacó que hoy una canasta básica para un jubilado está “en 1.200.000 pesos mensuales”.

“La última canasta básica, con metodología del INDEC, pero incorporando gastos de vivienda, estaba en 1.200.000 pesos mensuales”, afirmó Semino y minimizó los proyectos de Diputados, porque tratarán “un ajuste del 7% para cinco millones de jubilados de la mínima y son apenas 25.000 pesos, esto no mueve la aguja”.

El funcionario reclamó que se implemente “inmediatamente una recomposición del haber jubilatorio, porque la gente se está muriendo de hambre, no pueden comprar medicamentos, no puede pagar expensas, ni alquiler, ni una pensión”.

Recalcó que el bono que perciben los jubilados que cobran la remuneración mínima y que está congelado desde hace más de un año “tiene que ser parte integrante del haber”, mientras que cuestionó que el Gobierno “hace cualquier cosa” ya que “lo sube, lo baja o lo congela, es un disparate, vale hoy la mitad de lo que debiera valer”.

“Hablamos de una reforma, que es tardía, porque es necesario un sistema nuevo y una recomposición del haber jubilatorio ya. El sistema no tiene plata, hay que sacarla del presupuesto nacional, tienen que poner plata el Estado para que la gente no se muera de hambre”, enfatizó en declaraciones a Radio Splendid.

Para Semino el sistema previsional no funciona “porque siguen vigentes las leyes de (domingo) Cavallo” que se sancionaron en los ´90 cuando este estaba al frente del Ministerio de Economía.

Mencionó como ejemplo que en esa década “se perdieron aportes patronales” y en el año 95 “se quitaron 8 puntos de aportes patronales, un desquicio”.

El funcionario puso como ejemplo a seguir las reformas de Noruega y Finlandia, que percibieron un envejecimiento de la población y hoy financian su sistema previsional con aportes surgidos de la actividad petrolera y de la minería.

“Hoy esos dos países encabezan el índice de sustentabilidad actual y futuro de los sistemas de Seguridad social”, dijo y puntualizó que en la Argentina “nadie habla de que las mineras y las petroleras se llevan todo con una simple declaración jurada, y no dejan ni un ´mango´ para el país y mucho menos para la Seguridad Social”.

Con información de agencias.

IG

Conocidos los datos de inflación, correspondiente a octubre, y de salarios Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), al mes de septiembre, el Gobierno celebró. Sin embargo, también confirmaron una sospecha: de haberse sostenido la movilidad jubilatoria anterior, los ingresos de jubilados y jubiladas serían en diciembre 21,1% mayores a los que efectivamente percibirán con la fórmula del presidente Javier Milei.

En el mes de marzo, Milei derogó, a través del DNU 274/24, la Ley 27.609, del año 2021, que tomaba en consideración para la fórmula de movilidad la evolución de los salarios (medidos por el Ripte, que significa Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables, un indicador que mide el promedio de los salarios sujetos a aportes de los trabajadores registrados y estables; o Indec, el que sea más favorable para el jubilado) y de la recaudación de ANSES en partes iguales.

En su reemplazo, Milei estableció la actualización mensual (en detrimento de la trimestral) por la inflación disponible al momento de la liquidación del haber, esto es, de dos meses atrás. A su vez, otorgó una recomposición por única vez de 12,5%, a modo de reconocimiento por la inflación de enero (20,6%). 

Esto permitió una mejora en los haberes en relación al piso que habían tocado en el primer trimestre. Sin embargo, en el trimestre septiembre-noviembre de 2024, los haberes continúan por debajo del poder adquisitivo del mismo período del año pasado. La comparación trimestral es la más adecuada metodológicamente, por la frecuencia de actualización de la fórmula anterior, aún vigente en el período que estamos considerando (sep-nov 2023). 

Hay que destacar que la situación de las prestaciones no es homogénea, pero en ambos casos se ubican por debajo del trimestre equivalente del 2023: mientras que las jubilaciones sin bono se mantienen 4% abajo de 2023, las jubilaciones con bono se ubicaron 13,1% por debajo.  

¿A qué se debe esta divergencia? Al bono que perciben quienes cobran la mínima, que el oficialismo mantiene congelado en $70.000 desde el mes de marzo. Mientras que los haberes se incrementaron entre marzo y diciembre 93,1%, la mínima, con bono incluido, sólo aumentó 61,2%.

De haberse actualizado en la misma proporción, el bono debiera ser en diciembre de $135.140, prácticamente el doble del guarismo que efectivamente percibirán. Así, a los jubilados y pensionados de la Argentina les niegan por mes $65.140. Como si esto fuera poco, en el presupuesto 2025, se prevé que el congelamiento en $70.000 se mantenga, continuando así con la política de licuación sobre los de más abajo.

A los jubilados y pensionados de la Argentina el gobierno de Milei les niega por mes $65.140. Como si esto fuera poco, en el Presupuesto 2025 se prevé mentener el bono congelado en $70.000

En suma, entre la fórmula impuesta por el DNU 274/24 y el congelamiento del bono, las jubilaciones y pensiones continúan siendo el principal factor explicativo en el ajuste efectuado por el Gobierno. A septiembre, último dato disponible, constituyen el 25,3% del recorte de gasto que hicieron Milei y Caputo.

Asimismo, es importante destacar que la temporalidad del DNU 274/24 no fue casual. La modificación de la fórmula previsional se hizo en un momento preciso: una vez consumada la enorme pérdida del poder adquisitivo que produjo la aceleración inflacionaria, pero apenas antes de que la fórmula anterior comience a mostrar una mejora real en los haberes. 

Como cualquier fórmula de actualización, la de la Ley 27.609 se nutre de indicadores pasados, y por ende presenta un rezago. De este modo, en contextos de inflación creciente, el atraso en la captación de los datos implica que se actualice con valores más bajos que los vigentes. Por el contrario, en un contexto con inflación a la baja, la fórmula iba a otorgar aumentos que mejorarían la capacidad de compra. Con los datos publicados por Indec, se confirmó una vez más esta situación. En septiembre de 2024, las jubilaciones hubieran aumentado 33,4%, si Milei no hubiera derogado la fórmula por decreto. Por el contrario, en el trimestre sólo aumentaron, con el nuevo cálculo, 13,4%. 

Asimismo, en diciembre de 2024, las jubilaciones aumentarán 10,7% en el trimestre, mientras que, de haberse sostenido la fórmula anterior, se hubieran incrementado 24,1%. Así, mientras que la mínima sin bono orillará los $260.000, se ubicaría con la fórmula anterior en $314.000, esto es, 21% por encima. El problema no era la fórmula, sino la aceleración inflacionaria. Si el Congreso ratifica el DNU 274/24 (cuestión incluida en el proyecto de presupuesto 2025 del Ejecutivo), y la inflación se mantiene en estos guarismos, las jubilaciones ya no perderán, pero tampoco tendrán la posibilidad de recuperar poder adquisitivo. 

Por el contrario, la Ley 27.756 que este año sancionó el Congreso pero fue vetada por el Ejecutivo incluía una recomposición por única vez de 7,2% para todos los haberes y un haber mínimo equivalente al 109% de la CBT (Canasta Básica Total, un indicador económico utilizado por el Indec para medir el costo de una canasta que incluye bienes y servicios esenciales para satisfacer las necesidades básicas de una familia o individuo, y que define si se es pobre o no) de un adulto, que hubiera impedido la licuación del bono. A su vez, permitía en el mediano plazo una mejora progresiva en los haberes si la economía crecía, ya que contaba con una cláusula gatillo en marzo de cada año, que se activaba sólo en caso de que en el año calendario anterior, los salarios le hayan ganado a la inflación. Sin embargo, el oficialismo eligió el camino del ajuste: sostener el superávit a costa de jubilados y jubiladas.

CB/JJD

En un encendido mensaje a través de su cuenta de Twitter (X), titulado “Rechazo al aumento del gasto público”, el presidente Javier Milei celebró que la Cámara de Diputados no haya conseguido los dos tercios esta tarde para rechazar su veto a la mejora jubilatoria y acusó a la oposición de querer voltear a su gobierno. “Hoy 87 héroes le pusieron un freno a los degenerados fiscales que intentaron destruir el superávit fiscal que los argentinos con tanto esfuerzo lograromos conseguir”, posteó el jefe de Estado.

Milei agregó: “Evidentemente, los políticos siguen pensando que los argentinos somos tontos y no vemos sus malintencionadas maniobras para voltear a un gobierno que por primera vez elige decirle a los argentinos una verdad incómoda en lugar de una mentira confortable”. E insistió en que el déficit cero es innegociable.

El gobierno de Milei sostiene que el superávit fiscal es necesario para estabilizar la economía y controlar la inflación. Sin embargo, justo antes del tuit de Milei el Indec difundió el dato de agosto, 4,2%, que significa una suba respecto del mes anterior.

La oposición sostiene que el ajuste fiscal extremo —del que el propio Milei se jacta al señalar que es “el más grande de la historia”— está agravando la crisis social, aumentando el desempleo y deteriorando los servicios públicos esenciales como la salud y la educación. “¡Viva la libertad, carajo!”, fue el cierre del mensaje del Presidente en Twitter.

JJD

La movilización de este miércoles para exigir que el Congreso rechace el veto de Javier Milei a la movilidad jubilatoria encontró a una CGT dividida, con “libertad de acción” para sus gremios, en un clima de creciente malestar a raíz de los fuertes cuestionamientos de Cristina Kirchner al sindicalismo a través de su última carta pública.

La cúpula de la central obrera se mostró fracturada: el sector más combativo decidió plegarse a la marcha convocada inicialmente para las 13 por las dos vertientes de la CTA —que encabezan Hugo Godoy y Hugo Yasky—, los movimientos sociales y la izquierda, en un desafío al protocolo antipiquetes con el que amenaza el Gobierno. Pablo Moyano (Camioneros), Sergio Palazzo (Bancarios) y Abel Furlán (Metalúrgicos) serán las caras visibles de la CGT en las inmediaciones del Congreso.

Andrés Rodríguez, secretario adjunto de la CGT e integrante del sector de los autodenominados “independientes”, explicó la postura oficial: “Desde la CGT hemos repudiado el veto. De cualquier manera, hay libertad de acción para quienes quieran acompañar este tipo de manifestación, pero no es un tipo específico que la institución CGT decida hacer”, dijo el último fin de semana en AM 750.

La tensión entre las distintas facciones es indisimulable. “Repudiamos la represión que vimos en los últimos dos miércoles y a los diputados que quieren darse vuelta y apoyar el veto”, se diferenció Pablo Moyano y afirmó: “Ojalá sea una marcha masiva y ojalá los diputados se enteren de que hace 20 días votaron la reforma de $13.000, es vergonzoso decirlo. Se armó toda esta pelea por $13.000 para los jubilados y estos delincuentes aprobaron un presupuesto de $100.000 millones para inteligencia”. 

En diálogo con elDiarioAR, un representante de la CGT presente en la marcha afirmó: “Creemos que es necesario acompañar todas las demandas de la sociedad en la calle, y hoy la demanda más fuerte es la de los jubilados. El ala ‘dialoguista’ insiste con bajar el perfil de confrontación con el Gobierno”. En ese sentido, cuestionó la estrategia: “¿Y qué consiguieron hasta ahora? Su resultado es cero. Ser dialoguista hasta ahora no tuvo ninguna eficacia; sostienen esa posición por un tema de confort. Milei no les dio nada, todo lo que pudo modificarse se lo hizo a través del Congreso”. 

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, uno de los primeros en cuestionar el veto de Milei tildándolo de “mentiroso, cruel e insensible”, decidió sumarse a marchar con los movimientos sociales como la UTEP, los sectores agrupados en el Frente Sindical, la Corriente Federal, las dos CTA, organizaciones de izquierda y organismos de derechos humanos. La columna bonaerense se reunirá a las 11, encabezada por el mandatario provincial, sus funcionarios y un grupo de intendentes bonaerenses. 

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un paro de 24 horas con movilización al Congreso. El sector se encuentra en estado de alerta por el intento de congelar los salarios en la administración pública y los despidos que anunció Milei en diferentes áreas. Durante la última paritaria, ATE rechazó el 2% de septiembre y 1% de octubre ofertado por el Gobierno. 

La tensión por la carta de Cristina 

En el último documento que publicó contra Milei, Cristina también realizó una crítica profunda hacia el peronismo al afirmar que “se torció” y “se desordenó” por varios motivos, entre ellos no haber advertido la modificación de las relaciones laborales. Según la expresidenta, de la minoría que representan hoy los trabajadores registrados en la actividad privada, sólo el 40% de ellos está sindicalizado.  

“La consecuencia objetiva es que las representaciones sindicales características del siglo XX y fundantes del peronismo ya no son la expresión mayoritaria de los trabajadores”, lanzó en la carta, en una frase que se interpretó como un cuestionamiento hacia el rol de la actual conducción sindical. 

Al ser consultado por este tema, Pablo Moyano reaccionó visiblemente molesto, pidiéndole a Cristina “que dé nombres”. “La leí muy por encima. Esa crítica se tiene que dar en un debate interno y no hacerla público. Volvemos a las peleas anteriores que llevaron a este cachivache a presidente (por Milei)”, analizó el líder camionero en Radio 10. 

Andrés Rodríguez fue más duro y opinó que Cristina debe “revisar mejor los números” a los que hizo referencia. “En la población económicamente activa hoy el trabajo formalizado está reducido a la mitad. Esto no es producto de que el movimiento obrero haya querido informalidad, es producto de la falta de políticas de los gobiernos de hace bastante tiempo”, dijo y contraatacó: “Durante los gobiernos que presidió la señora Cristina Kirchner tampoco se hizo una política de empleo formal firme porque siguió existiendo el subsidio a la gente que estaba en la informalidad, agravado después en el gobierno de Macri y mucho más en el de Alberto Fernández”.

Las críticas de Cristina tampoco fueron bien recibidas por los dirigentes gremiales más cercanos al kirchnerismo. Un sindicalista de la CTA, de buen vínculo con el Instituto Patria, opinó en diálogo con elDiarioAR: “Son afirmaciones del sector político que no coinciden con los embates que estamos recibiendo permanentemente. La tesis de Cristina es que el sindicalismo está disminuido en su capacidad de acción, pero hay 28 proyectos presentados en comisión para impedir la reelección en sindicatos, eliminar cuota sindical, prohibir que alguien procesado -con un proceso judicial en curso- pueda tener un cargo, un protocolo creación de fuerza especial en centros sindicales, y la lista sigue”.

En ese sentido, resumió: “Desde el lado del Gobierno ven al sindicalismo como una amenaza latente. Nadie pierde tiempo en patear a un perro muerto… si efectivamente el sindicalismo estuviera reducido a la nada, como se desprende de lo que plantea Cristina, el Gobierno no perdería tiempo en generar protocolos y toda una andanada de iniciativas con las que busca desactivar el poder de fuego de los gremios”. 

“No sirve que presente eso ahora. Interpreto que Cristina lo plantea porque es una mirada que pretende tender cierta transversalidad a sectores de clase media que miran con mucho prejuicio al sindicalismo, pero no es oportuno”, cerró. El tema signó la antesala de la protesta y promete continuar en las próximas semanas, cuando la cúpula de la CGT y el resto de los dirigentes sindicales sientan, una vez más, la presión de sus bases para salir a la calle a protestar contra las medidas del Gobierno.

LA/JJD

Emiliano Yacobitti, referente de la línea Evolución en la UCR, criticó duramente a los “radicales con Peluca”, aquellos que se alinean con el gobierno de Javier Milei. “Ya existían, ahora solo se ponen en escena”, afirmó Yacobitti, y agregó que el Gobierno está captando diputados de bajo perfil para renovar sus bancas en las próximas elecciones. Pidió que aquellos que cambien su voto sean llevados a la comisión de disciplina para su expulsión del partido.

Aludió a los diputados nacionales de la UCR Mariano Campero (Tucumán), Martín Arjol (Misiones), Luis Picat (Córdoba), Federico Tournier (Corrientes y Pablo Cervi (Neuquén), que en la tarde del martes —un día antes de la sesión convocada por la oposición para rechazar el veto de Milei a la mejora jubilatoria sancionada ley por el Congreso—, fueron recibidos por el Presidente en la Casa Rosada y tras esa reunión confirmaron que apoyarán el veto.

“No pasa solo con el radicalismo: Guillermo Francos y Daniel Scioli son peronistas con Peluca. Eran funcionarios de Cristina [Fernández de Kirchner], funcionarios de Alberto Fernández y ahora, funcionarios de este gobierno. Es más, piden el premio Nobel en Economía para Milei”, dijo Yacobitti, en una entrevista que le realizaron en el programa Sólo una vuelta más, de Todo Noticias (TN).

“El gobierno está apuntando a diputados que no tienen un gran perfil político, entonces ellos ven que pueden adoptarlos para sus listas el año que viene. Y esos diputados, que necesitan renovar, que en su mayoría van a saber que no son muy conocidos, van a intentar renovar a través de ese partido”, dijo el referente de Evolución Radical en alusión a la posibilidad de que los diputados que visitaron a Milei sean candidatos de La Libertad Avanza.

“Acá lo importante es qué hacen los partidos. En este caso la Convención Radical dijo que si votaban y que cambiaban su voto, había que ir a la comisión de disciplina para expulsarlos, como pasó, por ejemplo, con [Julio] Cobos en su momento, y los que habían hecho la Concertación Plural (con el kirchnerismo), lo que no quiere decir que después, en otro momento, puedan a volver”, dijo Yacobitti, como minimizando la eventual sanción partidaria a los que colaboran con el gobierno libertario.

En este sentido, fue consultado sobre el neuquino Cervi, uno de los radicales que recibió Milei y que es integrante de Evolución. “Acá lo que importa es qué hacen los partidos políticos con las personas que hacen esto. Bien. Pablo Cervi, si estaba en Evolución y hace esto, seguramente no va a estar más en Evolución”, afirmó.

Yacobitti, que ahora se desempeña como vicerrector de la UBA, reveló también que está dialogando con funcionarios del Gobierno para evitar que Milei vete el presupuesto universitario, en caso de que se convierta en ley esta semana, dado que busca actualizar los salarios de los docentes. “Estoy haciendo todo lo posible para que no veten el presupuesto universitario”, declaró. Entre sus interlocutores mencionó al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y al asesor estrella de Milei, Santiago Caputo.

En la misma entrevista Yacobitti desmintió las acusaciones del gobierno sobre una falta de rendición de cuentas universitaria respecto de $12.000 millones. “Es falso, el 100% de los fondos de la UBA están rendidos ante la Contaduría General de la Nación”, aseguró Yacobitti y retó al Gobierno a especificar qué fondos no han sido rendidos.

Por otro lado, Yacobitti se mostró dispuesto a votar a favor del pliego de Ariel Lijo como juez, siempre y cuando el Gobierno garantice un acuerdo para cubrir todas las vacantes en la Justicia. “Si el Gobierno se compromete a un plan integral, lo votaría”, afirmó.

JJD

Esta semana Javier Milei formalizó su promesa: vetar la recomposición de los haberes previsionales. En medio de una catarata de agresiones a los legisladores, acusándolos de “degenerados fiscales”, el rechazo presidencial a la norma aprobada fue total y no parcial, como se había especulado en algún momento. Sin embargo, el Congreso podría insistir en la sanción y que de esta manera la ley que en vigencia definitivamente, ya sin la posibilidad de un nuevo veto. La amplia mayoría en ambas cámaras que con se sancionó hace dos semanas la Ley 27.756, que permitía una mejora en los haberes previsionales, vuelve verosímil esa posibilidad.

La pelota está en la cancha legislativa: con dos tercios de los presentes en cada Cámara, la ley se puede ratificar. De hecho, en Diputados ya se solicitó una sesión especial para su tratamiento el próximo miércoles. La política ahora debe definir si hay voluntades suficientes o triunfará la decisión del Presidente. 

Ahora bien, ¿en qué consistía esta iniciativa? Por un lado, otorgaba una recomposición para todos los haberes de 7,2%. A su vez, establecía un piso mínimo para todos los haberes de 109% sobre la valuación de la canasta básica total de un adulto equivalente. Por último, contenía una cláusula gatillo a activarse una vez al año (en marzo) equivalente al 50% del crecimiento real de los salarios en el año calendario anterior. 

No obstante, la fórmula de actualización que proponía la ley es la misma que Milei impuso por DNU en marzo de este año: de periodicidad mensual, atado a la inflación de dos meses atrás. El encono del presidente con el Poder Legislativo fue tal que ni siquiera aceptó ese artículo de la ley y decidió vetar la iniciativa de manera total.

En términos prácticos, la ley permitía incorporar el bono al haber y reducir la discrecionalidad que el Poder Ejecutivo tiene sobre este componente tan significativo para quienes cobran la mínima. Esa discrecionalidad es la que le permitió al ministro de Economía, Luis Caputo, mantener las jubilaciones como variable de ajuste: el bono se encuentra congelado desde marzo en $70.000 y perdió gran parte de su poder de compra. La licuación es tal que si el bono se hubiera ajustado en la misma proporción que el haber, debería ser en septiembre de $122.000, es decir, $52.000 más por mes.

Asimismo, la ley sancionada, y ahora vetada, permitía que la pérdida de poder adquisitivo ocasionada por la inflación de enero fuera totalmente compensada: el Ejecutivo había otorgado 12,5% de recomposición, restaba un 7,2% acumulado para equiparar la suba de precios promedio de enero de 20,6%. Estas dos cuestiones hubieran permitido que las jubilaciones mínimas mejoraran 5% en términos reales en el próximo trimestre. 

Por último, la cláusula gatillo sólo se activaba una vez al año, y siempre que los salarios hayan crecido en términos reales. Si los salarios crecen, la recaudación de los tributos de la seguridad social también lo hacen, y por ende el Estado tendría los recursos para afrontar ese incremento extra. Este artículo de la ley era el único que permitía pensar en la posibilidad de que las jubilaciones ganen en algún momento del mediano plazo en términos reales. De lo contrario, si mañana la inflación se “destruyera” como se propone el gobierno, las jubilaciones quedarían por siempre en este piso, bajo en términos históricos (32,5% debajo de 2015), sin posibilidad de recuperación. 

Desde el Gobierno, acusaron a los legisladores de atentar contra el plan económico y, como en otras ocasiones, presentaron cálculos de dudosa consistencia teórica para mostrar la imposibilidad del Estado de afrontar dichas mejoras. En parte, esto implica asumir una cuestión que el presidente niega: el superávit fiscal se sustenta en gran medida en el recorte a jubilados y jubiladas (27,7% en el período enero-julio de 2024).

La pregunta que en definitiva rodea la cuestión es: ¿se constituye realmente como impagable la mejora de los haberes, tal como sostiene el presidente? Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, si comparamos la situación vigente (con bono inclusive de $70.000 hasta fin de año) con la ley que sancionó el Congreso, el costo extra es de 0,44% del Producto Bruto Interno, incluyendo no sólo jubilaciones sino también pensiones no contributivas y asignaciones familiares, cuyos aumentos están ligados a la movilidad previsional. Este cálculo se realizó suponiendo que la ley se comenzaba a aplicar en agosto y retroactivo a abril, con lo cual, en términos efectivos, el impacto sobre el gasto sería aún menor.

¿Eso es mucho o poco? Es un guarismo similar al que dejará de recaudar el Estado por la reducción de la alícuota del impuesto a los Bienes Personales en 2024 establecida en la Ley de Bases. Este impuesto al patrimonio lo abonan 409.081 contribuyentes (dato 2022, último disponible). Es decir, genera prácticamente el mismo impacto mejorar el ingreso a 6.089.252 de jubilados y pensionados y a 5.347.470 titulares de asignaciones familiares (dato junio de 2024) que beneficiar a las personas más ricas de nuestro país. Entonces, no se trata de una cuestión de si hay o no recursos, sino de prioridades: ¿para quién gobierna el gobierno?

CB/JJD

Agrupaciones de jubilados, piqueteros y movimientos de izquierda marchan este miércoles entre el Congreso y Plaza de Mayo en rechazo al veto del presidente Javier Milei a la ley de movilidad jubilatoria que sancionó el Congreso. 

La concentración está prevista a las 15 en el Parlamento y desde allí se movilizarán hasta Plaza de Mayo.

Está prevista la participación del Polo Obrero, Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), el MST-Teresa Vive, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el Movimiento Evita, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y distintas organizaciones de jubilados.

La semana pasada, grupos de jubilados intentaron cortar la Avenida Rivadavia a la altura del Congreso y fueron reprimidos por la Policía.

La diputada nacional del Frente de Izquierda Vanina Biasi llamó a rechazar el veto presidencial en el Parlamento.

“El gobierno no sólo vetó un aumento de miseria para los jubilados, cuyo poder adquisitivo está en un mínimo histórico. También encareció considerablemente los gastos en salud, motivo por el cual muchos ya no compran los medicamentos. Las nuevas restricciones impuestas para el acceso a la cobertura del 100% en medicamentos, sumado al recorte brutal que restringe el programa a solo 5 medicamentos por mes, es un ataque directo a la salud de las y los jubilados, que deberán incrementar el costo de sus cuidados de salud”, sostuvo la legisladora, que anunció su participación en la marcha.

La represión de la semana pasada

La Policía Federal reprimió el pasado 28 de agosto a los jubilados y manifestantes que protestaban contra del veto del presidente Javier Milei a la reforma jubilatoria aprobada la semana pasada por la Cámara de Senadores.

Efectivos de la Policía comenzaron a empujar a los manifestantes cuando estos se encontraban sobre la Avenida Rivadavia, frente al Congreso, para subirlos a la vereda. Como los manifestantes reaccionaron, los policías comenzaron a reprimir con gases y bastones.

Con información de agencias.

IG

“Todo lo que vaya en contra del equilibrio fiscal y de las cuentas públicas, que es nuestra columna vertebral, se va a vetar”. Con estas palabras, el vocero presidencial Manuel Adorni cerró esta mañana su habitual conferencia de prensa. La alusión del portavoz, aunque implícita, era sin embargo muy clara: el tratamiento del proyecto de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, que fue impulsado por la oposición y que el Senado convirtió en ley este jueves por la tarde. El Gobierno tiene la decisión tomada hace meses y, en las próximas horas, Javier Milei se aprestará a firmar el que se convertirá en el primer veto de su gestión.

“El costo político no lo va a pagar el que avisó que lo iba a vetar, lo van a pagar los degenerados fiscales”, repiten como un mantra en Casa Rosada. Se trata del mismo argumento que ensayaron en junio, tras la media sanción en Diputados del proyecto que estipula una recomposición del ingreso de los jubilados, golpeados por la alta inflación. Aquel contexto, sin embargo, era completamente distinto. El inminente veto presidencial llegaría ahora en medio de una de las peores semanas para el oficialismo, cuya impericia política terminó empujándolo a dos derrotas al hilo en el Congreso.

En ese sentido, el dato saliente de este jueves fue que esta vez el PRO, el espacio que es aliado de La Libertad Avanza en el Congreso, votó a favor de la iniciativa opositora. Se trata del segundo gesto opositor de parte de los amarillos comandados por Mauricio Macri en poco más de 24 horas. Ayer, en otra sesión de alto voltaje, un grupo de diputados que responde al expresidente acompañó el rechazo al DNU que asignó $100.000 millones a la SIDE en concepto de fondos reservados.

Hace tres meses, el Gobierno se mostraba confiado en que la unidad de acción lograda en el recinto de Diputados por bloques tan diversos alrededor de la fórmula jubilatoria no iba a replicarse en el futuro. En aquel entonces, no dejó de llamar la atención la reacción extremadamente confrontativa del Presidente contra el Congreso, primero en redes y después durante su exposición en la décima edición del Latam Economic Forum. “Les voy a vetar todo, me importa tres carajos”, vociferó el libertario desde el atril del evento empresario que se realizó en Parque Norte en el mes de junio.

El Presidente suele sostener que no va a “entregar” el equilibrio fiscal. Y, a través de sus redes, tampoco pierde oportunidad de bramar contra “la vieja política” a la que acusa de “llevar un siglo fracasando”. “Es lo que hemos venido a cambiar. Y lo vamos a cambiar, hoy o desde el 11 de diciembre de 2025”, escribió Milei, en una referencia implícita a las elecciones legislativas del año que viene.

En esa línea, Milei replicó este jueves un mensaje en X contra los senadores que se aprestaban a votar a favor del aumento de las jubilaciones, en el que se los llamaba “cenadores”. “No son más senadores, ahora son cenadores y nos están comiendo vivos”, fue el posteo de la cuenta de Instagram “Coherencia por favor”, y que compartió el Presidente, quien ya había señalado que vetaría todos aquellos proyectos de ley que la oposición, que tiene mayoría en ambas cámaras, aprobara en el Congreso y que implicaran un aumento del gasto público.

PL/JJD, con información de NA

Un intercambio de guiños públicos entre Victoria Villarruel y el jefe de la bancada kirchnerista en medio de la sesión de este jueves en el Senado generó más suspicacias sobre la distancia que atraviesa la vicepresidenta con Javier Milei. 

El senador José Mayans (UP-Formosa) estaba promediando su discurso durante el debate de la nueva fórmula jubilatoria, que el Gobierno ya avisó que quiere vetar en caso de ser sancionada, cuando recordó el apodo “jamoncito” que Villarruel le puso a Milei en una entrevista que le dio al canal TN. En esa oportunidad, la vice metaforeó sobre el rol del Presidente entre ella y su hermana Karina. 

Mayans buscaba cuestionar al mandatario al tratarlo de “jamoncito” entre sus asesores económicos, como el ministro Luis Caputo, a quien calificó de “dueño” del plan económico de ajuste, y provocó una rápida reacción de Villarruel: “Gracias por traerme a colación”, le dijo la vice al legislador, en una clara alusión al tenso momento que atraviesa con la Casa Rosada. 

El episodio generó risas entre las bancadas, a lo que Villarruel le espetó con sorna al senador, muy allegado a Cristina Fernández de Kirchner: “Un amigo”. Fue entonces cuando Mayans remató con una línea que podría ser muy sugestiva en el futuro: “Tenemos que profundizar la amistad, presidenta”. 

A diferencia de Milei, entre las bancadas opositoras se reconoce cierta predisposición de Villarruel a estar abierta al diálogo, a sabiendas de la exigua fuerza política de La Libertad Avanza en la Cámara alta. Es clave en ese sentido la construcción que puede haber entre la vice y el peronismo, la primera minoría al contar con 33 de los 72 senadores. De hecho, Unión por la Patria tiene la definición sobre los pliegos de los candidatos a la Corte Suprema que propuso el Ejecutivo, sobre todo la de Ariel Lijo, que es muy cuestionado por Villarruel. El intercambio con Mayans cristalizó que hay un puente tendido entre el kirchnerismo y la segunda de Milei.

El intercambio entre Mayans y Villarruel

MC/JJD

La oposición le asestó al Gobierno un tercer golpe en el Congreso en apenas 72 horas. Luego de que la UCR se quedara con la bicameral de Inteligencia y que ayer fuera rechazado en Diputados el DNU de los fondos de la SIDE, una abrumadora mayoría opositora aprobó este jueves en el Senado la nueva fórmula de movilidad jubilatoria.

Fueron 61 votos afirmativos sobre 8 en contra. Victoria Villarruel no estuvo sentada en la presidencia de la Cámara alta al momento de la votación para esquivar el mal trago. Por segundo día consecutivo, el PRO volvió a votar en contra de sus aliados libertarios.

La iniciativa que establece un aumento automático por inflación, más una compensación del 8% por la pérdida en el empalme de principios de año, ya tenía media sanción en Diputados y avanzó tal cual el texto original en la Cámara alta. Al ser sancionada, es un desafío para Javier Milei, que amenazó con vetar y consideró de “degeneradores fiscales” a los legisladores. 

El debate por las jubilaciones

La iniciativa que se aprestó a votar la oposición en el Senado llegó de Diputados tras un acuerdo entre diversos bloques políticos de la oposición, incluyendo Unión por la Patria (UP), la Unión Cívica Radical (UCR), Hacemos Coalición Federal (HCF) y la Coalición Cívica (CC). Esta fórmula alternativa busca reemplazar la establecida por el Gobierno a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia de Milei.

La reforma establece que los haberes jubilatorios se actualizarán siguiendo el IPC del Indec, asegurando que las jubilaciones mantengan su poder adquisitivo frente a la inflación. Además incorpora un incremento del 8,1% adicional al 12,6% previamente reconocido, para alcanzar un total de 20,6%. Este ajuste corresponde a la inflación del mes de enero medida por el Indec, que no fue considerada en el empalme entre la fórmula anterior y la del DNU presidencial.

A su vez, una vez al año, en marzo, impone que se otorgue un aumento adicional basado en el 50% de la diferencia entre la variación salarial y la evolución de los precios en el mismo periodo, siempre y cuando los salarios hayan crecido más que la inflación. En este punto hay voces opositoras que plantean una reducción al 25%. Si hay cambios, la ley debe volver a Diputados para su sanción definitiva. 

“Están aplicando políticas que promueven el desempleo. Todo eso va desfinanciando el sistema y genera una crisis que no tienen que pagar los jubilados con sus haberes”, acusó al Gobierno el senador kirchnerista Mariano Recalde, que ofició de miembro informante del proyecto opositor. 

Por su parte, el radical Martín Lousteau cuestionó también a Javier Milei: “Dijo el presidente que se le fue la mano con el ajuste, pero cuándo se le va la mano hay gente que no puede vivir”. Y remarcó “más de un tercio del ajuste lo hicieron los jubilados”.

En la exigua bancada del oficialismo votaron en contra. Incluso el PRO votó a favor, en otro golpe de sus habituales aliados a la Casa Rosada. El libertario Juan Carlos Pagotto aprovechó para chicanear al kirchnerismo en su intervención: “Acá hubo quienes vetaron el 82% móvil”, dijo al recordar que Cristina Kirchner anuló la Ley del 82% móvil en 2010. “Esto de mirar la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio es un problema que no hace a la unión de los argentinos”, agregó.

Claves de la fórmula jubilatoria

Recomposición Inicial del 20,6%: se introduce un incremento del 8,1% adicional al 12,6% previamente reconocido, para alcanzar un total de 20,6%. Este ajuste corresponde a la inflación del mes de enero medida por el Indec, que no fue considerada en el empalme entre la fórmula anterior y la del DNU gubernamental.

Actualización por Índice de Precios al Consumidor (IPC): los haberes jubilatorios se actualizarán siguiendo el IPC del Indec, asegurando que las jubilaciones mantengan su poder adquisitivo frente a la inflación.

Aumento anual adicional: una vez al año, en marzo, se otorgará un aumento adicional basado en el 50% de la diferencia entre la variación salarial y la evolución de los precios en el mismo periodo, siempre y cuando los salarios hayan crecido más que la inflación.

Haber mínimo vinculado a la Canasta Básica Total (CBT): el haber mínimo se fijará en 1,09 veces el valor de la CBT del Indec de un adulto. Esto implica que un jubilado que percibe el haber mínimo pasaría a cobrar $285.000.

Cancelación de deudas con cajas previsionales provinciales: la Anses deberá cancelar las deudas pendientes con las cajas previsionales provinciales. Además, deberá pagar las sentencias firmes a favor de los jubilados utilizando asignaciones específicas de recursos tributarios del organismo previsional, como el impuesto al cheque, el impuesto PAIS y el IVA, en lugar de los fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).

La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estimó que esta nueva fórmula de movilidad jubilatoria tendría un costo fiscal del 0,43% del Producto Bruto Interno (PBI).

MC