En una ciudad atravesada por la violencia narco y la desigualdad, la Iglesia busca tender puentes entre el Poder Judicial y los barrios más golpeados. Este sábado, en la sede de la Comunidad Padre Misericordioso —parte de la red del Hogar de Cristo— se lanzó en Rosario la Pastoral Judicial, una iniciativa que apunta a “humanizar la justicia” y acercarla a las realidades de exclusión.

El encuentro fue convocado por el arzobispo Eduardo Eliseo Martín y reunió a representantes de los tribunales provinciales y federales junto con organizaciones sociales que trabajan con personas en situación de encierro y adicciones. Participaron, entre otros, Daniel Erbetta y Roberto Falistocco, de la Corte Suprema de Santa Fe, y el juez Alejandro Slokar, de la Cámara Federal de Casación Penal.

La Pastoral Judicial nació en el conurbano bonaerense bajo el impulso del obispo de San Justo, Eduardo García, y ahora empieza a replicarse en otras diócesis del país. Su propósito, explicó García, es generar espacios de diálogo entre magistrados y comunidades vulnerables: “Tenemos que trabajar juntos con el poder judicial para que aquel que por su condición social es víctima no termine despedazado por los cuatro costados como Tupac Amaru”.

Durante la jornada, integrantes de la Comunidad Padre Misericordioso compartieron sus testimonios sobre el consumo problemático y la recuperación comunitaria. “Perdemos el físico, la mente y el espíritu por culpa de la droga”, resumió uno de ellos.

El ministro de la Corte santafesina Daniel Erbetta recordó una antigua práctica judicial: “Teníamos una acordada que obligaba a los jueces —incluso a los de la Corte— a visitar las cárceles. Es hora de retomar eso: los presos son responsabilidad de los jueces”.

En la misma línea, Falistocco señaló que fue “el propio Jesucristo quien incluyó entre las obras de misericordia visitar a los presos”. También participó Virginia Barreyro, directora de la DCAEP del Ministerio Público de la Defensa, quien remarcó la necesidad de articular el trabajo institucional con las comunidades “poniendo en el centro la dignidad de cada persona”.

El cierre estuvo a cargo del padre Fabián Belay, referente de la Pastoral de Adicciones, que sintetizó el sentido del encuentro: “El crimen está organizado. Necesitamos organizar el bien”.

Con el encuentro rosarino, la Pastoral Judicial suma una nueva escala en su camino nacional: un intento de acercar jueces, obispos y militantes barriales en una ciudad donde la justicia y la fe buscan hacerse cuerpo frente a la violencia y la indiferencia.

Esta mañana tuvo lugar una nueva jornada de la Pastoral Judicial en la parroquia San José de la diócesis de San Justo, que asiste con techo y comida a más de 1.500 personas. En el encuento, promovido por Monseñor Oscar Ojea, participaron referentes judiciales de diferentes extracciones -el procurador bonaerense Julio Conte Grand, los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal, Alejandro Slokar y Angela Ledesma y el histórico dirigente gremial de los Judiciales Julio Piumato, entre otros-, quienes tuvieron una visión de primera mano de muchas de las preocupaciones que atraviesan en este momento a los barrios populares, como la baja de la edad de imputabilidad, el hambre y el avance del narco ante la ausencia del Estado.

Reeditando los encuentros llevados a cabo en el barrio 1-11-14 de la CABA y en el Hogar del Padre Cajade en La Plata, una amplia gama de jueces, vecinos, representantes sociales y autoridades eclesiásticas se dieron cita en el territorio para intercambiar miradas y trazar estrategias.

Los magistrados escucharon a los asistentes, entre los cuales estaban mujeres, niños y ancianos asistidos por los Hogares de Cristo y también referentes de organizaciones barriales, sociales y sindicales que expresaron a los magistrados sus preocupaciones y estado de alarma que aflige, fundamentalmente, a aquellos que se encuentran en las periferias.

La agenda fue propuesta por los habitantes de las barriadas, quienes alertaron por la crisis social que los golpea: falta de trabajo y de alimentos, criminalización y represión de los niños y la expansión del narco no solo en lo que hace a la problemática de la droga, sino como proveedor de trabajo, comida y servicios al interior de los barrios marginales, profundizando la fragmentación del tejido social.

Abrió el encuentro el Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, quien manifestó que: “Resulta imprescindible destacar la necesidad de proteger sobre todo a los más chicos y a los más vulnerables porque son los que más nos necesitan y este Ministerio Público tiene ese mandato desde que yo preste juramento en el año 2016”.

Luego, tomó la palabra Marisa Graham, Defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, quien narró que: “Esta semana, con la Defensoría, tuvimos que llegar a  la Corte Suprema de Justicia para que después de 7 meses el Estado reparta los alimentos para darle de comer a la gente”. En ese contexto, agregó que: “La demanda que se escucha en los barrios es que falta justicia y acá nos convocaron para sensibilizarnos y ponernos en frente de las narices a la gente que sufre las consecuencias de nuestras decisiones”.

También estuvieron presentes los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal, Alejandro Slokar y Angela Ledesma. La jueza Ledesma recordó que: “desde la Cámara de Casación junto con el colega Alejandro Slokar hemos sentado una importante jurisprudencia cuando dijimos que de ningún modo puede existir o imponerse la prisión perpetua para los chicos menores”.

Por su parte, el juez Slokar expresó: “La justicia, ante todo, es un derecho, esencialmente de los más débiles. Frente a las penurias de una crítica situación social, que muestra luces de máxima alarma, un mínimo ético-jurídico es atender lo más frágil, como en un naufragio: mujeres y niños primero”. Y concluyó: “Con los pibes no se jode: el hambre es un crimen y su encierro una perversión”.

Para cerrar el encuentro, el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Oscar Ojea  explicó que a pesar del trabajo que la Iglesia lleva a cabo en los barrios “Sigue siendo importante un Estado activo que se haga cargo de las necesidades de la gente”. El obispo luego hizo un llamado de atención a los medios de comunicación: “Parecería haber una insistencia o una demonización del delito de los menores... Debemos ver la película entera de esas vidas, para no tener una visión parcial de lo que pasa porque esto es un problema de adultos, que son quienes deben encontrar los modos concretos para facilita la reinserción social de quienes han cometido un delito”, concluyó.

DM