El 5 de febrero de 1975, Tucumán se convirtió en el primer escenario del plan sistemático de represión ilegal en la Argentina. A través del decreto 261, la presidenta María Estela Martínez de Perón ordenó la militarización de la provincia bajo el pretexto de “aniquilar a la subversión”. Ese operativo, que se publicitó como una respuesta a la guerrilla rural del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), fue en realidad el puntapié inicial de un plan genocida que incluyó secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos. A 50 años, organismos de derechos humanos realizarán actividades en distintos puntos de Tucumán para recordar y denunciar las consecuencias de aquella política represiva que, un año después, se expandiría a todo el país con la dictadura militar.

Junto con familiares y víctimas del terrorismo de Estado, las organizaciones realizarán actos conmemorativos en Famaillá, Santa Lucía, Tafí Viejo y San Miguel de Tucumán bajo la consigna: “Lo dijeron las víctimas. Fue sentencia de la Justicia. Es historia. Operativo Independencia, el comienzo del genocidio”. Estas actividades cuentan con el apoyo de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), el Municipio de Tafí Viejo, la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia y la Legislatura tucumana.

El decreto de la viuda de Perón, recientemente reivindicada por la vicepresidenta, Victoria Villarruel, permitió la ocupación militar de Tucumán: en pocos días, llegaron a la provincia unos 5.000 efectivos del Ejército, la Gendarmería y la Policía Federal, instaurando un régimen de terror que incluyó la desaparición sistemática de personas.

Si bien el Operativo Independencia se presentó como una ofensiva contra el ERP, su alcance fue mucho mayor: se convirtió en un ataque directo contra militantes y simpatizantes de organizaciones políticas, sindicales, estudiantiles y religiosas. En particular, los trabajadores azucareros y sus sindicatos fueron blanco de la represión, en un contexto de transformación económica que aún deja huella en la provincia.

Entre 1975 y 1983, se registraron en Tucumán aproximadamente 80 centros clandestinos de detención, incluyendo la Escuelita de Famaillá y las bases militares en los exingenios La Fronterita, Lules y Santa Lucía. En estos sitios, más de 800 personas fueron secuestradas, torturadas y sometidas a violencia extrema. La represión en Tucumán fue de tal magnitud que, al inicio de la dictadura militar, la provincia ya había concentrado la mitad de las desapariciones registradas en todo el período.

La represión en Tucumán fue de tal magnitud que, al inicio de la dictadura militar, la provincia ya había concentrado la mitad de las desapariciones registradas en todo el período

El Operativo Independencia no solo instauró la desaparición forzada de personas como práctica sistemática sino que convirtió a Tucumán en un laboratorio de exterminio para las Fuerzas Armadas, que luego replicarían estos métodos en todo el país tras el golpe del 24 de marzo de 1976. Los juicios por delitos de lesa humanidad, como las causas Operativo Independencia I y II entre 2016 y 2020, ratificaron judicialmente el carácter genocida de aquel plan represivo.

Las actividades para recordar el inicio del programa represivo que siguió la dictadura

La conmemoración de los 50 años del Operativo Independencia incluirá diversas actividades, a las que convocan y adhieren unas 230 organizaciones.

• Este miércoles, en la Escuelita de Famaillá, se llevará a cabo un acto con música, muestras fotográficas y testimonios de familiares y sobrevivientes.

• El viernes 7, la sede será Tafí Viejo, donde la represión apuntó especialmente contra trabajadores ferroviarios.

• El sábado 8, las actividades se trasladarán a Santa Lucía, localidad donde el Ejército instaló una de sus bases en el exingenio Santa Lucía.

• Finalmente, el 17 de febrero, frente al Tribunal Oral Federal de San Miguel de Tucumán, organismos de derechos humanos exigirán que se fije fecha para el juicio contra los exdirectivos del Ingenio La Fronterita, acusados de complicidad en delitos de lesa humanidad. “Los sobrevivientes y familiares de víctimas se están muriendo sin justicia y los empresarios mueren impunes. Rechazamos este punto final biológico y exigimos que se realice el juicio”, afirman las organizaciones.

La conmemoración del Operativo Independencia se realiza en un contexto de negacionismo estatal, iniciado con la llegada de Javier Milei al poder, que incluye el desmantelamiento de políticas de memoria y la reivindicación del terrorismo de Estado por parte de figuras del oficialismo.

El genocidio, en números

El Centro de Estudios sobre Genocidio (CEG) de la Universidad de Tres de Febrero (Untref) y la Fundación Memorias e Indentidades de Tucumán (MIT) Tucumampa Yuyaynim, cuyas coordinadoras son las investigadoras Ana Jemio y Julia Vitar, elaboraron una base de datos —actualizada a 2025— sobre el genocidio en Tucumán perpetrado entre 1975 y 1983. Aquí, algunos trazos generales de este proceso represivo:

JJD

Los diputados de La Libertad Avanza que visitaron a represores condenados por delitos de lesa humanidad en la cárcel de Ezeiza están dispuestos a romper el silencio público que guardan desde que estalló el escándalo, hace casi dos meses. Citados la semana que viene para que hagan un “descargo voluntario” en el marco de un plenario de comisiones de la Cámara baja, los legisladores de Javier Milei están preparando un escrito que leerán frente a la oposición, que reclama una investigación que determine una sanción disciplinaria por entrevistarse con genocidas.

A la estrategia la está definiendo principalmente Beltrán Benedit, quien organizó el viaje desde el Congreso al penal de máxima seguridad, en conjunto con el resto de sus pares en los que se apoyó para armar la visita a Alfredo Astiz y otros presos de la represión: Guillermo Montenegro, Adila Ferreyra y María Fernanda Araujo, supo elDiarioAR de una fuente involucrada directamente en la polémica. 

El documento consensuado entre esos cuatro diputados buscará dar su propia versión de los hechos, luego de la interna oficialista que terminó con las otras dos participantes –Lourdes Arrieta y Rocío Bonacci– culpando a sus compañeros por haber sido engañadas para ir a entrevistarse con los condenados. En el medio, se conoció además que los legisladores estaban en conversación con el cura Javier Olivera Ravasi para gestionar una serie de iniciativas parlamentarias que permitan la excarcelación de los genocidas. 

La voz libertaria consultada al respecto negó rotundamente, bajo condición de anonimato, que exista un plan de esas características en el Gobierno y en el Congreso. Sí planteó que se revisen los procesos judiciales “porque están mañados”, aseguró sin dar más detalles. “Vamos a contar toda la verdad”, desafió la fuente sobre la reunión de comisiones.

El grupo de libertarios envuelto en la polémica fue convocado para los próximos días por el plenario de los cuerpos de trabajo de Poderes, Peticiones y Reglamento y de Asuntos Constitucionales, que conduce la macrista Silvia Lospennato. Aún sin fecha confirmada, será una jornada cargada de tensión porque los oficialistas se enfrentarán cara a cara con la oposición del kirchnerismo y la izquierda, que exige hasta su expulsión de la Cámara.

Si bien la intención libertaria es leer un documento, los diputados estarán dispuestos a responder preguntas de los opositores. “Si hay preguntas las vamos a contestar, pero no queremos prestarnos a ningún circo”, recogió este medio en la bancada de LLA. Otra voz de un importante despacho mileísta confirmó que está en estudio que los legisladores vayan efectivamente a las comisiones, pero evitó dar precisiones.

Los diputados romperían así el pacto de silencio al que se sumieron cuando se filtró su visita al penal. La principal fuente consultada aseguró que hubo un pedido explícito dentro del bloque oficialista para que no se expresen en su momento, tanto en el recinto como ante los medios de comunicación. Según pudo reconstruir elDiarioAR, no hubo hacia los responsables de la visita ninguna orden directa por parte de Javier Milei o su hermana Karina para que no hablen, pero sí fue una estrategia que se tejió en el seno del bloque, que conduce Gabriel Bornoroni y donde también tiene mucha ascendencia el titular de Diputados, Martín Menem.

La versión de los legisladores, sobre todo de Benedit y Montenegro –a su vez ex mano derecha de Victoria Villarruel–, estaba a punto de conocerse cuando estalló el escándalo. La filtración de la noticia y la polémica que generó los instó a replegarse. Curioso es que ambos legisladores querían sacar un comunicado apenas después de concretarse la visita a Ezeiza, que fue el 11 de julio. Pero abortaron esa acción por dos episodios ajenos a ellos y que generaron mucha atención mediática: el intento de atentado a Donald Trump, el 13 de julio, y la coronación de la Selección Argentina en la Copa América, el 14. “Con semejantes hechos nadie nos iba a dar bola”, justificó la voz legislativa. 

Según pudo recoger este medio, la visita a Ezeiza se armó a partir de una serie de invitaciones que recibió Benedit vía mail y notas por parte del círculo de allegados de los presos. Querían que los libertarios conocieran, en su calidad de diputados nacionales, sus condiciones de encarcelamiento. Varios oficialistas ya habían hecho una primera incursión a Campo de Mayo, en los primeros meses de la gestión de Milei.

Ante la posibilidad de ir a Ezeiza, Benedit entró en contacto con el titular del Servicio Penitenciario Federal, Fernando Martínez. Así lo expuso él mismo en el grupo de chat de LLA. En ningún momento, afirmó la fuente consultada ayer por elDiarioAR, se habló con Patricia Bullrich para que facilitara el viaje.

Sin embargo, una vez en el complejo de Ezeiza destinado a las mujeres –los genocidas están alojados allí en un pabellón especial–, el grupo de seis diputados y sus asesores tuvieron muchas facilidades para ingresar. Se les pidieron sus DNI pero nunca el celular, algo extraordinario en el sistema de ingresos de visitas.

De ahí provino la foto en la que se ve a cinco de los seis legisladores con el nutrido grupo de condenados por delitos de lesa humanidad. En esa imagen, además de Astiz, quien se infiltró en las Madres de Plaza de Mayo y secuestró a las monjas francesas, también se los ve a Raúl Guglielminetti (exagente de inteligencia del Batallón 601) o Carlos Guillermo Suárez Mason Jr. (exmarino responsable de delitos de lesa humanidad en la ESMA), entre otros.

Los libertarios tuvieron primero una reunión con la responsable del complejo y recién después se entrevistaron con los represores. Al parecer no estaba definido a quiénes iban a ver puntualmente. La fuente aseguró que se pusieron a disposición “de los presos que querían participar en la reunión”. 

Finalmente hubo una decena de represores en el encuentro. La entrevista fue en muy buenos términos. “Contaron cómo vivían. Eso era un geriátrico”, le dijo la voz parlamentaria a este medio. La fuente confirmó que Benedit y el resto de los legisladores recibieron varios sobres con documentación por parte de los presos, pero negó que allí hubiera un proyecto de ley para excarcelarlos. “Era información sobre sus causas. Pidieron que revisemos sus procesos porque algunos están ahí sin condena”, señaló el legislador.

La versión que los libertarios preparan para leer en el marco de las comisiones coincide con el mensaje que Benedit transmitió en el grupo de WhatsApp libertario apenas se reveló el viaje a la cárcel. En su momento hizo una justificación que abona la idea de eximir de responsabilidades judiciales a los genocidas. “Fuimos a ver excombatientes que libraron batallas contra la subversión marxista por orden de un gobierno constitucional”, escribió en su momento el diputado por Entre Ríos. Rechazó enfáticamente el calificativo “represores”, dijo que denunciará a los jueces que los condenaron en el Consejo de la Magistratura e hizo alusión al propio Milei: “El Presidente combate en la política a esta ideología 'terrorismomarxista'”.

MC/JJD

¿Romperán el pacto de silencio los diputados que organizaron la visita a genocidas en la cárcel de Ezeiza? La pregunta quedó en el aire este martes tras una nueva reunión de comisión en la Cámara baja donde se decidió “invitar” a exponer la semana que viene por escrito o de manera presencial a los legisladores de Javier Milei que se encontraron con represores condenados por delitos de lesa humanidad.

Esa medida tomó la macrista Silvia Lospennato al frente del plenario de las comisiones de Reglamento, Peticiones y Poderes y de Asuntos Constitucionales. Buscó así descomprimir la tensión que existe entre las bancas ante la falta de un acuerdo político sobre si hay que investigar o no, y eventualmente sancionar, a los libertarios que se entrevistaron con Alfredo Astiz y otros genocidas de la última dictadura.

Los diputados Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra y María Fernanda Arauja tienen ahora una posibilidad “amable” para explicar por qué fueron hasta Ezeiza el 11 de julio pasado. Son los únicos del grupo que no hablaron en el ámbito de la Cámara baja ni en ante los medios de comunicación, como sí hicieron Lourdes Arrieta y Rocío Bonacci, que aseguraron haber sido “engañadas” para participar del viaje y acusaron al resto de sus pares sobre todo a Benedit como el principal organizador de la visita.

“Es una invitación para que personalmente o por escrito puedan hacer su descargo”, explicó Lospennato este martes al cierre de la reunión de comisiones que terminó sin una definición sobre qué hacer a futuro. La referente del PRO insistió varias veces en que no es el plenario el que debe investigar a los oficialistas, sino que tiene que haber un despacho de las comisiones que tiene que ser aprobado por una mayoría en el hemiciclo. 

El partido amarillo está abroquelado con La Libertad Avanza (LLA) para evitar que la polémica pase a mayores, mientras el kirchnerismo y la izquierda exigen que además de una puntillosa investigación también haya una sanción disciplinatoria. La sospecha principal de los opositores es que la visita a Ezeiza correspondía a “un plan de impunidad” para sacar a los represores de las cárceles, a partir de la conexión de Benedit y otros libertarios con el cura Javier Olivera Ravasi, quien preparó el encuentro en el penal y aparece en los chats hacienda referencia a un proyecto de ley de amnistía.

La sospecha principal de los opositores es que la visita a Ezeiza correspondía a “un plan de impunidad” para sacar a los represores de las cárceles, a partir de la conexión de Benedit y otros libertarios con el cura Javier Olivera Ravasi, quien preparó el encuentro en el penal y aparece en los chats hacienda referencia a un proyecto de ley de amnistía

La oposición más dura también reclama interpelar a la ministra Patricia Bullrich como responsable del Servicio Penitenciario Federal, ya que su director, Fernando Martínez, es mencionado en los chats filtrados como quien le permitió a los libertarios entrar a Ezeiza sin ningún tipo de control y hasta con teléfonos celulares. De ahí provino la foto en la que se ve a cinco de los seis legisladores con el nutrido grupo de condenados por delitos de lesa humanidad. En esa imagen, además de Astiz, quien se infiltró en las Madres de Plaza de Mayo y secuestró a las monjas francesas, también se los ve a Raúl Guglielminetti (exagente de inteligencia del Batallón 601) o Carlos Guillermo Suárez Mason Jr. (exmarino responsable de delitos de lesa humanidad en la ESMA), entre otros.

El debate en el plenario de comisiones de este martes estuvo marcado por el cruce de acusaciones entre los legisladores. “Quieren un repudio light”, acusó el jefe de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez. “Lo único que han hecho durante la jornada fue provocar, nada que ver lo que se está discutiendo. Ustedes son el partido del menemismo que sancionó el indulto”, le espetó al santafesino Lospennato. “No hay delito ni deshonra”, señaló el macrista Alejandro Finnochiario.

El pacto de silencio

A casi dos meses después de que estallara el escándalo por la visita a genocidas en Ezeiza, las únicas voces que se conoce de los diputados que fueron a Ezeiza son las de Arrieta y Bonacci. En la propia Cámara baja y en los medios aseguraron haber sido engañadas. Arrieta de hecho generó un terremoto político porque llevó el caso a la Justicia, y luego renunció a la bancada oficialista ante una inminente expulsión. 

Pero el resto de los legisladores mantienen un pacto de silencio hasta ahora inquebrantable. Benedit sí habló en el grupo de WhatsApp libertario apenas se reveló el viaje a la cárcel. En su momento hizo una justificación que abona la idea que luego se confirmó con el resto de los chats revelados por Arrieta de que habría un plan oficialista para eximir de responsabilidades judiciales a los genocidas. “Fuimos a ver ex combatientes que libraron batallas contra la subversión marxista por orden de un gobierno constitucional”, escribió en su momento el diputado por Entre Ríos. Rechazó enfáticamente el calificativo “represores”, dijo que denunciará a los jueces que los condenaron en el Consejo de la Magistratura e hizo alusión al propio Milei: “El presidente combate en la política a esta ideología terrorismomarxista”.

Apenas días después de que se conociera la polémica, elDiarioAR abordó a Benedit en el marco de la feria agrícola de La Rural de Palermo, pero el legislador se negó rotundamente a hacer declaraciones. Solo dijo que guardará silencio por un tiempo y negó que su visita a Ezeiza haya sido, al menos, polémica.

Cuando el tema llegó a Diputados a fin de julio, los libertarios esperaban que hubiera una declaración votada por el recinto para salir a hablar públicamente. Al menos así coincidieron Montenegro y Ferreyra ante la consulta de este medio. Pero como la Cámara baja se enfrascó en una discusión por el tono del repudio y no hubo acuerdo para votarla y tampoco para conformar una comisión investigadora, los diputados siguieron en silencio. 

Hace dos semanas, cuando el bloque de LLA erupcionó en una reunión con ribetes novelescos con gritos y llantos que terminó con la salida de Arrieta, desde la cúpula libertaria en Diputados –Martín Menem y Gabriel Bornoroni– reforzaron la orden de ya ningún libertario hable de la polémica. El titular del bloque siempre se mantuvo en la línea discursiva de que en el Gobierno no se impulsa una amnistía para los represores y que la visita a Ezeiza no fue ni siquiera una acción moralmente repudiable. Pero nunca hubo explicaciones oficiales de cómo se armó el viaje a Ezeiza y de por qué y para qué se entrevistaron con genocidas. ¿Qué dirán la semana que viene los protagonistas?

MC

MC/JJD

La diputada de La Libertad Avanza Lourdes Arrieta filtró una serie de proyectos y un decreto presidencial en el que trabajaban legisladores libertarios para obtener la libertad de represores encarcelados por delitos de lesa humanidad. 

Tras la publicación de chats en los que expone a sus compañeros de bancada en plena organización de la visita a ex militares condenados al Penal de Ezeiza, Arrieta en horas del domingo detalló: “Ahora pongo a disposición los Proyectos de Ley y el Decreto reglamentario que proponían los integrantes del grupo de WhatsApp (diputados de LLA), para obligar a los jueces a dejar en libertad a los genocidas”.

Qué dice el “Plazo Razonable”

A través de su cuenta de X, la legisladora publicó el proyecto de ley denominado “Plazo Razonable” que busca liberar a aquellos genocidas, condenados por crimenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar de 1976, que aún permanezcan detenidos tras un plazo de 20 años desde la comisión del delito. 

El borrador del documento establece: “Incorpórase el inciso 8 del artículo 59 del Código Penal Argentino, Ley 11.179, el que quedará redactado de la siguiente manera: ‘Transcurridos veinte años desde que el Estado haya tomado conocimiento, mediante acto procesal, de la comisión de un delito, y no se hubiere arribado en ese lapso a una sentencia judicial firme respecto del mismo’”.

De esta forma, argumentan que los 20 años como plazo máximo “superan los que hasta la fecha surgen de la jurisprudencia nacional e internacional, de los ciclos de vida, el plazo máximo de prescripción de la acción penal previsto en el artículo 62 inc. 2 del CP para los delitos reprimidos con pena de prisión perpetua, también con creces los tiempos ordenatorios de las normas procesales para cada etapa del proceso y el dictado de resoluciones”.

Detalles del decreto

Por otro lado, la legisladora también publicó un decreto al que apostaban a conquistar la aprobación del presidente Javier Milei, que fue propuesto por los diputados libertarios luego de las reuniones que mantuvieron con el padre Javier Olivera Ravasi y un grupo de abogados especializados en la materia. 

Según el detalle del escrito, la intención es garantizar la libertad de aquellos ex militares que permanezcan presos durante un plazo de 25 años desde la comisión del delito.

“Con independencia del criterio que cada Tribunal Nacional o Federal fije respecto del tiempo en el cual debe operar la garantía del juzgamiento de una persona en un plazo razonable o que le sean determinados a los ciudadanos sus derechos en un plazo razonable, se fija en veinticinco años el plazo máximo de duración de un proceso penal”, argumentan el primer artículo.

En la misma línea, formalizan que “el plazo máximo fijado alcanzará a los procesos por delitos de lesa humanidad que no hayan recibido sentencia firme”. 

Asimismo, señalan que el término “regirá desde la fecha de comisión del ilícito o desde la mayoría de edad si la víctima fuere un menor, y su cómputo se suspenderá en caso de que la Nación sufra interrupción de la vida democrática mediante la ilegal deposición de las autoridades de sus tres poderes”.

“Vencido este plazo máximo fijado, operará la extinción de la acción penal por insubsistencia”, puntualizan.

Según fundamentan “la magnitud y cantidad de los procesos de lesa humanidad mantiene colmadas las agendas de los Tribunales Orales Federales, encargados de investigar la corrupción y narcotráfico en todo el territorio nacional”; por lo que plantean que “resulta indispensable descongestionar la labor de los tribunales federales”.

Tras la difusión, Arrieta aclaró que estas intencionalidades no forman parte de “la agenda del presidente Javier Milei”, e insistió en que los proyectos “nada tienen que ver con los ideales de la libertad”. “No voy a permitir que se manipulen leyes a espaldas de Milei”, concluyó.

Con información de NA.

IG