El expediente por desmontes ilegales en Chaco avanzó en los últimos días con allanamientos en la provincia y la decisión del fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, de extender la investigación no sólo a funcionarios y exfuncionarios sino también a empresas y empresarios que se beneficiaron económicamente con la deforestación ilegal de bosque nativo, informó el magistrado en diálogo con elDiarioAR. 

En este expediente y a pedido del fiscal y los denunciantes, la jueza federal Zunilda Niremperger ordenó al gobierno de Chaco suspender todos los desmontes de bosques nativos en la provincia y dispuso días más tarde una serie de allanamientos y órdenes de presentación en la Casa de Gobierno chaqueña, la consultora privada del ministro de Producción de la provincia, Hernán Halavacs, y la sede de la Dirección de Bosques de la localidad de Sáenz Peña, confirmó el fiscal Sabadini a este medio. Antes de ingresar en la función pública en diciembre último, Halavacs tramitó el 40% de los desmontes para empresarios en la provincia entre 2014 y 2021.

La orden que tramitó la Gendarmería Nacional era hacerse de la documentación ligada a todos los permisos de desmonte emitidos por la provincia, el registro de infractores y las medidas tomadas contra los mismos, el destino de dinero de las multas y de otros fondos cuestionados por los denunciantes, informó Sabadini.

Tras imputar a Halavacs y funcionarios y diputados de la provincia por la presunta falta de control y el otorgamiento de permisos de desmonte con irregularidades, la causa ingresó en una segunda etapa, en la que la fiscalía trabaja en un dictamen sobre responsabilidad penal empresaria en la deforestación ilegal, explicó Sabadini.

La causa nació con una denuncia de la Asociación Argentina de Abogadxs Ambientalistas (AAdAA) contra Halavacs y otros funcionarios y exfuncionarios de Chaco por supuestamente integrar un “entramado de corrupción” junto a personas del sector privado, así como personas jurídicas, es decir, empresas, “que posibilitaron la tala indiscriminada de bosques nativos en toda la provincia del Chaco con el consecuente daño irreversible para el ecosistema, ya sea flora, fauna, ciclo hidrológico, erosión y desertificación del suelo, relacionado directamente con las emanaciones de gases efecto invernadero y consecuente incidencia en el calentamiento global y el cambio climático”.

Entre los privados denunciados se encuentran integrantes de la familia Urquía, dueña de Aceitera General Deheza, una de las empresas agroindustriales más importantes del país, como reveló elDiarioAR. La ONG sostuvo que los empresarios fueron beneficiados por las autoridades de la provincia en esta supuesta maniobra delictiva que provocó la extensión de las zonas a desmontar.

El caso

El principal hecho en torno a este presunto entramado ocurrió el 30 de abril último cuando la legislatura chaqueña, a instancias de funcionarios del Poder Ejecutivo provincial y de espaldas a la sociedad, modificó durante la madrugada el mapa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN). Al cambiar dicha normativa, los legisladores provinciales redujeron drásticamente la protección de bosques, “permitiendo el avance de topadoras sobre territorios campesino e indígenas, con peligros para especies animales con riesgo de extinción, con beneficios para grandes conglomerados empresariales agrícola–ganaderos, en especial la industria taninera”, sostuvieron los denunciantes.

Por esa razón, la ONG denunció a Halavacs junto a un grupo de diputados, exfuncionarios de Chaco y empresarios por los supuestos delitos de defraudación contra la Administración Pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica. También por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, trata de personas y asociación ilícita.

Abogados Ambientalistas aseveró que en el Chaco funcionan las “puertas giratorias”, un fenómeno definido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) como “un tipo particular de circulación público-privada caracterizado por la ocupación sucesiva de altos cargos en el sector público y en el privado” y que el sector de Bosques no es ajeno a esa práctica. En el sistema penal argentino está tipificado en las figuras de negocios incompatibles con la función pública y tráfico de influencias.

Se trata, dice la denuncia, de “un grupo de personas que intercambian roles”, alternando la función pública y la actividad privada en funciones que tienen directamente que ver con el desmonte y la protección del bosque, “exhibiendo relaciones incompatibles y conflictos de intereses que son siempre resueltos del mismo modo, arrasando con el bosque nativo para explotarlo económicamente en forma notoriamente ilegal”. 

ED/JJD