Javier Milei pronuncia su discurso en la apertura de sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa. Es la primera vez que habla en el recinto del Congreso. El día de su asunción como Presidente, lo había hecho en la puerta del Palacio Legislativo y de espaldas a la puerta principal. Dice: “Durante la pandemia, si hubiéramos hecho las cosas como un país no mediocre, hubiéramos tenido 30.000 muertos… De verdad”. Decenas de legisladores y el público en los palcos lo aplauden. Ellos, y quienes rechazan esas palabras, saben a qué se refiere con la mención de la cifra y el comentario, para nada casual, de “de verdad”.

Semanas después, el 24 de marzo, con motivo del Día de la Memoria, el Gobierno difundió en sus redes sociales un video en el que afirmó que el número de 30.000 desaparecidos, que comenzó a difundirse inclusive durante la última dictadura como una estimación de las denuncias recibidas en el país y el exterior, era “inventado” y “un gran negocio”, según dijo en ese momento Luis Labraña, exguerrillero de distintas organizaciones como Montoneros.

Desde antes de su llegada al Gobierno, Milei, al igual que su vicepresidenta, Victoria Villarruel, y varios de sus asesores y militantes, cuestionaron en distintas oportunidades la validez de la cifra de 30.000 desaparecidos como consecuencia de la represión ilegal ejercida por la última dictadura cívico militar (1976-1983).

“Valoramos la visión de memoria, verdad y justicia. Empecemos por la verdad: no fueron 30.000 los desaparecidos. Son 8.753”, había afirmado Milei en el primer debate de los candidatos presidenciales en octubre del 2023. Esa noche, en Santiago del Estero, también había asegurado que durante los años 70 “las fuerzas del Estado cometieron excesos” durante una “guerra” en la que, sostuvo, los terroristas del ERP y Montoneros mataron, pusieron bombas y cometieron delitos de lesa humanidad. No estamos de acuerdo con los curros de los derechos humanos“, prosiguió.

Y días después fue Villarruel quien, en otro debate electoral, ponderó la supuesta inocencia del represor Juan Daniel Amelong, teniente del Ejército condenado en cinco ocasiones (cuatro de ellas a prisión perpetua) por delitos de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura en Rosario.

Más acá en el tiempo, Agustín Laje, presidente de la Fundación Faro de ultraderecha, integrada por asesores y allegados al Gobierno de Milei, insultó a las Madres de Plaza de Mayo y afirmó: “Criaron chicos para matar y, una vez que terminaron con las vidas de estas basuras, lloraron derechos humanos”.

El Congreso Nacional, el mismo donde Milei habló de los 30.000 “de verdad”, sigue sin definir una sanción para los seis diputados de La Libertad Avanza que en julio pasado visitaron en prisión a un grupo de represores que cumplen condenas tras ser juzgados por haber cometido delitos de lesa humanidad. Uno de los detenidos fue Alfredo Astiz, emblema del terrorismo de Estado en los 70. Entre las víctimas de Astiz, que operaba en los Grupos de Tareas de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), se encontraron tres Madres de Plaza de Mayo que buscaban a sus hijos desaparecidos y las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet, quienes fueron homenajeadas el pasado domingo al conmemorarse 47 aniversario del secuestro en la Iglesia Santa Cruz y asesinato tras ser arrojadas al mar en los llamados “vuelos de la muerte”.

“La Memoria está en emergencia”, alertaron en octubre pasado los organismos de derechos humanos ante el “desguace y desfinanciamiento” de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. “El Gobierno avanza sobre el vaciamiento de áreas del Estado, el despido masivo de trabajadores y trabajadoras, y el desmantelamiento de políticas de Estado”, cuestionaron en un comunicado Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora, Familiares, H.I.J.O.S. Capital, la APDH, el CELS, entre otros.

Un discurso marginal llega al Gobierno

“El ascenso de Milei al Gobierno llevó a la Casa de Gobierno un discurso de reivindicación de la última dictadura que era marginal. Esto no había existido jamás en los 41 años de democracia ininterrumpida en Argentina. Ni en la época de Carlos Menem, con sus indultos a las cúpulas militares. Es un cambio notorio y no menor porque se trata de un punto de inflexión muy grande en este pacto democrático que habíamos construido los argentinos desde 1983”, dijo a elDiarioAR Germán Ferrari, docente y periodista, autor de los libros “1983, el año de la democracia” y “Símbolos y fantasmas. Las víctimas de la guerrilla: de la amnistía a la ‘justicia para todos’”. En este último trabajo, publicado en 2009, Ferrari citó la presencia de Victoria Villarruel como fundadora del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), en aquel momento “un sector marginal que aparecía en blogs de extrema derecha” en los que también publicaban, entre otros, Agustín Laje y Nicolás Márquez, biógrafo de Milei.

“El ascenso político de Villarroel –indicó Ferrari– obedece a un contexto en el cual hay un aval por parte de ciertos sectores de la sociedad a un discurso negacionista que, con todos sus matices, parecía ya superado”. Sin embargo, comentó el periodista, 15 años después de la publicación de su libro el escenario “se ha modificado muy profundamente a partir de este fenómeno, no sólo argentino sino internacional, de puesta en cuestionamiento de los pactos democráticos vinculados a los derechos humanos”. A nivel global, Ferrari citó que una situación similar se da en España con el partido de ultraderecha Vox, que reivindica el franquismo. “Esto es un desafío no solamente para los organismos de derechos humanos, sino para los amplios sectores democráticos de la sociedad, incluyendo a partidos políticos, los sindicatos y la iglesia, de rever estos discursos muy emparentados con los de odio. ¿Cómo se pueden contrarrestar? Desde el pensamiento, la acción, desde la creatividad para que las políticas de memoria, verdad y justicia tengan una prolongación en el tiempo, más allá de este tipo de discursos reivindicatorios de la dictadura”, sostuvo Ferrari.

Los doctores en Historia Hernán Confino y Rodrigo González Tizón publicaron semanas atrás el libro “Anatomía de una mentira. Quiénes y por qué justifican la represión de los setenta”, editado por Fondo de Cultura Económica (FCE). El trabajo repasa las voces y los grupos que, durante los últimos años, polemizaron con las memorias promovidas desde el Estado democrático y el movimiento de derechos humanos acerca de lo sucedido en Argentina hace alrededor de medio siglo. Confino y González Tizón señalan que aquellas ideas, para nada novedosas, lograron “vestirse de novedad y, en pleno siglo XXI, cuestionar los consensos construidos durante 40 años de democracia en torno a la gravedad de las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado argentino en el pasado reciente”. El libro discute cuatro “trincheras” ideológicas desde las cuales las nuevas derechas libran su “batalla cultural” por la memoria.

“Estos discursos que vemos con mucha circulación en el espacio público, como la idea de cuestionar la cifra de desaparecidos o tratar de instalar la idea que hay un enemigo interno que amenaza a la Nación, que piensan el conflicto social y político en los términos de una guerra, tiene consecuencias en el presente y pueden tener una deriva peligrosa”, indicó González Tizón a elDiarioAR. Al respecto, Confino, también en diálogo con este medio, señaló que el Gobierno de Milei busca emparentar la figura del “subversivo de ayer” con el accionar de organizaciones como las feministas, ambientales o de izquierda.

Al igual que lo dijo Ferrari, tanto Confino como González Tizón opinaron que la llegada al poder de Milei “traspasó de una manera bastante abrupta y terrible el consenso democrático del alfonsinismo. Pensamos que ninguno de los interlocutores del campo político iba a ponerlo en duda porque era un límite que no se podía franquear, pero uno de ellos obtuvo un importante respaldo en las urnas”, recordaron.

Confino y González Tizón, en tanto, destacaron que los discursos que buscan “relativizar, justificar o minimizar los crímenes de la dictadura” también brindan algunas claves para entender cómo “determinadas tensiones que atravesaron las políticas de derechos humanos de los últimos 20 años produjeron un caldo de cultivo para que llegar a esta situación”

“Hay una estructura de oportunidad que generó la nueva derecha para que los discursos referidos a los 70 convivan con otros. La juventud libertaria los utiliza para pensar otras dinámicas. Entonces dice ‘nunca más’, pero aplicado a la ‘infectadura’, por ejemplo. O ‘aparición con vida’, pero dedicado a aquellos que fueron reprimidos por la fuerzas de seguridad durante la cuarentena. Vemos que la extensión del problema de los 70 en la discusión pública viene de la mano de la pérdida de su especificidad”, planteó Confino.

El gobierno de Milei y sus allegados “intentan atacar muy fuertemente aquel pacto social al que llegamos hace 41 años de condenar lo que vivimos en la dictadura militar porque este proceso de devastación social actual no cierra sin represión y la reinstalación de la sociedad de la crueldad”, evaluó en declaraciones a elDiarioAR Claudia Rocca, presidenta de la Asociación Americana de Juristas de Argentina.

Rocca resaltó que Milei, a partir de un “desmantelamiento del Estado social y democrático, diluye la vigencia de los derechos humanos fundamentales: género, alimentación, salud, educación y vivienda”. En ese sentido, Rocca explicó que la visita que diputados de LLA hicieron a represores detenidos por delitos de lesa humanidad no solo representa una “reivindicación de esas figuras que ya fueron condenadas por infinidad de crímenes. No solamente se busca destruir el proceso de memoria, verdad y justicia, sino que se está cambiando el paradigma social, económico, político y democrático. Por eso es necesaria, justamente, la reivindicación de aquel genocidio”, aseguró Rocca.

La presidenta de la Asociación Americana de Juristas de Argentina, en tanto, advirtió que bajo la gestión de Milei puede agravarse la demora con que se llevan adelante los juicios a represores acusados de delitos de lesa humanidad, una situación que “conspira contra el efectivo cumplimiento de justicia”.

“Además –indicó– lo que está sucediendo es que muchos represores están accediendo al recurso de cumplir la condena en sus domicilios. A veces no llegamos a enterarnos de todos los que se benefician con esa medida”, admitió.

IF/MG

Los diputados de La Libertad Avanza que visitaron a represores condenados por delitos de lesa humanidad en la cárcel de Ezeiza están dispuestos a romper el silencio público que guardan desde que estalló el escándalo, hace casi dos meses. Citados la semana que viene para que hagan un “descargo voluntario” en el marco de un plenario de comisiones de la Cámara baja, los legisladores de Javier Milei están preparando un escrito que leerán frente a la oposición, que reclama una investigación que determine una sanción disciplinaria por entrevistarse con genocidas.

A la estrategia la está definiendo principalmente Beltrán Benedit, quien organizó el viaje desde el Congreso al penal de máxima seguridad, en conjunto con el resto de sus pares en los que se apoyó para armar la visita a Alfredo Astiz y otros presos de la represión: Guillermo Montenegro, Adila Ferreyra y María Fernanda Araujo, supo elDiarioAR de una fuente involucrada directamente en la polémica. 

El documento consensuado entre esos cuatro diputados buscará dar su propia versión de los hechos, luego de la interna oficialista que terminó con las otras dos participantes –Lourdes Arrieta y Rocío Bonacci– culpando a sus compañeros por haber sido engañadas para ir a entrevistarse con los condenados. En el medio, se conoció además que los legisladores estaban en conversación con el cura Javier Olivera Ravasi para gestionar una serie de iniciativas parlamentarias que permitan la excarcelación de los genocidas. 

La voz libertaria consultada al respecto negó rotundamente, bajo condición de anonimato, que exista un plan de esas características en el Gobierno y en el Congreso. Sí planteó que se revisen los procesos judiciales “porque están mañados”, aseguró sin dar más detalles. “Vamos a contar toda la verdad”, desafió la fuente sobre la reunión de comisiones.

El grupo de libertarios envuelto en la polémica fue convocado para los próximos días por el plenario de los cuerpos de trabajo de Poderes, Peticiones y Reglamento y de Asuntos Constitucionales, que conduce la macrista Silvia Lospennato. Aún sin fecha confirmada, será una jornada cargada de tensión porque los oficialistas se enfrentarán cara a cara con la oposición del kirchnerismo y la izquierda, que exige hasta su expulsión de la Cámara.

Si bien la intención libertaria es leer un documento, los diputados estarán dispuestos a responder preguntas de los opositores. “Si hay preguntas las vamos a contestar, pero no queremos prestarnos a ningún circo”, recogió este medio en la bancada de LLA. Otra voz de un importante despacho mileísta confirmó que está en estudio que los legisladores vayan efectivamente a las comisiones, pero evitó dar precisiones.

Los diputados romperían así el pacto de silencio al que se sumieron cuando se filtró su visita al penal. La principal fuente consultada aseguró que hubo un pedido explícito dentro del bloque oficialista para que no se expresen en su momento, tanto en el recinto como ante los medios de comunicación. Según pudo reconstruir elDiarioAR, no hubo hacia los responsables de la visita ninguna orden directa por parte de Javier Milei o su hermana Karina para que no hablen, pero sí fue una estrategia que se tejió en el seno del bloque, que conduce Gabriel Bornoroni y donde también tiene mucha ascendencia el titular de Diputados, Martín Menem.

La versión de los legisladores, sobre todo de Benedit y Montenegro –a su vez ex mano derecha de Victoria Villarruel–, estaba a punto de conocerse cuando estalló el escándalo. La filtración de la noticia y la polémica que generó los instó a replegarse. Curioso es que ambos legisladores querían sacar un comunicado apenas después de concretarse la visita a Ezeiza, que fue el 11 de julio. Pero abortaron esa acción por dos episodios ajenos a ellos y que generaron mucha atención mediática: el intento de atentado a Donald Trump, el 13 de julio, y la coronación de la Selección Argentina en la Copa América, el 14. “Con semejantes hechos nadie nos iba a dar bola”, justificó la voz legislativa. 

Según pudo recoger este medio, la visita a Ezeiza se armó a partir de una serie de invitaciones que recibió Benedit vía mail y notas por parte del círculo de allegados de los presos. Querían que los libertarios conocieran, en su calidad de diputados nacionales, sus condiciones de encarcelamiento. Varios oficialistas ya habían hecho una primera incursión a Campo de Mayo, en los primeros meses de la gestión de Milei.

Ante la posibilidad de ir a Ezeiza, Benedit entró en contacto con el titular del Servicio Penitenciario Federal, Fernando Martínez. Así lo expuso él mismo en el grupo de chat de LLA. En ningún momento, afirmó la fuente consultada ayer por elDiarioAR, se habló con Patricia Bullrich para que facilitara el viaje.

Sin embargo, una vez en el complejo de Ezeiza destinado a las mujeres –los genocidas están alojados allí en un pabellón especial–, el grupo de seis diputados y sus asesores tuvieron muchas facilidades para ingresar. Se les pidieron sus DNI pero nunca el celular, algo extraordinario en el sistema de ingresos de visitas.

De ahí provino la foto en la que se ve a cinco de los seis legisladores con el nutrido grupo de condenados por delitos de lesa humanidad. En esa imagen, además de Astiz, quien se infiltró en las Madres de Plaza de Mayo y secuestró a las monjas francesas, también se los ve a Raúl Guglielminetti (exagente de inteligencia del Batallón 601) o Carlos Guillermo Suárez Mason Jr. (exmarino responsable de delitos de lesa humanidad en la ESMA), entre otros.

Los libertarios tuvieron primero una reunión con la responsable del complejo y recién después se entrevistaron con los represores. Al parecer no estaba definido a quiénes iban a ver puntualmente. La fuente aseguró que se pusieron a disposición “de los presos que querían participar en la reunión”. 

Finalmente hubo una decena de represores en el encuentro. La entrevista fue en muy buenos términos. “Contaron cómo vivían. Eso era un geriátrico”, le dijo la voz parlamentaria a este medio. La fuente confirmó que Benedit y el resto de los legisladores recibieron varios sobres con documentación por parte de los presos, pero negó que allí hubiera un proyecto de ley para excarcelarlos. “Era información sobre sus causas. Pidieron que revisemos sus procesos porque algunos están ahí sin condena”, señaló el legislador.

La versión que los libertarios preparan para leer en el marco de las comisiones coincide con el mensaje que Benedit transmitió en el grupo de WhatsApp libertario apenas se reveló el viaje a la cárcel. En su momento hizo una justificación que abona la idea de eximir de responsabilidades judiciales a los genocidas. “Fuimos a ver excombatientes que libraron batallas contra la subversión marxista por orden de un gobierno constitucional”, escribió en su momento el diputado por Entre Ríos. Rechazó enfáticamente el calificativo “represores”, dijo que denunciará a los jueces que los condenaron en el Consejo de la Magistratura e hizo alusión al propio Milei: “El Presidente combate en la política a esta ideología 'terrorismomarxista'”.

MC/JJD

¿Romperán el pacto de silencio los diputados que organizaron la visita a genocidas en la cárcel de Ezeiza? La pregunta quedó en el aire este martes tras una nueva reunión de comisión en la Cámara baja donde se decidió “invitar” a exponer la semana que viene por escrito o de manera presencial a los legisladores de Javier Milei que se encontraron con represores condenados por delitos de lesa humanidad.

Esa medida tomó la macrista Silvia Lospennato al frente del plenario de las comisiones de Reglamento, Peticiones y Poderes y de Asuntos Constitucionales. Buscó así descomprimir la tensión que existe entre las bancas ante la falta de un acuerdo político sobre si hay que investigar o no, y eventualmente sancionar, a los libertarios que se entrevistaron con Alfredo Astiz y otros genocidas de la última dictadura.

Los diputados Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra y María Fernanda Arauja tienen ahora una posibilidad “amable” para explicar por qué fueron hasta Ezeiza el 11 de julio pasado. Son los únicos del grupo que no hablaron en el ámbito de la Cámara baja ni en ante los medios de comunicación, como sí hicieron Lourdes Arrieta y Rocío Bonacci, que aseguraron haber sido “engañadas” para participar del viaje y acusaron al resto de sus pares sobre todo a Benedit como el principal organizador de la visita.

“Es una invitación para que personalmente o por escrito puedan hacer su descargo”, explicó Lospennato este martes al cierre de la reunión de comisiones que terminó sin una definición sobre qué hacer a futuro. La referente del PRO insistió varias veces en que no es el plenario el que debe investigar a los oficialistas, sino que tiene que haber un despacho de las comisiones que tiene que ser aprobado por una mayoría en el hemiciclo. 

El partido amarillo está abroquelado con La Libertad Avanza (LLA) para evitar que la polémica pase a mayores, mientras el kirchnerismo y la izquierda exigen que además de una puntillosa investigación también haya una sanción disciplinatoria. La sospecha principal de los opositores es que la visita a Ezeiza correspondía a “un plan de impunidad” para sacar a los represores de las cárceles, a partir de la conexión de Benedit y otros libertarios con el cura Javier Olivera Ravasi, quien preparó el encuentro en el penal y aparece en los chats hacienda referencia a un proyecto de ley de amnistía.

La sospecha principal de los opositores es que la visita a Ezeiza correspondía a “un plan de impunidad” para sacar a los represores de las cárceles, a partir de la conexión de Benedit y otros libertarios con el cura Javier Olivera Ravasi, quien preparó el encuentro en el penal y aparece en los chats hacienda referencia a un proyecto de ley de amnistía

La oposición más dura también reclama interpelar a la ministra Patricia Bullrich como responsable del Servicio Penitenciario Federal, ya que su director, Fernando Martínez, es mencionado en los chats filtrados como quien le permitió a los libertarios entrar a Ezeiza sin ningún tipo de control y hasta con teléfonos celulares. De ahí provino la foto en la que se ve a cinco de los seis legisladores con el nutrido grupo de condenados por delitos de lesa humanidad. En esa imagen, además de Astiz, quien se infiltró en las Madres de Plaza de Mayo y secuestró a las monjas francesas, también se los ve a Raúl Guglielminetti (exagente de inteligencia del Batallón 601) o Carlos Guillermo Suárez Mason Jr. (exmarino responsable de delitos de lesa humanidad en la ESMA), entre otros.

El debate en el plenario de comisiones de este martes estuvo marcado por el cruce de acusaciones entre los legisladores. “Quieren un repudio light”, acusó el jefe de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez. “Lo único que han hecho durante la jornada fue provocar, nada que ver lo que se está discutiendo. Ustedes son el partido del menemismo que sancionó el indulto”, le espetó al santafesino Lospennato. “No hay delito ni deshonra”, señaló el macrista Alejandro Finnochiario.

El pacto de silencio

A casi dos meses después de que estallara el escándalo por la visita a genocidas en Ezeiza, las únicas voces que se conoce de los diputados que fueron a Ezeiza son las de Arrieta y Bonacci. En la propia Cámara baja y en los medios aseguraron haber sido engañadas. Arrieta de hecho generó un terremoto político porque llevó el caso a la Justicia, y luego renunció a la bancada oficialista ante una inminente expulsión. 

Pero el resto de los legisladores mantienen un pacto de silencio hasta ahora inquebrantable. Benedit sí habló en el grupo de WhatsApp libertario apenas se reveló el viaje a la cárcel. En su momento hizo una justificación que abona la idea que luego se confirmó con el resto de los chats revelados por Arrieta de que habría un plan oficialista para eximir de responsabilidades judiciales a los genocidas. “Fuimos a ver ex combatientes que libraron batallas contra la subversión marxista por orden de un gobierno constitucional”, escribió en su momento el diputado por Entre Ríos. Rechazó enfáticamente el calificativo “represores”, dijo que denunciará a los jueces que los condenaron en el Consejo de la Magistratura e hizo alusión al propio Milei: “El presidente combate en la política a esta ideología terrorismomarxista”.

Apenas días después de que se conociera la polémica, elDiarioAR abordó a Benedit en el marco de la feria agrícola de La Rural de Palermo, pero el legislador se negó rotundamente a hacer declaraciones. Solo dijo que guardará silencio por un tiempo y negó que su visita a Ezeiza haya sido, al menos, polémica.

Cuando el tema llegó a Diputados a fin de julio, los libertarios esperaban que hubiera una declaración votada por el recinto para salir a hablar públicamente. Al menos así coincidieron Montenegro y Ferreyra ante la consulta de este medio. Pero como la Cámara baja se enfrascó en una discusión por el tono del repudio y no hubo acuerdo para votarla y tampoco para conformar una comisión investigadora, los diputados siguieron en silencio. 

Hace dos semanas, cuando el bloque de LLA erupcionó en una reunión con ribetes novelescos con gritos y llantos que terminó con la salida de Arrieta, desde la cúpula libertaria en Diputados –Martín Menem y Gabriel Bornoroni– reforzaron la orden de ya ningún libertario hable de la polémica. El titular del bloque siempre se mantuvo en la línea discursiva de que en el Gobierno no se impulsa una amnistía para los represores y que la visita a Ezeiza no fue ni siquiera una acción moralmente repudiable. Pero nunca hubo explicaciones oficiales de cómo se armó el viaje a Ezeiza y de por qué y para qué se entrevistaron con genocidas. ¿Qué dirán la semana que viene los protagonistas?

MC

MC/JJD

La Cámara de Diputados volverá a debatir mañana si constituye una comisión investigadora especial sobre la conducta de los seis legisladores libertarios que se reunieron con represores en la cárcel de Ezeiza, aunque cada vez pierde más fuerza la posibilidad de que sufran una sanción severa.   

Las comisiones de Peticiones, Poderes y Reglamento, y de Asuntos Constitucionales se reunirán desde las 16.30 para analizar cuál será el formato para investigar a los seis legisladores que se reunieron el pasado 11 de julio con un grupo de represores, entre los que figuraban Alfredo Astiz y Antonio Pernias.  

Los que efectuaron la visita al penal de Ezeiza fueron los diputados de LLA Beltrán Benedit, organizador del tour; Guillermo Montenegro, un dirigente cercano a la vicepresidenta Victoria Villarruel; María Fernanda Araujo, Alida Ferreyra Ugalde, Rocío Bonacci y Lourdes Arrieta, quien el martes último anunció su salida del bloque y la conformación del monobloque FE. 

El plenario de Peticiones, Poderes y Reglamento y de Asuntos Constitucionales estará presidido por Silvia Lospennato y María Eugenia Vidal, ya que su presidente Nicolás Mayoraz (LLA) decidió ceder la conducción ante el pedido de UxP por haber figurado en uno de los chats desde donde se organizó esa visita.  

Las alternativas que tienen los legisladores son emitir un dictamen sobre la creación de una comisión investigadora o que el análisis de la conducta de los legisladores libertarios lo haga directamente Asuntos Constitucionales.  

En caso de inclinarse por la comisión investigadora, primero se deberá aprobar un proyecto en el recinto de sesiones, pero si lo hace el plenario de comisiones permanentes no habrá que crear un nuevo organismo.   

La aplicación de sanciones previstas en el artículo 66 de la Constitución -que permite la exclusión por “inhabilidad moral” de un miembro del cuerpo- debe ser analizada por Asuntos Constitucionales, como sucedió cuando echaron al diputado Ángel Luque o se procedió al desafuero de Julio de Vido.   

En las comisiones están los proyectos presentados por el jefe del bloque de UP, Germán Martínez; de la legisladora del Frente de Izquierda Vanina Biasi; y Arrieta, para crear una comisión investigadora, mientras que la legisladora de UP, Vanina Siley, pidió que los hagan las comisiones pertinentes. 

Uno de los puntos que tendrán que dilucidar los diputados es el de las atribuciones para aplicar una sanción a un dirigente elegido por el voto popular, debido al antecedente peligroso que podría generar esta medida. 

En la última reunión realizada el martes pasado, Lospennato dijo que se deberá analizar “cómo se aplican las sanciones disciplinarias en esta democracia para no afectar la representación popular”, y recordó cuando en otras épocas se expulsaba a diputados por criticar a presidentes, en alusión a Ricardo Balbín.  

Hasta ahora pidieron la expulsión de los diputados los bloques de Unión por la Patria (UxP) y la izquierda, mientras que el PRO, la Coalición Cívica y Hacemos se inclina por un repudio de la Cámara, pero sin aplicar sanciones, mientras que el radicalismo aún no tomó una decisión.

En la última reunión de la comisión de Peticiones concurrieron a exponer organismos de derechos que reclamaron que se expulse a los diputados que concurrieron a visitar a represores en la cárcel de Ezeiza. .

La petición fue formulada por la presidenta de la Madres de Plaza de Mayo, Taty Almeida; el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y la titular de Abuela de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, entre otros.  

DM con información de agencia NA