Allanamientos ilegales, procedimientos fraguados, armas plantadas, robos de droga, complicidad con el narcotráfico, detenciones al voleo: las prácticas irregulares de la policía santafesina y en particular de la rosarina surgen en investigaciones recientes como la cara oculta de la disminución de los homicidios dolosos en la provincia, el logro que exhibe el gobernador Maximiliano Pullaro al cabo de su primer año de gestión.

Según el último informe del Observatorio de Seguridad Pública de Santa Fe, entre enero y diciembre de 2024 hubo 176 homicidios en la provincia, un 55,8 % menos que la cantidad registrada en el mismo período del año anterior. Es el número más bajo en la última década y la merma resulta todavía más pronunciada en el departamento Rosario: en 2024 hubo 90 crímenes contra 259 de 2023, lo que representa un 65,5 % menos de casos. Pero al mismo tiempo que disminuyen los crímenes aumentan las denuncias e investigaciones por casos de corrupción, delitos comunes y violencia institucional.

Las irregularidades se producen en el marco de la ampliación de facultades policiales para la detención de personas, propuesta por el gobierno de Pullaro en la Legislatura provincial y promulgada con el apoyo de la oposición peronista. La ley 14.258/24 ratificó la facultad de detener personas en averiguación de antecedentes y agregó la de resistencia a ser identificado.

Detenidos por no llevar DNI

El informe “Un año de lucha contra la destrucción planificada de los DDHH y la democracia” elaborado por la Red Federal por los Derechos Humanos y la Democracia dedica un capítulo a la situación en Santa Fe y cita una denuncia del Servicio Público de la Defensa Penal sobre la detención de personas por no llevar el DNI: “El 34% de esas personas estaban en situación de calle y el 21% habían sido retenidas ya en reiteradas oportunidades. Una de ellas fue detenida ocho veces en el mismo día. Las actas de demoras carecen de fundamentos legales, o los fundamentos están preimpresos”.

El informe puntualiza que Pullaro “viene promoviendo e implementando reformas de la legislación local violatorias de la Constitución Nacional y Provincial, que ignora o suspende garantías fundamentales para los derechos humanos”. Entre ellas, “lo más grave son las reformas introducidas en el Código Procesal Penal”, por las cuales una persona puede pasar 30 días presa sin recibir imputación. “En la práctica equivale a una interrupción de garantías, propias de un estado de sitio”, dice la abogada y exdiputada provincial Matilde Bruera.

El 22 de diciembre, diez policías del Comando Radioeléctrico de Rosario fueron detenidos e imputados por allanamiento ilegal, robo, lesiones y falsedad ideológica en una saga ininterrumpida de delitos perpetrada desde marzo pasado. Entre los imputados se encuentra el jefe de tercio Luis Alberto Pais, quien en 2022 ingresó sin orden de allanamiento en un estudio jurídico de Cañada de Gómez para detener a una persona y ante la imputación por ese caso fue defendido por el entonces diputado provincial Maximiliano Pullaro. El actual gobernador avaló la acción de Pais –también respaldada por vecinos de esa ciudad– y pidió que se investigara al fiscal que acusaba al policía, Santiago Tosco.

Pais fue considerado un ejemplo del policía que cumple su función y tropieza con la burocracia judicial y el llamado garantismo. Ahora este oficial aparece como cabecilla de una violenta banda de policías que, en distintos hechos, plantaron armas, robaron dinero –en un caso la pensión de un discapacitado, en otro diez mil dólares, en un tercero 95 mil pesos–, fraguaron actas de procedimiento e ingresaron una y otra vez en diversos domicilios sin orden de allanamiento. Por estos procedimientos falsos un hombre detenido en Provincias Unidas y Mendoza pasó seis meses preso y otro –el hermano del discapacitado al que despojaron de la pensión– otros seis meses detenido, entre junio y diciembre. Los fiscales José Luis Caterina y Karina Bartozzi presentaron un total de catorce hechos atribuidos a la banda policial, en el transcurso de tres audiencias.

El modelo Chocobar, superado

El 17 de diciembre la Cámara Federal de Casación dio un giro inesperado a un caso de violencia institucional de alto impacto en Santa Fe, al anular las absoluciones de diecinueve policías y un civil por la desaparición forzada, torturas y muerte del albañil Franco Casco. Los jueces Daniel Antonio Petrone, Diego Barroetaveña y Carlos Mahiques ordenaron una nueva sentencia.

Casco tenía 20 años, vivía en Florencio Varela y el 29 de septiembre de 2014 viajó a Rosario para visitar a unos tíos. En la tarde del 6 de octubre, cuando iba a tomar un tren de regreso a su casa, fue detenido por agentes de la comisaría 7ª en supuesta averiguación de antecedentes.

En la madrugada siguiente Casco fue torturado en un calabozo conocido en la jerga interna como “la jaulita”, que los policías utilizaban rutinariamente para interrogatorios mediante apremios. “Se encontraba en un absoluto estado de indefensión”, destacó el fiscal Fernando Arrigo en su alegato. El cuerpo del albañil fue hallado el 30 de octubre de 2014 en el río Paraná y la autopsia reveló que había muerto antes de ser arrojado al río.

El fallo no solo es un revés para los acusados sino también para Maximiliano Pullaro. El actual gobernador, siendo ministro, pagó con fondos reservados del Ministerio de Gobierno honorarios de abogados defensores y en julio de 2023, cuando un fallo dividido del Tribunal Oral Federal número 2 resolvió las absoluciones, dijo que se había cometido una injusticia con los policías y afirmó que la causa se había politizado.

Pullaro no hizo comentarios sobre el fallo de Casación pero tres días después toma una decisión que parece una respuesta indirecta: nombró asesor del Ministerio de Seguridad de la provincia a Luciano Nocelli, conocido como “el Chocobar rosarino”, un policía del Comando Radioeléctrico condenado a 25 años de prisión por el asesinato de una pareja que había intentado robar la cartera a una mujer.

Nocelli quedó en libertad el 27 de noviembre, después de que la Corte Suprema de Justicia de la provincia ordenara un nuevo juicio. Su excarcelación fue recibida con aplausos y sirenas de un cordón de patrulleros desplegado alrededor del Centro de Justicia Penal de Rosario y acompañada por las máximas autoridades del Ministerio de Seguridad de la provincia. “Se termina la condena a los policías”, dijo entonces Nocelli, quien según las sentencias de dos tribunales asesinó a Jimena Gramajo y Walter Rosasco cuando estaban de espaldas y en el piso y no corrían peligro la vida del policía ni la de otras personas.

Los juicios contra Nocelli, el comisario Diego Álvarez y el resto de los policías acusados por la desaparición y muerte de Casco introdujeron un nuevo actor: grupos de familiares y allegados que se movilizan en defensa de los policías. “Había una belicosidad marcada de los defensores, como ocurrió durante el juicio oral”, dice el fiscal federal Federico Reynares Solari, sobre la audiencia en que se rechazó la prisión preventiva de los acusados por el caso Casco.

Estos grupos ya habían reclamado un indulto para Nocelli y volvieron a hacerse presentes el 18 de diciembre en el Centro de Justicia Penal para amenazar al fiscal Pablo Socca por la imputación contra otros cuatro policías por fraguar un procedimiento para encubrir el robo de dinero, teléfonos y otros objetos después de ingresar a dos domicilios de la zona sur de la ciudad sin orden de allanamiento. “Lo que sucedió me lleva a pensar que no es la primera vez que hicieron esto”, dijo Socca.

Con espíritu de cuerpo

Otra circunstancia coincidente en casos de corrupción y de violencia institucional es que no involucran a policías aislados sino a grupos cuyos integrantes son parcialmente identificados por las investigaciones judiciales. Socca imputó a los policías Lucas Brest, Bernardino Fernández, Julián Márquez y Matías Ovando de la Brigada Motorizada y describió el operativo emprendido contra un motociclista que supuestamente no quiso ser identificado como “una cacería” en la que intervino “un número exorbitante de policías”.

El fiscal Socca detalló que el objetivo de los policías era apoderarse de un teléfono donde un familiar del motociclista había filmado el allanamiento ilegal. A las prácticas consolidadas de falsificar actas de procedimiento y plantar armas se agrega así en los casos actuales la de eliminar registros incriminatorios en celulares y dispositivos electrónicos.

El fiscal provincial José Luis Caterina imputó en junio a otro grupo de siete policías por el robo de US$76.900, los ahorros de una familia. Los policías acudieron al domicilio para constatar el estado de salud de una pareja, uno de cuyos integrantes había tenido un brote psicótico.

Los agentes pertenecían a la comisaría 15ª –entre ellos el subjefe, Darío Carrillo– y al Grupo Táctico Multipropósito, le dijeron a la familia que iban a quedarse con los dólares por una investigación sobre lavado de dinero y configuraron un acta con testigos falsos. El fiscal Caterina explicó que uno de los policías utilizó parte de los dólares para comprar una embarcación y otro para pagar una fiesta de cumpleaños.

La Brigada Motorizada de Rosario pergeñó por su parte otro procedimiento que fue cuestionado por el camarista Alfredo Ivaldi Artacho a principios de diciembre. Los policías dijeron que soldaditos narco habían escapado a la carrera al notar su presencia en la calle Pasco al 200 bis. A continuación ingresaron sin orden de allanamiento en una casa donde detuvieron a cuatro personas y encontraron casi 200 dosis de cocaína, según el acta de procedimiento.

La situación alegada no existió, según el juez Ivaldi Artacho. Los policías tenían presumiblemente información sobre la existencia de un bunker de drogas en el lugar y actuaron por su cuenta para después blanquear el procedimiento con el acta. En consecuencia, el juez revocó las prisiones preventivas de los acusados.

El policía Jonatan Garraza cumplía funciones en la Delegación Tribunales y en la Agencia de Investigación Criminal, hoy Policía de Investigaciones. El oficial Fernando Molina revistaba en la subcomisaría 21ª. Los policías Marcos Martín Molina, Damián Gerardo Ruiz y Lisandro Emanuel Vera actuaban en el Comando Radioeléctrico. Los cinco tuvieron al mismo tiempo algo más en común: filtraron información, protegieron y fraguaron procedimientos en favor de Los Menores, la banda sospechada por el crimen de Andres “Pillín” Bracamonte, el exjefe de la barra brava de Rosario Central, y las maniobras contaron con la participación de otros policías todavía no identificados.

El uso de la información de calle en provecho propio aparece en otro caso más grave que involucra a ocho integrantes de la Policía de Acción Táctica en el robo de 15 kilos de cocaína, 50 mil dólares y armas a dos hombres y una mujer de nacionalidad boliviana en el barrio Belgrano, de Rosario. Según las sospechas de la Justicia Federal, los policías actuaron con extrema violencia al mando del oficial Renzo Michelud y llegaron raudamente a un domicilio de Forest y Teniente Agneta después de apremiar a detenidos en otro procedimiento.

Al cabo de dos horas de requisar el lugar y de alzarse con la droga, el dinero y las armas, Michelud informó al Ministerio Público de la Acusación “un horario de ingreso, las razones por las cuales estaban allí los patrulleros y el motivo de ingreso absolutamente falso”, dijo el fiscal federal Javier Arzubi Calvo. El oficial de policía afirmó que habían detectado a los ciudadanos bolivianos en actitud sospechosa en la calle y que como parte de la persecución irrumpieron en la casa, donde encontraron apenas medio kilo de cocaína sobre una mesa.

La secuencia que enlaza actitudes sospechosas, persecuciones callejeras e intrusiones en domicilios es tan antigua en las actas policiales que Rodolfo Walsh la registró a fines de los años 60 en sus crónicas sobre “la secta del gatillo alegre y la mano en la lata”, como llamó a la Brigada de Investigaciones de Avellaneda. Sin embargo, no deja de ser reeditada en procedimientos actuales.

Una causa armada

“Con el fallo de la Cámara de Casación se pueden discutir muchas cosas pero no se puede decir que la de Franco Casco fue una causa armada”, dice el fiscal Reynares Solari, en alusión al argumento que sostienen los diecinueve policías y el civil acusados por la desaparición y muerte del albañil. La defensa está en línea con la “politización” que señaló el gobernador Pullaro, aunque no hay precisiones sobre la supuesta conspiración.

Por el contrario, el fallo del tribunal de Casación señala que la causa armada es la que en realidad tramaron los policías con la colaboración de un vecino de la comisaría 7ª. El tribunal de juicio, observaron los camaristas, no observaron la prueba ni “el ejercicio de poder detentado por las agencias de seguridad sobre la situación, la escena del hecho y principalmente el control de gran parte de la prueba documental” amañada para desligar a los policías de las torturas y la desaparición de Casco.

“Es el protocolo de la violencia institucional”, afirma el fiscal Reynares Solari respecto de la trama alrededor de la muerte de Casco. Un conjunto de prácticas que la policía de Rosario parece llevar en su ADN y que no alcanza a ser disimulada bajo el paraguas de la disminución de los homicidios dolosos.

OA/MG

Cuando los policías llegaron a su casa en La Calera, el comisario general Alejandro Mercado, subjefe de la Policía de Córdoba, se dio cuenta de que algo no andaba bien. No eran agentes de la Jefatura, sino los comisionados que trabajan bajo las órdenes de Enrique Gavier, fiscal de Delitos Complejos, con especialidad en delitos económicos. El subjefe de la Policía cordobesa quedó inmediatamente detenido por el presunto delito de encubrimiento agravado en el marco de una investigación ligada a la protección de una “cueva” financiera y a la venta ilegal de neumáticos robados y teléfonos móviles.

A la misma hora en que el comisario general Mercado era detenido en esta localidad ubicada a sólo 18 kilómetros al oeste de esta capital, se realizaron diez allanamientos más en la propia casa de Gobierno cordobesa y en domicilios ubicados en las ciudades de Córdoba, Arroyito, Río Segundo y la comuna de Lozada, donde además fueron detenidos otros dos policías, un empleado judicial y cuatro miembros de una misma familia que presuntamente integraban una banda dedicada a la venta de neumáticos, teléfonos celulares y lavado de activos provenientes de ese comercio ilegal.

Tras la detención de Mercado —es uno de los tres subjefes de la fuerza de 23 mil efectivos—, el propio ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, convocó a una conferencia de prensa donde se anunció el operativo: “La detención se produjo a raíz de una investigación que se inició el año pasado, sobre hechos ilícitos de 2022 y 2023, un lugar de venta de telefonía celular donde también funcionaba una financiera y también tendría otro tipo de actividades como venta de neumáticos de origen ilegal”.

El funcionario señaló, además, que “hay funcionarios públicos del área de Investigaciones, un hombre y una mujer que prestaban servicios en esa área y que también están detenidos, un comisario inspector y una subcomisaria si mal no recuerdo sus jerarquías; pero hay ocho detenidos en total, los otros cinco son civiles; creo que también hay un empleado del Poder Judicial que está involucrado y detenido”.

Esta tarde, fuentes del Ministerio de Seguridad informaron a elDiarioAR que, a través de una resolución del propio ministro Quinteros, se pasó a retiro obligatorio al subjefe Alejandro Mercado “atento a la investigación judicial en la que se encuentra involucrado”, “sin perjuicio de transformarse la medida aquí dispuesta en una sanción de tipo segregativa con razón de las resultas del proceso judicial y/o administrativo que se lleve adelante en su contra”.

Además del comisario general Mercado, también fueron detenidos los policías de la Dirección General de Investigaciones Criminales, el comisario Cristian Norberto Rubén Cabrera (asociación ilícita, falsa denuncia y falsedad ideológica); la subcomisaria Verónica Aguilar (asociación ilícita); el empleado judicial Juan José Corzo (falsa denuncia y falsedad ideológica, presuntamente involucrado en el armado de falsas denuncias) y los integrantes de una familia de Arroyito, que tenían el teléfono celular de Lorena Aubán, una joven asesinada en la ciudad de Arroyito en 2007: Roberto Adrián “Coquito” Monge, Roger Emmanuel Monge y Maciel Adrián Monge, todos imputados por el delito de asociación ilícita. Mientras que Fiorella del Valle Monge también está imputada y con orden de captura, pero no fue detenida por no poder establecer su domicilio.

De Delitos Económicos a subjefe de Policía

Con 35 años de carrera, el comisario general Alejandro Mercado hizo una meteórica carrera que lo llevó en la última década a ascender de jefe del Departamento de Delitos Económicos a subjefe de la Policía, cargo al que ascendió desde el 10 de diciembre, cuando Martín Llaryora asumió como gobernador de Córdoba. Polémico y resistido por los cuadros medios de la propia fuerza, varias veces Mercado estuvo a punto de ser desplazado de la Policía, pero la excelente sintonía con dos fiscales muy allegados al poder político provincial, Raúl Garzón y Rubén Caro —que se jubiló hace pocos meses—, le permitieron sobrevivir. Con Quinteros como flamante ministro de Seguridad, el nombre del comisario general Mercado sonó como jefe de Policía, pero finalmente el gobernador Llaryora se inclinó por el comisario general Leonardo Gutiérrez, hasta entonces jefe de la Dirección General Departamentales Sur, como número 1 de la fuerza. Mercado fue nombrado como uno de los tres subjefes y las otras dos subjefaturas quedaron para la comisaria general Claudia Salgado y el comisario general Marcelo Marín.

Un oficial en ascenso

Hasta junio de 2015, el comisario inspector Alejandro Mercado estaba al frente del Departamento de Delitos Económicos, y en los medios gozaba de buen trato cada vez que realizaba megaoperativos contra la venta ilegal de teléfonos celulares en la Galería Norte. Eran épocas en que la Policía de Córdoba era manejada con puño de acero por el comisario general Julio Suárez, quien no dudó en amenazar al periodista Dante Leguizamón que investigó el caso de gatillo fácil de Fernando “Güere” Pellico, asesinado en julio de 2014. 

Pero a mediados de 2015 la suerte del jefe de Delitos Económicos cambió para bien: el jefe del Departamento Robos y Hurtos, comisario inspector Gabriel Alvarez, fue pasado a situación pasiva —como ahora le ocurre a Mercado—, fue relevado de su cargo, y además fue impedido de desempeñar ninguna función, portar su arma, ni vestir uniforme y se le retuvo el 70% del sueldo. “Alvarez se comió una bronca de arriba, una interna con Mercado”, contaron aquella vez.

Agentes del grupo de élite de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) al mando del fiscal federal Gustavo Vidal Lascano, allanaron la Jefatura de Policía y detuvieron al chofer del comisario Alvarez, el cabo de Robos y Hurtos, Franco Ormeño, sospechado de integrar una banda de secuestradores que en abril de ese año había capturado a Carlos Córdoba (73), padre de Daniel Córdoba, un presunto narcotraficante e informante de la disuelta División Drogas Peligrosas de la Policía cordobesa, involucrado en el narcoescándalo que en 2013 terminó con los jefes de la División presos por encubrir narcos.

Con mucha razón, el desplazado Alvarez se había quejado por su desplazamiento: “Yo no puedo saber qué hace un policía de mi área cuando no está en funciones”. 

Así fue que de facto, el comisario Mercado se hizo cargo de Robos y Hurtos y, al poco tiempo, de Sustracción de Automotores; además de seguir comandando Delitos Económicos.

Ricos y famosos

En diciembre de 2015, cuando Juan Schiaretti sucedió como gobernador a José Manuel de la Sota, también hubo cambios en la plana mayor de la Policía y el comisario general Gustavo Vélez reemplazó como jefe al polémico Julio Suárez, quien fue pasado a retiro.

En mayo de ese año, delincuentes robaron una cantidad nunca precisada de pistolas calibre 9 milímetros de la Policía de Córdoba, y trascendió que el propio Suárez, al enterarse del robo, le ordenó a Mercado recuperar las armas. Finalmente, la Justicia computó el faltante de 67 pistolas Bersa Thunder, de las cuales fueron apareciendo “por goteo” algunas, en distintos allanamientos “al voleo”.

Mercado cayó en el ostracismo y fue desplazado a una dependencia del interior. Pero la suerte volvió a salpicarlo, gracias a la buena muñeca y la buena llegada con los llamados “fiscales del poder” —Caro y Garzón manejaron causas de alto impacto mediático—.

La víspera de la Navidad de 2016, la noche del 23 de diciembre, en la vivienda de la abogada Teresa Panetta en barrio Cofico, en un coqueto caserón donde estaba reunida la flor y nata de la política, la Justicia y el empresariado cordobés. Esa noche, un grupo comando copó la vivienda de Faustino Allende 410, esquina Sucre, y se alzó con un botín nunca declarado, tras maniatar a 22 invitados.

Siempre sobrevoló la sospecha de que el asalto en realidad no buscaba la apropiación de un botín suculento, sino precisamente desnudar que allí se desarrollaba “una reunión de empresarios, políticos y funcionarios de la Justicia federal y provincial donde la estrella era un empresario como Hermann Karsten, ligado al poder político de De la Sota y Schiaretti; encargado del cobro de los impuestos provinciales y sospechado por corrupción. Querían que se supiera las relaciones de Karsten con la Justicia ordinaria y federal”, confió una alta fuente ni bien ocurrió el hecho.

En esa fiesta estaban la dirigente peronista disidente Olga Riutort —ex esposa de De la Sota—, el juez federal Luis Rueda, el vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Sebastián López Peña, el ex fiscal General de la Provincia, Darío Vezzaro, el yerno de Panetta y exfuncionario municipal Juan Pablo Díaz Cardeilhac, el dirigente radical y docente universitario José Ignacio Cafferata Nores y el reconocido penalista Carlos Hairabedian —todos con sus esposas— quienes agasajaban al polémico empresario y lobbista Hermann Karsten, investigado en Argentina y Guatemala por diversos hechos de corrupción.

A las mujeres les robaron joyas y a los hombres relojes y plata. A todos les sacaron sus teléfonos celulares para evitar que alertaran sobre el robo, los metieron en una bolsa y los abandonaron en barrio Pueyrredón en un canasto de residuos.

Horas después del atraco, el fiscal Raúl Garzón ordenó la detención de Víctor Barrionuevo, un subcomisario de Villa Allende, y cinco cómplices. En enero de 2017, con la causa paralizada, fue desplazado el jefe de la Dirección General de Investigaciones Criminales, comisario mayor Calixto Luna, y en su reemplazo fue nombrado como jefe Alejandro Mercado, rescatado del destierro por el fiscal Garzón.

En diciembre de 2018, casi dos años después del atraco, Barrionuevo y los cinco sospechosos fueron absueltos. En ese fallo, los jueces de la Cámara Segunda del Crimen, Eduardo Valdés (presidente), Ítalo Vitozzi y Gustavo Ispani, ordenaron que una fiscalía de Instrucción investigue al fiscal Garzón, al juez de Control 5, César Lezcano, al comisario general Mercado y a otros policías, quienes están sospechados de haber cometido un cúmulo de irregularidades para armarle una causa a Barrionuevo y los otros detenidos.

El crimen de la farmacéutica 

Los allanamientos de hoy ordenados por el fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier, se desprenden de un caso juzgado en la Cámara Octava del Crimen, en el cual aparece un teléfono celular involucrado en el homicidio de Lorena Aubán, una farmacéutica de la ciudad de Arroyito, asesinada el 22 de junio de 2007. La joven de 28 años fue hallada en el baño del local por su padre, Oscar Aubán. La víctima tenía una cuerda alrededor del cuello, el torso semidesnudo, los pantalones bajos y las manos atadas. La autopsia reveló que fue estrangulada y violada. En la ropa había manchas húmedas de semen y, bajo sus uñas, restos de piel y sangre de su asesino. Le habían robado su teléfono celular, entre otras cosas de poco valor.

En abril de 2012, por el crimen de Lorena Aubán fue condenado a 14 años y seis meses de prisión Yonatan Arias, un adolescente que, cuando ocurrió el ataque mortal, tenía dieciocho años y serios problemas de adicción a las drogas. El principal sospechoso, el viudo Cristian Bizone, fue absuelto en un polémico juicio realizado en los Tribunales de San Francisco, donde dos de los jurados populares denunciaron que les cambiaron su voto.

Además de Arias, en ese juicio fue condenado por encubrimiento Alberto “Calmao” Flores, un hombre que trabajó de seguridad privada de políticos en campaña cuando visitaban esta ciudad del este cordobés.

A Flores lo vinculan directamente con el teléfono celular de Lorena Aubán: el seguimiento del chip del aparato permite ubicarlo en Córdoba. Lo estaba usando una mujer. Al ser interrogada, la mujer declaró que lo había comprado en un local de la Galería Norte, cuyo dueño es Adrián “Coquito” Monge, uno de los detenidos esta mañana.

En 2007, cuando la Policía interrogó a Adrián “Coquito” Monje, este declaró: “Me lo vendió ‘Calmao’ Flores, como era de confianza ni le borré el IMEI”.

La Galería Norte, el lugar donde al comisario general Alejandro Mercado, le gustaba encabezar operativos para la prensa.

GM/JJD