El Gobierno tenía un caballo de Troya en el Presupuesto 2026: el capítulo 11 en el proyecto que se votó anoche en la Cámara de Diputados buscaba derogar las emergencia universitaria y en discapacidad, restringir el régimen de zona fría y eliminar la automaticidad en la actualización de las Asignaciones Universales por Hijo, por Embarazo y Asignaciones Familiares. Toda una declaración de principios de la gestión de Javier Milei, que rechaza el concepto de “justicia social” y avala la idea del ajuste permanente y el sálvese quien pueda.

Pero el oficialismo recibió anoche un golpazo: una mayoría circunstancial de 123 votos en contra superó a 117 votos positivos. La caída del título fue celebrada con euforia por toda la oposición, que además le asestó un golpe a las bancadas que se inclinaron por acompañar al oficialismo.

El proyecto incorporaba, a pedido del PRO, el cumplimiento de los actos procesales dispuestos por la Corte Suprema sobre el reclamo por la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires –que había negociado Jorge Macri con Diego Santilli–, y también la transferencia de recursos el supremo tribunal al Consejo de la Magistratura por 21.347 millones de pesos. Pero como esta modificación se incorporó en el capítulo 11, que fue votado negativamente en particular, quedó sin efecto.

Los libertarios pagaron caro la ambiciosa jugada de incorporar todas estas medidas en un mismo capítulo y de buscar que se vote en particular por capítulo y no por artículo. Si hubiera optado la segunda estrategia –como propuso en la sesión el jefe del bloque peronista, Germán Martínez–, LLA podría haber salvado la ropa de las pretensiones de sus socios del PRO.

El capítulo 11 cayó porque se dividió el bloque de apoyos que había cerrado a fuerza de billetera en los últimos días. Esta misma semana se conoció que la Casa Rosada había girado ATN a discreción:

El teléfono de Santilli y la billetera de Luis Caputo alcanzaron para aprobar el Presupuesto en general, pero la manta fue muy corta en el momento clave del capítulo 11. Ese bloque de aliados circunstanciales se dividió: los diputados salteños rechazaron la apuesta libertaria pero los misioneros apoyaron. “Se dieron vuelta un par que eran claves para el Gobierno”, admitieron cerca de Santilli.

Una fuente parlamentaria hizo el cálculo de que los libertarios perdieron tres veces en la Cámara de Diputados y en el mismo semestre el tema Universidades y Discapacidad. 

El rechazo dejó expuesto a los que giraron de manera impresionante, porque varios de esos diputados habían votado, semanas atrás, la insistencia a la ley de emergencia en Discapacidad y rechazado el veto de Milei. 

Anoche los legisladores que cambiaron su voto fueron: 

Y en el momento de la votación se ausentaron otros que habían votado a favor de la insistencia de la emergencia:

“No estamos en contra de la educación y los discapacitados, pero acceder a eso sería una administración irresponsable”, lanzó esta mañana Bertie Benegas Lynch, que se convirtió en la espada libertaria para defender el Presupuesto 2026, tras la caída en desgracia de José Luis Espert. El legislador dejó flotando en el aire una posibilidad que ya está corriendo en los pasillos parlamentarios: que el Gobierno argumente que el proyecto, sin el capítulo 11, es inviable para el ajuste libertario.

Entonces Milei podría preferir patearlo o hasta vetarlo si lo sanciona el Senado, y volver a gobernar otro año por decreto. “El Gobierno se autorreguló con el equilibrio fiscal, es una obsesión moral, que corresponde a una administración sana”, dijo el diputado.

En la Casa Rosada entienden que ambas emergencias sociales afectan el déficit cero, pero las previsiones de impacto presupuestario no parecen dar ese escenario, según los datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso revelan. La emergencia universitaria significaría para este año que aún no terminó $1.959.974 millones, equivalentes a 0,23% del PIB. Y el de la emergencia en discapacidad, en un rango de $2,4 billones (0,28% del PBI) a $4,3 billones (0,51% del PBI). 

MC

Luego del rechazo de la Cámara de Diputados de la Nación al veto a la ley de financiamiento universitario, circularon en X mensajes que aseguran que Javier Milei “es el presidente que más plata en términos reales le dio a las universidades públicas y Sergio Massa fue el que más plata les quitó”. El presidente de la Nación compartió esta desinformación en 2 oportunidades. 

Esto es falso. De acuerdo con los datos oficiales analizados por Chequeado —medio que junto a AFP coordina la alianza Reverso—, en 2024 y en lo que va de 2025, durante la gestión de Javier Milei, se registró la inversión real más baja (es decir, considerando los efectos de la inflación) en educación superior desde el año 2007. 

Los años de mayor inversión en las últimas 2 décadas fueron 2015, en la gestión de Cristina Fernández de Kirchner (Frente para la Victoria), y 2017 y 2018, durante el mandato de Mauricio Macri (Cambiemos). 

Qué dicen los posteos desinformantes

El mensaje más antiguo hallado por Chequeado fue publicado en la cuenta de @TraductorTeama, uno de los usuarios de X que más repostea el Presidente, según un análisis hecho entre el 22 de julio y 24 de agosto de 2024. Su tuit obtuvo más de 28 mil “Me gusta” y 6 mil compartidos, y fue republicado por Javier Milei. 

El mensaje fue acompañado por un gráfico que muestra la supuesta evolución de la inversión del Gobierno nacional en educación superior y se afirma que en 2023 (durante la gestión de Alberto Fernández como presidente y Sergio Massa como ministro de Economía) los fondos cayeron 26%. 

En contraposición, el gráfico sostiene que en 2024 los fondos destinados a las universidades aumentaron 10%, al igual que durante los primeros 7 meses de 2025. 

Posteriormente, otros usuarios de X –entre ellos, el director de Realización Audiovisual de la Presidencia de la Nación, Santiago Oría– republicaron la imagen, con más de 6 mil “Me gusta” y más de 3 mil republicaciones. 

La gestión de Javier Milei realizó la menor inversión en educación superior desde 2007

De acuerdo con los datos de la Subsecretaría de Presupuesto de la Nación analizados por Chequeado, la gestión de La Libertad Avanza ejecutó la menor inversión en términos reales en educación superior desde 2007. 

En 2024, las transferencias a las universidades totalizaron $ 3,3 billones, lo que significó una caída real del 24,97% con respecto a 2023 (último año de la gestión del Frente de Todos) y no un 10% más, como afirman los posteos desinformantes. Este dato coincide con el análisis realizado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

El registro de 2024 es el más bajo desde 2007, cuando se invirtió el equivalente real a $ 3,2 billones, en un contexto en el que las transferencias a las universidades se encontraban en aumento con respecto al piso registrado en 2002 ($ 1,6 billones a valores actuales). 

Un trabajo reciente de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) señaló que “los recursos asignados en 2025 para el programa de Desarrollo de la Educación Superior se ubican en su nivel más bajo en casi dos décadas”. 

El informe de ACIJ agregó: “Este recorte compromete el funcionamiento de las universidades y limita su capacidad para garantizar el acceso a una educación superior gratuita y de calidad. Además, la inversión por estudiante es la más baja desde 2005”.

En los primeros 8 meses de 2025, en tanto, las partidas para educación superior cayeron 5,76% real con respecto a igual período de 2024 y un 30,46% en relación a los primeros 8 meses de 2023. Es decir que tampoco aumentaron un 10% como se afirma en los posteos que compartió el presidente en X. 

Con respecto a la gestión del Frente de Todos, las transferencias a las universidades registraron aumentos interanuales en todos los años a excepción de 2020 (-2,17%), año en el que la actividad educativa se encontró parcialmente paralizada por la pandemia del coronavirus. 

Dentro del período analizado (2002-2025), los años de mayor inversión en educación superior fueron 2015, 2017 y 2018, cuando se destinó el equivalente a casi $ 5 billones actuales. 

Cómo debe analizarse la ejecución presupuestaria

Para llegar a esta conclusión se consideró el gasto anual devengado (es decir, todos los compromisos de pago realizados) en el ítem “Desarrollo de la Educación Superior” (que contiene todos los fondos destinados a las universidades nacionales) y se lo comparó con el promedio anual del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el INDEC. 

El análisis debe realizarse con el promedio anual del IPC (que contiene la media de la inflación de los 12 meses) y no “punta a punta” (es decir, el dato de diciembre de un año contra el mismo mes del año previo) porque esta medida capta mejor la ejecución del presupuesto, que se realiza mes a mes y no todo junto a finales de año. 

Guido Rangugni, vicepresidente de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), señaló a este medio que “cuando comparamos gastos de un determinado periodo lo que estamos analizando son gastos que se realizaron en cada uno de los meses. Entonces, cuando uno quiere comparar el gasto lo que tiene que comparar es el promedio del índice de precios”.

Esta nota es parte de Reverso, el proyecto cívico periodístico colaborativo coordinado por Chequeado y AFP para intensificar la lucha contra la desinformación durante las campañas electorales en Argentina.

Las vías de contacto para sumarse son: por correo a info@chequeado.com.

Autor: José Giménez

Edición 1: Manuel Tarricone

Edición 2: Flor Ballarino

El Senado realiza este jueves una sesión pública para debatir decretos delegados y un DNU dictado por el presidente Javier Milei, entre los que destacan la disolución de Vialidad Nacional y modificaciones en el INTI y el INTA. Todos ya fueron rechazados por la Cámara de Diputados semanas atrás.

El temario incluye el financiamiento universitario, la emergencia pediátrica por la situación del Hospital Garrahan, y los mencionados decretos. Si los rechazos prosperan, la oposición podría lograr lo que se propone: sancionar leyes que Milei no quiere y desarmar decisiones clave de su gobierno.

JJD

El Frente Sindical de Universidades Nacionales convocó a un paro de 48 horas para el 17 y 18 de marzo, en reclamo de mejoras salariales y como repudio al desfinanciamiento por parte del Gobierno de Javier Milei hacia las casas de altos estudios.

En un comunicado difundido en redes sociales, el Frente Sindical sostuvo que se trata de una medida de fuerza que es “respuesta a las políticas implementadas por el gobierno de Javier Milei, que han generado un impacto devastador en las universidades nacionales”.

“El incremento salarial del 1,5% para enero y del 1,2% para el mes de febrero, impuesto por la Subsecretaría de Políticas Universitarias (SPU), continúa profundizando la pérdida salarial acumulada durante el año 2024”, añadió el sector gremial.

El texto agrega que “el Gobierno no solo intensifica la crisis salarial de los sectores docente y no docente, sino también desconoce el ámbito paritario como espacio de discusión en el que se dirimen las diferencias, se encauzan los conflictos y se generan los acuerdos acerca del salario y las condiciones de trabajo”

Además, la medida de fuerza, que coincide con el inicio del ciclo lectivo en ese segmento educativo superior, apunta a que el “desfinanciamiento de las universidades nacionales se constituye en un grave problema que la comunidad universitaria y la sociedad en general enfrenta”.

“Sin ley de presupuesto para el 2025, las universidades quedan otro año más sin un horizonte presupuestario claro y con ello se afectan aspectos sustantivos como el desarrollo de proyectos académicos, la investigación, el sostenimiento del sistema de becas para estudiantes y, en general, se pone en riesgo el funcionamiento básico de las universidades”.

El Frente Sindical adhiere también al Paro Internacional Feminista en el día de la Mujer Trabajadora del próximo 8 de marzo y “convoca a las compañeras trabajadoras docentes y no docentes a participar activamente de las movilizaciones en todo el país contra el hambre, el saqueo y la crueldad”.

El 27 de mayo una reunión que encabezó la ministra Sandra Pettovello con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se selló una paz transitoria para el conflicto universitario, que había escalado a una magnitud inesperada con la multitudinaria marcha federal del 23 de abril. Ese día los rectores aceptaron el ofrecimiento del Gobierno de que haya un aumento del 270% para los gastos de funcionamiento de las casas de altos estudios de todo el país. Si bien la ministra de Capital Humano puso la cara por la gestión libertaria junto al secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, el gran operador oficialista en las sombras no fue otro que el asesor estrella de Javier Milei sin cargo: Santiago Caputo.

Formado en Ciencia Política en la UBA, Caputo había acordado primero con el Emiliano Yacobitti –vicerrector, referente radical y mano derecha del senador Martín Lousteau– un desembolso para que la universidad más importante del país levantara su declaración de emergencia. Luego tuvo que ceder ante la presión del resto de los directivos, en especial el presidente del CIN, Víctor Moriñigo, rector de la Universidad Nacional de San Luis y también de extracción radical, y su segundo Oscar Alpa (Universidad Nacional de La Pampa, embanderado en el peronismo).

Sin la responsabilidad jurídica de ser funcionario, Caputo decidió hasta cuánto se abrió la billetera del Estado, que maneja su tío Luis Caputo desde el ministerio de Economía, para las casas de estudios. El acuerdo fue transitorio hasta que el conflicto volvió a escalar cuando Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario que atendía todos los reclamos del sector: desde las partidas para las universidades, hasta los salarios atrasados por inflación y los próximos de los docentes y no docentes, junto con las becas para los estudiantes. 

El conflicto desde entonces sigue latente con acciones puntuales en las calles y las universidades –se vio en las asambleas y tomas, y se está trabajando en una tercera marcha para el 5 de diciembre, como ya publicó este medio–, pero a nivel político quedó encajonado en el Presupuesto 2025 que se discute en la Cámara de Diputados. Hasta allí fueron los rectores en los últimos días buscando generar una entente opositora que les permita sumar volumen político para presionar al Gobierno, pero sobre todo para lograr que otra vez “Santiaguito” Caputo –como lo definió una autoridad universitaria– se digne a abrir otra vez la billetera.

El CIN reclama de máxima $7,2 billones para el 2025, estimando allí no solo los gastos de funcionamientos de todas las universidades del país, sino también la actualización permanente de los salarios de los trabajadores previendo ya una inflación para todo el año que viene. El Gobierno presupuestó para el sector apenas la mitad: $3,8 billones. Hay guiños de que ese gasto se expandirá, pero aún no hay nada oficial. La aspiración de los universitarios es que al menos la propuesta libertaria se acerque lo más que se pueda a los siete billones –es decir que aceptarían seis, pero también cinco y hasta cuatro y pico si no hay otra alternativa–.

Los rectores tienen trato abierto y cordial con “Galleguito” Álvarez, pero saben que el subsecretario no tiene la última palabra sobre cuánto podrá ceder la Casa Rosada. “Estamos trabajando en que se pueda estirar el presupuesto, pero hasta que no me lo diga Caputo Santiaguito no le creo a nadie nada”, dijo a elDiarioAR un encumbrado negociador por parte de las universidades. 

La reaparición de la carta Caputo demuestra de qué manera el Gobierno está abroquelado en el “triángulo de hierro”, que además del asesor conforman el Presidente y su hermana, Karina. El problema es que la estrategia del asesor choca con otros intereses, como quedó demostrado el miércoles cuando Martín Menem tuvo que dar de baja de manera sorpresiva un “importante anuncio” sobre el presupuesto.

La idea del oficialismo era anunciar a las 17.30 que se iban a aumentar los fondos para las universidades a costa de reasignar partidas que eran para las provincias. Entre las dos horas que pasaron desde las 15.10 –cuando en los WhatsApp de los acreditados en Diputados llegó el aviso de la conferencia de prensa– y las 17.21 –cuando se confirmó la suspensión–, hubo un choque de planetas en el universo mileísta. En Casa Rosada se molestó Guillermo Francos, el jefe de Gabinete, por el destrato que iba a haber hacia las provincias. Y en el Congreso estalló el enojo del PRO –tanto del ala macrista como de los bullrichistas– porque no habían sido notificados de antemano de la jugada de Menem. Curiosamente ni el lunes ni el martes hubo reunión de la mesa política que encabeza Francos con los aliados amarillos.

En esa misma ventana de tiempo fue eyectada del cargo de la Cancillería Diana Mondino, lo que complicó aún más los planes de Caputo para jugar su carta de propagandista mileísta de mostrar que se gana perdiendo. Es decir, ceder al reclamo universitario pero darle una estocada a la “casta” de gobernadores. “Algún vivo quería poner más guita en universidades y sacársela a los gobernadores”, analizó un interlocutor con el Gobierno, que planteó que el oficialismo quería armar una nueva dicotomía: rectores versus gobernadores. 

Según el texto del proyecto, las transferencias automáticas de la Nación a las provincias alcanzarían en 2025 unos $57 billones, en tanto las no automáticas serían del orden de los $3,6 billones. Una jugosa friolera para financiar la educación pública, pero perjudicando la salud financiera de las jurisdicciones, que a su vez se tienen que hacer cargo de la educación, seguridad y salud provincial.

Otra de las alternativas que se ideó en la factoría Caputo fue eliminar las PASO y sacarle financiamiento a los partidos políticos. Ahí la dicotomía iba a ser “estudiantes vs. políticos”. Pero es una partida muy exigua: unos $3.624 millones, apenas el 0,12% del presupuesto total de las universidades, según calculó el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro.

Los opositores dialoguistas tienen un consenso de que el Gobierno reasigne partidas del Presupuesto para fondear la educación pública, pero sus líneas son distintas a las de Caputo. Ferraro, por caso, planteó que se le quite dinero a la SIDE, que en términos porcentuales se le asignó el doble del presupuesto que el actual –para las universidades el incremento comparativo es del 28%–. La agencia de espías, que dirige un nominado por Caputo como es Sergio Neiffert, pasará de $101.816 millones de este año a $197.238 millones para 2025. 

En otros espacios como el radicalismo –pero también el bloque de Pichetto, que esta semana se reunió con los rectores– plantearon que se redirigan fondos de los llamados gastos tributarios, es decir aquellos programas de beneficios impositivos. Es la torta más voluminosa: unos $27 billones, en la que la promoción económica representa una porción importante de $3,3 billones. Ahí se incluye el régimen de promoción de Tierra del Fuego, que tiene designado $1,3 mil millones en el presupuesto. Otro símbolo que parece difícil que Santiago Caputo entregue: el mandamás en la industria del sur es su otro tío, Nicky Caputo.

MC/JJD

Los universitarios buscan que las protestas por el ajuste del Gobierno no queden acotadas a la negociación parlamentaria por el Presupuesto 2025 y se vuelquen otra vez en las calles. Luego de sumarse al paro de transporte de este miércoles, los gremios de docentes y no docentes junto con el grueso del estudiantado trabajan en la arquitectura de una nueva marcha federal para diciembre, pero que exceda las consignas propias del sector, como fueron las del 23 de abril y la del 2 de octubre.

La fecha que se baraja para una tercera acción callejera es el 5 de diciembre, con el objetivo de que sea una movilización multisectorial. La consigna fue lanzada por las dos CTA –que están en proceso de unificación– y podría también estar capitaneada por parte de la CGT, supo elDiarioAR de fuentes al tanto de la disputa estudiantil con la Casa Rosada.

Para definir el posicionamiento universitario este viernes está en agenda una cumbre entre las dos centrales gremiales de Hugo Yasky y Hugo “Cachorro” Godoy con el estudiantado y los sindicatos. Llamativo no es que solo participarán las agrupaciones universitarias más peronistas y que abarcan a aproximadamente un tercio de los alumnos –nucleadas en el llamado frente Malvinas Argentinas–, sino también a la mayoritaria Federación Universitaria Argentina (FUA), que conduce históricamente el radicalismo a través de la Franja Morada, personificada en Piera Fernández. 

Esa marcha federal y multisectorial sería por varias consignas: contra el hambre, por trabajo, producción, salud y educación. “Se está trabajando para que confluyan distintos sectores”, dijo una fuente que forma parte de las conversaciones. Seguramente se sumarán los movimientos sociales y piqueteros, además de la izquierda.

Pero en esa reunión con las dos CTA de este viernes no serán de la partida las expresiones más combativas de la izquierda estudiantil, que este mismo viernes harán una manifestación: a las 17 se concentran en el Obelisco para luego movilizar a Plaza de Mayo y posteriormente a la sede de la CGT, en reclamo al llamado a un paro general. Las agrupaciones ligadas al trotskismo propusieron hacer una tercera marcha federal el 12 de noviembre, pero no tuvieron apoyo de sus pares.

Este viernes, a su vez, el frente sindical que reúne a los docentes y no docentes comenzará una serie de reuniones federales para sumar volumen hacia el 5 de diciembre. La jornada de este viernes será en la regional de La Plata y para los próximos días habrá acciones –con fechas a definir– en Mendoza, Rosario, Mar del Plata, Comahue, Misiones, Patagonia San Juan Bosco, Tucumán Córdoba, Conurbano Sur y Conurbano Noroeste. El 22 de noviembre habrá un cierre con un Festival de la Gratuidad Universitaria. “El Gobierno sigue sin escuchar las legítimas demandas por salarios dignos, presupuesto universitario que permita el sostenimiento de las actividades sustantivas, bienestar estudiantil e infraestructura para las actividades académicas”, cuestionó el frente sindical a través de un comunicado de las últimas horas.

El conflicto seguirá latente con clases públicas en las universidades, con la acción simbólica de que se instalarán pupitres frente al Congreso desde el martes próximo, mientras se discute el Presupuesto 2025. La intención es “educar a los legisladores”. El desafío del sector es mantener vigente el reclamo ante la cercanía del fin del cuatrimestre.

Hasta ahora el Gobierno no se movió un punto de su propuesta de $3,8 billones para las universidades, cuando el CIN calculó que necesitan $7,2 billones para funcionar todo el año que viene sin ningún inconveniente –incluyendo pagar salarios por encima de la inflación–. Este miércoles el oficialismo pisó en falso cuando canceló a último momento una conferencia de prensa de La Libertad Avanza en Diputados para hacer un “importante anuncio” sobre el presupuesto. 

Según pudo reconstruir elDiarioAR, la idea era reasignar partidas de las provincias hacia las universidades. Se dio de baja porque iba a generar un conflicto con los gobernadores. La discusión parlamentaria es el ámbito en el que los rectores del CIN están invirtiendo para conseguir que el Gobierno abra más la billetera. Esta semana se reunieron con el nuevo bloque disidente de la UCR y con los federales de Miguel Pichetto y la semana que viene tienen pensado verse con Unión por la Patria. 

El oficialismo está obligado a negociar porque sin el apoyo de los bloques del centro no tendrán los votos para darle media sanción al Presupuesto. Luego de un mes de tratamiento, los libertarios quieren ir al recinto hacia fin de noviembre, para que el Senado sancione la Ley de Leyes a más tardar en diciembre. En paralelo a esa discusión más palaciega, los universitarios quieren presionar en las calles. “Lo del Presupuesto va a ser lo que vaya organizando más actividades”, apuntaron a este medio. La idea que circula en los distintos actores universitarios es que haya una vigilia para el día en que Diputados se proponga votar el Presupuesto 2025 de Milei.

MC/JJD

Estudiantes de la Universidad Nacional de las Artes (UNA) bailaron hoy la canción “Fanático” de Lali Espósito en el hall central de la Estación Once como forma de visibilizar las protestas contra el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario.

Decenas de jóvenes interpretaron la coreografía en la estación cabecera del Ferrocarril Sarmiento. Cuando terminaron, corearon el ya tradicional cántico “Universidad de los trabajadores y al que no le gusta, se jode, se jode” y desplegaron una bandera con la frase “Movimiento UNA Resiste”.

El video de la intervención se difundió en la red social X, y la cantante reaccionó con un emoji de corazón de color negro.

La original protesta forma parte del plan de lucha de estudiantes y docentes y que incluye paros, movilizaciones y clases públicas.

La canción “Fanático”, que Espósito estrenó hace poco, fue interpretada como una indirecta al presidente Milei, quien atacó a la cantante a principios de año.

Aunque la canción no lo menciona directamente, se puede interpretar que algunas de las frases de la letra están dirigidas al mandatario. “Te encanta hacer como que no tenés idea quién soy, y sé que tenés un póster mío en tu habitación”.

“Quiere comerme y se come mi sobras, lo tengo encima parece mi sombra. Es mi fanático, me vuelve loca. Todas las noches me sueña y se toca”, reza el estribillo.

CRM

La protesta por el presupuesto universitario le amargó parte del cumpleaños al presidente Javier Milei. El mandatario tuvo que replegarse rápidamente cuando salió hoy al balcón de la Casa Rosada a saludar a algunos simpatizantes porque fue durante increpado por decenas de estudiantes y docentes que reclaman a través de clases públicas en la Plaza de Mayo.

Al mandatario se lo vio acompañado por gran parte del gabinete, entre ellos, el vocero Manuel Adorni, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. También estaban su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el embajador argentino en Estados Unidos, Gerardo Werthein.

Todos saludaban sonrientes a las personas que estaban más cerca de la Casa Rosada cuando los universitarios notaron su presencia y acudieron a increparlo y a insultarlo. “Universidad de los trabajadores y al que no le gusta, se jode, se jode”, gritaban. “Milei, basura, vos sos la dictadura”, fue otro de los cánticos que le dedicaron.

Los universitarios atravesaron la Plaza de Mayo cuando divisaron al Presidente y lograron cruzar las vallas de seguridad que instaló la Policía Federal para evitar que la manifestación llegue a las puertas de Balcarce 50. Además de las clases públicas impartidas por docentes de la UBA, también habrá este martes una Marcha Blanca de medicos de los hospitales públicos.

Antes de volver a meterse en su despacho, Milei se sacó una foto con Bullrich, que la ministra subió luego a sus redes para saludar al mandatario por su cumpleaños. “Feliz cumple, presidente Milei. Estoy al lado tuyo para que terminemos con el populismo para siempre”, le dedicó la funcionaria.

Hasta las 18 se suceden alrededor de la Pirámide de Mayo clases públicas de diferentes materias universitarias en una nueva jornada de protesta contra el Gobierno por el recorte presupuestario a las universidades públicas. Una de las disertaciones que más expectativa genera es una por la tarde que lleva como título: “Enseñarle economía a Milei”.

La jornada de más de cien clases, charlas y paneles es organizada por los docentes de la UBA nucleados en la Asociación Gremial Docente (AGD-UBA). Convertir a las inmediaciones de la Casa Rosada en un gran espacio educativo y de debate es parte de las alternativas de reclamo que llevan adelante rectores, gremios y estudiantes en conflicto abierto con Milei desde que se vetó la Ley de Financiamiento Universitario.

CRM/MC

Javier Milei conoce mucho de universidad privada: estudió su licenciatura en la de Belgrano, un posgrado en la Di Tella, otro sorprendentemente en un instituto “progre” como el de Desarrollo Económico y Social (IDES) y no se doctoró pero le dieron un doctorado honoris causa en la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (Eseade). Sin embargo, el presidente de la Nación no se formó en la universidad pública, sobre la que viene arrojando un compendio de fake news. Quizás le vendría bien indagar más sobre uno de los pocos que calcularon los presupuestos de las universidades privada y estatal, justamente un profesor de la Di Tella, graduado allí como economista, doctorado él sí en educación en Nueva York: Marcelo Rabossi.

“No es fácil llegar a un número final sobre cuánto invierte cada sector universitario por alumno y, a su vez, cuánto cuesta un graduado ya que la información es escasa, no necesariamente homogénea y a su vez, dispersa”, acara Rabossi, para empezar. En eso coincide con otros colegas que también estudian el presupuesto universitario, ahora en discusión. La universidad privada no difunde datos y la pública, poco. “Pero partiendo de una serie de supuestos con cierta evidencia en estadísticas oficiales y otros datos que sería posible proyectar a partir de una cierta evidencia, la inversión promedio por alumno por año en la universidad pública es de aproximadamente U$2.000 y en la privada, de U$2.500”, calcula Rabossi.

El economista aclara al respecto: “Estos números son previos al ajuste en el sector público”. Es decir, antes de la motosierra de Milei, las universidades estatales gastaban un 20% menos que las privadas por cada estudiante. Ahora la brecha es mayor.  

Claro que Rabossi también calcula el costo por profesional recibido y entonces allí cambia la ecuación: la inversión del Estado para graduarlo es mayor a la del sector privado. Cada titulado en el sector público alcanza, según sus números, aproximadamente los U$60.000 mientras que en el privado llega a los U$32.000. Es decir, el Estado gasta 46% más por graduado.

 ¿Por qué esta diferencia? “Porque aproximadamente sólo el 25% de los ingresantes en las universidades nacionales se gradúa mientras que en el privado dicho porcentaje supera el 40%”, responde Rabossi, en un argumento que suelen enarbolar los críticos de la pública como el secretario de Educación, Carlos Torrendell. Pero no es lo mismo un centro de estudios que el otro. “En el primer caso, montás una infraestructura que incluye edificios, laboratorios, hospitales y recursos humanos para albergar a 2 millones de estudiantes, de los cuales solo se reciben 98.000 al año”, se refiere el economista al ámbito estatal, donde se hace más investigación, se atienden pacientes con necesidades médicas u odontológicas y se ofrecen carreras que el mercado no demanda pero la sociedad sí. “Mientras tanto, en el privado, dicha infraestructura alberga a 500.000 estudiantes y por años se gradúan 47.000. Digamos, son beneficios de eficiencia en la graduación”, señaló el profesor de la Di Tella.

Y agregó: “Un punto adicional es el tiempo que el graduado transcurre en el sistema para recibirse. Mientras que en promedio en el sector público un estudiante se toma un poco más de ocho años para recibirse, en el privado dicho lapso es de aproximadamente 6,5. Y esto te aumenta el costo por graduado, pues sobreutiliza el sistema”. Es lógico también que los alumnos de las públicas, que vienen de familias más pobres que en las privadas, necesiten trabajar o trabajar más y entonces se les alarga la carrera.

¿Entonces qué es más eficiente: la pública o la privada?

Rabossi responde: “La respuesta no es tan taxativa. Hay muchas aristas. El sistema de libre ingreso a la universidad nacional te genera en sí mismo grandes ineficiencias. O sea, bajas tasas de graduación. Pero es intrínseco al modelo: la Argentina decide uno de selección endógena, o sea, dentro del sistema. Entonces, el primer año actúa como una especie de gran examen de selección. Por eso, las tasas de graduación son bajas. Si vos tomas el segundo año en adelante, ves que el sistema es realmente eficiente. El primer año alrededor de cuatro de cada diez alumnos abandonan. Eso pasa en cualquier sistema del mundo en el cual tenés ingreso irrestricto. En Uruguay, por ejemplo. Después tenés sistemas más eficientes, con otra concepción, como el chileno o el brasileño, que reciben nada más que dos o tres de cada diez alumnos del sistema y el resto va al sector privado. En Argentina es al revés: dos van al privado y ocho al público. Entonces ese es el punto: no es que están malgastando, es que el modelo elegido te provoca esa situación”.

“Después podremos comenzar la discusión de si hacer un año de universidad y dejar es mejor que no hacer nada. De hecho, es mejor que no hacer nada”, opina Rabossi. “Se podría mejorar mucho la eficiencia en la utilización de los recursos, pero mientras sigas eligiendo este este modelo, vas a tener siempre estas ineficiencias. Pero se puede mejorar y mejorar inclusive y necesariamente implica mejorar con equidad. Yo digo que el sistema en la Argentina es desestratificado o democrático en el ingreso, pero termina siendo al final en el egreso un modelo absolutamente estratificado y elitista. Porque cuando ves la tasa de desgranamiento de los alumnos, los que más abandonan son los del primer quintil del ingreso. Entonces ahí no es tan taxativa la respuesta”.

“Es una cuestión cultural en la cual la universidad abre sus puertas para todo el mundo”, prosigue Rabossi. “Y después uno se encuentra con los problemas que se vienen arrastrando de los niveles previos. O sea, el secundario que gradúa alumnos que tienen problemas gravísimos de comprensión de texto, incapacidad para para ubicar la idea central de un texto, relacionarlos en cuanto a cuestiones cuantitativas, problemas en resolver una regla de tres simple. Deberíamos comenzar desde la cuna, ¿no? Porque la pobreza y la mala alimentación en los tres primeros años de vida es como que te define tu propio futuro. En el secundario van pasando, te dan el título, que que en parte es una gran estafa porque no salís con los conocimientos con los que debería salir. Pero el sistema se apiada porque el objetivo es escolarizar y que se gradúe la mayor cantidad posible, independiente de los conocimientos. Y después van a la universidad y ocurre lo que ocurre. Entonces para poder incluir y que se gradúen los alumnos de los sectores de más bajos recursos, no lo solucionás con el simple hecho de que la universidad sea gratuita y no tenga exámenes selectivos”.

Esta semana, en declaraciones a LN+, el presidente Milei afirmó que “la universidad pública nacional hoy no le sirve a nadie más que a los hijos de la clase alta y los ricos, la clase media alta” y sostuvo que “el mito de la universidad gratuita es en realidad un subsidio de los pobres hacia los ricos”.

AR/JJD

El crecimiento de las protestas estudiantiles en universidades públicas de todo el país alcanzó niveles sin precedentes en la historia reciente. Decenas de facultades permanecen tomadas y el mal clima entre los estudiantes parece seguir aumentando tras el veto de Javier Milei a la ley de Financiamiento Universitario y la confirmación de este veto por parte de la Cámara de Diputados, gracias a la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO, el partido de Mauricio Macri.

El lunes, en una jornada cargada de asambleas y diversas manifestaciones, los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) decidieron seguir con su plan de lucha. Votaron tomar las facultades de Ciencias Exactas, Derecho y Medicina por un período de entre 24 y 72 horas. Mientras tanto, al menos otras cuatro facultades de la UBA realizaban asambleas para definir medidas similares.

En la Facultad de Derecho, los estudiantes anunciaron una nueva toma de 24 horas para este martes, acompañada de un corte en la avenida Figueroa Alcorta, seguido de una marcha hacia Plaza de Mayo a las 18:30. Posteriormente, a las 20 volveríam a reunirse en asamblea para decidir si continúan o levantan la medida, tal como acordaron el lunes.

La Facultad de Medicina también planea acciones: el miércoles a las 18 cortarán la intersección de la avenida Córdoba y Junín, mientras que en la Ciudad Universitaria, Ciencias Exactas y la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) realizarían una protesta conjunta cortando la avenida Cantilo esa misma tarde.

Este estado de alerta y movilización no es exclusivo de Buenos Aires. Universidades en La Plata, Mar del Plata, General Sarmiento y Salta, que fueron las primeras en adoptar la medida de tomas, siguen activas en sus reclamos. En la Universidad Nacional de Rosario (UNR), una asamblea estudiantil llevó a la ocupación de la Facultad de Humanidades.

La ola de protestas estudiantiles alcanzó tal magnitud que contagió a instituciones que, históricamente, fueron más resistentes a este tipo de manifestaciones. La Universidad Nacional de Córdoba (UNC), conocida por su moderación en cuanto a movilizaciones, vio la ocupación de sus Facultades de Artes, Comunicación Social, Ciencias Sociales, Lenguas, Psicología, Filosofía y Humanidades. Incluso la conservadora Facultad de Derecho fue tomada la misma noche en que el presidente Javier Milei anunció su veto.

El movimiento estudiantil sigue creciendo y no parece detenerse, generando un clima de tensión en el ámbito universitario y planteando interrogantes sobre cómo seguirá evolucionando esta oleada de protestas.

El miércoles, cuando La Libertad Avanza, con la ayuda del PRO, logró los votos en el Congreso para blindar el veto de Milei a la ley de Financiamiento Universitario, se dio comienzo a lo que podría ser un largo conflicto con el movimiento estudiantil, que desde ese día ya respondió al rechazo legislativo con más de 30 tomas de facultades en todo el país y cortes de calle, con asambleas y ruidazos.

JJD

En medio de la sesión especial en la Cámara de Diputados que definirá el futuro del veto de Javier Milei a la ley de Financiamiento Universitario, en el Gobierno se muestran confiados de poder contar con los votos necesario para sostener la decisión presidencial. Son entre 81 y 84 las voluntades que debe asegurarse el oficialismo para constituir la “muralla” de legisladores que le permitiría, al igual que sucedió con el veto al aumento jubilatorio, dejar sin efecto la normativa sancionada por el Congreso hace pocas semanas.

“Estamos cerca”, deslizó a elDiarioAR una fuente que trajina los pasillos de la Casa Rosada. Es que por más que fue clave la confirmación de que el bloque PRO que conduce Cristian Ritondo acompañará en su totalidad la decisión de Milei, son los diputados de las bancadas “federales” ligadas a los gobernadores los que terminarán de inclinar el fiel de la balanza, ya sea por sus abstenciones o incluso por algunas ausencias. A ese factor, además, se suma otro: el cambio de postura de varios miembros de la UCR.

En la mesa chica del Gobierno destacan un hecho fundamental para consolidar esa tendencia: la reunión que mantuvieron la semana pasada el asesor presidencial Santiago Caputo con el expresidente Mauricio Macri, dos figuras que lejos están de apreciarse mutuamente. Durante el cónclave, que tuvo lugar el jueves en las oficinas de la escribanía que pertenecía al padre de Caputo, ambos dirigentes acordaron refrendar la alianza legislativa entre ambos espacios, aunque el consultor le dejó un punto claro a Macri: que la intención de Milei no es ir hacia un esquema de cogobierno.

Con la posibilidad de repetir el triunfo legislativo del veto previsional, cuando los “87 héroes” evitaron que la oposición insista con la ley que le hubiera permitido a los jubilados recomponer algo de sus ingresos perdidos, en La Libertad Avanza no esconden que su cruzada fiscalista en relación a las universidades constituye, sobre todo, un intento por demostrar “firmeza política”. “El aumento para esas instituciones sería, en el fondo, ceder a las viejas políticas donde se ignora la restricción de presupuesto”, dijo este mediodía el Presidente durante un discurso en el Consejo Empresarial de América Latina (CEAL).

Además, Milei reclamó auditorias en las universidades y planteó que “si estuvieran limpios, el principio de revelación diría que deberían mostrar los números”. Los gremios universitarios rechazaron ayer el aumento del 6,8% para el personal docente y no docente que Capital Humano la noche del lunes. Como jugada de último momento, la cartera de Sandra Pettovello anunció que garantizará un piso de aumento retroactivo a abril pasado.

Así y todo, y más allá del optimismo respecto del desenlace del debate en el Congreso, en el Gobierno trazaron en los últimos días una estrategia que trasciende el ámbito legislativo. Tal y como adelantó la semana pasada el vocero presidencial Manuel Adorni, la judicialización es una de las cartas que baraja la Casa Rosada en caso de un revés legislativo. El argumento es que la normativa incumple el reglamento por no especificar la fuente de financiamiento para afrontar un gasto no previsto en el presupuesto general. 

Otra alternativa que fue analizada para cubrir el costo del 0,14% del PBI que conllevaría la ley es la de reasignar recursos de partidas previstas para Salud o proyectos de obra pública en las provincias. En el oficialismo son conscientes de que esta decisión podría tensar la cuerda los gobernadores, con quienes el Gobierno se comprometió a girarles fondos para completar los proyectos de infraestructura que quedaron a medio terminar.

PL/MG

Los gremios universitarios volvieron a rechazar el aumento del 6,8% para el personal docente y no docente que ofreció el Gobierno, que finalmente impondrá ese incremento por decreto, luego de que fracasara la reunión realizada entre funcionarios del Ministerio de Capital Humano vinculados a la educación y representantes de esos sindicatos para acercar esta nueva propuesta.

El encuentro comenzó a las 17:00 y estuvo encabezado por el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.

Al finalizar la reunión, la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) publicó un comunicado titulado “Sin acuerdo en la Reunión de la mesa técnica salarial”, en el que manifestaron que seguirán insistiendo en la necesidad de la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Por lo tanto, exigirán a los diputados que “sean coherentes con su mandato popular” y rechacen el veto del presidente Javier Milei para que se convierta en ley.

Tras la reunión, el Gobierno emitió un comunicado en el que ratificó un incremento salarial para los docentes de un 6,8 por ciento.

“El Ministerio de Capital Humano ofrecerá un aumento del 5,8% adicional al 1% establecido para personal docente y no docente de las Universidades Nacionales para el mes de octubre. Pese al rechazo gremial, se otorgará el mayor aumento acumulado a este mes dentro del Estado Nacional en consonancia con el compromiso asumido de priorizar el salario y no las disputas políticas”, remarcó la cartera que encabeza Sandra Pettovello.

En un texto difundido a la prensa, agregó: “Esta medida llevaría el salario universitario a niveles equivalentes al Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), empleados administrativos y profesionales dentro de la Administración Pública Nacional. A su vez, se activará la Garantía Salarial Docente para las categorías más bajas contempladas dentro de la escala docente”.

La medida fue tomada luego del cimbronazo que le generó al Gobierno la marcha nacional contra el veto del mandatario a la ley de financiamiento universitario.

A la salida del encuentro, los gremios remarcaron que lo que exigen “no es un incremento salarial, sino converger los salarios y la inflación para no seguir perdiendo más poder adquisitivo”.

“Como ya lo hemos dicho reiteradas veces, tenemos el salario en dólares más bajo de América Latina y el salario en pesos más bajo desde el retorno de la democracia”, precisaron.

Y añadieron: “Por todo esto, es que volvemos a instar a los diputados y diputadas de la nación a que el día miércoles rechacen el veto de Milei con los dos tercios, respetando el pedido del pueblo argentino, que ya se expresó en la Marcha Federal Universitaria del pasado miércoles”.

Con información de agencias.

IG

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que el Gobierno concurrirá a la Justicia si el Congreso de la Nación logra revertir el veto a la Ley de Financiamiento Universitario.

“Están presentando un gasto sin contrapartida”, se quejó el titular del Palacio de Hacienda.

En declaraciones al canal LN+, Caputo sostuvo que si el Congreso logra voltear el veto al aumento del presupuesto a las universidades irán a la justicia.

“Lo vamos a apelar porque está mal”, subrayó el ministro de Economía.

“Lo que dice la ley de Administración Financiera es que el Congreso no puede presentar un gasto sin una contrapartida de financiamiento que lo justifique”, afirmó Caputo.

Ante la posibilidad de que el Congreso revierta el veto e insista con la norma, el funcionario nacional sostuvo: “Probablemente lo haremos por la vía de la justicia, o administrativa, siempre en el marco de la ley, si ésta nos da la razón”.

“En realidad, lo que proponemos, que sería lo lógico, es debatir lo que quieren dentro del marco que corresponde, que es el de la ley de Presupuesto”, resaltó Caputo.

En ese marco, apuntó contra los recursos de las universidades y expresó: “Tenemos el caso de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, que desde 2020 a 2023 recibió solo al 0,62% de los alumnos, es decir, 16 estudiantes. Se gastaron 100 millones de pesos por egresado: casi salía más barato mandarlos a Harvard”.

DM con información de agencia NA

La multitudinaria Marcha Federal Universitaria del 2 de octubre lejos estuvo de mover al gobierno de Javier Milei de su intransigencia. En las últimas horas, tras el veto a la ley de Financiamiento Universitario, desde el oficialismo concedieron que los que salieron a la calle se expresaron “legítimamente”, pero que ese reclamo se vio empañado por sectores que lo hicieron con alguna intencionalidad política de fondo. Por su parte, en el ámbito universitario creen que los recortes en los recursos van más allá del mero ajuste fiscal: están cada vez más convencidos de que responden a un deliberado posicionamiento ideológico de Milei contra las propias instituciones educativas.

Ante la consulta de elDiarioAR, en La Libertad Avanza consideraron que la protesta del miércoles pasado fue menos espontánea y “más chica” que la anterior, que tuvo lugar en abril. Más de cinco meses después, el oficialismo reaccionó de la misma manera: redoblando la apuesta en su disputa con el mundo universitario y poniendo al frente de esa cruzada al subsecretario de Políticas Universitarias Alejandro “Galleguito” Álvarez, que en los últimos días salió a reivindicar públicamente su rol de soldado en la “batalla cultural” encabezada por Milei.

“Yo estoy seguro de que en la marcha hubo un montón de gente que fue de muy buena voluntad y que se arrepintió de ir cuando vio los monstruos con los que estaba rodeada”, lanzó el miércoles por la noche durante un debate televisivo en TN con el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti. En abril, con el conflicto en plena ebullición, Álvarez había sido apartado de las negociaciones con los representantes de las distintas instituciones educativas, pero esa desautorización lejos estuvo de valerle el cargo. Por el contrario, su figura pareció blindarse todavía más a partir de esas jornadas convulsionadas, de la mano de alguien que se convirtió en su principal sostén puertas adentro de la gestión libertaria: el todopoderoso asesor presidencial Santiago Caputo.

Hijo del histórico Alejandro “Gallego” Álvarez, fundador en los 70 de la agrupación peronista Guardia de Hierro, este profesor de Ciencia Política de la UBA goza de línea directo con la mesa chica del oficialismo, una conexión incluso mayor que la del propio secretario de Educación, Carlos Torrendell. Este jueves, sin ir más lejos, pocas horas después de la marcha, Milei compartió un almuerzo junto a él y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en un gesto de respaldo total hacia ambos.

Amenaza de arancelamiento

“Queremos que quede clara nuestra postura de no movernos de nuestro objetivo del déficit cero”, apuntó esta semana una fuente de Casa Rosada, con el mantra del equilibrio fiscal abajo del brazo. Sin embargo, más allá de las definiciones macroeconómicas, en las filas del oficialismo no esconden que una decisión como la del veto a la ley de Financiamiento Universitario se trata sobre todo de una postura que busca demostrar “firmeza” política.

El último capítulo de esa cruzada tuvo lugar el jueves por la noche, cuando el Gobierno dejó trascender que ya tiene decidido avanzar con un proyecto para cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros que asistan a universidades públicas y que no cuenten con residencia en el país. La iniciativa sería enviada al Congreso en las próximas semanas. Sin embargo, en la mayoría de las universidades nacionales del país los extranjeros no pueden estudiar sin ser residentes, por lo que resta conocer la letra completa del proyecto que pretende presentar Milei para saber a qué universo se dirigirá puntualmente.

“Cuando decidí venir a Argentina a estudiar, lo hice porque sabía que aquí podía obtener una educación de calidad a un costo razonable”, comenta Clara, una estudiante ecuatoriana que cursa el segundo año de Veterinaria en la UBA. En diálogo con elDiarioAR, se mostró preocupada por eventualmente tener que pagar una cuota adicional por ser extranjera. “No sé cómo haría para cubrir esos gastos”, agrega, algo angustiada.

La semana pasada, a través de un comunicado, el Ministerio de Capital Humano sostuvo que “el 21,8% de los estudiantes de medicina son extranjeros, principalmente de Brasil, lo que genera una carga adicional para el sistema universitario público”. Desde el oficialismo, aseguraron a elDiarioAR que el principio de gratuidad continuaría vigente para los estudiantes argentinos y residentes permanentes, mientras que las universidades podrán establecer convenios con otros países e instituciones para fomentar intercambios educativos y otorgar becas a estudiantes extranjeros bajo ciertas condiciones.

Esteban es paraguayo y estudia en la Facultad de Exactas de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM). “Para los extranjeros ya es un problema mantenerse en el país. Agregar una cuota solo haría las cosas más difíciles”, se lamenta, para después aclarar que reside en Posadas hace cuatro años, pero que toda su familia es de la ciudad de Encarnación. “Muchos no tienen las mismas facilidades que un argentino, y si encima imponen barreras económicas, creo muchos tendrían que abandonar sus estudios”, añadió.

Desenlace abierto

El Gobierno afirma que el diálogo con las autoridades educativas nunca fue interrumpido y que en los últimos meses la Secretaría de Educación, a cargo de Carlos Torrendell, cumplió con los pedidos sectoriales. Pero el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a los rectores de las universidades públicas y a personal docente y no docente de las altas casas de estudio, niega que esto haya sido así y cruzan a la gestión libertaria por la falta de fondos, tanto actuales como en el previsto en el Presupuesto 2025 que acaba de ser enviado al Congreso. 

Los últimos días volvieron a recrear un clima similar al que se vivió en la previa a la gran marcha de hace cinco meses. En abril, al igual que el miércoles pasado, cientos de miles de personas salieron a las calles de todo el país para reclamar por la falta de fondos para el elemental funcionamiento de las instituciones educativas. Un dato sorprendió en aquel entonces a los funcionarios libertarios: el carácter extremadamente transversal de quienes se manifestaron. Cerca de Milei acusaron el golpe, que no vieron venir, y tuvieron que enfatizar su “defensa” de la educación pública, luego de un intento fallido por deslegitimar la protesta.

Pero poco parece importarle al Gobierno que la última oferta salarial hecha a los docentes no alcance a cubrir el atraso que sufrieron sus ingresos desde la llegada de Milei al poder. A pesar de la narrativa oficial, que habla de aumentos superiores a los de los trabajadores del Estado Nacional e insiste en hacer el corte temporal excluyendo la megadevaluación de diciembre, los números muestran que el poder adquisitivo de la docencia tuvo una pérdida del 32,2% de noviembre a julio.

“Tenemos la única paritaria de todo el país con actualización por proyecto de ley. El Congreso abusa de su autoridad”, apuntó Álv/arez esta semana para justificar el veto presidencial, y denunció que la UCR y otros sectores opositores “usan algo que es real, como el atraso de salarios en universidades, para tratar de sobrevivir políticamente y poner al gobierno en problemas”. A las puertas del debate legislativo del Presupuesto 2025, la posibilidad de que la oposición logre revertir el veto de Milei en el Congreso es una amenaza real para el Gobierno. La “muralla” de diputados aún no está garantizada y el reloj corre de cara a la sesión del próximo miércoles.

PL/DTC

La segunda edición de la movilización en defensa de la universidad en lo que va de mandato de Javier Milei volvió a ser masiva y dejó un mensaje contundente en las calles a favor del financiamiento del sistema educativo gratuito en la Argentina. La circulación en la mayoría de los accesos laterales a la plaza y la señal en los celulares no fueron un inconveniente esta vez, a diferencia de la primera edición, hace cinco meses, cuando se congregaron a casi medio millón de personas, según reportaron por entonces universitarios.

De cualquiera manera, la movilización de este miércoles volvió a ser masiva y así lo demostraron las imágenes aéreas que mostraron los canales de televisión y distintos medios de comunicación. También el reclamo pareció ser más contundente que el anterior, tratándose de una decisión deliberada —aunque hasta esta noche aún no concretada— del presidente de la Nación, Javier Milei, de vetar una ley del Congreso que les otorga a las universidades públicas un mecanismo permanente de actualización presupuestaria para que ningún gobierno ponga en riesgo su funcionamiento; y a una altura del año en que la inflación ha sobrelicuado los ya magros sueldos de los docentes y no docentes.

“¡Hay que darle tiempo a Milei! Okey: 9…8…7…6…5…”, Jorge sostenía un cartel hecho por él mismo en medio de la plaza para reclamar por la universidad pública. “Vine en abril, pero como es sordo, hay que venir de vuelta”, advirtió contra el Presidente, cuando las inmediaciones del Congreso están desbordadas hasta en las calles aledañas por la marcha federal universitaria.

Alumnos, docentes y rectores se movilizaron en defensa de la universidad pública en las principales ciudades del país, en lo que fue un evento masivo con epicentro en la Plaza del Congreso. Los manifestantes lograron repetir la foto del pasado 23 de abril. Aún así, el Presidente tiene previsto firmar en las próximas horas veto de la Ley de Financiamiento Universitario.

El ruido de la marcha fueron cánticos contra la Casa Rosada, alentados con bombos y redoblantes. “A ver, a ver, quién dirige la batuta, si les estudiantes, o el Gobierno y la yuta, yuta…”, fue uno de los latiguillos de la tarde. En la protesta además se conseguían pañuelos azules en favor de la universidad, remeras de la UBA y sticker con el slogan “yo defiendo la educación pública”.

La protesta de cara al Palacio Legislativo fue multipartidaria y multisectorial. Banderas de centros de estudiantes, de sindicatos docentes y no docentes, se mezclaron en la plaza con la CGT y el gremio de la economía popular UTEP, la izquierda, el radicalismo y el peronismo. También el cruce generacional fue transversal: estudiantes y docentes conviven con jubilados, familias con niños y personas en soledad, como Jorge.

Susana y Osvaldo están casados, viven en la Ciudad de Buenos Aires y son médicos jubilados. “Egresamos de la Facultad de Medicina hace 50 años. Él en el '75 y yo en el '74”, cuenta ella, que llegó con un pañuelo azul atado a sus cabeza con frases en defensa de la universidad pública. “Tenemos tanta pobreza y tanta ignorancia que por eso nos gobierna un cómodo”, responde él. Sobre la importancia de la UBA, creen que se trata de una de las últimas prestaciones del Estado “con prestigio” y un catalizador para achicar las diferencias sociales: “Siempre buscó favorecer a los que menos tienen”. A su vez, pese a la magnitud de la convocatoria, ambos son pesimistas sobre la posibilidad que la protesta tuerza la mano del Gobierno. “No, no creo que cambie”, lamentan.

Entre los dirigentes que estuvieron presentes se destacaron la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (desde el Instituto Patria, ubicado a metros del Congreso); el senador radical Martín Lousteau, que encabezó la columna del radicalismo; el excandidato presidencial Sergio Massa (Frente Renovador), que se mostró tomando mate en medio de la multitud y en un momento hasta se abrazó con Guillermo Moreno —exadversarios de la interna peronista—; el líder camionero Pablo Moyano, el piquetero trotskista Eduardo Belliboni y del exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.

El Gobierno jugó fuerte para encajonar la marcha federal universitaria frente al edificio del Congreso. Con la intención de que la multitud que esperaba congregarse esta tarde no apareciera en las fotos tan junto al edificio parlamentario, la Casa Rosada desplegó un operativo de seguridad con un sinfín de efectivos y vallas alrededor del Palacio Legislativo. No ocurrió lo mismo en la manifestación de abril pasado, cuando el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich fue sobrepasado totalmente por la cantidad de personas que se movilizaron. Esta vez la ministra no quiso quedar en ridículo, y directamente decidió cortar el paso al tránsito.

El vallado policial se extendió por las arterias aledañas al Congreso, principalmente en el cruce de las avenidas Entre Ríos y Rivadavia. También estaba cortado el tránsito en el cruce de las calles Yrigoyen y Combate de los Pozos. Además había vallas en Combate de los Pozos y Riobamba, y había posts policiales en Rivadavia y Ayacucho. Las Fuerzas de Seguridad permanecieron dentro del vallado, sin contacto directo con los manifestantes.

Entre diciembre y agosto de 2024, el Gobierno nacional llegó a recortar hasta en un 30% las transferencias a universidades nacionales, según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). A esto se suma que la propuesta del Presupuesto 2025 plantea que las universidades reciban el año próximo unos 3,8 billones de pesos en su conjunto, la mitad de los 7,2 billones que exigen desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la entidad que agrupa a los rectores de las universidades públicas.

Como en todas las movilizaciones, los influencers y blogueros libertarios, pieza central en el esquema militante del oficialismo, volvieron a estar presentes en la marcha universitaria y de corte opositora. Uno de ellos fue Fran Fijap, quien fue atacado a empujones cuando intentaba colarse en la filas del radicalismo, donde marcharon, además de Lousteau, el diputado Martín Tetaz, el senador Pablo Blanco y el exsenador Luis Naidenoff.

“Le estaba haciendo una pregunta Lousteau, me sacaron, me quisieron pegar y casi me roban”, denunció Fijap ante los medios allí presentes, entre ellos, elDiarioAR. La situación se extendió durante unos minutos más debido a la insistencia del youtuber, cuya actitud y presencia fue tomada como una precaución. La situación no pasó a mayores luego y, al final, fue corrido definitivamente por los propios simpatizantes presentes del radicalismo.

Varios manifestantes, consultados sobre si el mensaje logrará dar el brazo torcer al rumbo educativo del Gobierno, que hasta ahora se ha mostrado inflexible, se mostró pesimistas en diálogo con elDiarioAR. “El mensaje es claro, pero la verdad que la veo bastante difícil por la forma de confrontar del Gobierno, teniendo en cuenta cómo vienen manejando las cosas y toda esta cosa de que parece que todo es una burla tras burla tras burla”, cuestionó Daniela, quien trabaja en comunicación institucional.

La movilización concluyó pasadas las 5 de la tarde, con un acto en que se leyó un documento en contra del gobierno de Milei, a cargo de la presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Piera Fernández, quien reclamó que el Presidente “promulgue la ley” de Financiamiento Universitario, que sancionó el Congreso.

Esta vez el escenario de la marcha tuvo una ubicación atípica que no pasó inadvertida: el lugar desde donde se leyó el documento oficial fue montado sobre el margen de la plaza en la calle Sáenz Peña de frente al palacio legislativo, en un aparente mensaje para los legisladores en el objetivo de que insistan en el proyecto de financiamiento, en caso de veto.

Además, el paisaje del escenario también cambió respecto de la foto de abril, que mostró mayormente a líderes sindicales. Esta vez eran mayormente jóvenes dirigentes estudiantiles. Una postal más fresca. Tras las palabras de Piera Fernández, la desconcentración se produjo en paz y sin reportes de inconvenientes ni de detenidos.

Fue el segundo aviso fuerte de la calle al gobierno de La Libertad Avanza: una señal de que la universidad pública es una institución que para los argentinos es cercana a lo intocable.

Con información de Manuel Casado y Deleo

El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, reconoció que los docentes cobran poco pero dijo que el objetivo del gobierno de Javier Milei es sostener el equilibrio fiscal. Por eso, confirmó que la decisión presidencial de vetar la ley de Financiamiento Universitario es total y que la movilización de este miércoles es inevitable porque, a su criterio, hay intenciones políticas en que se realice, a pesar de los esfuerzos que, según dijo, se hicieron desde el Poder Ejecutivo para evitarla.

En una entrevista que les concedió a los periodistas Hernán Cappiello, Juanjo Domínguez y Ariel Cohen en Gambito de Datos, su programa de Radio Con Vos, el funcionario del gobierno libertario señaló que después de la protesta, el lunes 7, continuarán las negociaciones.

—¿Se va a poder evitar la marcha?

—No, de ninguna manera.

—¿Cómo de ninguna manera? ¿Ustedes no están trabajando para evitarla tampoco? También, digo, ¿hay conversación en marcha?

—Se hizo todo lo posible, pero me parece que hay intereses políticos en que se haga. Entonces, por más que nosotros hagamos un enorme esfuerzo para acercar posiciones y para llevar una propuesta viable, la permanente actitud, digamos, negativa, lo que nos muestra es que hay un interés político en que se haga, ¿no?

—¿Cuál es la propuesta que están poniendo sobre la mesa como para evitar el perjuicio que puede ser la no puesta en marcha de la ley de financiamiento universitario?

—Durante todo el año se hicieron actualizaciones salariales de acuerdo con el nivel que se estableció, que es igual para todo el Estado, pero incluso teniendo en cuenta la situación particular de los docentes universitarios, se dieron aumentos por encima del promedio de la totalidad del Estado. O sea, no es que no recibieron aumentos. O sea, por ejemplo, en el mes de julio el aumento general del Estado fue de 3,5% y en las universidades se hizo un aumento de 7,5%. Obviamente, esto no contempla el atraso respecto de la inflación, pero no lo contempla para nadie. O sea, nadie está teniendo actualización por inflación. Sin embargo, ellos quieren la actualización por inflación, lo cual hoy está fuera del alcance de las posibilidades del Estado. Y en esta última reunión de la paritaria, haciendo todavía un mayor esfuerzo en virtud de lo que estamos hablando y de evitar la conflictividad, se ofreció la última diferencia que quedaba, el 5,8%, para llegar a igualarlos al mejor aumento de todo el Estado, que es el SINEP (Sistema Nacional de Empleo Público), que representa entre el 17% y el 20% del Estado. O sea, vos tenés varios convenios distintos en el Estado. La pauta si bien es general, para el caso del SINEP fue una pauta diferenciada. Pero es solo el 17%, ¿no? Por eso ellos siempre estuvieron por arriba del promedio pero debajo del SINEP. Entonces la oferta era para equiparar con el SINEP.

—¿Cuánto cobra hoy un profesor titular de cátedra?

—Y hoy casi $2 millones. Un profesor titular, máxima antigüedad, full time.

—Cobran poco.

—Siempre es poco para la tarea docente. Eso nosotros no es que estamos diciendo que está suficientemente bien pago, ni mucho menos. Nosotros venimos reconociendo incluso desde el principio de año que existe un atraso con respecto de la inflación. Ahora, existe una limitación de tipo presupuestario, que eso a nosotros nos excede, y se ha hecho igual un enorme esfuerzo para acercar lo mejor posible-

—¿No hay también una voluntad por parte del gobierno de pararse en una situación también inflexible respecto del veto?

—No es inflexible porque nosotros venimos con el diálogo abierto, haciendo las reuniones parlamentarias y dando aumentos por arriba del promedio general del Estado. Así que inflexible no es. Lo que sí es claramente, de parte de los actores del proyecto [de ley de financiamiento universitario], una intención de crear una situación conflictiva, porque primero está mal redactado ese proyecto y entonces hay distintas formas de interpretarlo. Como lo interpretan ellos, son casi $2 billones de gasto en este año, lo cual hoy es excesivo y pone en riesgo el equilibrio fiscal que tanto costó acumular.

—¿El veto es un hecho?

—Sí. Es una decisión total del Presidente, pero por lo que yo tengo entendido, lo que él mismo comunicó y lo que fue ratificado por la ministra de Capital Humano, de la cual nosotros dependemos, es que sí, totalmente.

—Entonces, por lo que usted dice, no vemos que pueda haber un cambio de acá al miércoles para evitar el conflicto.

—Lamentablemente no. Nosotros estuvimos abiertos a todas las conversaciones, a seguir charlando, pero me parece que hay una intencionalidad de mantenerlo por razones políticas, digamos, que quieren dañar al gobierno.

—¿Y después de la marcha qué pasa? ¿Habrá alguna distancia de diálogo?

—Como hay mucho debate sobre los números, convocamos, a una comisión técnica dentro de la paritaria para establecer bien los índices de atraso. O sea, nosotros no negamos que respecto a la inflación hay un atraso. Así que el lunes 7 está convocada la reunión de la comisión técnica dentro de la paritaria.

JJD

El Gobierno se prepara para una semana clave en su pulseada con las universidades. Alumnos, docentes y rectores se alistan para la movilización que tendrá lugar el próximo miércoles 2 de octubre, una demostración de fuerza que inquieta al oficialismo, pero sobre todo a Sandra Pettovello: la ministra de Capital Humano teme que el conflicto escale al punto de repetir la foto de la masiva marcha federal del 23 de abril. Esta vez, la chispa que encendió la pradera fue el anuncio del veto a la ley de Financiamiento Universitario, que el Senado aprobó el pasado 13 de septiembre y que Javier Milei ya anticipó que dejará sin efecto, al igual que hizo con el aumento de las jubilaciones.

El paro de 48 horas dispuesto para este jueves 26 y viernes 27 en todas las universidades del país vuelve a recrear un clima similar al que se vivió en la previa a la gran marcha de hace cinco meses. En abril, cientos de miles de personas salieron a las calles para reclamar por la falta de fondos para el elemental funcionamiento de las instituciones educativas, con un dato que sorprendió a los funcionarios libertarios: el carácter extremadamente transversal de quienes se manifestaron. En Casa Rosada acusaron el golpe, que no vieron venir, y tuvieron que salir a sobreactuar su “defensa” de la educación pública, luego de un intento fallido por deslegitimar la protesta.

Ahora, el Presidente tiene tiempo hasta el 3 de octubre para vetar la norma sancionada por el Congreso. Ese día vence el plazo legal para tomar esa medida. Una vez que sea firmado por Milei, La Libertad Avanza se deberá enfrentar nuevamente al resto de los bloques de la oposición, para defender la decisión y evitar que se insista con la norma. Por eso, en el ámbito universitario ven a la marcha del 2, que esta vez tendrá como epicentro a la Plaza de los Dos Congresos, como una acción de presión al Poder Legislativo para que junte nuevamente los dos tercios y rechace el veto.

Detrás de la organización de la movilización están el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a los rectores de las universidades públicas; el Frente Sindical de Universidades Nacionales, que agrupa a personal docente y no docente de las altas casas de estudio, y la Federación Universitaria Argentina, que integran alumnos.

Desencuentros

“Las reuniones con gremios y rectores, que se desarrollan con regularidad, son muestra del compromiso del gobierno que han significado un aumento del 76,1% en la pauta salarial. Seguimos, como el primer día, en diálogo tanto con rectores como gremios universitarios. Creemos en ello y señalamos que las medidas de fuerza y movilizaciones no alimentan ese intercambio”, sostuvieron este miércoles desde el Ministerio de Capital Humano, que a través de un comunicado salió a responderle a los rectores de las Universidades Nacionales y a los gremios docentes.

El Gobierno afirma que el diálogo nunca fue interrumpido y que en los últimos meses la Secretaría de Educación, a cargo de Carlos Torrendell, cumplió con los pedidos sectoriales. Pero el CIN niega que esto haya sido así y esta semana sus autoridades cruzaron a la gestión libertaria por la falta de fondos, tanto actuales como en el previsto en el Presupuesto 2025 que acaba de ser enviado al Congreso. Además, mediante un comunicado institucional, le solicitó al Ejecutivo que no prospere con el veto a la ley de financiamiento, que incrementa el presupuesto universitario en $600 mil millones.

“Nunca antes los fondos solicitados por el CIN estuvieron a tanta distancia de lo que el Gobierno propuso [en el Presupuesto]. Ha quedado claro en este derrotero que no se trata de un problema de recursos, sino de prioridades”, señalaron los rectores, tajantes. Es que en el ámbito universitario creen que el recorte de recursos que sufren por parte del Gobierno va más allá de un mero ajuste fiscal: están cada vez más convencidos de que responde a un deliberado posicionamiento ideológico de Milei contra las propias instituciones educativas.

Lo cierto es que el conflicto universitario volvió a agitar la interna del Gobierno. El asesor presidencial Santiago Caputo decidió mostrarse prescindente y dejar que todo el potencial costo político lo pague la ministra Pettovello. La conocida enemistad del consultor con la ministra favorita de Milei no tiene vuelta atrás y cerca de Caputo sospechan que los próximos días pueden ser cruciales para el futuro de la titular de Capital Humano.

Sin embargo, son el secretario Torrendell y el titular de Políticas Universitarias, Alejandro “Galleguito” Álvarez, los que más preocupados se muestran por lo que pueda llegar a suceder la semana que viene. Ambos se reunieron el martes con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con el fin de analizar la situación y delinear una estrategia de cara al conflicto, sobre todo en el plano salarial. Del encuentro, que duró poco más de una hora, también participaron la ministra Pettovello y su par de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

En abril, con la protesta en plena ebullición, Álvarez había sido corrido de las negociaciones con los representantes de las distintas instituciones educativas, pero esa desautorización lejos estuvo de valerle el cargo. Por el contrario, su figura pareció blindarse todavía más a partir de esas jornadas convulsionadas: de la mano de Caputo, su principal sostén puertas adentro de la gestión libertaria, el “Galleguito” se erige cono un cruzado de la mentada “batalla cultural” mileísta. Y su llegada a la mesa chica del oficialismo es directa, incluso más que la del propio secretario de Educación.

Más allá de esas escaramuzas de palacio, poco parece importarle al Gobierno que la última oferta salarial hecha a los docentes no alcance a cubrir el atraso que sufrieron sus ingresos desde la llegada de Milei al poder. A pesar de la narrativa oficial, que le atribuye a la docencia universitaria aumentos superiores a los de los trabajadores del Estado Nacional e insiste en hacer el corte temporal excluyendo la megadevaluación de diciembre, los números muestran que el poder adquisitivo se recortó hasta 32,2% de noviembre a julio.

El antecedente más cercano al paro que comienza este jueves es el que tuvo lugar el 13 y 14 de agosto pasado. Esa medida había sido precedida por otra similar, el 4 y 5 de junio, en la que además de reclamar un incremento presupuestario y mejoras de los sueldos, se exigió el reintegro del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid). Además, hubo otro paro, el 23 de mayo, un mes después de la marcha. Y antes, la UBA se había declarado en emergencia presupuestaria por los recortes de fondos que implicó la asignación del presupuesto 2024. Las cartas ya están echadas y las calles a la espera.

PL/JJD

No pasó ni un día desde que Javier Milei presentó su primer presupuesto general como presidente de la Nación y ya hasta los aliados salieron a marcarle la cancha al Poder Ejecutivo. El bloque de diputados del PRO le reclamó al Gobierno que se incluyan los fondos de la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires en el Presupuesto 2025. Y legisladores radicales encendieron la alarma por el presupuesto para las universidades nacionales se le propuso al Congreso en la ley de leyes.

El jefe de la bancada amarilla de Diputados, Cristian Ritondo, le transmitió la posición firme de esa fuerza sobre la coparticipación para la Capital Federal al secretario de Hacienda, Carlos Jorge Guberman, en el transcurso de una reunión que legisladores oficialistas y de bloques aliados tuvieron en el Congreso.

Guberman mantuvo un encuentro en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, Ritondo y otros tres diputados del PRO: Silvana Guidici, Luciano Laspina y Germana Figueroa Casas. El presidente del bloque señaló que es “una cuestión clave” para el partido que lidera Mauricio Macri que se incluyan en el Presupuesto 2025 los fondos que le corresponden a la Ciudad, como lo estableció la Corte Suprema de Justicia.

El Gobierno incluyó en el Presupuesto solo un 1,4% de coparticipación para el distrito porteño y no el 2,95% que estableció la Corte Suprema de Justicia. “Para nosotros es fundamental cumplir con el fallo de la Corte Suprema en cuanto a la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires”, resaltó Ritondo y señaló que espera que en la reunión que mantendrá el miércoles el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, con el ministro de Economía, Luis Caputo, que fueron convocados por la Corte Suprema, se alcance una solución al respecto.

El legislador también indicó que hablarán con los gobernadores del PRO, Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, e Ignacio Torres, de Chubut, para determinar si se están cumpliendo con las demandas de esas provincias.

Ritondo condicionó el apoyo del PRO al primer presupuesto de Milei a que se cumpla con el fallo de la Corte favorable a la Ciudad.

Conflicto en puerta

El Gobierno decidió mantener la suspensión del Fondo de Incentivo Docente y asignó a las universidades nacionales casi la mitad de los recursos que habían solicitado, según se desprende del proyecto de Presupuesto presentado por el presidente Javier Milei.

El oficialismo asignó a las altas casas de estudios $3,8 billones, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) está pidiendo para funcionar $7,2 billones.

A eso se suma que se mantiene la suspensión del Fondo de Incentivo Docente (Fonid) que rige desde enero y que provocó quejas de la oposición de la Cámara de Diputados, que buscó, aunque todavía sin éxito por diferencias en los bloques opositores, sancionar una ley para restituir el Fonid.

La decisión de otorgar la mitad de los fondos que piden los rectores profundizará el conflicto no solo con los docentes y estudiantes, sino con los bloques aliados de la UCR, Encuentro Federal y la Coalición Cívica, a los que el oficialismo necesita para aprobar la ley de gastos y recursos.

La resolución del Gobierno sucede pocos días después de que el Senado haya convertido en ley un proyecto para ampliar para este año el presupuesto universitario, que tiene un impacto fiscal de $738.000 millones y que Milei anticipó que será vetado.

Ahora, el Gobierno contempla para el próximo año otorgar $3,8 billones que, a juicio de la oposición, no alcanzarán para garantizar el funcionamiento de las universidades nacionales.

En Twitter, el diputado radical Julio Cobos dijo que Milei “señaló que el Estado debe asegurar la estabilidad macroeconómica y el imperio de la ley, incluyendo seguridad, justicia y defensa, el resto lo resuelve el mercado”. Y se preguntó: “¿Y la salud y la educación? Gobernar es administrar prioridades y la educación no es prioritaria”.

El mendocino sostuvo que del proyecto de Presupuesto 2025 “se desprende que los fondos estimados para las universidades públicas se encuentran lejos de lo necesario para el normal funcionamiento” y que “mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional estimó $7,2 billones, el proyecto establece $3,8 billones, es decir casi la mitad”.

También se quejó que se mantenga la “suspensión del artículo 9° de la Ley de Financiamiento Educativo que garantizaba el financiamiento del sistema; aspirando a una inversión consolidada (Estado nacional, Provincias y CABA) del 6% del PBI”.

El Gobierno formalizó el domingo último que destinará el 5,7% del Presupuesto Nacional al sistema educativo, donde se incluyen los fondos para las universidades, el Plan de Alfabetización Nacional, el Programa Progresar y la atención de comedores escolares.

El presidente de la UCR, Martín Lousteau, se refirió a la presentación del Presupuesto 2025 y dijo que “queda claro que el déficit cero se conseguirá a costa de más pobreza, exclusión y desempleo”; que “sigue la regla de ajuste para la clase media (más peso de Ganancias a trabajadores y monotributo) y alivio fiscal para los ricos (cae el peso de Bienes Personales)” y que “la educación continúa sin estar en la agenda de prioridades del Gobierno” porque “el presupuesto del área caerá en 2025 y hay un ataque explícito a la autonomía de las universidades nacionales”.

“¿Y alguna reparación para los jubilados? Bien gracias”, agregó en un posteo en Twitter y completó: “Pasamos de un enfoque que esperaba que todo lo resolviera al Estado a uno que libera todo a la suerte del mercado. Las dos recetas resultaron fracasadas. Los argentinos necesitan menos dogmatismos y más respuestas a sus problemas reales y urgentes”.

JJD, con información de NA

En la madrugada de hoy, el Senado de la Nación convirtió en Ley la iniciativa que apunta a garantizar el financiamiento para las Universidades Nacionales de todo el país. Sin embargo, es una posibilidad que el presidente Javier Milei ejerza el veto, del mismo modo que lo hizo con la mejora en los haberes jubilatorios.

Esta Ley se enmarca en una situación excepcional del 2024: no se sancionó el presupuesto correspondiente sino que el nuevo gobierno decidió prorrogar el vigente en 2023, para poder disponer discrecionalmente de los recursos públicos. Como parte de esa discrecionalidad, el Poder Ejecutivo decidió desfinanciar significativamente a las universidades: en los primeros siete meses de 2024, las casas de estudio recibieron 34% menos de recursos en términos reales que en el mismo período de 2023.

Ese ajuste se basó principalmente en la licuación de los salarios docentes y no docentes: en lo que va de 2024, el poder adquisitivo de los sueldos se derrumbó 25% con respecto a noviembre de 2023. Es decir, perdieron un cuarto de su capacidad de compra. 

En peor situación se encuentran quienes poseen categorías más bajas: desde diciembre no se actualiza la garantía salarial docente, ese piso mínimo para quien ingresa a dictar clases, que continúa en $125.000 netos en la dedicación simple, $250.000 en la semi exclusiva y $500.000 en la exclusiva.

Al igual que ocurre con el congelamiento del bono de $70.000 para los haberes previsionales, la garantía salarial docente se encuentra totalmente licuada desde diciembre a esta parte. Como consecuencia, quienes estaban alcanzados por este piso, sufrieron un recorte mayor de sus salarios. Por caso, un Jefe de Trabajos Prácticos de dedicación simple sin antigüedad, perdió desde noviembre a esta parte un 34% de su poder adquisitivo.

Es en este marco, el Poder Legislativo sanciona un proyecto para revertir esa situación de manera temporal. Es decir, su alcance se limita al año 2024 en el cual no hay presupuesto sancionado sino que el Ejecutivo dispuso una prórroga del año anterior. En este punto, hay que recordar que la propia Constitución Nacional establece en su artículo 75 inciso 8 que es atribución del Congreso de la Nación fijar el presupuesto de gastos de la administración nacional. Es en uso de esa atribución que este proyecto se convirtió en Ley.

¿En qué consiste la Ley? Establece una actualización de las partidas presupuestarias para las universidades. En lo que refiere a los gastos de funcionamiento, los hospitales universitarios, incentivos a la ciencia y a la técnica y actividades de extensión, el aumento toma en consideración la inflación de 2023, y luego actualiza bimestralmente, también por inflación (descontando los incrementos que ya se hayan efectivizado de manera discrecional por el Ejecutivo).

En el caso de los salarios, tanto docentes como no docentes, la recomposición se debe calcular en función de la inflación acumulada desde el 1° de diciembre de 2023 hasta la sanción de la Ley. Según los datos publicados por Indec, hasta agosto inclusive, el IPC fue de 144%. Los aumentos otorgados hasta septiembre ascienden a 89,5% (incluyendo septiembre), por ende, los salarios deberían incrementarse 29% si Milei no veta la ley sancionada. A su vez, hacia adelante, debieran aumentarse de manera mensual en función del índice de inflación de dos meses atrás (de igual manera que el Decreto dictado por el presidente para actualizar las jubilaciones). 

La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó el gasto correspondiente (considerando que la Ley se sancionaba en agosto) en 0,14% del PBI, unos $739.000 millones. Este monto resulta muy inferior al que el Estado dejará de recaudar por reducir la alícuota del impuesto PAIS (que el propio gobierno había aumentado al asumir en diciembre). En septiembre representará una pérdida de recaudación de $400.000 millones. Es decir, con dos meses de recaudación, alcanzaría y sobraría para abonar la recomposición a las universidades. 

Una vez más, se trata de prioridades. Plata hay, lo que no hay es una decisión de impulsar la educación pública, gratuita y de calidad.

El Senado dictaminó este martes el proyecto de aumento presupuestario para las universidades nacionales, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y es rechazado por el oficialismo con el argumento de que pone en riesgo el superávit fiscal. Así se dispuso en el plenario de las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda, que conducen el kirchnerista Eduardo “Wado” de Pedro y el libertario Ezequiel Atauche, respectivamente.

De todos modos, las intenciones por sesionar marchaban por carriles distintos, porque un sector pretendía llevarlo al recinto este miércoles y otro apostaba por el jueves próximo.  

Para ese último caso, los bloques opositores buscaban además incluir el proyecto que implanta la Boleta Única de Papel (BUP), mientras la incertidumbre persistía respecto al DNU que le otorga fondos a la SIDE y que ya fue rechazado por Diputados.  

El aumento de los recursos para las universidades nacionales, que incluye un incremento para los docentes y no docentes, generará un impacto fiscal de $735.598 millones, lo que implica el 0,14% del PBI, según informó la Oficina de Presupuesto del Congreso.

El proyecto obliga al Poder Ejecutivo a actualizar las partidas presupuestarias para cubrir gastos de funcionamiento, investigación y extensión en las universidades, y fija que cada dos meses el Gobierno deberá ajustar los presupuestos de las universidades de acuerdo a la inflación.  

El primero en tomar la palabra fue De Pedro, quien destacó que la media sanción que tiene como origen la Cámara de Diputados solo “es un rescate urgente para garantizar el funcionamiento mínimo” de las universidades nacionales.  

Por su parte, Atauche, la voz de la Casa Rosada en la comisión, y de la que se retiró rápidamente, explicó que el financiamiento de las casas de estudio es un tema que “preocupa” al oficialismo.  

“Hemos aumentado el presupuesto de educación, a pesar de que venía muy atrasado. Pusimos al día una cuestión que no se reclamaba y que empezaron a reclamar; y entendíamos que era razonable que todos los docentes y los presupuestos sean adecuados”, argumentó.  

En esa línea, hizo énfasis en el pedido del Ejecutivo por auditar el presupuesto de las universidades, al advertir: “Tenemos que cuidar los bolsillos de los pagadores de impuestos argentinos. Queremos que los argentinos sepan los niveles de actualización y en qué se utilizan”.  

Uno de los que salió al cruce de Atauche sin nombrarlo fue el senador de la UCR Flavio Fama, quien además de citar la autonomía de las universidades, sostuvo que es “injusto meter en la misma bolsa a todas las universidades”.  

Otro radical que cargó contra el oficialismo fue el senador Martín Lousteau, que, principalmente, apuntó contra el presidente Javier Milei: “Habla de la educación pública como adoctrinamiento, después va a su viejo colegio y adoctrina a los alumnos”.  

“El Gobierno mintió con los gastos de funcionamiento. El Gobierno decía que eso estaba saldado, pero no era así. Aún hoy no terminan de cumplir, según nos cuentan los rectores de las universidades”, explicó el legislador de la ciudad de Buenos Aires. 

JJD, con información de NA