Una joven hipoacúsica que estaba desaparecida en San Nicolás fue encontrada asesinada y hay conmoción en la ciudad ya que el cuerpo de la víctima apareció envuelto en sábanas y dentro de una bolsa de tela color rosa. 

Florencia Soledad Comas, de 27 años, era buscada de manera intensa desde el jueves por la mañana cuando dejó a su hija en el jardín, pero al mediodía no lo fue a buscar, motivo por el cual su marido realizó la denuncia. En medio de un escenario desgarrador, este viernes las autoridades comunicaron la peor noticia en torno al caso. Comas fue hallada asesinada.

De acuerdo a lo informado, fue un trabajador de la planta de tratamiento de residuos (ENTRE) quien encontró la llamativa bolsa de tela al costado del camino, por lo que decidió acercarse y allí observó que dentro había un cuerpo.

Ante el hallazgo, los investigadores confirmaron que se trataba de la joven mamá que estaba desaparecida y ahora analizan las cámaras de seguridad de la zona para detectar los últimos movimientos. Evelina Flores, madre de la víctima, sostuvo que no tienen sospechas de algún cercano o familiar que pueda estar ligado al crimen.

“Me mostraron fotos de las zapatillas, de una pulsera y unos anillos, y les dije que era mi hija. Si bien ella no vivía conmigo, yo le regalaba las zapatillas y la ropa, se perfectamente cuales tiene”, expresó la mujer en diálogo con el medio El Norte.

Sobre la última persona que la vio con vida, Flores señaló: “Es una mamá de la escuela, a quien le van a tomar declaración”.

“Ella asegura que la vio subir al colectivo 504 de las ocho en Ruíz Moreno y Av. Moreno. Después ella bajó en el Banco Provincia y mi hija seguía en el colectivo. No sabe si después se bajó finalmente o no, dijo que estaba sentada en el último asiento”, explicó.

Frente a esta triste noticia, la Multisectorial de Mujeres realiza una marcha este viernes para pedir justicia.

MM con información de la agencia NA.

Este domingo 8 terminó la Consulta Popular Ciudadana que abrió la Provincia de Buenos Aires para la nueva Evaluación del Impacto Ambiental de la planta de Atanor ubicada en la localidad bonaerense de San Nicolás de los Arroyos, cerrada desde el 20 de marzo tras la explosión. En términos legales, la consulta no es para que la gente diga si la planta tiene que reabrir o no, sino para que opine sobre si se le debe otorgar el Certificado de Aptitud Ambiental. Pero eso, por supuesto, se encuentra ligado a si permitirán o no que retome sus tareas.

“La consulta no es vinculante, es decir, el Ministerio no está obligado a acatar la posición mayoritaria pero en caso de que la decisión sea contraria a ésta, el Estado provincial deberá dar fundamentos razonables para su posición”, explica a elDiarioAR Fabián Maggi, abogado de las vecinas y vecinos que denuncian a la empresa desde hace años por contaminación.

En paralelo, el Poder Judicial también debe determinar si la planta está en condiciones de reabrir o si da lugar al pedido de relocalización de vecinas y vecinos, mientras que en el fuero penal se dirime si los directivos de la empresa y funcionarios de organismos de control fueron responsables de infringir la Ley de Residuos Peligrosos por los vertidos de fluidos contaminantes al Río Paraná.

En medio de estos litigios, las y los trabajadores temen perder sus puestos laborales en un país donde la mitad de la población se encuentra bajo la línea de pobreza. Una tensión que se reedita en cada situación donde el cuidado del ambiente y la salud se enfrenta con las necesidades inmediatas de empleo.

La gota que colmó el vaso: la explosión

“Esa noche fue terrorífica. Nos despertamos a las 4 por la explosión. Al rato nos empezaron a arder los ojos, la garganta y entonces ahí ya presentimos de dónde podía venir. Durante horas nadie nos dijo qué hacer, nos fuimos avisando por chat entre los vecinos”, recuerda Gabriel Godoy en diálogo con elDiarioAR sobre la madrugada del 20 de marzo pasado.

Gabriel es vecino del Barrio Química y vive a dos cuadras de la planta de Atanor ubicada en San Nicolás: “Al ratito empezó a caer un polvo blanco como si fuera una lluvia y el viento comenzó a llevarlo como para el oeste, los vecinos nos pusimos del lado para el que no iba el viento y filmamos y sacamos fotos. La policía llegó al rato, el municipio nada, y nadie sabía qué hacer. Por ejemplo, algunas personas querían sacar el polvo con agua y el producto reaccionaba y tiraba vapor, entonces era peor. Yo llamé a los bomberos y nos dijeron que nos encerráramos dentro de nuestras casas, Atanor dijo en un momento que había que lavar con agua y soda cáustica, o sea, nadie sabía nada”, describe sobre el desconcierto que atravesaron aquella madrugada.

Empezó a caer un polvo blanco como si fuera una lluvia. La policía llegó al rato, el municipio nada, y nadie sabía qué hacer. Algunas personas querían sacar el polvo con agua y el producto reaccionaba y tiraba vapor

Gabriel Godoy — Vecino de San Nicolás

En un comunicado, la firma explicó que las explosiones se originaron por “un incremento de presión en el proceso de síntesis química de atrazina”, uno de los herbicidas producidos por la empresa. “Esto dio origen a un incendio en el sector de aminación de la planta –continuó el comunicado– que requirió la intervención de los bomberos de San Nicolás y Ramallo, quienes prontamente pudieron controlar el foco”.

Por el hecho, un operario sufrió heridas graves por el derrame de ácido y fue trasladado de urgencia a la ciudad de Rosario, estuvo varias semanas en terapia intensiva y sobrevivió.

Días después, estudiantes y docentes de la escuela 17 debieron retirarse del establecimiento luego de sentirse descompuestos.

El 22 de marzo, dos días después de la explosión, la organización ambientalista Greenpeace tomó muestras en dos sitios seleccionados aleatoriamente cercanos a la fábrica: “La atrazina, un compuesto tóxico utilizado como herbicida, fue detectada en todos los puntos muestreados, que se encuentran en un radio que va desde los 150 a 350 metros de distancia con la planta”, informó la ONG en un comunicado el 4 de mayo. 

“Después de la explosión la empresa retiró tierras superficiales de los lugares más visibles pero eso no es una remediación, de hecho hay contaminación dispersa en muchísimos lugares”, describe Maggi.

Tras la explosión, el Juzgado en lo Correccional N° 3 de San Nicolás dictó una medida cautelar suspendiendo todas las actividades de la planta.

“En este marco se viene desarrollando una mesa de trabajo del Ministerio de Ambiente de la Provincia con la Autoridad del Agua, el Municipio de San Nicolás, los peritos del juzgado, el Conicet y la empresa Atanor para poder llevar adelante un correcto abordaje de la situación y garantizar que la empresa pueda comenzar a funcionar en forma segura, bajo condiciones controladas y monitoreadas”, informó el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires mediante un comunicado el 29 de agosto en el que anunciaba, además, la apertura de la participación ciudadana en el proceso para determinar si se le otorga el Certificado de Aptitud Ambiental a la planta. En la página se encuentra colgado el nuevo Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Gestión Ambiental presentado por Atanor en el que la empresa contempla el cierre de la Planta de Atrazina. 

“Soy empleado de Atanor hace más de 20 años y gracias a dios no tengo ninguna enfermedad relacionada a la planta. Siendo que estuve en varios sectores trabajando, hay mucha gente que se guía por comentarios y no saben todo lo que la planta realiza día a día para evitar inconvenientes en el medio ambiente”. Las palabras corresponden a Walter Godoy y se pueden leer en la consulta pública. Junto a él, unas 75 personas se expresaron a favor de que la planta se reabra, fundamentalmente justificándose en la necesidad genuina de trabajo. 

El resto de las 253 respuestas piden que la fábrica de Atanor continúe cerrada; la mayoría explica su historia contaminante, y muchísimos piden la relocalización, un reclamo histórico que entienden la necesidad de trabajar pero no quieren convivir con la contaminación que produce la planta.

Atanor y su larga historia contaminante

Atanor es una fábrica productora de agroquímicos que pertenece al grupo multinacional Albaugh LLC, una importante compañía de Estados Unidos con presencia en Canadá, México, Brasil, Argentina y países de Europa.

En Argentina cuenta con una planta en Río Tercero (Córdoba), Pilar (Buenos Aires) y la tercera en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos (Buenos Aires), con una extensión de 500.000 metros cuadrados. La empresa produce glifosato, atrazina y 2,4D, todos agroquímicos contaminantes y nocivos para la salud.

La atrazina, que es el químico que se encontró en los estudios de los días posteriores en las paredes y pisos de las casas de los vecinos, es un herbicida para el control de malezas en cultivos de maíz, sorgo granífero, caña de azúcar, té, entre otros. Entre los impactos documentados a la salud, la atrazina demostró ser un disruptor endocrino que, aún en dosis bajas, puede causar malformaciones congénitas, daños reproductivos y es un posible carcinógeno.

Según el “Informe técnico-científico sobre el uso e impactos del herbicida atrazina en Argentina –un documento de 2021 elaborado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, el Programa de Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Red de Seguridad Alimentaria de Conicet–, la atrazina es uno de los tres plaguicidas más utilizados en el Argentina. Este mismo informe aclara que el producto se encuentra prohibido en 37 países. 

“Antes de que Atanor pusiera su planta en San Nicolás, en la década del 90, estaba instalada Compañía Química desde mediados de la década de 50. Pero la población del pueblo es muy anterior. Este dato es muy importante porque el argumento que utiliza la compañía para no desplazarse es que la fábrica se instaló antes que el pueblo. De hecho, la escuela 17 tiene 120 años. Igual, aunque las casas no fueran preexistentes, eso no les da derecho a llevarse puesta la vida”, dice Gabriel Godoy.

Y continúa: “Mucho antes de la explosión los vecinos ya vivimos con olores constantemente, y su intensidad depende exclusivamente del viento. Hace unos años, los mismos habitantes del barrio hicimos un censo vecinal en el que demostramos que tenemos al menos 200 muertes por cáncer”.

En 2014, el Foro Medio Ambiental de San Nicolás (FOMEA) presentó un amparo ante la justicia pidiendo el cierre de la planta y su relocalización. Pero recién nueve años después, el 6 de marzo de 2023 la Jueza Luciana Díaz Bancalari, titular interina del Juzgado de Ejecución Penal de San Nicolás, condenó a Atanor por contaminación, admitió que había provocado un daño irreversible al Río Paraná y la obligó a realizar distintas acciones de control y remediación. 

En el fallo, la magistrada reconoció además que la empresa Atanor se encuentra ubicada en una zona urbana a pesar de estar “dentro de la tercera categoría conforme artículo 15 de la ley 11.459 (...) que incluye a los establecimientos que se consideran peligrosos porque su funcionamiento constituye un riesgo para la seguridad, salubridad e higiene de la población u ocasiona graves daños a los bienes y al medio ambiente”, indicó que la planta funcionaba en un “marco de ilegalidad” y que no contaba con “autorización” para el vertido de efluentes gaseosos al aire ni líquidos en el Paraná. 

Entre las medidas que ordenaba la sentencia figuraban la inmediata suspensión de vertido de efluentes líquidos al Río Paraná, también los obligaba a realizar una evaluación de riesgo ambiental en términos cuantitativos, además de un estudio de perturbación del suelo con intervención del Conicet y convocaba a la Universidad Nacional de Entre Ríos a realizar un monitoreo de la calidad de aire en la población circundante, incluyendo domicilios particulares, entre otras.

Como parte de estos monitoreos el Departamento de Preservamiento y Mejoramiento de Recursos de la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires remitió un informe en mayo de 2023 en el que constataba la presencia de plaguicidas en un muestreo realizado “en pozos de explotación y de los freatímetros (perforaciones para evaluar las napas de agua) existentes en la zona de producción de atrazina”: “La Atrazina o sus derivados (sobre todo la hidroxiatrazina) se han hallado con valores por encima del límite de cuantificación en todas las muestras”, dice el documento. 

“La empresa no cumplió con nada de lo que ordenaba la sentencia”, asegura Maggi y describe que también existen una causa penal en el fuero de la Justicia Federal, en la que los directivos de la empresa están imputados por el delito de infracción a la ley 24.051 (de Residuos Peligrosos); esto recuerda algo que parece una obviedad pero evidentemente no lo es: contaminar es delito“.

En esta causa penal, el fiscal Matías Di Lello le solicitó al juez Carlos Villafuerte Ruzo que, además de los directivos de la empresa, cite a prestar declaración indagatoria a ocho funcionarios de dos órganos de contralor provinciales (Autoridad del Agua y Ambiente bonaerense), a quienes imputó por su responsabilidad en la contaminación ambiental del río Paraná y el suelo de la zona.

Finalmente, Maggi señala que “también sigue abierta una causa en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque el derecho a un ambiente sano es un Derecho Humano fundamental reconocido por pactos internacionales; entonces por ese motivo y fundado en que el Estado argentino no ha cumplido con la protección de ese derecho, se recurrió a esa instancia porque se ha violado la garantía de protección judicial por falta de resolución en plazo razonable; recordemos que estas causas por contaminación contra Atanor llevan diez años y todavía no hay una resolución justa”. 

En las últimas semanas, la jueza Díaz Bancalari también instruyó a que se realicen nuevas pericias por parte de investigadores de Conicet para determinar las condiciones de la planta.

Tras seis meses con la planta clausurada Gabriel Godoy cuenta que los olores disminuyeron. “La estrategia de la empresa es enfrentar a los trabajadores con los vecinos, es terrible. Hubo varias reuniones de entes oficiales, autoridades, gente de Atanor, vecinos, también la jueza, investigadores de Conicet y ahora estamos en esta etapa decisión. Nosotros entendemos la necesidad de trabajar, sabemos el momento que estamos atravesando, por eso pedimos que la planta se relocalice, que se ubique en un lugar donde esté alejado. Es terrible llegar a cada reunión y escuchar a la gente que se le murió el padre, la madre, el esposo, la hija, todos de cáncer. Esperamos que la Justicia nos escuche y podamos terminar con esta historia y dejar de vivir con miedo”, concluye Gabriel. 

NC/MG