La Justicia federal de Mar de Plata y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) investigan un presunto pedido de coimas por US$15 millones a empresarios del sector pesquero que habría ocurrido en el marco de la asignación de cuotas de captura en el Mar Argentino para los próximos 15 años. 

Como órgano especializado en casos de corrupción de agentes de la Administración pública nacional, la PIA abrió una investigación de oficio luego de las versiones sobre este presunto pedido de sobornos, que sacudió al sector en las últimas semanas y que tensó su relación con el gobierno de Javier Milei, como informó elDiarioAR.

Al mismo tiempo, el caso es investigado también por la Fiscalía Federal número 2 de Mar del Plata, a cargo del fiscal Santiago Eyherabide, a partir de una denuncia presentada por Gustavo Pulti, diputado provincial bonaerense (Unión por la Patria) y ex intendente del partido de General Pueyrredon, informaron a este medio fuentes judiciales al tanto de la causa. 

De acuerdo a las versiones sobre el presunto pedido de soborno, difundida inicialmente el sitio La Política Online (LPO), supuestos emisarios del Gobierno nacional habrían pedido US$15 millones a los principales jugadores del sector pesquero para garantizar que el régimen general de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC) de la especie merluza hubbsi, pendiente de renovación, mantuviera para los próximos 15 años el esquema de reparto que rige desde 2009. El marco vigente vence el 31 de diciembre y la nueva cuotificación debe fijar los márgenes de captura hasta 2039.

La revelación sobre el supuesto pedido de coimas se produjo en la primera semana de septiembre, mientras los empresarios dedicados a la captura de esta especie aguardaban con expectativa que el Consejo Federal Pesquero (CFP) definiera la nueva cuotificación. Tras el impacto causado en el sector, esa resolución fue postergada. Un mes más tarde, sigue pendiente. 

En el marco de la investigación iniciada, la PIA, conducida por el fiscal Sergio Leonardo Rodríguez, solicitó información al respecto al CFP y a la Administración pública para un primer análisis, indicó una fuente con acceso a la causa.

Al Consejo no llegó ninguna denuncia, ni llegó ninguna medida judicial que indique que hay que frenar la discusión por el motivo que fuere

Carlos Liberman — Consejo Federal Pesquero (CFP).

En los tribunales marplatenses, Pulti, quien preside además la Comisión de Intereses Marítimos, Portuarios y Pesca de la Cámara baja provincial, pidió que se investigue “la posible comisión de los delitos de cohecho”, “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública” y “exacciones ilegales”. La causa en la Justicia federal de Mar del Plata se encuentra en su etapa inicial, y la Fiscalía número 2 solicitó a su vez la asistencia de la PIA, como órgano especializado. 

La versión

De acuerdo a la información difundida un mes atrás, supuestos intermediarios del Gobierno nacional que invocaban la representación del consultor y asesor presidencial Santiago Caputo habrían promovido en los últimos meses encuentros informales con referentes de las empresas pesqueras pendientes del reparto de las nuevas cuotas de captura de merluza hubbsi, para exigir presuntamente el pago de coimas. elDiarioAR se comunicó con voceros de la Casa Rosada para conocer la respuesta del Ejecutivo ante estas versiones pero nunca obtuvo respuesta.

Un informe publicado por Revista Puerto, un medio especializado en la industria naval e ictícola, precisó incluso que estas reuniones se habrían realizado “en el microcentro porteño y algún sótano en calle Paraguay”, así como “en el conocido (bar) Florida Garden”, de la Ciudad de Buenos Aires. Sostuvo a su vez que en uno de esos encuentros habría intervenido incluso “gente armada”, lo que precipitó el final de los intercambios, ante el enojo de al menos uno de los empresarios de mayor peso en el rubro.

Ese medio aportó además precisiones en cuanto a los montos de las presuntas coimas exigidas: US$100 por cada tonelada de merluza hubbsi que fuera asignada como cuota de captura, y US$1.000 por cada una de merluza negra. El dinero debía ser aportado por una docena de empresas “receptoras de unas 120.000 toneladas de merluza hubbsi”. A eso debían sumarse “3,3 millones de la merluza negra”. 

Las cuotas de pesca de captura de merluza negra fueron asignadas de acuerdo a lo previsto en los primeros días de septiembre, pero el grueso de las capturas, correspondientes a merluza hubbsi, siguen pendientes. 

En recientes declaraciones periodísticas, Carlos Liberman, representante suplente de la provincia de Buenos Aires en el CFP, aseguró que al organismo encargado de definir la política pesquera del país no llegó ninguna denuncia por el hecho y que las demoras en la nueva asignación responde a cuestiones técnicas. “Al Consejo no llegó ninguna denuncia, ni llegó ninguna medida judicial que indique que hay que frenar la discusión por el motivo que fuere”, señaló en una entrevista con Revista Puerto. 

Liberman agregó que “es la Justicia la que tiene que establecer si hay algo que investigar, qué es lo que hay que investigar y resolver sobre la cuestión”. 

El silencio

Según la versión inicial de LPO, el presunto pedido de coimas “habría llegado a oídos” de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, a través de la empresa española Iberconsa. Se trata de una de las firmas de mayor participación en captura de merluza hubbsi y pertenece al grupo estadounidense Platinum Equity. A partir de una consulta de elDiarioAR, la Oficina de Prensa de la sede diplomática norteamericana aseguró: “Ningún representante de Embajada de Estados Unidos estuvo reunido con las empresas mencionadas en el artículo y tampoco tiene conocimiento sobre la información publicada”.

Pulti presentó días después de la revelación un pedido de acceso a la información pública ante la Cancillería para conocer “si han requerido a las autoridades de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica información vinculada a la denuncia efectuada contra los funcionarios del Gobierno nacional que habrían intervenido en los referidos actos de corrupción”. 

Según pudo confirmar este medio, la cartera que conduce Diana Mondino respondió la solicitud, pero sin contestar la cuestión consultada puntualmente por el diputado: señaló que el reparto de las cuotas de pesca era responsabilidad del CFP y no de ese ministerio, pero no precisó si hubo o no algún requerimiento desde el Palacio San Martín a la embajada por el presunto pedido de coimas.

A nivel judicial, fuentes con acceso a las investigaciones iniciadas indicaron que la posibilidad de requerir información a la embajada estadounidense era una posibilidad, pero tanto el mecanismo para hacerlo como la eventual utilidad de un requerimiento de ese tipo estaban bajo análisis.

En el puerto de Mar del Plata, donde el impacto de esta revelación fue definido un mes atrás como “un sismo”, la reacción pública del empresariado sigue siendo la misma: el silencio. En la reciente botadura de un buque en un astillero marplatense, un referente del sector resumió su deseo, compartido por muchos de sus colegas: “Lo mejor que puede pasar es que el tema se olvide”. 

“Pescan gratis”

El cimbronazo por el presunto pedido de coimas puso la lupa sobre la transparencia del sistema de asignación vigente desde 2009, en un momento en el que un ala del Gobierno nacional quiere cambiarlo por completo.

El principal objetor del actual esquema de reparto de los volúmenes de captura es el ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger. Considera que los empresarios “pescan gratis” y milita por la apertura del régimen de pesca y las cuotas de captura a licitación internacional. Lo propuso incluso en el proyecto original de la Ley Bases, aunque la iniciativa fracasó por las presiones del sector y de intendentes, legisladores y gobernadores de distritos pesqueros. 

Fuentes de la industria y dirigentes políticos de la región entienden que el presunto pedido de coimas parece parte de un nuevo capítulo de la rivalidad entre Sturzenegger y Santiago Caputo. 

De fondo, hay un negocio de casi US$280 millones. Según cifras del Ministerio de Economía, los desembarques de merluza hubbsi durante 2023 ascendieron a 297.084 toneladas, un 4,5% más que las 284.404 de 2022. Esas operaciones representaron el último año cerca de US$279 millones, un 3,7% más que los US$269 millones exportados en 2022.

ED

En el puerto de Mar del Plata lo definieron como “un sismo”. En una semana en la que la expectativa estaba centrada en la asignación de los cupos de captura de merluza para los próximos 15 años por parte del Consejo Federal Pesquero (CFP), la revelación de un presunto pedido de coimas por US$15 millones a empresarios del sector detonó la agenda. 

Según la versión, difundida a mitad de la semana última por el sitio La Política Online (LPO), supuestos emisarios del Gobierno habrían solicitado este soborno a los principales jugadores del sector pesquero para garantizar que el régimen general de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC) de la especie merluza hubbsi mantuviera en su renovación para el período 2025-2039 el esquema actual de reparto, fijado en 2009, cuando se dispuso la última cuotificación. Se trata de un esquema oficial de reparto de captura para establecer qué cantidad de merluza pueden pescar las empresas de manera sustentable. 

La asignación vigente vence el próximo 31 de diciembre. Tras meses de reuniones de las empresas con autoridades del CFP y de la Subsecretaría de Pesca de la Nación, se aguardaba que los nuevos criterios de asignación se definieran el último jueves. Pero tras la revelación del presunto pedido de coimas eso no ocurrió.

De acuerdo a la información difundida, más allá del circuito institucional de negociación de cara a este tipo de resoluciones del CFP, supuestos intermediarios del Gobierno que aseguraban actuar en representación del consultor y asesor presidencial Santiago Caputo habrían promovido en las últimas semanas encuentros informales con los referentes de las empresas para exigir presuntamente el pago de coimas. 

elDiarioAR se comunicó el viernes con el área de prensa de Presidencia y con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca para conocer la versión oficial ante las versiones publicadas pero no obtuvo respuesta. 

Un informe publicado por Revista Puerto, un medio especializado en la industria naval e ictícola, abonó esa versión y precisó que estas reuniones se habrían concretado “en el microcentro porteño y algún sótano en calle Paraguay”, así como “en el conocido (bar) Florida Garden”, de la Ciudad de Buenos Aires. Indicó a su vez que en los últimos días, el clima de esos encuentros se tensó y que habría intervenido incluso “gente armada”, por lo que al menos un empresario de una de las firmas de mayor peso en el rubro optó por dar por terminada su participación en ese tipo de intercambios.

El medio señaló además que la presunta exigencia de coimas al sector privado respondía al pago de US$100 por cada tonelada de merluza hubbsi asignada como cuota de captura y US$1.000 por cada tonelada de merluza negra. De ese modo, las que debían pagar eran una docena de empresas “receptoras de unas 120.000 toneladas de merluza hubbsi”, lo que alcanzaría la cifra de US$12 millones. A eso debían sumarse “3,3 millones de la merluza negra”. El monto total coincidiría así con la versión de US$15 millones difundida inicialmente por el sitio LPO.

De acuerdo a la publicación original de dicho medio, la versión del presunto pedido de coimas “habría llegado a oídos” de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, a través de la empresa española Iberconsa. Se trata de una de las firmas de mayor participación en captura de merluza hubbsi y pertenece al grupo estadounidense Platinum Equity.

A partir de una consulta de elDiarioAR, la Oficina de Prensa de la sede diplomática norteamericana rechazó la versión: “Ningún representante de Embajada de Estados Unidos estuvo reunido con las empresas mencionadas en el artículo y tampoco tiene conocimiento sobre la información publicada”.

También la negaron directivos de tres empresas presuntamente involucradas, consultadas por este medio. Representantes de otras firmas optaron directamente por no responder. 

“Todos lo van a negar, pero el rumor existe desde hace semanas. Y desde que se hizo público cayó como un sismo. No se habla de otra cosa, y lo peor es que salpica a toda la industria”, graficó un empresario del sector, con presencia en Mar del Plata y Chubut. 

“Pescan gratis”

Empresarios pesqueros, ex funcionarios del área portuaria de distintas administraciones provinciales y referentes del oficialismo y de la oposición marplatense coincidieron en que el cimbronazo por este presunto pedido de coimas tiene un impacto político puntual: pone en cuestión la transparencia del sistema de asignación vigente desde 2009, en un momento en el que un ala del Gobierno nacional quiere cambiarlo por completo.

Haya habido o no pedido de coimas, este asunto parece parte del tironeo dentro del oficialismo nacional para cambiar el sistema

El más crítico del actual esquema de reparto de los volúmenes de captura es el ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger. Desde antes de su desembarco oficial en el Ejecutivo, cuestionó que los empresarios “pescan gratis” y se ha referido en distintas ocasiones a la necesidad de modificar el régimen de pesca y las cuotas de captura a licitación internacional. Lo propuso incluso en el proyecto original de la Ley Bases, pero la iniciativa no prosperó, debido a las presiones del sector y de intendentes, legisladores y gobernadores de distritos pesqueros. 

El último viernes, al participar en la 45° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, Sturzenegger insistió en la necesidad de avanzar en ese sentido: “Acá en Mendoza si sacas petróleo, pagás una regalía de 15%; los pesqueros pagan 0,15. Es una larga historia, no tengo tiempo, pero es obvio que es un escándalo. Es el recurso natural de todos los argentinos, lo sacan gratis”. 

“Haya habido o no pedido de coimas, este asunto parece parte del tironeo dentro del oficialismo nacional para cambiar el sistema. Para que se frente todo y se revisen las cuotas. Por lo pronto, se tuvo que aplazar el acta con la nueva distribución”, analizó un referente del oficialismo marplatense.

En ese sentido, tanto fuentes de la industria como dirigentes políticos de la región consideraron que el hecho parece inscribirse como un capítulo más de la rivalidad entre Sturzenegger y Santiago Caputo. 

Ante la consulta de elDiarioAR sobre la nota de LPO, en el área a cargo de Sturzenegger respondieron: “Sin comentarios”.

En el medio, hay un negocio de casi US$280 millones. Según un informe del Ministerio de Economía, los desembarques de merluza hubbsi durante 2023 ascendieron a 297.084 toneladas, un 4,5% más que las 284.404 de 2022. Estas operaciones representaron el último año cerca de US$279 millones, un 3,7% más que los 269 millones exportados en 2022.

Pedidos de informe

Tras la difusión del presunto pedido de coimas, el diputado bonaerense Gustavo Pulti (Unión por la Patria), ex intendente del partido de General Pueyrredón, pidió al Gobierno nacional que dé explicaciones.

“Más allá de cualquier lectura política o de si esto responde a tal o cual interna, hay un hecho concreto: el Gobierno tiene que desmentir y refutar estas versiones que tomaron estado público o calla, y entonces encubre a los corruptos”, dijo Pulti a elDiarioAR.

El legislador provincial presentó un pedido de acceso a la información ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, ante Cancillería y el Consejo Federal de Pesca.

Pulti exigió a la Secretaría comandada por Sergio Iraeta que informe las medidas adoptadas para la renovación de las cuotas de captura, qué funcionarios fueron designados en el proceso, “si han tomado conocimiento de la denuncia efectuada por la firma española Iberconsa, controlada por el fondo norteamericano Platinum Equity, ante la Embajada de los Estados Unidos respecto de la existencia de actos de corrupción efectuados por agentes del Gobierno Nacional” y “cuáles son las medidas que se han adoptado frente al estado público de la denuncia de corrupción y, en su caso, si se ha dado intervención a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas y a la Oficina Anticorrupción para que proceda a materializar los pertinentes sumarios administrativos y la denuncia penal pertinente”.

En la misma línea, pidió a la cartera conducida por Diana Mondino que informe “si han requerido a las autoridades de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica información vinculada a la denuncia efectuada contra los funcionarios del Gobierno Nacional que habrían intervenido en los referidos actos de corrupción”.

Pulti solicitó además al CFP –integrado por representantes del Poder Ejecutivo y de las cinco provincias con litoral marítimo- si “han tomado conocimiento de la denuncia efectuada por la firma española Iberconsa” y si “efectivamente se ha resuelto suspender la continuidad de los procedimientos de renovación de las CITC como consecuencia de los hechos de corrupción denunciados”.

Todos lo van a negar, pero el rumor existe desde hace semanas. Y desde que se hizo público cayó como un sismo. No se habla de otra cosa, y lo peor es que salpica a toda la industria

Renovación de cuotas

En cuanto al anuncio pendiente respecto del reparto de cuotas de pesca de merluza hubbsi, fuentes del sector estimaron que en las próximas semanas el CFP debería avanzar en ese sentido. “Claro que si el tema de los pedidos de coimas escala puede dilatar todavía más el anuncio oficial”, estimó uno de los empresarios pendiente de esa resolución. 

El Consejo Federal, en tanto, dio a conocer el jueves último los criterios de distribución de las variedades merluza negra (Dissostichus eleginoides), de cola (Macruronus magellanicus) y polaca (Micromesistius australis), especies con una incidencia mucho menor en volúmenes anuales de captura. 

Según precisó el organismo en el Acta 15, la ponderación del reparto fue en base a los parámetros de cantidad de mano de obra nacional ocupada, las inversiones realizadas en el país, el promedio de toneladas de captura en los últimos ocho años y la falta de sanciones o infracciones, entre otros, tal como establece el artículo 27 del Régimen Federal de Pesca, Ley 24.922.

AVL/ED