Avanzada la década de 1970, el Cono Sur de América Latina era un campo minado para los militantes y disidentes de izquierda. A sus veintipico, Rosario Barredo y William Whitelaw ya habían escapado de dos dictaduras: la de su propio país, Uruguay, y la de Chile. Pese a su pasado común en el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros y la ruta de exilio hacia la tierra de Salvador Allende, formaron pareja recién en Buenos Aires, a poco de eludir la cacería desatada tras el golpe de Augusto Pinochet, en septiembre de 1973.

Cuando el terrorismo de Estado de Videla se estrenaba con furia en 1976, estos militantes uruguayos vivían en el barrio de Caballito, centro geográfico de Buenos Aires, junto a los pequeños Máximo, de tres meses, Victoria, de 18, y Gabriela, de cuatro años. Los dos primeros eran hijos en común, mientras que Gabriela era hija de Barredo y Gabriel Schroeder, otro tupamaro asesinado en Montevideo, en 1972.

En la madrugada del 13 de mayo de 1976, una patota atacó la casa en el pasaje Matorras 310. Los represores saquearon y destruyeron todo, y se llevaron secuestrados a Barredo, Whitelaw y los tres niños.

Los hermanos recorrieron casas de familias asignadas por los represores, hasta que finalmente recalaron en el centro clandestino de detención (CCD) en la calle Bacacay, sucursal de Automotores Orletti, el campo de concentración ubicado en Floresta por el que pasaron uruguayos, chilenos, paraguayos y bolivianos secuestrados en el marco del Plan Cóndor.  

Gabriela Schroeder tiene recuerdos nítidos de aquellos días. A tal punto, que cuando declaró en el juzgado federal a cargo de Daniel Rafecas, en 2022, 46 años más tarde, quienes le tomaron testimonio se sorprendieron de la precisión con la que describió la arquitectura del CCD de Bacacay, coincidente con la de adultos que fueron detenidos y torturados allí.

La niña de cuatro años no paró de hablar y preguntar durante sus días de cautiverio. Acaso por eso no llegó a ser apropiada, como unos quinientos hijos de desaparecidos. “Con lo hinchahuevos que era, o me entregaban o me mataban”, dice desde Montevideo.

El abogado uruguayo Juan Pablo Schroeder viajó de urgencia desde Montevideo a Buenos Aires apenas se enteró del secuestro de su nuera y su familia. Tenía conexiones profesionales en la ciudad. Schroeder era un letrado con honorarios importantes y cierta vocación social, afín al Partido Nacional (Blanco). Sus hijos Gabriel y Gustavo se habían enrolado en la guerrillla Tupamaros. El primero había sido asesinado diez días antes del nacimiento de Gabriela y el segundo vivía sus días en Argentina.

El 20 o 21 de mayo de 1976 —hay dos versiones—, aparecieron los cuerpos de cuatro uruguayos en un automóvil Torino en una intersección de Flores Sur. Eran Barredo, Whitelaw y dos prominentes políticos: el blanco Héctor Gutiérrez Ruiz —centrista, expresidente de la Cámara de Diputados— y el exsenador frenteamplista (izquierda) Zelmar Michelini, secuestrados respectivamente en Recoleta y el Centro entre la noche del 18 y la madrugada del 19. Secuestro, detención y asesinato pasaron en barrios próximos de Buenos Aires: Caballito, Floresta y Flores Sur.

El abuelo Schroeder, ayudado por su hijo Gustavo y Fernando Barredo, hermano de la madre de los niños desaparecidos, repartió cartas por toda la ciudad. Se leía en un párrafo:

“Les pido que nos devuelvan a Lita María (Gabriela, su nieta), a María Victoria y a Máximo Fernando (hijos de su nuera), para educarlos en el amor a la patria –sin distinción de fronteras entre la tierra uruguaya y la tierra argentina— y en el amor a todos los hombres. Sin excluir a los que mataron a sus padres”.

Las puertas en Buenos Aires se cerraban para Schroeder. El poder económico e institucional que este abogado había conocido se había plegado a la lucha anticomunista de la Junta. Una única puerta se abrió: el Buenos Aires Herald, el diario de habla inglesa entonces con un siglo de existencia que dirigía el británico Robert Cox.

Este periodista, llegado a Buenos Aires en 1959, a sus 25 años, había sido instruido sobre la Argentina en el ideario antiperonista y concebía a Jorge Rafael Videla como un general que pondría orden ante los escuadrones ultraderechistas de la Triple A y la violencia de las organizaciones armadas ERP (trotskista) y Montoneros (peronista), y repondría las libertades. Sus juicios y prejuicios no le nublaron la mirada ni mucho menos la voluntad. A esa altura, con dos meses transcurridos de la dictadura, era consciente de un terror que atribuía a elementos descontrolados del Proceso de Reorganización Nacional. Sin miramientos, Cox se había comprometido a salvar vidas, una tarea que asumió junto al secretario de redacción, el argentino Andrew Graham-Yooll, el primero en informar sobre violaciones a los derechos humanos en el Herald.

Una única puerta se abrió: el Buenos Aires Herald, el diario de habla inglesa entonces con un siglo de existencia que dirigía el británico Robert Cox

Schroeder entregó la carta al director del diario el 27 de mayo. Cox le pidió fotos de la nieta y sus hermanastros y preparó su arma más poderosa: publicó primeros planos de los tres niños en la tapa del periódico que leía la comunidad de habla inglesa, los ejecutivos extranjeros y —clave en esas circunstancias— el cuerpo diplomático. El título principal del 28 de mayo de 1976 citó a Schroeder: “Help me save the children” (Ayúdenme a salvar a los chicos“).

Ese mismo día, el ministro del Interior de la dictadura, Albano Harguindeguy, citó a Cox a su despacho. Se produjo un diálogo que se transformaría en un clásico ante cada impertinencia del Herald.

—Se está dejando llevar por mentiras.

—Usted tiene que encontrar a los niños. El abuelo no pide demasiado, sólo que le devuelvan a sus nietos (…)

—Está completamente equivocado.

—No, el equivocado es usted. Continuaremos publicando la nota hasta que aparezcan los niños (reproducido en el libro Guerra Sucia, Secretos Sucios, de David Cox. Sudamericana, 2010)

Aparición con vida

Los niños Victoria y Máximo Whitelaw Barredo y Gabriela Schroeder Barredo aparecieron el 30 de mayo en un hospital de zona norte del Gran Buenos Aires y el abuelo los reencontró en una comisaría del municipio de Vicente López. Cox firmó al día siguiente una crónica pulcra con el título “Niños desaparecidos sanos y salvos”, que incluyó la mención a automóviles Falcón —icónicos de los represores— y a “escuadrones de la muerte de derecha” que habían matado a sus padres y a Michelini y Gutiérrez Ruiz. El director del Herald cerró el texto: “El Gobierno argentino repudió el asesinato y ordenó una investigación”.

Schroeder permaneció varios días más en Buenos Aires hasta que aprobaron el traslado a Uruguay de su nieta y los hermanastros que tenían el apellido de su nuera, Barredo, porque Whitelaw estaba en la clandestinidad y no pudo inscribirse como padre.

Ya de regreso a su casa de Montevideo junto a los tres niños, con un hijo y una nuera asesinados, Schroeder envió una carta a Cox.

“Hay ocasiones en la vida en que, andando por un camino, encontramos problemas de gran magnitud que nos enfrentan cara a cara con oscuros abismos. En esos momentos, hasta nuestros mejores amigos desaparecen de la vista, pero también aparecen grandes amigos… Al heraldo de la trompeta, y adhiriendo a la causa, su nombre ha quedado para siempre grabado en mi vida y en la de mi familia. Cuando regresé a Montevideo, iba acompañado por el retrato de mi hija y las fotografías de los niños rescatados que aparecieron en la primera plana de su periódico. Nunca he olvidado que mi padre… decía que los actos simples van de la mano con la grandeza del alma. Por esa razón, quiero expresar en estos párrafos, en mi nombre y en el de mi mujer y mis hijos, particularmente en el de Gabriela y sus hermanos, que aquí, en Montevideo, nuestra casa de la calle Millán 3835 lo estará esperando cada día a partir de hoy… No hay necesidad de que anuncie su visita. Las puertas de la casa y nuestros corazones estarán siempre abiertas. Lo saludo con afecto, Juan Pablo Schroeder”.

Víctimas

Los destellos del terror quedan impregnados en la memoria de las víctimas. Una vida acaso tumultuosa, pero con mamá y/o papá en el hogar, queda arrasada de buenas a primeras cuando irrumpe un grupo de tareas. Cada casa de la ciudad de La Plata bombardeada, el cuerpo que aparece en las costas de Las Toninas, los restos que encuentra el Equipo Argentino de Antropología Forense, el nieto que recupera su identidad a sus 45 años, la escena en la que una patota baja de un Ford Falcon y chupa a una persona, o el bebé que le arrancan a la madre en la Capucha de la ESMA deja una huella que se inscribe en la historia y en la crónica periodística. Pero la vida sigue para los protagonistas. A sentir y reflexionar sobre ello se dedica Gabriela Schroeder desde hace cinco décadas.

Los niños Máximo y Victoria pasaron al cuidado de los abuelos Whitelaw y partieron a fin de 1976 a Francia, donde se exilaron la familia y otros dirigentes de Nuevo Tiempo, un grupo posterior a la salida de Tupamaros que integraron Rosario Barredo y William Whitelaw antes de ser asesinados.

Gabriela quedó en Montevideo al cuidado de Juan Pablo Schroeder y su abuela, Beatriz Orozco, “mi madre”. Sus abuelos Barredo ya habían fallecido.

“En mi casa siempre hubo un eterno agradecimiento y reconocimiento a Cox”, dice a este diario.

Nunca se encontró ni habló con el director del Herald que ayudó a salvarle la vida. Las cosas se complicaron aun más apenas se instaló en Montevideo. Los allanamientos fueron una constante y al poco tiempo desapareció otro tío. Gustavo Schroeder, hermano de su padre, debió partir a un nuevo exilio. Cuando Gabriela todavía era una niña, Juan Pablo Schroeder tuvo un accidente cerebro-vascular, sufrió hemiplegia y falleció en 1981, a sus 61 años.

La mujer rememora la carta en la que su abuelo afirma la voluntad de “criarla en el amor a todos los hombres”. “Un tipo absolutamente extraordinario, que ganaba un juicio y los honorarios podían ser un penthouse en Punta del Este, y al mismo tiempo, atendía causas probono para ayudar a los más necesitados. Cuando la vida giró 180 grados, se dedicó a tratar de salvar las vidas de sus hijos de y los hijos de sus amigos”.

“Sin ponerme de espaldas a lo que había vivido, me criaron en el absoluto amor, alejada del odio y del rencor. Más allá de que mi abuelo me encontró y me devolvió la vida, y de que el Herald fue importantísimo para que me recuperara, fue la crianza que me dieron él y mi abuela la que me rescató el alma”, dice.

La muerte de sus padres era omnipresente en el hogar formado con los abuelos, pero el texto de reconocerse víctima, “que no es lo mismo que ser victimizado”, demoró años en redactarse. “Fue a través de una terapia que pude reconocerme víctima y a darme cuenta de que había sido secuestrada con cuatro años y había sobrevivido. Imaginate ver a tu abuela con ese inmenso dolor y esos ‘grandes héroes’ que entregaron su vida. Te preguntás: ¿‘qué derecho tengo yo al dolor’?”.

Gabriela Schroeder no se enroló en movimientos de derechos humanos ni de familiares de desaparecidos. Estuvo atenta a las causas, militó de adolescente el “voto verde” que intentó infructuosamente en 1989, a través de un referéndum, poner fin a la impunidad pactada con la dictadura uruguaya. “Nunca usando mi nombre ni diciendo quién soy. No es fácil ser la única niña desaparecida y aparecida. Pasás a ser una niñita símbolo y no es fácil manejarlo”.

A sus 18 partió a Chile, donde vivió los 25 años siguientes. Se recibió de ingeniera en acuicultura, trabajó en empresas e instituciones privadas, se casó con un chileno y fue madre de tres hijos, hoy de 21, 26 y 29 años.

Testimonio

En 2009, la hija de Rosario Barredo y Gabriel Schroeder viajó a Buenos Aires para prestar testimonio en el juicio por el asesinato de su madre y de “Willy” Whitelaw. Un siniestro comandante de la represión, Jorge Olivera Róvere, resultó condenado a prisión perpetua.

Gabriela volvió a vivir a Uruguay hace una década. Continuó su carrera en el ámbito científico estatal y privado, y desde hace un año es jefa de Innovación en el Ministerio de Industria, Energía y Minería.

En 2016, quince jerarcas argentinos y uruguayos vinculados al Plan Cóndor (Reynaldo Benito Bignone, Santiago Omar Riveros, Manuel Cordero Piacentini, Miguel Ángel Furci) fueron condenados a penas de entre ocho y 25 años de prisión.

Otro expediente que investiga delitos en Automotores Orletti y el CCD de Bacacay tiene procesados a cinco agentes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Gabriela Schroeder declaró en la instrucción de la causa no sólo como denunciante del asesinato de sus padres, sino también de su propio secuestro. Fue un paso trascendente en su vida. El juicio oral por Orletti-Bacacay comenzó en febrero pasado.

Somos una generación que llegó a la mesa con los platos rotos y tuvo que aprender a vivir en esas condiciones

Gabriela Schroeder

Reflexiona: “Lo que nos pasó a los niños, en mi país al menos (Uruguay), está absolutamente invisibilizado. Somos víctimas directas, nos secuestraron. No lograron apropiarse, pero lo intentaron. Es muy importante reconocerlo porque dibuja la crueldad más absoluta de lo que pasó. Ni siquiera a los niños nos respetaron. Somos una generación que llegó a la mesa con los platos rotos y tuvo que aprender a vivir en esas condiciones”.

En 2021, Gabriela plasmó su vivencia en Un mundo nuevo — Una novela que rescata silencios de la historia reciente, con Ignacio Ampudia como coautor.

Máximo y Victoria Whitelaw fueron criados en Lyon “en una familia muy distinta, con formas de encarar el pasado de forma muy diferente” a la de los abuelos Schroeder y Orozco. Los Whitelaw regresaron a Montevideo cuando Uruguay recuperó la democracia, en 1985. Con el tiempo, los hermanos continuaron su vida en Europa. Máximo es ejecutivo de la industria petrolera y reside en Ginebra, y Victoria vive en Bruselas, donde es consultora en sustentabilidad ambiental. “Les tengo todo el cariño, aunque querría haber tenido otra vida con ellos”, dice Gabriela.

Robert Cox tiene 92 años y reparte su año entre Buenos Aires y Charleston, Estados Unidos, donde se radicó tras partir al exilio en 1979. En 2023 falleció su esposa, Maud Daverio, una argentina proveniente de una familia con recursos que resultó fundamental en el compromiso del director del Herald con los familiares de desaparecidos. Graham-Yooll, quien se exilió en Londres en septiembre de 1976 y regresó a Buenos Aires 18 años más tarde, falleció en 2019.

Gabriela Schroeder se apresta a participar de los actos por la Memoria, la Verdad y la Justicia el próximo 20 de mayo en Uruguay. La fecha más importante del movimiento de derechos humanos en ese país conmemora la desaparición y muerte de Michelini, Gutiérrez Ruiz, William Whitelaw y Rosario Barredo.

slacunza@eldiarioar.com

SL

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, expresó este viernes su repudio al uso electoral por parte del presidente Javier Milei de la consigna “Nunca Más”, utilizada históricamente en rechazo a la última dictadura militar y exhibida este jueves por el mandatario en un cartel que con la fase: “Kirchnerismo Nunca Más”.

“Se ve que no tienen cerebro, por eso tienen que copiar y sobre todo ofender”, afirmó Carlotto durante una entrevista con radio Splendid, horas después de la exhibición de la consigna por parte de Milei en una fotografía junto a dirigentes afines y a candidatos de su partido en la antesala de las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires del próximo 7 de septiembre.

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo cuestionó ante esto el uso electoral de la frase “Nunca Más”, gestada por los organismos de derechos humanos para denunciar y rechazar los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983).

El cartel exhibido en la fotografía incluso toma la tipografía tradicional del 'Nunca Más', para que no queden dudas de la referencia a la histórica consigna. Carlotto describió como “ofensiva” y “maligna” la actitud del Gobierno de Milei y destacó que situaciones como estas no deben ser toleradas.

“Esto va más allá de lo que se puede permitir, es la ofensa permanente”, mencionó, y denunció: “El método es dejarnos cada vez más desprotegidos, abandonar a la gente, al pueblo”. Carlotto consideró que el Ejecutivo “no tiene moral” y alertó sobre el contexto social y político que atraviesa el país.

“Si pudieran, harían mucho más todavía. Estamos pasando un momento único, porque nunca con los gobiernos enemigos, los malos gobiernos, ha habido esta situación de muerte, intolerancia y de maldad”, subrayó.

Desde su llegada a la Presidencia, en diciembre de 2023, Milei denostó la lucha por la memoria, negó la cifra de 30.000 desaparecidos que sostienen las organizaciones de derechos humanos, despidió a cientos de empleados y desfinanció los entes estatales dedicados a investigar y asistir en la búsqueda de los desaparecidos.

Con información de la agencia NA

Milo J fue el primer músico censurado en la ex-ESMA desde que el centro clandestino de tortura y desaparición emblema de la última dictadura fue declarado Espacio de Memoria y Derechos Humanos hace exactamente veinte años. Aunque el gobierno de Mauricio Macri se había atrevido a bajar, por ejemplo, la obra “María Feminista” –que mostraba una virgen con pañuelo verde– de la exposición en el Centro Cultural Haroldo Conti en 2019, esta vez la gestión de Javier Milei fue más allá en su negacionismo. Con 18 años y oriundo del conurbano (más precisamente de Morón), Camilo Joaquín Villarruel quedó este miércoles en el foco de la miopía libertaria sobre lo que pasó en los setenta. 

El oficialismo parece que no soportó que un artista que integra su votante promedio –hombre, menor de 35– flamee la bandera del Nunca Más. De fuerte compromiso social, Milo J causó revuelo cuando en julio del año pasado visitó la ex-Mansión Seré. “Hoy está de moda estar en contra”, dijo en su momento, luego de reivindicar el legado de las Madres de Plaza de Mayo y mostrarse con un buzo de H.I.J.O.S.

Ayer Milo J se despachó directamente contra Milei porque la Justicia hizo lugar a un amparo presentado a contrarreloj por el Ministerio de Justicia, que conduce Mariano Cúneo Libarona, y que tiene en su órbita la Secretaría de DDHH, que encabeza Alberto Baños: “Juntar 20.000 personas en un lugar de memoria al Gobierno no le gusta”. Fue tal vez su freestyle más punzante, a través de un vivo en su cuenta de Instagram, cuando ya le habían bajado el show y un importante cordón policial retenía el paso de sus fans en la puerta del predio de Av. Libertador. Muchos de sus seguidores habían viajado desde otras provincias y algunos hasta hicieron fila en la puerta varias de las últimas noches de lluvia.

El show de Milo J era gratuito (con entradas asignadas previamente) y se iba a realizar en el corazón de la ex-ESMA: en la llamada Plaza de la Declaración Internacional de los DDHH, un gran espacio en el centro del predio, ubicado a las puertas de la sede de la secretaría de Baños. La denuncia judicial revela ahí una curiosidad: el Gobierno se refirió al espacio como “Patio de Armas”, tal cual el nombre que tenía el lugar bajo el mando de los militares, donde en su momento llegó a ser utilizado por helicópteros.

“Ojo, porque esto ya pasó”, advirtió la madre de Milo J, Aldana Ríos –que a su vez es su manager–, en una conferencia de prensa al caer la tarde junto a representantes de organismos de derechos humanos. Denunciaron censura abiertamente. La contraofensiva libertaria no tardó en aparecer, pero solo en el mundo virtual: tuiteros de Milei festejaron la suspensión del show y hasta hubo pedidos de que la ex-ESMA vuelva a ser de la Armada. “En las redes se puede decir cualquier cosa”, fue la defensa del oficialismo que recogió este medio.

La jueza federal María Alejandra Biotti hizo lugar a la cautelar que presentó el Gobierno porque el evento supuestamente no contaba con “la debida autorización por parte del Poder Ejecutivo Nacional”. Según la denuncia judicial, no había conocimiento del show ni de Nación ni de Ciudad –como partes del ente público que gestiona el espacio de memoria, junto con los organismos–, aunque las actividades en la ex-ESMA son públicas e históricamente se han hecho con un esquema con cierta libertad de acción, según supo elDiarioAR. 

“Básicamente es un lugar público y limitaron el carácter público de la ex-ESMA. Mientras dicen por escrito que los motivos son los papeles, en realidad salen a decir que es un hecho político”, se quejó una fuente que conoce al detalle el funcionamiento del predio. De hecho, en enero hubo un festival a metros de la plaza seca, frente a la sede del Haroldo Conti, en solidaridad con los trabajadores despedidos por la gestión Baños-Cúneo Libarona y no hubo inconvenientes. Pero por Milo J sí. 

“La verdad hasta ayer no lo conocía”, se despachó entre sus interlocutores el secretario Baños, a partir de la sorpresa que se habría encontrado el martes con los movimientos para la instalación del escenario en el predio. “El día 11 de febrero del presente, personal de la custodia, le informó acerca de la realización de algunas obras que se estaban realizando en el mencionado Patio de Armas, que ‘por sus envergaduras llamaron la atención (sic)’, hecho que fue constatado por el titular de la Secretaría referida, en oportunidad de constituirse en el lugar y observar ‘un despliegue de personal, ajeno a esta Secretaría, destinado al armado de andamios, torres y escenario de gran porte que, prácticamente cubren un 50% del mencionado Patio (...) acompañado con equipos de iluminación y sonido que sobrepasan la altura de los edificios circundantes, impidiendo la circulación peatonal y automotriz’”, se lee en el pedido del amparo.

“El cuestionamiento no es al artista sino a la ilegalidad del acto”, fue otro de los comentarios que salieron desde el despacho de Baños. Según la presentación judicial, en la ex-ESMA no se podría hacer el show porque el espacio tiene como finalidad específica “la preservación de la memoria histórica, la promoción de los derechos humanos y la protección de un sitio emblemático de la historia reciente de nuestro país”. “Toda actividad a desarrollarse en dicho predio, no sólo debe encontrarse alineada con estos objetivos, sino que también requiere la debida evaluación y autorización de las autoridades competentes”, indica el expediente. Contrariamente, las políticas de memoria vienen siendo sistemáticamente atacadas por el Gobierno, que ajustó en las últimas semanas áreas claves al respecto, como el Archivo de la Memoria, o el vaciamiento de otros ex-centros clandestinos, como Virrey Ceballos, también la Capital Federal.

En otro apartado de la cautelar se lee como argumento oficial para impedir el recital: “El lugar no cuenta con las dimensiones necesarias para la circulación eventual de ambulancias, bomberos, vehículos de seguridad y no se conoce cuál podría ser el programa de evacuación ante acontecimiento eventuales que puedan poner en riesgo a las personas”. Y agrega: “Tampoco está garantizada la protección de los bienes del Estado ante una posible vandalización (...) no hay posibilidad de control policial por las características propias del lugar y por la cantidad de gente que puede asistir”.

El recital de Milo J se iba a dar en conjunto a una feria de la UTEP, el gremio de la economía popular vinculada al peronismo-kirchnerismo. El artista tenía pensado presentar su álbum “166 (DELUXE) retirada”, que ayer mismo se publicó en Spotify, donde su perfil verificado tiene más de 15 millones de oyentes mensuales. Anoche exactamente a las 21 Milo J estrenó en YouTube el video de su canción “BUEN DIA PORTACION DE ROSTRO” y en dos horas ya había alcanzado más de 120 mil visualizaciones.

Un alcance que podría amplificarse aún más tras la censura por parte del Gobierno. Y podría volverse un búmeran para Milei, un producto de las redes. El video de Milo J denunciando al Presidente se reprodujo solo en su cuenta de Instagram hasta anoche 168 mil “me gusta”.

MC

Este episodio aborda la cuestión de la memoria de los años 70 a través del trabajo de la CONADEP y el informe del Nunca Más. Emilio Crenzel y Hugo Vezzetti conversan con Camila Perochena en torno a los dilemas y debates que planteó la memoria de la dictadura desde 1980 hasta la actualidad.

Conducción: Camila Perochena

Producción y edición de sonido: Ian Gutiérrez y Martín Shindell

MM