El ex jefe de la Policía Federal en el gobierno de Fernando De La Rúa, el comisario Rubén Santos se entregó hoy ante el Tribunal Oral Federal 6 para comenzar a cumplir la condena a 3 años y seis meses de prisión por la represión de 2001 que dejó firme la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Santos estaba de viaje en España cuando el máximo tribunal del país rechazó un recurso de su defensa, volvió del mismo de manera anticipada por orden judicial y este lunes se presentó en Comodoro Py 2002 para quedar detenido, informaron fuentes judiciales.

Lo mismo hizo el jueves último el ex secretario de Seguridad de ese Gobierno, Enrique Mathov, quien quedó alojado en la cárcel de Ezeiza mientras se resuelve un pedido de arresto domiciliario por ser mayor de 70 años que hizo su defensa.

A Santos, el TOF6 le había dado 72 horas para regresar al país, plazo que cumplió.

En el caso de Mathov fue condenado el 18 de mayo de 2021 por tres homicidios culposos y las heridas que sufrieron decenas de manifestantes en la zona de Plaza de Mayo durante la represión que precedió a la renuncia del fallecido ex presidente Fernando de la Rúa, quien resultó sobreseído en el caso.

El exfuncionario estuvo preso por esta causa 6 meses y 25 días desde el 1° de enero de 2002 y el 26 de julio de 2002, cuando se lo excarceló. Por lo tanto, según el cómputo de pena que hizo el tribunal su condena se dará por cumplida el 22 de mayo de 2028.

En el caso del ex jefe de la Policía Federal Santos estuvo detenido 5 meses y 19 días en 2002 por lo cual su condena se dará por cumplida el 28 de septiembre de 2027.

El Tribunal citó a ambos luego que la Corte Suprema de Justicia dejó firmes las condenas y rechazó por “inadmisibles” los recursos extraordinarios que presentaron las defensas Santos y Mathov fueron condenados en un juicio oral en 2016 por el Tribunal Oral Federal 6.

El veredicto de ese juicio oral fue apelado, lo revisó Casación y ordenó modificar las penas, que fueron reducidas a las que ahora la Corte dejó firmes al rechazar los recursos.

Mathov y Santos quedaron condenados por la muerte de tres de los manifestantes, Gastón Riva, Carlos Almirón y Diego Lamagna y las heridas que la Policía causó a otros 20 durante las protestas en Plaza de Mayo, en medio del estado de sitio que había decretado De La Rúa.

Con información de agencias.

IG

El ex secretario de Seguridad del gobierno de Fernando de la Rúa, Enrique Mathov, quedó detenido este jueves en los tribunales federales de Retiro. La condena en su contra por la represión y las muertes que tuvieron lugar en diciembre de 2001 había quedado firme este miércoles, de acuerdo a un fallo de la Corte Suprema. El exfuncionario de la Alianza se ntregó ante el Tribunal Oral Federal 6.

El citado tribunal es el que resolverá el lugar donde quedará alojado hasta que se determine si se le concede o no el arresto domiciliario que pidió su defensa.

El Tribunal Oral Federal 6 condenó a Mathov por la represión de 2001 y lo había citado para este jueves a fin de quedar detenido luego que la Corte Suprema de Justicia dejara firme la pena impuesta contra el exfuncionario.

La jueza Adriana Pallioti resolvió que “habiendo adquirido firmeza la sentencia de cuatro años y tres meses de prisión dictada en autos, y encontrándose aquélla ejecutable, cítese a Enrique José Mathov -a través de su defensa- para que se presente en el Tribunal el jueves 19 de septiembre del corriente año a las 09:30 horas, a finde estar a derecho y hacer efectiva la detención”, según la resolución a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

La defensa del exfuncionario había pedido el arresto domiciliario en razón de que Mathov tiene más de 70 años, algo que tendrá que resolver el tribunal.

En cuanto al otro condenado, el ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos, está de viaje en España con permiso judicial, por lo que se lo intimó a regresar al país en las próximas 72 horas para quedar detenido. En su caso, la condena es a 3 años y seis meses de prisión.

Mathov fue condenado el 18 de mayo de 2021 por tres homicidios culposos y las heridas que sufrieron decenas de manifestantes en la zona de Plaza de Mayo durante la represión que precedió a la renuncia del fallecido ex presidente Fernando de la Rúa, quien resultó sobreseído en el caso.

El exfuncionario estuvo preso por esta causa 6 meses y 25 días, desde el 1 de enero de 2002 hasta el 26 de julio de 2002, cuando se lo excarceló, por lo tanto, según el cómputo de pena que hizo el tribunal, su condena se dará por cumplida el 22 de mayo de 2028.

En el caso de Santos, estuvo detenido 5 meses y 19 días en 2002, por lo cual su condena se dará por cumplida el 28 de septiembre de 2027.

El Tribunal citó a ambos luego que ayer la Corte Suprema de Justicia dejara firmes las condenas y rechazara por “inadmisibles” los recursos extraordinarios que presentaron las defensas. Santos y Mathov fueron condenados en un juicio oral en 2016 por el Tribunal Oral Federal 6.

El veredicto de ese juicio oral fue apelado, lo revisó Casación y ordenó modificar las penas, que fueron reducidas, y a las que ahora la Corte dejó firmes al rechazar los recursos.

Mathov y Santos quedaron condenados por la muerte de tres de los manifestantes, Gastón Riva, Carlos Almirón y Diego Lamagna, y por las heridas que la policía causó a otros 20 durante las protestas en Plaza de Mayo, en medio del estado de sitio que había decretado el gobierno de Fernando De La Rúa.

Con información de agencias.

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Cuando faltan dos meses para que se cumplan 23 años de la brutal represión en medio de las manifestaciones contra la gestión del entonces presidente Fernando De la Rúa, el 20 y 21 de diciembre de 2001, la Corte Suprema de Justicia dejó firmes las condenas a prisión al exsecretario de Seguridad del Gobierno de la Alianza, Enrique Mathov, y al ex jefe de la Policía Federal de ese periodo, Rubén Santos, en el marco de la causa que investigó los homicidios de Alberto Márquez, Gastón Riva, Carlos Almirón y Diego Lamagna y la tentativa de homicidio de Martin Galli y Paula Simonetti, además de las lesiones, en distinto grado, cometidas en perjuicio de 117 víctimas. La represión se desató también en el interior del país y dejó un total de 38 muertos y decenas de heridos.

En su fallo, el máximo tribunal declaró “inadmisibles” los recursos extraordinarios que habían sido presentados por las defensas de ambos condenados, por lo que quedaron firmes las penas impuestas tras una revisión de la sentencia en la Cámara Federal de Casación.

De esta manera, Mathov deberá cumplir 4 años y tres meses de prisión y Santos, 3 años y seis meses. Los dos fueron condenados a cumplimiento efectivo, lo que recién se dará ahora, ya que permanecían en libertad porque la sentencia no estaba firme, pero al ser mayores de 70 años (Mathov tiene 76 y Santos, 78), podrían pedir el arresto domiciliario.

Mathov y Santos fueron encontrados culpables en 2016 tras un juicio oral en el Tribunal Oral Federal 6 por la muerte de tres manifestantes, Gastón Riva, Carlos Almirón y Diego Lamagna, y por las heridas que la Policía causó a otras 20 personas durante las protestas en Plaza de Mayo, en medio del Estado de sitio que había decretado De La Rúa. El veredicto de ese juicio oral fue apelado, lo revisó Casación y ordenó modificar las penas, que fueron reducidas. Ahora la Corte las dejó firmes al rechazar los recursos.

En tanto, la revisión de la condena del expolicía Norberto Gaudiero se declaró “inoficiosa” porque su defensa informó su fallecimiento, al igual que el expolicía Raúl Roberto Andreozzi.

El testimonio de la hermana de Diego Lamagna, asesinado en la represión de 2001

Karina Lamagna, hermana de Diego Lamagna, asesinado durante la represión policial del 20 de diciembre de 2001, relató hace un tiempo que, durante más de dos décadas, su familia padeció “una impunidad que vulneró sus derechos”, y aseguró que con “años de lucha, garra y corazón” se pudo conocer la verdad de lo que sufrieron las víctimas de la violencia institucional ejecutada durante el estallido social.

En diálogo con la agencia Télam, Karina contó que, en diciembre de 2001, Diego había viajado desde Córdoba donde vivía hasta la localidad bonaerense de Avellaneda para pasar las fiestas junto a su madre, en un momento en el que atravesaba “una gran incertidumbre económica y duelo para la familia” por la muerte de su hermana, sucedida en marzo de ese año.

“Diego trabajaba en una panadería desde los 11 años. Veía como todo lo que se había construido con mucho sacrificio se iba cayendo por la cuestión económica. Inclusive mi mamá, que era pensionada, sufrió recortes ese año. Estábamos todos recontra precarizados con trabajos que no cubrían para nada los consumos básicos”, recuerda Karina.

Diego y su mamá siguieron “muy atentos” las noticias sobre lo que sucedía en esos convulsionados días que marcarían el final del gobierno de la Alianza, con el “corralito, que fijaba un límite para la extracción de dinero en efectivo de los bancos, saqueos a los comercios, Estado de Sitio, y la represión policial del día 20.

La imagen de las Madres de Plaza Mayo reprimidas cuando intentaban hacer la tradicional ronda de los jueves lo movilizó a salir a las calles y protestar contra un estado de cosas que parecía arrasarlo todo.

“Eso de las madres para él cómo que se cruzara un límite. Sintió que, si las vulneraban a ellas, le podían hacer lo mismo a su mamá. Él siempre fue muy protector y solidario, y esa situación significó para Diego como la representación del 'que se vayan todos'. Entonces decidió salir a la calle a protestar”, recuerda su hermana.

Como miles de personas que ese día ganaron las principales arterias del centro porteño en abierto desafío al Estado de Sitio, Diego se integró a las columnas espontáneas de manifestantes que intentaban llegar a la Plaza de Mayo.

Eran grupos de personas de a pie que avanzaba y retrocedían en un intento de copar la Plaza de Mayo, mientras los efectivos de Policía Federal los dispersaban con balas de goma, gases y cargas de caballería.

En una de esos embates de los efectivos de la Federal, y cuando Diego se encontraba sobre Avenida de Mayo en el cruce con Tacuarí, recibió una perdigonada de plomo, disparada por una escopeta.

Los demás manifestantes intentaron socorrerlo; buscaron ayuda, pero no pudieron salvar su vida. Diego murió cuando la asistencia llegó al lugar donde había caído.

El 21 de diciembre, los amigos del joven fueron los primeros en percatarse de que en la portada del diario Clarín había una foto de su cuerpo sin vida, e inmediatamente buscaron a la madre para llevarla a la morgue judicial, donde “les decían que los cuerpos eran NN y no sabían a quién pertenecían”, evoca Karina.

Ella buscó al médico del SAME que en la foto le estaba haciendo técnicas de respiración y verificó que en las actas del hospital Argerich, el cuerpo de Diego entró documentado.

Karina recordó que gracias al aporte de una enfermera supo también que habían llevado la vestimenta del joven a una comisaría del barrio porteño de La Boca.

“Me arrojaron sus ropas ensangrentadas y en mi desesperación yo les decía '¿esto no es prueba? ¿no se lo tienen que quedar ustedes?'. Después me enteré de que había una intención de desaparecer los cuerpos y una decisión de (la jueza federal) María Servini (de Cubría) la que logró impedirlo”.

El 22 de diciembre, Karina recurrió al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) con la idea de que la causa abarque a los responsables políticos de la orden emanada y a los responsables materiales del asesinato.

Desde su perspectiva, el accionar de la fiscalía “fue paupérrimo y tuvo graves desinteligencias”, y señala que las pruebas, testimonios y filmaciones (hasta de las cámaras de la Policía) las aportaron los familiares y el CELS.

“Llegar a saber cómo fueron los hechos que causaron la muerte de Diego y las otras víctimas fue todo lucha y garra por parte de las las familias. En la causa se sabe de dónde partió la perdigonada que mató a Diego y que fueron escopetas usadas por la Policía Federal”, afirma Karina.

El testimonio de la madre de Carlos Almirón: “Le cortaron las alas por protestar”

Carlos 'Petete' Almirón era un estudiante de la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que murió en las calles del centro porteño durante la represión a las protestas del 20 de diciembre de 2001.

Para su madre, Marta Almirón, a 'Petete' “le contaron las alas” por movilizarse y denunciar “lo mal que estaba el país” en aquellos convulsionados días que signaron el final del gobierno de Fernando De la Rúa.

Carlos tenía 20 años, colaboraba con la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) y militaba en un movimiento barrial independiente de izquierda en Remedios de Escalada.

“Fueron a la plaza para que se vayan todos y al final se fueron nuestros hijos, mi hijo al menos. Tendría que estar en los libros, en la historia de argentina”, señaló Marta hace tres años en declaraciones a Télam Radio.

“Después de que se murió y me contaron todas las cosas que hizo en su corta edad, recién ahí acepté que ya no estaba conmigo”, explicó su mamá.

En la entrevista, Marta recordó que el 19 de diciembre se despidió de Carlos y sus compañeros cuando se dirigían a Plaza de Mayo, con la intención de sumarse a la multitud que desafiaba en las calles el Estado de sitio.

“Fui a despedirme de ellos y les pregunté '¿Están por arreglar el mundo?' y me respondió 'En eso estamos, Mami´”, evocó.

Ese fue el último día que la familia de Carlos lo vio con vida. Almirón había avisado a su abuela que volvería al día siguiente, pero no pudo cumplir esa promesa.

El militante popular recibió un disparo en el pecho cuando se encontraba al frente de una columna de manifestantes en Avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo y falleció en el Hospital Argerich como consecuencia de una hemorragia interna.

Al otro día, Marta esperaba que llegara su hijo, pero volvió a verlo “tres días después y en un cajón”, en el que le entregaron sus restos.

“Nos dicen que los culpables ya están muertos (como De la Rúa), o ya son grandes, ¿y nosotros? ¿no vale nuestro dolor? ¿no vale nuestra perdida?”, planteó Almirón.

“Deseo que realmente se haga justicia. Hasta ahora, lo van posponiendo y los años van pasando. Una madre siempre va a escarbar hasta lo último, mientras siga caminando voy a seguir si Dios quiere”, aseguró Almirón.

El testimonio de Camila, la hija de Gastón Riva, el motoquero asesinado en 2001

Camila Riva, hija del trabajador de reparto de motos Gaston Riva, una de las víctimas emblemáticas de la represión policial del 20 de diciembre de 2001, tenía apenas 8 años cuando su padre fue asesinado en las calles del centro porteño, y asegura que, desde entonces, creció acompañando el reclamo de justicia que durante años sostuvo su familia y “para mantener la memoria”.

“Desde el 2001, nada fue igual para nadie en la Argentina. A medida que fui creciendo, empecé a tener noción de lo que había pasado. Desde entonces, la gente piensa más en política y se pregunta por sus derechos”, reflexionó Camila Riva hace tres años en declaraciones a Télam.

Camila, hija del matrimonio que Gastón había formado con María Arena, recuerda que, el día que murió su papá, su mamá estaba “muy nerviosa atenta a la televisión y a su familia que corría ”de un lado para el otro buscando información“.

Fue recién a la mañana siguiente que le explicaron que su padre había fallecido como consecuencia de la represión.

“Me entere al día siguiente cuando mi mamá me lo contó, me dijo que él ya no estaba más. También me acuerdo mucho del momento en que fuimos a Ramallo, la ciudad donde nació mi papá para velarlo y enterrarlo”, explicó Camila.

Su padre tenía 31 años cuando el 20 de diciembre de 2001 fue baleado por la policía en la esquina de Avenida de Mayo y Tacuarí.

Ese día había ido con su moto hasta la Plaza de Mayo para manifestarse en contra del gobierno de Fernando de la Rua; tras ser alcanzado fue trasladado al Hospital Argerich y allí murió.

“Creo que mi papá no salió por su situación en particular sino por lo que pasaba en la Argentina. Se vivía un momento con mucha pobreza y faltaba trabajo. La violencia de la Policía ese día era tremenda. Fue algo que conmovió muchísima gente”, remarcó Camila.

“Lloré cuando dieron las condenas en 2016 porque fueron bastante escasas. Pensé que iba a pasar otra cosa, Mathov y Santos recibieron pocas penas por haber tenido tanta responsabilidad. Fueron 39 muertos en todo el país”, apuntó.

A los 28 años, Camila formó una familia y se mudó al sur este año, y de esta forma siete que cumplió un anhelo que su padre quería alcanzar y no pudo.

A más de dos décadas de estallido social que se llevó puesto al gobierno de la Alianza, Camila destacó como “importante” que en la agenda de los colegios secundarios “se hable de este capítulo de la democracia argentina porque ”hay mucha desinformación“ al respecto.

“La historia reciente es lo que hace que se tomen ciertas decisiones como el voto y los posicionamientos políticos. Son veinte años que marcaron un antes y un después. No hay que olvidar que esto que pasó fue gravísimo y se tiene que mantener la memoria”, puntualizó.

Con información de agencias.

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