Cuatro de cada diez niñas, niños y adolescentes viven en situación de pobreza en Argentina. Así lo reveló un nuevo informe de UNICEF Argentina elaborado sobre la base de datos oficiales correspondientes al segundo semestre de 2025, que ubicó la pobreza infantil en el 42,3% y la indigencia en el 9,4%.

Las cifras representan una mejora respecto de los niveles alcanzados durante 2024, cuando la pobreza infantil había trepado al 52,7%, pero continúan reflejando una realidad crítica: más de 5,1 millones de chicos residen en hogares pobres y, de ellos, alrededor de 1,1 millones viven en condiciones de indigencia.

El estudio advierte además que la tendencia descendente podría interrumpirse durante este año. Las proyecciones para el primer semestre de 2026 estiman que la pobreza infantil volvería a aumentar hasta ubicarse en torno al 44,4%, mientras que la pobreza extrema alcanzaría el 10,8%.

Los resultados fueron presentados este martes durante una actividad organizada por UNICEF Argentina en el Círculo Italiano de Buenos Aires, donde también se difundió un análisis sobre la evolución del presupuesto nacional destinado a la infancia y la adolescencia.

Si bien la reducción observada durante 2025 permitió regresar a niveles similares a los registrados hace casi una década, el organismo remarcó que la incidencia de la pobreza sigue siendo elevada y que existen profundas desigualdades detrás de los promedios nacionales.

El informe muestra que las situaciones más críticas se concentran en hogares con bajos niveles educativos, inserción laboral precaria o encabezados por mujeres. En ese sentido, el 68,8% de las niñas y niños que viven en hogares con muy bajo clima educativo se encuentra en situación de pobreza. La cifra asciende al 74,8% cuando la persona de referencia está desocupada.

También resulta especialmente preocupante la situación de los hogares monoparentales con jefatura femenina, donde la pobreza alcanza al 52,8% de las chicas y chicos.

Para UNICEF, estos datos evidencian la necesidad de combinar las políticas de transferencia de ingresos con medidas orientadas al cuidado y a la inclusión laboral. El organismo sostiene que las ayudas económicas cumplen un papel fundamental para evitar un deterioro aún mayor de las condiciones de vida.

Según el informe, la indigencia infantil sería seis puntos porcentuales más alta si no existieran programas de asistencia como la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Prestación Alimentar y otras transferencias monetarias.

“Estos instrumentos de protección de ingresos cumplen un papel central para proteger el piso alimentario, con un efecto importante especialmente en la pobreza extrema”, afirmó el representante de UNICEF en Argentina, Rafael Ramírez Mesec.

En la misma línea, el especialista en Inclusión y Monitoreo de UNICEF, Sebastián Waisgrais, señaló que el impacto de estas políticas depende de su capacidad para sostener el poder adquisitivo y llegar efectivamente a quienes más lo necesitan.

“Los resultados del informe muestran que las políticas de protección de ingresos son necesarias para sostener pisos básicos, pero su impacto aumenta cuando disponen de movilidad automática y se articulan con intervenciones focalizadas en los grupos poblacionales más afectados junto a políticas sectoriales orientadas a privaciones estructurales”, explicó.

Más allá de los ingresos, UNICEF subrayó que una parte importante de la infancia argentina enfrenta carencias vinculadas a aspectos esenciales para el desarrollo. El 42,8% de las niñas, niños y adolescentes presenta al menos una privación no monetaria relacionada con el acceso a vivienda adecuada, saneamiento, agua segura, hábitat, educación o protección social.

A diferencia de la pobreza monetaria, estas privaciones muestran una evolución más lenta y menos sensible a las fluctuaciones económicas. Por esa razón, el organismo considera que requieren políticas sostenidas en el tiempo para revertirse.

El informe también revela las estrategias a las que recurren las familias para enfrentar las dificultades económicas. Siete de cada diez hogares con niñas, niños y adolescentes declararon haber necesitado ayuda de terceros, endeudarse o vender pertenencias durante el último año para poder sostener sus gastos. Entre los hogares sin chicos, esa proporción es diez puntos menor.

Presupuesto en retroceso

Junto con los datos sobre pobreza, UNICEF presentó un análisis del presupuesto nacional destinado a la niñez y adolescencia.

Durante 2025, el gasto orientado a este sector registró una recuperación real del 4% respecto del año anterior. La mejora estuvo impulsada principalmente por la expansión de las políticas de protección de ingresos, que representan cerca del 88% de la inversión nacional destinada a la infancia.

Sin embargo, el panorama para 2026 aparece menos favorable.

De acuerdo con el informe, durante los primeros cuatro meses y medio del año la ejecución presupuestaria destinada a niñas, niños y adolescentes fue 6% inferior en términos reales a la registrada en igual período de 2025.

La caída se explica por una reducción en las partidas vinculadas a protección de ingresos, educación, nutrición, alimentación, protección de derechos y primera infancia. La única excepción fue el área de salud, donde se observó un incremento impulsado principalmente por una mayor inversión en vacunas y medicamentos.

UNICEF advirtió que, si no se producen ampliaciones presupuestarias o reasignaciones de recursos durante el resto del año, el financiamiento nacional destinado a la niñez podría cerrar 2026 con una caída real del 16% respecto del gasto ejecutado en 2025.

El organismo señaló que medidas recientes, como el aumento del 38% de la Prestación Alimentar dispuesto en mayo y las actualizaciones automáticas de la AUH, requerirán refuerzos presupuestarios para garantizar su efectiva implementación.

En este contexto, UNICEF remarcó la importancia de proteger la inversión pública destinada a la infancia, especialmente en áreas estratégicas como educación, alimentación, primera infancia y protección de derechos.

Mientras la pobreza infantil muestra señales de mejora respecto de los niveles más críticos alcanzados en 2024, los especialistas advierten que la situación continúa siendo frágil. Con más de cinco millones de chicos viviendo en hogares pobres y una posible reversión de la tendencia durante 2026, el desafío sigue siendo uno de los principales problemas sociales del país.

Más de la mitad de los niños, niñas y adolescentes en la Argentina continúa en situación de pobreza. Así lo señala el último informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, que ubicó el índice en el 53,6% al cierre de 2025 para la población de entre 0 y 17 años.

El dato refleja una mejora respecto de los picos recientes, aunque todavía se mantiene en niveles elevados. Al inicio de la gestión de Javier Milei, la pobreza infantil alcanzaba al 62,9%. Luego descendió al 59,7% en 2024 y continuó la baja hasta el valor actual, en un contexto marcado por la desaceleración inflacionaria y la recomposición de ingresos a través de políticas sociales.

Aun así, la comparación histórica muestra la persistencia del problema. El nivel más bajo de la serie se registró en 2011, cuando el indicador había caído al 35,7%. A partir de 2018 comenzó un ciclo de deterioro que llevó la pobreza infantil por encima del 60% desde 2020.

El informe, que forma parte del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia (2010-2025), también advierte sobre cambios estructurales en los hogares. La proporción de familias con menores de 18 años viene en descenso sostenido: pasó del 56% en 1991 al 44% en 2022, con una proyección que ubica a todas las jurisdicciones por debajo del nivel de reemplazo poblacional hacia 2025.

Más allá de los ingresos, las condiciones de vida de los chicos pobres evidencian múltiples carencias. El 42% reside en viviendas con déficits de saneamiento, mientras que el 61,2% no cuenta con cobertura de salud a través de obra social, mutual o prepaga.

Las limitaciones también alcanzan el acceso a bienes culturales y educativos: el 82% no participa en actividades extracurriculares, apenas la mitad dispone de una computadora en el hogar y solo el 16% tiene acceso a internet.

El informe pone además el foco en el bienestar emocional. Un 18% de los chicos presenta señales de tristeza o ansiedad, proporción que se eleva al 21,2% en la adolescencia. Dentro de ese grupo, las mujeres muestran mayores niveles de afectación que los varones. Las brechas sociales también inciden: en los sectores más vulnerables, la probabilidad de malestar emocional duplica a la de los estratos medios altos.

Estas condiciones impactan directamente en el proceso educativo. Según el relevamiento, los chicos que atraviesan situaciones de angustia o ansiedad tienen un 46% más de probabilidades de presentar dificultades de aprendizaje.

En este contexto, el acceso a apoyos económicos para sostener la escolaridad resulta limitado: apenas el 6,3% de los estudiantes recibe algún tipo de ayuda para estudiar.

El informe traza así un panorama complejo: aunque los indicadores muestran cierta mejora reciente, la pobreza infantil continúa siendo un fenómeno extendido y multidimensional, atravesado por desigualdades persistentes que afectan tanto las condiciones materiales como el desarrollo integral de niños y adolescentes.

Con información de la agencia NA

En noviembre, una familia necesitó hasta $571.106 por mes para cubrir los gastos de crianza de un solo hijo o hija de entre 6 y 12 años, según el último informe del Indec. El valor incluye tanto el costo de bienes y servicios esenciales como el del tiempo de cuidado, un componente que visibiliza el trabajo no remunerado o mal remunerado que recae, en su mayoría, sobre las mujeres.

La cifra más baja corresponde al tramo de menores de un año: $450.355. En el medio se ubican los grupos de 1 a 3 años ($535.823) y de 4 a 5 años ($454.165). En todos los casos, más de la mitad del monto total responde al valor del tiempo de cuidado.

El informe elaborado por la Dirección Nacional de Estadísticas de Condiciones de Vida del Indec retoma una metodología diseñada por la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía, junto con UNICEF, que permite cuantificar mensualmente el gasto necesario para la crianza, tomando en cuenta las distintas etapas de la infancia y las características escolares y de cuidado asociadas.

“El componente más costoso no es el alimento ni la ropa, sino el tiempo humano que implica criar”, explicó una economista del equipo técnico, en referencia al costo del cuidado. Este se calcula en función de las horas estimadas necesarias para cada tramo etario y se valoriza según la remuneración del personal de casas particulares, categoría “asistencia y cuidado de personas”.

Por ejemplo, criar a un niño menor de un año demanda 147 horas mensuales, con un costo estimado de $307.939. En el caso del grupo de 1 a 3 años, se estiman 168 horas por mes y un costo de $351.930.

A la par, el valor de los bienes y servicios se calcula en base a la canasta básica total (CBT) del Gran Buenos Aires, aplicada a cada rango de edad mediante coeficientes de adulto equivalente. En noviembre, este valor fue de $142.416 para menores de 1 año, y llegó a $290.537 para niños y niñas de entre 6 y 12 años.

Sin actualización de ingresos proporcionales

A pesar del aumento sostenido de estos costos —en el caso del grupo de 6 a 12 años, la canasta subió más de $22.000 entre septiembre y noviembre—, no se registró una actualización equivalente en programas estatales como la Asignación Universal por Hijo (AUH), que en diciembre fue de apenas $33.000 por niño, cubriendo solo el 5,7% del valor de la canasta más cara.

Tampoco se adecuaron proporcionalmente los salarios reales ni los montos deducibles del Impuesto a las Ganancias por hijo o hija a cargo. El desfasaje creciente entre ingresos y costos de crianza expone a muchas familias trabajadoras a la precariedad o el endeudamiento para sostener derechos básicos de sus hijos e hijas.

El estudio también advierte que, en hogares con más de un niño, niña o adolescente, el tiempo de cuidado requerido no se suma linealmente, sino que se estima en función del integrante que más horas demande, lo que acentúa el impacto sobre los hogares monomarentales o con múltiples menores a cargo.

A través de esta valorización, el Indec pone en evidencia una dimensión estructural del trabajo reproductivo: criar implica tiempo, dedicación y dinero, que el mercado no remunera y que el Estado compensa de manera muy insuficiente. En un contexto de alta inflación y recortes en políticas de cuidado, este informe aporta una medición clave para la discusión sobre justicia social, redistribución y corresponsabilidad estatal.

El enfoque metodológico que sustenta el informe parte de la premisa clara de que criar no es un gasto individual, sino una inversión colectiva. Sin embargo, el costo recae casi por completo en las familias. Los expertos señalan que este insumo estadístico debe tener su correlato en la acción política, es decir revisar las condiciones materiales del cuidado en la Argentina y el lugar que ocupa —o no— en la estructura económica.

JJD

Empieza a caer la tarde del jueves en la Villa 31. Hay niños jugando en la calle, en una parrilla se cocinan chorizos y en un salón comunitario jóvenes aprenden a cortarse el pelo. Aunque la mayoría de las calles del barrio Carlos Mugica están tranquilas, frente a un pequeño edificio ya se forma fila: hay gente que espera en la puerta del comedor Gustavo Cortiñas, de La Poderosa, a que se abran sus puertas. “¡Tenemos hambre”, gritan algunos en la fila. El grito parece reflejar que la crisis social, lejos de la estabilización económica que promociona el Gobierno, está en aumento. “La alimentación es uno de los mayores problemas en las villas”, alerta Claudia Albornoz, referenta nacional de la organización.

Pese a los primeros indicios de baja de la inflación de Javier Milei, el acceso a una alimentación suficiente sigue siendo incierto para muchos argentinos. La suba del desempleo, el bajo consumo y el costo de la vida cada vez más apremiante amenaza especialmente la seguridad alimentaria de las familias de bajos ingresos. Cuán grave es la situación lo revelan nuevos datos de la Encuesta de la Deuda Social realizada por la Universidad Católica Argentina (UCA), en la cual se encuestaron alrededor de 3.000 hogares en 2024.

Según el relevamiento difundido recientemente, el año pasado el 28% de la población argentina padeció inseguridad alimentaria. Eso no significa necesariamente que hayan pasado hambre, pero sí que su acceso a alimentos estuvo restringido por razones económicas. “Desde 2018 observamos un aumento de la inseguridad alimentaria”, explica la politóloga Valentina González Sisto, integrante del Observatorio de la Deuda Social, que compiló los datos.

Como en años anteriores, la proporción es especialmente alta entre los niños: más de un tercio estuvo afectado por inseguridad alimentaria, según el estudio. “Cuando los niños no pueden alimentarse adecuadamente, esto impacta directamente en su educación: tienen más dificultades para asistir con regularidad a la escuela o terminar sus estudios a tiempo”, advierte González Sisto. Al mismo tiempo, aquellos niños que asistían regularmente a clases eran menos propensos a sufrir inseguridad alimentaria, ya que el programa estatal de alimentación escolar garantiza comidas a muchos chicos. Aun así, los autores estiman que alrededor de cuatro millones de niños en Argentina tuvieron algún grado de dificultad de acceso a la comida el año pasado, ya sea reduciendo porciones o pasando hambre. La tendencia es creciente, al igual que en los adultos.

Lo que los números revelan se ve en la vida cotidiana en las villas: “La demanda aumenta cada día”, dice Alicia Casemiro, quien dirige el comedor en la Villa 31. A menudo no alcanza la comida que provee el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En este momento las cocineras –tanto profesionales como voluntarias– están cortando una gran horma de queso en trozos gruesos, mientras el arroz humea en una olla enorme. Todo debe estar listo para las 18, como cada día. Preparan 365 porciones diarias y cada jornada se forma una fila.

Además de los niños hay también personas de otras edades afectadas por la crisis. Desde hace algunos meses creció el número de jubiladas que esperan aquí una comida caliente. “Sobre todo desde Milei”, apunta Albornoz. En La Poderosa es clara la opinión sobre las políticas del libertario: les quitó subsidios poco después de su asunción y, hasta ahora, nadie en el barrio todavía se benefició de la estabilización económica. Aunque la metodología estadística registra actualmente menos personas pobres en el país, Albornoz subraya: “La mayoría vive por debajo de la línea de pobreza”.

En ese contexto, cada vez más las personas dependen de organizaciones sociales como La Poderosa. Para algunos, el problema no es solo la inseguridad alimentaria: en CABA también aumentó la necesidad de un techo. El número de personas en situación de calle aumentó un 122 % desde 2017 y un 55 % entre 2022 y 2024.

Quienes no se ven afectados por esa situación y tienen trabajo lo hacen generalmente fuera del barrio, en el sector informal. Para los autores del estudio de la UCA, esto es una de las razones por las que la inseguridad alimentaria continuó elevándose el año pasado. “La fuerte inflación que experimentamos en 2024 ya está reflejada en los datos actuales de inseguridad alimentaria”, explica González Sisto. La inflación subió fuertemente a principios de año y solo luego se estabilizó lentamente. Aunque los costos de vida aumentaron, apenas hubo ajustes salariales, relata la especialista. “En el mercado informal es mucho más difícil que los salarios se ajusten a los aumentos de precios”.

González Sisto y el resto de los autores del estudio exigen un mejor acceso al empleo formal. Señalan que el impacto negativo del trabajo precario supera el efecto positivo de las transferencias estatales. Y agregan: “Además de mejores oportunidades laborales, se necesita continua asistencia a través de la alimentación escolar y estrategias locales más cercanas a la realidad diaria de las personas, especialmente en materia alimentaria”, afirma la politóloga.

Eso también piden las mujeres del comedor en la Villa 31. Exigen más comunicación con las autoridades, pero también más alimentos y dinero. Lo suficiente para no tener que enviar a alguien a casa con el plato vacío.

En la fila del comedor sobraron personas a las 365 raciones de comida que se repartieron. Las mujeres en la cocina están frustradas por no haber podido, una vez más, alimentar a todos. Pero también sienten la satisfacción de haber logrado, hacer una pequeña diferencia en la alimentación de tantas personas. Cae la noche en la Villa 31 y el comedor Gustavo Cortiñas cierra sus puertas. Llenar un plato sigue siendo un desafío constante.

MH/MC

Una época –una crisis– se revela menos en los comentadísimos índices macroeconómicos que en las anónimas tragedias cotidianas. “Una persona que llega a la fundación con tres días sin comer se para en la puerta y ve que tiene que subir una escalera. Siente que no va a tener la fuerza para hacerlo porque está muerta de hambre. Esas son las cosas que nos impactan porque antes no pasaban”.

Malena Famá –41 años, estudiante de medicina, fundadora de Multipolar– da testimonio del desmoronamiento. Elige hacerlo sin modales, brusca, urgida por una causa: la gente se está muriendo.

“La definición institucional de Multipolar –insiste– es acompañar a personas en situación de extrema vulnerabilidad sociolaboral para que puedan aumentar sus posibilidades de conseguir trabajo favoreciendo su autonomía. Pero lo que a mí me sale de las tripas es contarte que hace poco se me acercó un señor de cincuenta años porque le dijeron que yo era doctora, cuando estoy en tercer año de la carrera nada más. Me contó que tenía un tumor en el hígado y me pidió que le dijese en cuánto se iba a morir. Le dije que la pregunta era otra, que teníamos que pensar en cómo abordar el tratamiento. Me contestó que antes que seguir viviendo en la calle prefería morirse. Había tomado la decisión de no tratar su enfermedad para morirse más rápido”, cuenta a elDiarioAR.

La administración mileista y su apología de la motosierra vuelve casi imposible que una persona en situación de calle pueda reinsertarse en la dinámica, no ya de los empleados formales, sino de aquellos que al menos tienen la posibilidad de comer o ducharse una vez al día. “Hay un contexto político-social que en los últimos cuatro meses provocó un crecimiento exponencial del deterioro de las personas que se acercan a la fundación. Han perdido lo poco que tenían y no pueden comprar ni un jabón para higienizarse; una persona que no puede lavarse los dientes está expuesta a un montón de enfermedades; y lo más grave, han cerrado muchos comedores porque no distribuyen alimentos. Antes la gente venía a buscar trabajo, ahora viene a pedir comida”.

El vaivén de los últimos días del Gobierno nacional respecto del futuro del Hospital de Salud Mental “Lic. Laura Bonaparte” desbloqueó nuevos niveles de angustia en Malena. La propuesta oficial de cierre, luego aligerada a “reestructuración”, hubiera significado el cese de la atención de urgencias y nuevas internaciones en una institución especializada en salud mental y adicciones única en el AMBA y a la que llegan, en su mayoría, personas en situación de vulnerabilidad social, es decir, los mismos que golpean las puertas de Multipolar.

“El tema más importante para nosotros es la salud mental porque no se consiguen turnos. En este momento, en la ciudad de Buenos Aires, si llamás para una admisión de salud mental te dan un turno para agosto de 2025. El Bonaparte es el único lugar que sabemos que si llevamos un joven en situación de calle descompensado o en pleno ataque lo van a atender profesionales comprometidos que van a demostrar el interés que no mostraron otros, porque para muchos la persona en situación de calle no vale nada”.

Malena destaca del Bonaparte que es uno de los pocos hospitales del país que hace un abordaje interdisciplinario como requiere la actual ley de salud mental: no son solo psicólogos y psiquiatras, también hay trabajadores sociales, centros culturales, proyectos artísticos y talleres de formación para el trabajo, entre otros.

“Les pido a las personas que no conocen del tema que no se dejen llevar por lo que escuchan y que se tomen el tiempo para informarse. En el Bonaparte no hay ñoquis; esos trabajadores existen y son de los mejores profesionales. Y algo importante: una persona que trabaja en una guardia atendiendo a un adicto en Navidad no lo hace por plata porque ni siquiera cobran un salario digno”.

“El Estado se corrió”

Se acuerda como si hubiera sido ayer: ella, con apenas 17, se dio cuenta de que algo en su padre había cambiado para mal. “Cuando llegó Edenor a privatizar Segba (Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires, la exempresa estatal argentina encargada de la generación, transmisión y distribución de electricidad el Gran Buenos Aires y en parte de la provincia de Buenos Aires), le pidieron que se acoja al retiro voluntario y la indemnización le quedó en el corralito. Ahí empecé a intentar ayudarlo a conseguir trabajo, y después a otros hombres de su edad. Me convertí en la chica de los currículums. El trabajo de las personas se convirtió en una especie de obsesión porque mi papá no lucía como mi papá cuando perdió su trabajo. Y eso me afectó mucho a mí y a mi familia”.

No pasó tanto tiempo hasta que Malena decidió hacer algo con esa obsesión por sacar a las personas del pozo. Con el novio de entonces, armaron capacitaciones para los manteros que echaban de las calles. En paralelo, sumaba experiencia en la intermediación con personas que luchaban por abandonar el consumo de paco. Con esa experiencia a cuestas fundó hace 13 años Multipolar, la organización que ayuda a más de 300 personas en situación de calle por año. Nadie dijo que sería fácil.

“Si antes cinco de cada diez personas que recibíamos tenían problemas por consumo de sustancias, hoy son ocho. A eso hay que sumarle que todos los lugares de tratamiento se están cerrando porque los están desfinanciando. Multipolar siempre se planteó como articuladora con el Estado, pero ahora el Estado se corrió y el presupuesto mínimo está desapareciendo. Yo estoy haciendo malabares para sostener los honorarios profesionales del equipo, hay mucha angustia y está afectando a nuestra propia salud mental; sufrimos desgaste por empatía, burnout (lo que se conoce como ”síndrome del quemado“), estrés traumático. A mí me llega un mensaje de un muchacho con crisis de abstinencia que me dice 'llegué hasta acá, me quiero suicidar'. Es mi vocación, es lo que decidí, pero no tengo las herramientas para resolverlo, llega un momento en que no podemos ayudar a nadie”.

GR/JJD

Aunque alineado al Gobierno, el macrismo salió a advertirle a Javier Milei sobre la creciente pobreza. Un informe publicado por la fundación Pensar, que encabeza María Eugenia Vidal y que apadrina Mauricio Macri, destaca que en la Argentina hay 25,8 millones de pobres, aproximadamente la mitad de la población. El documento se conoció este lunes, justo en el inicio de la semana en que el INDEC revelará la estadística social durante el primer semestre de la gestión libertaria. 

El informe tiene la sutileza de no cuestionar directamente a la Casa Rosada, sino que carga las tintas sobre la herencia de los gobiernos anteriores, sobre todo del kirchnerismo, pese a que la administración de Macri tampoco cumplió su promesa de campaña de “pobreza cero”. El reporte, parte de la serie que publica todos los meses la fundación sobre la coyuntura, hace un repaso histórico de la problemática: “La democracia nos trajo libertad pero no progreso. Desde 1983, Argentina sumó 17 millones de personas: 14 millones de pobres y 3 millones de no pobres. Es decir que el 82% del crecimiento demográfico fue el crecimiento de la pobreza. Hoy es pobre 1 de cada 2 argentinos y 7 de cada 10 chicos”, afirma en un extracto que consignó el diario Clarín.

El informe califica a la pobreza como “la gran deuda de la democracia”. La fría estadística de que el 70 por ciento de los chicos están por debajo de la línea de la pobreza se traduce a la dura realidad en que en el país hay un millón de niñas y niños que se saltean la cena por problemas económicos en sus familias. 

Para alertar sobre el proceso nacional, pone en perspectiva la situación latinoamericana: “Argentina es el único país de la región que no logró reducir la pobreza en los últimos 13 años, medido por el Banco Mundial”. En una comparativa sobre la evolución de la pobreza en el resto del continente, destaca que en promedio se pudo reducir la pobreza en 20 puntos entre el 2000 y el 2022. Allí aparecen territorios con realidades muy diferentes entre sí, como México, Chile y El Salvador.

Uno de los puntos en cuestión que toma el informe de Vidal es el aporte de la ayuda estatal. “El Estado, ¿presente?” se pregunta, justo cuando Milei acaba de enviar un Presupuesto 2025 al Congreso donde se perpetúa la regla del ajuste fiscal, aunque el rubro de “promoción social” estima que subirá 37,8%, frente al 28% de inflación promedio que dibuja la iniciativa. “Una familia tipo que solamente percibe ingresos por asistencia del Estado se encuentra un 11% abajo de la línea de indigencia y un 60% abajo de la línea de pobreza”. Critica el uso del gasto social de “los sucesivos gobiernos kirchneristas” por supuesta falta de efectividad: “Durante los gobiernos kirchneristas, el gasto social aumentó a un ritmo del 11% anual, 11 veces mayor que el macrismo”. 

En ese sentido recuerda que “la crisis de 2001 duplicó la cantidad de beneficiarios de planes sociales y de empleo” y que hubo “un salto mayor aún a partir de 2009 con la introducción de la AUH, cuando la cantidad de beneficiarios casi se triplicó (+185%)”. También cuestiona el peso del Estado en el kirchnerismo: “desde 2007 el empleo público creció el doble que el empleo privado (80% vs 42%).

En el balance estadístico de cuatro décadas de democracia, el promedio es de un 35% de pobres. El punto más alto fue en 2002 –post crisis de Fernando de la Rúa–, con el 65%, y un piso de 25% en dos momentos distintos: principios del gobierno de Carlos Menem y en 2016, primer año completo de Macri, un dato que Vidal quiere ponderar a su favor.

El documento de la fundación Pensar avala en líneas generales el plan de austeridad de Milei, pero advierte: “Después de ordenar la macro, ¿qué?”. Reconoce que “sin una macroeconomía estable, la pobreza no va a bajar”. Y destaca lo que le cuesta al país recuperarse de las sucesivas crisis, tanto producidas por causas endógenas como exógenas. “La hiperinflación, la crisis de 2001 y la pandemia muestran cómo las crisis se pagan caras: toma al menos el cuádruple de años de la duración de la crisis para retomar al nivel anterior de la pobreza”. 

MC/JJD