Cuando la oposición decidió rechazar, por primera vez en la historia, los pliegos de candidatos a la Corte Suprema se cerró un capítulo en el Senado. La estrategia de Santiago Caputo de nombrar a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla por decreto dinamitó las negociaciones del peronismo, y Cristina Fernández de Kirchner, que hasta entonces estaba dispuesta a conversar, mandó a rechazar los pliegos. Tras el fracaso, el Gobierno definió dilatar las definiciones para después de las elecciones nacionales de octubre. Pero el peronismo no quiere esperar y, con la ayuda de un aliado de la Casa Rosada, dio comienzo a un debate por la ampliación de la Corte Suprema con la esperanza de sentar las bases de la nueva negociación.

Los impulsores del debate por la ampliación de la Corte son el salteño Juan Carlos Romero y el jefe de la bancada peronista, José Mayans. Una pareja atípica: Romero, un ex gobernador salteño que funciona como aliado incondicional de Javier Milei en el Senado, y Mayans, un formoseño peronista muy cercano a CFK. Ambos senadores, sin embargo, se conocen hace más de 20 años, y coincidieron que, tras el fracaso de los pliegos de Lijo y Mansilla, había que evitar la parálisis que podría sumir a la Corte, que solo tiene a tres de sus 5 integrantes. 

“Con tres miembros, la única forma de lograr quórum y mayoría es con tres votos. Quiere decir que si no están de acuerdo los tres miembros del tribunal, no hay mayoría y hay que citar conjueces. ¿Y cuál es el riesgo? Uno, es la dilación de las soluciones. Y la otra, más grave, es que al ser gente que viene de otros tribunales, puede llegarse a cambiar la jurisprudencia histórica de la Corte en diversos temas”, advirtió Romero en el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia en el Senado, este miércoles.

El senador salteño agregó: “Este es un proyecto político. La resolución de cubrir los cargos en este país requiere del diálogo y consenso. Ojala estas reuniones nos permitan tener un diálogo de consenso entre distintos miembros”. Fue un guiño a la Casa Rosada, que salió a despegarse del proyecto presentado por Romero y rechazó impulsar un debate por la ampliación de la Corte. 

El salteño blanqueó, así, que el objetivo detrás del debate por la ampliación de la Corte es reabrir las conversaciones para cubrir las dos vacantes existentes del Máximo Tribunal.  Se había fracasado con Lijo y García-Mansilla y había que volver a intentarlo.

Ningún intento, sin embargo, rendirá frutos sin el apoyo de Unión por la Patria, que cuenta con 34 senadores propios. Incluso si en octubre el peronismo tuviera una pésima elección y renovase sólo 10 de las 14 bancas que pone en juego –algo improbable–, la bancada continuaría teniendo poder de veto. Es decir que, aun pateando el debate a diciembre, el Gobierno necesitará negociar con el peronismo. Y lo que el peronismo pide, a cambio de sus votos, es una jueza propia. Y, para ello, es necesario ampliar la Corte.

En el momento del debate, sin embargo, Mayans no dijo nada de esto. Solo optó por apuntar contra la actual Corte, que preside Rosatti, y la calificó de “no estar a la altura de las circunstancias”. “Son jueces ineptos, corruptos y no merecen el cargo de juez de la Corte”, arremetió el senador formoseño.

El radicalismo, mientras tanto, optó por seguir la discusión casi desde afuera. “Me parece muy importante que discutamos si la Corte Suprema tiene que ser cinco, siete o nueve, pero a mí lo que me preocupa es que últimamente este Senado se esté juntando pura y exclusivamente por temas que nos interesan a la clase política”, masculló el fueguino Pablo Blanco.

El radicalismo no era el único escéptico, sin embargo. La neuquina Lucila Crexel, por ejemplo, metió el dedo en la llaga al preguntar: “¿Qué esperan de este debate? Tener bancas para cerrar acuerdos? ¿Cuál es la idea de la discusión?”, apuntó, cuestionando que se debatiera ampliar la Corte solo para cerrar un acuerdo por las vacantes ya existentes.

Crexel, sin embargo, tiene un proyecto de su autoría que propone elevar de 5 a 9 la cantidad de jueces supremos. No es la única: en total, hay unas 8 iniciativas presentadas que se tomarán como base para la firma del dictamen más adelante.

El más resonante, ya que es el que tiene mayores chances de conseguir el acuerdo con el peronismo, es el de Romero. El salteño propone aumentar a 7 el número de jueces de la Corte y fija que no podrá haber más de 5 jueces de un mismo género. 

Este último punto, que es un eufemismo para establecer un cupo mínimo de género debido a la presencia exclusivamente masculina de la Corte actual –Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti–, se replica en todos los proyectos presentados. El de la peronista Silvia Sapag, por ejemplo, establece ampliar la Corte a 15 miembros pero fija que no pueda haber más de 8 de un mismo género. La cordobesa Vigo, mientras tanto, propone mantener la Corte de 5 integrantes, pero establece que debe haber un 30% mínimo de mujeres en el máximo tribunal.

El debate recién comienza. La cordobesa Vigo pretende convocar una nueva reunión con especialistas para la próxima semana, y espera poder convocar, en algún momento, a las autoridades del Ejecutivo para que fijen su postura sobre el tema. Las bases, sin embargo, ya se fijaron, y el peronismo espera poder llegar mejor parado a la mesa de negociación con el Gobierno. Cuando sea que el Gobierno decida reabrirla.

MC/MG

Las Provincias Unidas es el nombre del nuevo interbloque del Senado, integrado por representantes de Corrientes, Entre Ríos, Córdoba, Salta, Chubut y Neuquén. Es un espacio que podría ser aliado de La Libertad Avanza, como el PRO, en determinadas votaciones pero que a la vez es un indicador de una unión de espacios provinciales para ganar volumen en las negociaciones con la Casa Rosada sobre distintos asuntos, y a las puertas de la discusión del Presupuesto 2025.

La carta formal, dirigida a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, informó que el interbloque Las Provincias Unidas estará compuesto por el correntino Carlos “Camau” Espínola, del bloque Unidad Federal, quien además fue elegido para presidir el interbloque; el entrerriano Edgardo Darío Kueider y la cordobesa Alejandra María Vigo, también de Unidad Federal; el salteño Juan Carlos Romero, de Cambio Federal; la chubutense Edith Elizabeth Terenzi, de Despierta Chubut; y la neuquina Lucila Crexell, del Movimiento Neuquino, quien hace unos meses fue incluida en un expediente de Cancillería como potencial embajadora argentina ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Unesco, con sede en París.

La creación de este interbloque refuerza la idea de que los senadores de las provincias no alineados directamente con los grandes partidos nacionales buscan tener mayor influencia y visibilidad en el Congreso. El objetivo es crear una voz unificada para temas sensibles, como el federalismo fiscal, el reparto de recursos y la protección de las economías regionales, frente a decisiones centralizadas en la política nacional.

Este martes también se confirmó que la senadora Andrea Marcela Cristina, que reemplazó a Ignacio Torres en su banca cuando el chubutense asumió la Gobernación de su provincia, en diciembre, dejó el bloque Cambio Federal, que integraba con el salteño Juan Carlos Romero, y se suma al bloque PRO, que pasará con ella a tener siete integrantes y que preside el cordobés Luis Juez.

JJD