Leyes que prohíben a políticos condenados ser candidatos en elecciones ganaron terreno en países como Brasil, Perú, Italia y Colombia. Prometen elevar la vara ética en la política, aunque organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como expertos constitucionalistas, advierten sobre sus riesgos: desde restricciones indebidas a los derechos políticos hasta una afectación de la presunción de inocencia. Mientras tanto, en nuestro país el Senado discutirá en el recinto un proyecto similar, bautizado Ficha Limpia, con muchas chances de convertirlo en ley después de años de intentos fallidos.

El concepto de Ficha Limpia remite a normas que impiden que personas con determinadas condenas penales puedan ser candidatas a cargos electivos. En algunos países, alcanza con una condena en primera instancia. En otros, se exige una sentencia confirmada en segunda instancia. Y en otros, la inhabilitación política solo entra en vigencia cuando la condena está firme. Aunque los detalles varían, el eje común es uno: no dejar competir a quienes enfrentan antecedentes judiciales graves, por el tiempo que dure la condena o incluso más allá.

El caso brasileño

Brasil fue el primer país de la región en establecer un régimen de Ficha Limpia a nivel nacional. Lo hizo en 2010, luego de una campaña ciudadana que reunió más de un millón de firmas. La ley fue sancionada por el Congreso y declaró inelegibles a los candidatos condenados en segunda instancia por delitos como corrupción, lavado de dinero, abuso de poder económico o violencia sexual, entre otros. También impidió la postulación de funcionarios que hubieran renunciado para evitar un juicio político.

La ley se aplicó por primera vez en las elecciones generales de 2012. Desde entonces, más de mil candidaturas fueron impugnadas. La más resonante fue la del entonces expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (ahora, presidente de nuevo, desde 2023), quien en 2018 quedó fuera de la contienda presidencial luego de que una Cámara de Apelaciones confirmara su condena por corrupción. Lula encabezaba las encuestas, pero su inhabilitación abrió el camino para el triunfo de Jair Bolsonaro.

El Supremo Tribunal Federal declaró constitucional la norma, pero se produjo una gran debate nacional sobre la ley. Los defensores sostuvieron que se trata de una regulación válida sobre el acceso a cargos públicos. Los críticos cuestionaron que se impidiera competir a personas sin sentencia firme y advirtieron que la norma podía volverse una herramienta para apartar adversarios incómodos del juego electoral.

La vara más baja de Perú

En Perú, el umbral para aplicar la Ficha Limpia es aún más bajo. La legislación electoral vigente impide ser candidato a quienes tengan una condena penal en primera instancia por delito doloso, aunque no esté firme. La inhabilitación se mantiene mientras la condena esté vigente. Esto generó una gran cantidad de exclusiones en elecciones regionales y nacionales, incluso en casos donde los fallos judiciales estaban apelados.

El Congreso peruano intentó avanzar en 2024 con una reforma constitucional para endurecer aún más el régimen, incorporando una prohibición de diez años para postularse a cargos públicos después de cumplir la condena. La propuesta no prosperó, pero mostró que el clima político sigue orientado a limitar los derechos políticos de quienes pasaron por la justicia penal.

Las organizaciones de derechos humanos expresaron preocupación por el uso indiscriminado de la inhabilitación en Perú. En algunos casos, incluso se excluyó a candidatos por delitos menores, sin condena firme, lo que encendió señales de alerta sobre el uso selectivo de las normas.

Italia y la Ley Severino

Italia adoptó su propia versión de Ficha Limpia en 2012, con la llamada Ley Severino. A diferencia de las experiencias latinoamericanas, la inhabilitación solo se aplica cuando hay una condena penal firme y por delitos que tengan una pena superior a los dos años. La inhabilitación puede ser de seis años o, en ciertos casos, perpetua.

Uno de los casos más conocidos fue el de Silvio Berlusconi, condenado en 2013 por fraude fiscal. Cuando la sentencia quedó firme, perdió su banca en el Senado y quedó inhabilitado para competir durante seis años. La norma fue criticada por los seguidores y los aliados de Berlusconi, que denunciaron una persecución judicial, pero recibió un amplio respaldo político.

En comparación con Brasil y Perú, el modelo italiano se presenta como más garantista: no alcanza con una condena en primera o segunda instancia, sino que se exige el agotamiento del proceso judicial para aplicar la restricción.

La “muerte política” en Colombia

Colombia adoptó una postura más extrema. La Constitución fue reformada para establecer que cualquier persona condenada por delitos contra la administración pública o el patrimonio del Estado queda inhabilitada de por vida para ocupar cargos públicos. No hay posibilidad de postulación, ni siquiera después de cumplir la pena. La norma también incluye delitos aberrantes como los abusos sexuales contra menores.

Esta inhabilitación vitalicia rige solo si hay una condena firme. La reforma se aprobó luego de un proceso de movilización ciudadana contra la corrupción y fue respaldada por todas las fuerzas políticas. Entre los casos alcanzados por esta medida están los de exgobernadores, exsenadores y otros funcionarios condenados por el caso Odebrecht.

El precedente de Gustavo Petro, quien en 2013 fue destituido por vía administrativa por el entonces procurador general y luego repuesto por decisión de la CIDH, consolidó la idea de que solo una sentencia judicial firme puede restringir derechos políticos.

Las advertencias internacionales

La ONU y la CIDH establecieron criterios sobre la validez de estas restricciones. Según el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, solo se puede limitar el derecho a ser elegido cuando existe una condena penal por un juez competente. Es decir, no alcanza con una condena en primera o segunda instancia. Mientras haya recursos pendientes, la persona debe ser considerada inocente.

“Hasta que una persona no tenga condena firme sigue gozando de presunción de inocencia”, recordó el jurista Miguel Licht, presidente del Tribunal Fiscal de la Nación, en declaraciones a la radio AM750. El problema, explicó, es que los proyectos de Ficha Limpia que se aplican desde instancias previas a la sentencia firme contravienen este principio básico del derecho.

Además del riesgo de anticipar la pena, existe el temor de que estas leyes sean usadas con fines políticos. En escenarios polarizados, una condena en segunda instancia puede convertirse en una herramienta para sacar de carrera a un dirigente con chances reales. La ONU y la CIDH ya denunciaron prácticas de este tipo en países como Venezuela, donde las inhabilitaciones administrativas impidieron la participación de líderes opositores. En contextos así, la línea entre el control ético y la proscripción se vuelve difusa.

Varios constitucionalistas también señalaron que el diseño de estas normas debe respetar el principio de proporcionalidad. No es lo mismo una condena por malversación de fondos públicos que por omitir una declaración jurada. Tampoco debería ser lo mismo una inhabilitación de por vida que una restricción temporal. Sin estos matices, advierten, la Ficha Limpia corre el riesgo de transformarse en una herramienta arbitraria.

Un debate inconcluso en la Argentina

En nuestro país la discusión lleva más de casi una década. El proyecto de Ficha Limpia fue impulsado por organizaciones civiles y presentado en varias oportunidades en el Congreso. Algunas provincias, como Mendoza, Córdoba, Santa Fe y Salta, ya adoptaron sus propias versiones. A nivel nacional, la Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto en 2023. Ahora el asunto está el Senado, que muy probablemente sancione la ley este miércoles.

El texto aprobado propone impedir que sean candidatos quienes tengan una condena confirmada en segunda instancia por delitos de corrupción, sin necesidad de que la sentencia esté firme. La propuesta también incluye a los funcionarios del Poder Ejecutivo nacional.

El peronismo rechaza la iniciativa. Denuncia que el objetivo es impedir una eventual candidatura de Cristina Fernández de Kirchner, cuya condena en la causa Vialidad ya fue confirmada en segunda instancia pero aún no está firme. El PRO —con Silvia Lospennato como principal impulsora de la iniciativa—, en cambio, argumenta que el proyecto busca cerrar la puerta a la “puerta giratoria” de los condenados, que usan sus candidaturas como forma de obtener fueros o evitar condenas.

Todo indica que el Senado convertirá el proyecto en ley esta semana. Será el primer régimen nacional de Ficha Limpia en la Argentina. Una vez vigente, lo que defina su alcance no será la letra de la norma sino cómo y contra quién se la haga valer; si se trata de una herramienta para mejorar la política o de una nueva forma de ordenarla según conveniencia.

JJD

Grupo Arcor presentó una investigación de mercado sobre las expectativas de los argentinos en torno a la producción y consumo de alimentos, elaborada por la consultora Trendsity. La muestra contó con 1.000 casos en Argentina, con un universo integrado por varones y mujeres decisores de compra de alimentos para el hogar, de un nivel medio amplio de 18 a 65 años.  De acuerdo con el estudio, el 92% de las personas sondeadas considera importante que una marca del rubro sea transparente y que provea información clara y accesible. En este sentido, el reporte reveló que 6 de cada 10 argentinos asegura que las empresas de alimentos en el país hacen poco visibles sus prácticas de sustentabilidad y producción. Asimismo, el 85% cree relevante que las empresas den a conocer cómo se fabrican sus productos, y el 91% considera que deben brindar seguridad y confianza. En esta línea, 8 de cada 10 argentinos recomendarían una marca que prioriza la sustentabilidad y la innovación en su cadena de valor. Por otro lado, el 83% considera que existen muchos mitos que podrían derribarse si se conociera más sobre los procesos de elaboración y los ingredientes de lo que se consume.

En cuanto a la calidad, el 63% opina que está asociada al buen sabor y a la frescura, mientras el 57% considera que se vincula con procesos productivos seguros y el 51% advierte que está relacionada con conocer el origen de las materias primas e ingredientes. Además, 8 de cada 10 consumidores valoran la producción en armonía con la naturaleza. De esta manera, la sustentabilidad también ocupa un rol importante para los consumidores, con foco en el medio ambiente y la relación con la comunidad. La encuesta demostró que el 82% le da relevancia a marcas que protegen y respetan la biodiversidad y los ecosistemas, y eligen marcas de alimentos que tengan un impacto social positivo, cuidando a las personas y comunidades.

Mariela Mociulsky, directora socia de Trendsity, recalcó que existe un cambio de paradigma, y que: “el futuro de los alimentos ya está sucediendo, de la mano de consumidores cada vez más conscientes y responsables, que exigen y demandan información y transparencia, porque quieren saber cómo se producen los alimentos, dado que no están dispuestos a resignar calidad y valoran la producción con impacto positivo”. 

Por su parte, en función a estos resultados, Gabriel Porciani, gerente general de Consumo Masivo en Grupo Arcor, comentó: “Es muy importante escuchar y estar a la altura de la demanda de los consumidores, por lo que estos resultados reafirman nuestro compromiso con una producción cada vez más sustentable y bajo los más exigentes estándares de calidad”.

No da lo mismo

Bajo el concepto “No da lo mismo”, Arcor lanzó una nueva campaña para difundir su diferencial.

“No Da Lo Mismo es parte del ADN de la compañía”, comenta Porciani. Muestra qué hay detrás de cada uno de nuestros productos. En definitiva, es trazabilidad, calidad, sustentabilidad e innovación. A través de la ´mejora continua´, es una manera de hacer las cosas que está presente en nuestra cultura de trabajo todos los días“.

Por su parte, Guillermo Cruz, gerente del Negocio Alimentos en Grupo Arcor, destacó el protagonismo de la compañía en distintas categorías de alimentos y enfatizó en el caso de la producción de tomates: “Ser líderes nos exige superarnos para mantenernos, elevar estándares y ser eficientes. Una muestra del nivel de calidad de Arcor es lo que sucede con los tomates. Los exportamos a 13 países de distintos continentes, lo que significa que producimos bajo las normas más exigentes a nivel mundial. Es decir que el tomate que se consume en Argentina es el mismo que se consume en Japón”, detalló.

Arturo Ovalles, gerente de Producción Agrícola en Grupo Arcor, sostuvo que la forma en que se logra trabajar y producir, se debe en gran parte a que la compañía cuenta con un Área de Investigación y Desarrollo Agrícola.

Por último, Bárbara Bradford, gerenta corporativa de Sustentabilidad, recalcó desde su perspectiva que el esfuerzo del grupo consiste en que, en cada acción que se tome, se genere un impacto positivo real y duradero. En palabras de Bárbara: “A través de Vivir Mejor, nuestra estrategia de Sustentabilidad, trabajamos para dejar una huella positiva. Es decir, dejar todo mejor de cómo lo encontramos”.