El caso de Vanesa grafica con crudeza la situación actual de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en buena parte del país. Catamarqueña de 42 años, de bajos recursos y madre de seis hijos, hoy no sabe con certeza si va a sobrevivir a su embarazo. Tiene una diabetes descompensada que le provoca sangrados, coágulos y dolores intensos. Tras múltiples dilaciones en el sistema de salud, alcanzó las 16 semanas de gestación. Ya le avisaron que no hay medicación para un aborto y fue rechazada en una derivación. La médica le pasó el contacto de las socorristas de esa provincia. “¿Qué me va a pasar?”, se pregunta Vanesa.

Una ley con barreras crecientes

Según un informe del Equipo Latinoamericano de Igualdad y Género (ELA) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Programa de Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable sufrió un desfinanciamiento casi total en 2024. Su ejecución representó apenas el 20 % de lo invertido en 2023 y solo el 8 % del nivel de 2021. 

Aunque en 2025 hubo una recuperación parcial, el Presupuesto 2026 consolida un cambio de enfoque que impacta de lleno en la IVE: se eliminan metas de provisión de medicamentos, asesoramiento y capacitación, y se reduce la cobertura de métodos anticonceptivos del 54 % al 34 % de la población.

“En muchas provincias es como si la ley estuviese derogada en la práctica”, afirma Ruth Zurbriggen, socorrista de Neuquén. “Lo más grave es que se suspendieron los fondos para misoprostol y mifepristona y se desmanteló la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva”, agrega Lucía de la Vega, de la Agenda Transversal Feminista del CELS. 

“Ya no hay acceso a la información porque se eliminaron las campañas oficiales y los canales de difusión; el 60 % de las denuncias que recibimos está vinculado a mujeres que no saben cómo ni dónde acceder a un aborto”, señala Lucila Galkin, directora del Área de Género y Diversidad de Amnistía Internacional.

Sin datos, sin política pública

A ese escenario se suma la falta de estadísticas oficiales actualizadas. Desde el cambio de gestión, “no hay datos ni estadísticas ni nada”, advierten desde el CELS, y los últimos registros nacionales son de 2023. “Sin datos, no se pueden evaluar políticas ni comprar insumos adecuadamente”, alertan organismos de derechos humanos. 

La ausencia de información también invisibiliza las barreras de acceso, sobre todo en las provincias con menos recursos. Según las organizaciones territoriales entrevistadas, no hay registros que permitan dimensionar cuántas personas quedan fuera del sistema o deben desplazarse para abortar. “No lo sabemos”, reconocen. Y aseguran que cada vez toman más casos de personas que no pueden acceder a un aborto. 

“En Catamarca, por ejemplo, la IVE dejó de estar garantizada en la Maternidad Provincial; por eso hoy la salud de Vanesa corre riesgo”, advierte Victoria Llarens, socorrista de esa provincia. 

Vanesa sospechó que estaba embarazada una tarde a principios de noviembre, mientras limpiaba una casa en Tinogasta, Catamarca. Sin recursos, consiguió 26 mil pesos prestados para una ecografía. Con diez semanas volvió a la médica, que le recetó una medicación que no pudo pagar. En la tercera consulta le informaron que el equipo de Intervención estaba suspendido por tiempo indeterminado. Las barreras para acceder a un aborto se multiplicaron y Vanesa alcanzó las 16 semanas de embarazo. 

Las barreras para acceder al aborto

Durante 2025 se triplicaron las denuncias por barreras de acceso al aborto respecto de 2024, según Amnistía Internacional. Los principales obstáculos siguen siendo la falta de misoprostol y mifepristona, que el Estado nacional dejó de comprar, y la desinformación dentro del propio sistema de salud, que deriva en recorridos innecesarios y demoras injustificadas. 

El relevamiento también expone consejerías disuasivas, maltratos y uso abusivo de la objeción de conciencia, prácticas que reducen la disponibilidad de prestadores, sobre todo en zonas alejadas. Obras sociales y prepagas replican esas obstrucciones con negativas de cobertura y trabas administrativas.

“En Formosa, por ejemplo, equipos que antes garantizaban abortos hoy se declaran objetores de conciencia”, asegura De la Vega, del CELS. “En muchos casos es ideológico y se envalentonan con el discurso oficial, pero en otros tiene que ver con la falta de insumos, el empeoramiento de las condiciones laborales y el temor a enfrentar problemas legales si algo sale mal. Ser objetor termina siendo más fácil porque es menos trabajo y menos riesgo”. 

La especialista agrega: “Hay menos personal, sueldos deteriorados, más carga laboral. Muchos médicos tienen tres o cuatro trabajos. En ese contexto, la atención se vuelve rápida, fragmentada, y en algunos casos se evitan prácticas que implican más tiempo y responsabilidad, como la atención de abortos”. 

La IVE en las provincias

“La atención depende mucho de la jurisdicción”, explica Galkin, directora de Género de Amnistía. La implementación de la IVE es desigual entre provincias y las brechas se profundizaron tras el anuncio del Estado nacional en el Consejo Federal de Salud de que dejará de ejercer la rectoría sanitaria. “No es lo mismo garantizar derechos en la provincia de Buenos Aires que en Misiones o Santiago del Estero”, advirte De la Vega, del CELS, al remarcar que el lugar de residencia condiciona el acceso.

Entre las provincias más críticas aparecen Misiones, con alta tasa de embarazo adolescente y pocos servicios, y Santiago del Estero, donde los mayores obstáculos se concentran en abortos de segundo trimestre. Problemas similares se repiten en Santa Cruz, San Juan, Jujuy y zonas rurales, donde las distancias, la falta de equipos, la discontinuidad en la atención postaborto y la reducción del programa Remediar provocan mayor desigualdad.  

Vanesa al resguardo de las socorristas

Trabajadora informal, sin estudios primarios completos, sin obra social y sostén de seis hijos y una sobrina, Vanesa es oriunda de Tinogasta, una localidad del oeste de Catamarca, rodeada por cordones montañosos que condicionan la vida cotidiana. Con un clima árido templado, de grandes distancias y escasa conectividad y servicios, su paisaje refleja una identidad andina que, al mismo tiempo, evidencia las dificultades de acceso a la salud.

“La ley fue hecha, sobre todo, para situaciones de vulnerabilidad como la de Vanesa, que creció sin derechos. Ahora el Estado vuelve a fallarle, cuando la ley debería protegerla”, dice Llarens, socorrista de Catamarca, con la voz quebrada. Fue ella quien recibió el caso a partir de la recomendación de la médica que no pudo garantizar insumos y equipo para un aborto.

Según advierten las especialistas, en muchas regiones las organizaciones socorristas están retomando el rol que cumplían antes de la sanción de la Ley 27.610, al hacerse cargo de los casos que el sistema de salud no puede atender. “Estamos desbordadas, se nos vino encima, literalmente, todo el sistema de salud”, alerta Llarens.

“Acompañamos decisiones de aborto, con o sin ley”, resume Zurbriggen, socorrista de La Revuelta de Neuquén . “El derecho al aborto se sostiene todavía porque hay capas de la sociedad que lo cuidan”.

Plan ENIA: el desmantelamiento de una política clave

El Plan ENIA, central para la prevención del embarazo no intencional en la adolescencia, también fue desmantelado. Según los especialistas, entre 2017 y 2023 redujo la tasa de fecundidad adolescente en un 58% y permitió al Estado ahorrar US$140 millones al año. 

Actualmente, el Gobierno nacional despidió al 80% del personal y redujo en 85% su presupuesto entre 2023 y 2025. El Equipo Latinoamericano de Igualdad y Género (ELA) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) advierten que para 2026 la ejecución proyectada equivale a menos del 3 % de lo invertido en 2023, junto con la eliminación de metas clave como asesoramientos a adolescentes, capacitaciones en Educación Sexual Integral (ESI) y acciones comunitarias.

“Es una política de descuido hacia niñas y adolescentes”, advierten desde organizaciones territoriales, que recuerdan que obligar a niñas a parir fue considerado por organismos internacionales como un trato cruel, inhumano y degradante. 

“Logró reducir a la mitad la tasa de fecundidad adolescente”, señala Galkin, de Amnistía. “Es lo fundamental por lo que tenemos que pelear para que se garantice porque profundiza las desigualdades y expone a niñas y adolescentes a riesgos físicos y emocionales”, cierra De la Vega.

Al momento del cierre de esta nota, Vanesa había dejado de atender el teléfono a las socorristas de Catamarca, que tenían preparada una denuncia para exigir en la Justicia por su salud. “Tenía que pedirle permiso al marido para seguir con el trámite en la Justicia. Capaz que no la dejó”, lamenta Llarens.

Gozar de buena salud es de esas condiciones que muchas personas tenemos el privilegio de dar por sentado. Muy pronto en nuestras vidas se nos hace evidente el dolor, la preocupación, las complicaciones que genera la afectación de la salud propia y la de aquellas personas que queremos, que cuidamos, de quienes nos sentimos cerca.

El 28 de mayo es el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres y la fecha es un pretexto para pensar, en especial durante este mes, de qué manera se apoyan las mejores condiciones para la prevención de las enfermedades, los controles de salud y el tratamiento de la salud de las mujeres. En definitiva, atender la salud es la mejor manera de proteger la vida.

Entre las múltiples causas de enfermedad y muerte que afectan a las mujeres, aquellas vinculadas con la salud sexual y reproductiva se relacionan también con el ejercicio de otros derechos. La decisión de formar una pareja, de disfrutar de la sexualidad, eventualmente planificar una familia, protegernos de enfermedades prevenibles, abordar las consecuencias de la violencia sexual, son aspectos donde confluyen los derechos y la autonomía. ¿En qué condiciones están las mujeres de nuestro país para acercarse a esos derechos, para proteger su salud, para llevar adelante su plan de vida?

La posibilidad de planificar la reproducción de manera eficaz y segura fue una de las grandes revoluciones de la ciencia y la sociedad durante el siglo XX. La accesibilidad de información y la disponibilidad de los medios anticonceptivos para lograrlo, permite a las personas plantearse cuáles son sus deseos para lo más íntimo de sus vidas: la decisión de conformar una familia, del modo, en el momento y con los vínculos afectivos que queramos.

En Argentina, ese espacio de libertad se logró de manera relativamente reciente. Debieron pasar veinte años luego de recuperadas las instituciones democráticas para que, recién en 2002 y tras muchas demoras, se aprobara la Ley 25.673 de Creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. La distribución de métodos anticonceptivos se extendió a nivel nacional, impulsada por iniciativas previas pioneras como la de la Ciudad de Rosario. Este acceso se consolidó como un derecho para mujeres y varones mediante una ley nacional y un programa del Ministerio de Salud. Posteriormente, se promulgaron normativas adicionales que mejoraron las condiciones de vida de las mujeres en edad reproductiva. En los últimos años, la distribución de métodos anticonceptivos de larga duración, como DIUs e implantes, aumentó un 17% entre 2020 y 2023. Son métodos valorados por tener una altísima eficacia ya que son reversibles y prácticos.

El Plan ENIA, una política pública exitosa para revertir la reproducción intergeneracional de la pobreza, acercar información, métodos anticonceptivos y acompañamiento en las decisiones reproductivas de adolescentes y jóvenes, permitió disminuir de manera significativa el embarazo no intencional en la adolescencia. Desde 2018 hasta 2023, se implementó en 36 departamentos de 12 provincias del Noreste (NEA) y del Noroeste (NOA) y en la provincia de Buenos Aires, priorizados por la magnitud del problema. Durante 2020, brindó asesoramiento a 21.958 adolescentes, principalmente a través de asesorías virtuales debido a las medidas de aislamiento durante la pandemia. Este número aumentó a 32.517 en 2021 y alcanzó los 40.720 en 2022, casi duplicando la cantidad de adolescentes asesorados en comparación con 2020. 

Al ser un dispositivo intersectorial logró vincular de manera efectiva a las escuelas, los servicios de salud y espacios comunitarios, generando un abordaje que trascendió las barreras tradicionales y promovió un enfoque integral de la salud adolescente. En 2018, 7 de cada 10 embarazos en adolescentes de entre 15 y 19 años eran no intencionales y la cifra aumentaba a 8 de cada 10 embarazos en niñas menores de 15 años, la mayoría como consecuencia de situaciones de abuso sexual y violación. Para 2021, se lograron reducir estas estadísticas a 5 de cada 10 embarazos no intencionales en adolescentes de 15 a 19 años, y a 7 de cada 10 en niñas menores de 15 años. Según datos del Proyecto Mirar, entre 2018 y 2021 la Tasa Específica de Fecundidad Adolescente en los segmentos de 10 a 14 años, 15 a 19 años y 10 a 19 años se redujo prácticamente a la mitad (43%, 45% y 49% respectivamente). 

Sin embargo, la situación cambió drásticamente desde diciembre del 2023. El presupuesto del programa destinado a salud sexual y reproductiva es el más bajo desde su existencia: representó un 1,29% del gasto ejecutado por el Ministerio de Salud en 2023, un 0,19% en 2024 y en 2025 se proyecta que sea un 0,7%. Esto significa menos insumos para prevenir embarazos no deseados que, para las y los adolescentes, es una de las principales razones para abandonar la escuela. Significa también menos herramientas para prevenir infecciones de transmisión sexual, menos recursos para abordar situaciones de violencia y abuso intrafamiliar que sufren miles de niñas y niños en todo el país. Además, significa que las mujeres enfrentan más obstáculos para planificar un proyecto de vida en libertad y decidir si quieren ser madres o no, cuándo y con quién. 

No se trata solo de comprobar la desjerarquización del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable sino de la absoluta desatención del Estado nacional respecto de las condiciones de vida de la población, especialmente de las mujeres en el país.

El costo de no invertir en prevención es significativamente mayor que los fondos destinados al Plan ENIA: según un estudio del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el Estado argentino utiliza U$S 200 millones al año para afrontar los costos asociados con la atención de embarazos y partos no deseados en adolescentes. En contraste, el financiamiento del Plan ENIA representa solo U$S 17,7 millones. El mismo estudio señala que el Estado podría ahorrar cerca de 140 millones de dólares mediante la prevención de estos embarazos, lo que equivale a ocho veces la inversión en el Plan ENIA. 

Cuando los números adquieren nombres y rostros, vemos miles de adolescentes que interrumpen sus estudios, que ven su salud en riesgo y que sienten que no hay Estado que las respalde. Y esa situación no nos pasa desapercibida como comunidad: 7 de cada 10 personas cree que el Estado debería involucrarse y/o invertir en facilitar información y métodos de prevención de embarazos e ITS, y brindar educación sexual integral, según el Informe Puntos de vista. A su vez, 5 de cada 10 personas considera que interrumpir un embarazo en condiciones seguras, que las adolescentes puedan prevenir un embarazo y que haya una distribución más igualitaria de las tareas de cuidado en el hogar son situaciones que afectan positivamente la vida de las personas.

El 28 de mayo es más que una fecha en el calendario. El Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres es una oportunidad para evaluar la asignación de recursos y la promoción de las mejores condiciones para gozar del derecho a la salud: la atención y el acompañamiento cuando hace falta, la prevención y el bienestar siempre. Debatir la distribución de recursos públicos no puede pasar por alto la responsabilidad central del Estado: un país federal no es sinónimo de la habilitación de un ‘sálvense quien pueda’. Invertir en salud sexual y reproductiva es la mejor estrategia de prevención, eficiencia y garantía de no discriminación.  

DTC

Las flechas marcan un camino truncado. Son calcomanías en el piso del hospital principal de la segunda ciudad de Salta, Orán. El Hospital San Vicente de Paul es una estructura imponente, con un gran techo de sombra que sobrepasa módulos de atención médica, como si fueran los ladrillos Lego que los arquitectos usaron para imaginar el diseño en los años 70.  Las flechas aparecen en la entrada, cruzan el vestíbulo, y paran en una puerta con un cartel que dice “Salud Mental”.  

Silvia Alanis conoce el camino, y la historia detrás de estas flechas que, de algún modo, está también detrás de ese mismo cartel. La psicopedagoga lo da vuelta: “Asesoría En Salud Integral para Adolescentes.” No todo lo que se pierde desaparece sin dejar rastros. Alanis es testigo de esto. 

Esa vendría a ser la historia del Plan ENIA, un plan de prevención de embarazo no intencional en adolescentes. Ya es conocida la decisión del gobierno de Javier Milei de vaciar el programa de fondos. En marzo se supo que 600 de las personas que trabajaban en ese programa serían despedidas. Pero bajo las pinceladas de la austeridad, hay personas, con historias y experiencias tangibles que se han perdido en el avance de la motosierra. 

Salta, en el norte argentino, es una de las provincias con mayor tasa de embarazo adolescente. Estaba dentro de la lista de 12 provincias donde se aplicó el plan ENIA en 2018 justamente para contrarrestar esa situación. Entre 2018 y 2021 el nivel de embarazo entre adolescentes de 15 a 19 años se desplomó en las 12 provincias donde funcionó el programa: pasó de 53 a 29 partos por cada 1.000 jóvenes. En comparación, en las otras provincias donde no operaba ENIA, bajó de 40 partos a 23 durante el mismo período.

Alanis es una psicopedagoga de 40 años que regresó a su ciudad natal, Hipólito Yrigoyen, con su hija adolescente y que se encontró haciendo lo que podría considerar ahora su vocación: escuchar y hacer de nexo con las instituciones a los jóvenes que sentían que no tenían ningún a quien recurrir para hablar de asuntos vinculados al sexo. 

Durante tres años Alanis dividió 30 horas a la semana entre dos escuelas secundarias de la zona y un hospital local. En las escuelas consultaba con los docentes sobre talleres que podrían ser de interés para los adolescentes, con temáticas como violencia de género, relaciones tóxicas o anticoncepción. Afuera de una oficina austera fijó un cartel con sus horarios de disponibilidad; una puerta para generar una sensación de privacidad con adolescentes que buscaban su consejos.

La gran mayoría de las personas que la buscaban eran mujeres jóvenes, y generalmente sus consultas eran sobre cómo practicar sexo seguro. El chip, como se conoce a un método anticonceptivo hormonal implantable, fue un tema de consulta habitual. El trabajo de Alanis no consistía en sugerir una u otra opción, sino en presentarles a los jóvenes las posibilidades y luego facilitarles citas en el hospital o centro de salud local para que pudieran tomar una decisión con una enfermera o un médico.

“La asesoría se suele iniciar con prevención del embarazo adolescente, pero en el camino vamos viendo que a las mismas adolescentes, chicas, chicos, los atraviesan otras cuestiones que tienen que ver con violencia en la casa, con autolesiones o abuso sexual también”, dice Alanis. “Empezamos a ampliar la mirada.” 

Su trabajo la llevó a interactuar con el sistema judicial. Recordó el caso de una madre que llegó al hospital preguntando si Alanis podía hablar con su hija, que amenazaba con escaparse. Vivían con un tío que tenía una discapacidad y con quien la niña, que entonces tenía 13 años, no se llevaba bien. La niña dijo que el hombre la seguía y le decía que era suya. Alanis presentó una denuncia ante la policía, que investigó. El tío fue acusado, fue a juicio, fue declarado culpable de abuso y encarcelado.

El trabajo también incluía acompañar a estudiantes que decidían llevar a cabo un embarazo. Recordó el caso de una niña de 16 años que no quería decirle a su madre que estaba embarazada porque temía que la mujer la obligara a abortar. Alanis dejó en claro a las jóvenes que estaba allí para apoyarlas en lo que decidieron hacer. “En ese espacio se generó un clima de confianza, muchas hablaron de cosas que les habían pasado cuando eran más jóvenes, casos de abuso sexual que habían sufrido en algún momento”, apunta. 

Generar confianza fue clave. Al principio, a los estudiantes les preocupaba que Alanis terminará revelando lo que compartían con ella a otros adultos, maestros o sus padres, pero ella les aseguró que, a menos que su salud estuviera en riesgo, no rompería su confianza. Por estos días, una pregunta la persigue: “¿A dónde van ahora estas niñas, estas jóvenes? No sé si tienen algún lugar”, se preocupa. 

Iván Naranjo, un ex trabajador del programa ENIA en Salta capital, se hace esa misma pregunta. Para Naranjo era importante estar en un espacio público, por eso instaló una mesa en el patio de las escuelas, donde tenía pancartas, folletos y juegos de verdadero o falso que jugaba con los estudiantes para despertar su interés en el tema o para romper el hielo.

Trataba de aprovechar las oportunidades para ampliar el material: si una pregunta del juego tenía que ver con el preservativo, también mencionaba que el preservativo es el único método anticonceptivo para prevenir las infecciones de transmisión sexual. “A veces tenía preservativos y cuando los tenía, me duraban dos segundos”, cuenta. “Lo principal era escuchar y luego poder dar información.”

“Uno siente tantas cosas, rabia, pena” por la pérdida del programa, señala. “Yo no diría que no hay acceso porque no estoy o porque no está el Plan, pero se perdió un recurso muy valioso que lo hacía más directo y además era un espacio más para adolescentes que ya no existe”, señala.

La pregunta entonces es qué sucede ahora. En Salta, por lo menos, no hay señales de que se hayan contratado de nuevo a trabajadores para ejecutar el programa. La provincia sigue con capacitaciones de ESI para docentes, pero el equipo que se dedicaba a esa tarea también fue recortado. Alanis recibe llamadas y mensajes de jóvenes que todavía la consideran una persona en la que pueden confiar. Es un trabajo que hace ahora sin remuneración, pero que continúa porque lo considera gratificante. Y también porque quiere que las jóvenes terminen en buenas manos. 

Un par de esas manos pertenecen a Elizabeth Corro, trabajadora de salud del Hospital Eva Peron en Hipólito Yrigoyen. Trabajó en estrecha colaboración con Alanis cuando ella formaba parte del programa ENIA, y las dos se convirtieron en aliadas cercanas en la búsqueda de mejores resultados en materia de salud reproductiva para adolescentes locales. Cuando se ven ahora, se saludan como hermanas, abrazos fuertes en la puerta de la pequeña oficina en el hospital donde reciben a pacientes.

Corro comenzó a trabajar en el hospital en 2009, cuando dijo que observó una “crisis” de embarazos adolescentes. Hubo un aumento repentino de niñas menores de 19 años que estaban en su segundo o tercer embarazo. Corro dijo que antes de la implementación del Plan ENIA, aproximadamente 30 de cada 100 mujeres embarazadas en el hospital eran menores de 19 años. Ahora dice que son 10 u 11.

“Esta reducción no ocurrió porque yo impusiera el implante, sino porque ellas tenían el conocimiento para decidir”, dice Corro, que reconoce el trabajo de Alanis por crear el “nexo” para que las estudiantes pudieran ir al hospital sin sentir vergüenza.

“Es un terrible paso atrás”, dijo sobre el cierre del programa, señalando que las estudiantes solían actuar como enviadas de información para sus familias, en particular otras mujeres, que aprendían sobre nuevos métodos de control de embarazo a través de ellas.

Desde la eliminación del ENIA, Corro asumió algo de lo que hacía Alanis, yendo a visitar escuelas para brindar parte de la educación sexual que solía brindar el programa. Esto se suma a sus tareas habituales en el hospital.

Hizo su primera visita a una escuela recientemente armada con una caja de preservativos. “Vamos a jugar”, les dijo a los estudiantes, indicándoles que se llevaran los preservativos a casa, los abrieran y practicaran. “Lo único que va a garantizar que los usen es la práctica”, explica.

Corro no está segura de la frecuencia con la que visitará la escuela el próximo año, y señala que también hay recortes en el sistema de salud en general. “Están reduciendo nuestras horas”, dijo. “Mi trabajo se ha duplicado”.

Alanis observa cuánto ha cambiado desde que ella era joven. Eso fue algo que siempre recalcó a los jóvenes durante su labor con ENIA. “Nadie me habló de métodos anticonceptivos”, señala. Y si bien hay amplia evidencia de que las mujeres están adquiriendo mayor autonomía sobre sus cuerpos y sobre sus propias decisiones de vida, en el norte, dice, todavía es difícil.

Este trabajo es parte de una serie, realizada gracias al apoyo del Pulitzer Center.

Un análisis del proyecto de Presupuesto 2025 elaborado por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) determinó que este mantiene y amplía las reducciones presupuestarias observadas durante 2024 en las políticas destinadas a la disminución de las brechas de género.

Según el informe, se advierten tanto reducciones que ponen en riesgo la continuidad de programas como la eliminación completa de partidas presupuestarias.

Entre los principales hallazgos que detectó el análisis está que se eliminan partidas presupuestarias fundamentales para la prevención y asistencia ante la violencia de género, como el Programa Acompañar y la Línea 144. “El programa Acompañar no está contemplado en el Proyecto de Presupuesto 2025 mientras que la Línea 144 deja de contar con una partida que especifique su presupuesto”, señala el texto

“Tampoco se incluye en el proyecto la erogación asociada a Educación Sexual Integral. A su vez, se observa un recorte del presupuesto para el Plan ENIA (Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia), con una caída del 27% respecto al presupuesto vigente de 2024 y del 78% en comparación con lo ejecutado en 2023”, añade.

Por otra parte, detecta que el presupuesto destinado al fortalecimiento edilicio de jardines infantiles disminuye un 30% respecto al presupuesto vigente de 2024 y un 69% en relación con lo ejecutado en 2023. “La inversión en Infraestructura social y del cuidado cae un 48% en relación al presupuesto vigente de 2024 y un 83% respecto a lo ejecutado en 2023”.

Destaca que el único aumento se registra en las partidas destinadas a políticas alimentarias como la AUH y y la AUE, que ascienden 7,81% respecto al presupuesto vigente del 2024 y 65,64% respecto al presupuesto ejecutado en 2023, mientras que la Prestación Alimentar aumenta 25,94% respecto al presupuesto vigente del 2024 y 4,59% respecto al presupuesto ejecutado en 2023.

Sin embargo, el Poder Ejecutivo propone eliminar el ajuste automático de estas prestaciones, lo que dejaría a las familias bajo dos riesgos: la posibilidad de reducciones por decisiones discrecionales y la pérdida de valor debido a la inflación.

El informe también destaca que “se han tomado decisiones de recortar el gasto en políticas claves para la prevención y asistencia temprana de las violencias, como el Programa Acompañar, el programa de Educación Sexual Integral, y la Línea 144. Sin embargo, atender violencias graves le cuesta al Estado 22 veces más que prevenir y tratar violencias moderadas”.

Este martes, ambas organizaciones participarán en una sesión informativa convocada por la Comisión de Mujeres y Diversidades de la Cámara de Diputados de la Nación, donde expondrán sus preocupaciones sobre el impacto del Presupuesto 2025 en las mujeres y diversidades, buscando alertar sobre los riesgos que conlleva la aprobación de este proyecto tal como fue presentado.

CRM

El 26 de septiembre se instauró como el Día Internacional de la Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia. En nuestro país se celebra a lo largo de toda una semana, que este año se extiende desde el 20 al 26 de septiembre, como un llamado a que las y los jóvenes tengan acceso a la información y orientación necesaria para construir proyectos de vida saludables y productivos y también para que todos -jóvenes y personas adultas- tomemos conciencia acerca de la importancia de prevenir el embarazo no intencional en la adolescencia.

Argentina creó en 2017 el Plan ENIA (Plan para la Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia) una de las políticas públicas más reconocidas a nivel regional e internacional, que desde su creación y mediante la promoción de acceso a bienes y servicios de salud sexual y reproductiva logró reducir casi un 50% el embarazo no intencional en la adolescencia en el país.

Sin embargo, hoy esta política tan importante y que subsistió dos gestiones de gobierno, ya que se creó durante la presidencia de Mauricio Macri y continuó en la de Alberto Fernández, por su eficacia comprobada, está en riesgo ¿Por qué?

En el Informe elaborado por ACIJ, ELA, CEDES y REDAAS denominado “Plan ENIA en riesgo” muestra que el presupuesto 2024 para el Programa de “Desarrollo de la Salud Sexual y Procreación Responsable”, en el cual se refleja el ENIA, presenta una disminución del 64% en términos reales en comparación con el año 2023 y del 72% con respecto a 2021.

Los gastos del presupuesto constan de dos componentes: gastos de personal y de productos farmacéuticos y medicinales. En los primeros meses del año, la actual gestión de gobierno no sólo despidió a 619 personas que se desempeñaban en los equipos operativos de las 12 jurisdicciones donde el Plan se implementaba, sino que también suspendió los fondos para el mantenimiento de oficinas y el presupuesto destinado a la compra de insumos. Esto representa porcentajes de ajuste gravísimos, una disminución del gasto de un 70%“.

Además, el mismo informe arrojó que al mes de septiembre, sólo se ejecutó un 15% del presupuesto destinado al ENIA, lo que demuestra que no solamente disminuyó el presupuesto disponible, sino que el que hay prácticamente no está siendo ejecutado.

El 15 de septiembre, el presidente de la Nación presentó el Proyecto de Presupuesto 2025, que muestra una profundización en la desinversión del Plan con una reducción real (ajustada por inflación) del 27% respecto al presupuesto vigente en 2024 y del 78% en comparación a 2023, según dicho informe.

Se estima que, en 2018 en Argentina, 7 de cada 10 embarazos adolescentes de entre 15 y 19 años eran no intencionales y la cifra aumenta en 8 de cada 10 embarazos en niñas menores de 15 años, la mayoría como consecuencia de situaciones de abuso sexual y violación. Para 2021 se lograron reducir estas estadísticas en 5 de cada 10 embarazos en adolescentes de 15 a 19 años, mientras que en menores de 15 años la cifra descendió a 7 de cada 10 (UNFPA y Ministerios de Salud, Educación y Desarrollo Social 2021)

A los evidentes resultados de estas estadísticas se suma el hecho de que para el Estado Nacional el financiamiento del Plan representa sólo U$S 17,7 millones frente a los U$s 200 millones que conlleva afrontar los costos asociados con la atención de embarazos y partos en adolescentes (Según un estudio de Fondo de Población de las Naciones Unidas - UNFPA).

Además, según estadísticas, sólo el 38% de las adolescentes de entre 10 y 19 años que fueron madres logró completar la educación secundaria, mientras que el 55% de quienes fueron madres en edad adulta completó ese nivel.

La importancia de este Plan no solamente se basa en su eficacia por haber logrado reducir significativamente los embarazos no intencionales en la adolescencia en los 38 departamentos de las 12 provincias del Noreste (NEA), Noroeste (NOA) y provincia de Buenos Aires donde comenzó a implementarse. Está demostrado que la maternidad a edades tempranas es uno de los determinantes más importantes de la reproducción intergeneracional de la pobreza, con impactos negativos en las trayectorias de vida de las adolescentes.

Todas estas estadísticas, nos permiten concluir que los beneficios del Plan ENIA se extienden no sólo a las esferas de la salud sexual y reproductiva, sino también a la educativa, laboral y económica de las adolescencias.

Incluso, la importancia de esta política pública y la preocupación ante la situación de desinversión y desmantelamiento trascendió a la sociedad civil y llegó a diversos partidos políticos, quienes presentaron proyectos para institucionalizar el Plan por Ley, entre los que se encuentran los impulados por Monica Fein y Esteban Paulón por Encuentro Federal, Silvia Lospennato por el PRO, Blanca Osuna por Unión por la Patria en Diputados y por Oscar Parrilli en el Senado.

Pero ¿qué hay detrás de los números? Las y los adolescentes

Con el ENIA se implementaron consejerías en escuelas y espacios comunitarios en educación sexual integral, con una perspectiva integral e intersectorial y permitió la mejora en la oferta de servicios de salud sexual y reproductiva, potenciando las decisiones informadas de adolescentes para el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, previeniendo el abuso y la violencia sexual e informando sobre la posibildiad de acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo

En el mes de septiembre Argentina presentó su 7ma evaluación ante el Comité de los Derechos del Niño, organismo encargado de velar por el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño de la que el Estado es parte. Entre las recomendaciones brindadas por el Comité a nuestro país, están las de asegurar la continuidad y el fortalecimiento del Plan ENIA, incluyendo un presupuesto suficiente para proporcionar los suministros, instalaciones, y recursos técnicos y humanos necesarios para una implementación eficaz en todo el país; Garantizar la implementación de la ley de Educación Sexual Integral (ESI); y desarrollar e implementar una política para proteger los derechos de las adolescentes embarazadas, las madres adolescentes y sus hijos, y combatir la discriminación contra ellas.

Los testimonios de referentes/as del Plan, funcionarios y sociedad civil brindados en el marco de la sesión abierta celebrada en la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados dan cuenta del impacto que el Plan ha tenido y sigue teniendo en las y los adolescentes.

Florencia Milito, ex integrante de un equipo interdisciplinario de asesoras de salud integral en Gualeguaychú precisó que mediante el Plan no sólo se realizaban asesorías sino también múltiples actividades dentro de las escuelas, talleres de sensibilización y jornadas con las familias. Destacó que los principales temas o motivos por los cuales las y los adolescentes se acercaban, iban desde estados de ánimo, relaciones conflictivas o situaciones de violencia familiar, hasta salud sexual y reproductiva, métodos anticonceptivos, alimentación saludable y cuidados del cuerpo, emoción y afectividad.

Marisa Graham, Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes, precisó que en la Defensoría “activos tenemos el 80% de las denuncias por violencias se refieren a violencias sexuales”.

Luz Noli, quien hasta principio de año fue consejera del Plan en la provincia de Tucumán destacó que el ENIA “vino a parchar una deuda que teníamos con las adolescencias y que sea un espacio de escucha (...) el último mensaje que a mí me llegó por una asesoría fue anoche a las once y media de la noche, porque la realidad es que el ENIA ha dejado un vacío enorme que nadie está pudiendo cubrir, no hay dispositivos en las provincias (...) seguimos recibiendo mensajes, nos preguntan cuándo volvemos”.

El ENIA además de reducir el embarazo no intencional en la adolescencia, y brindar acceso a insumos de salud sexual y reproductiva, permitió espacios de escucha y de contención al que las y los adolescentes poddían recurrir, y prevenir y abordar situaciones de violencia y abuso sexual. Entonces ¿por qué desfinanciarlo?

Al igual que a Noli, nos queda un gran interrogante. Con bajo presupuesto y sin equipos territoriales, ¿dónde y cómo se abordarán estas problemáticas? ¿y ahora quién?

PS