El gobierno de Javier Milei informó que impulsará una reforma del régimen migratorio, que incluirá el arancelamiento de la salud púplica para extranjeros y de las universidades para estudiantes extranjeros no residentes. Además, sumará más delitos para impedir el reingreso al país. Así lo indicó el vocero presidencial Manuel Adorni en una conferencia de prensa en Casa Rosada. “El objetivo de las medidas es avanzar hacia un país ordenado y, en este caso, que cuide sus fronteras y proteja a los ciudadanos argentinos”, sostuvo el portavoz.

“Esto va a representar una fuente de financiamiento para las casas de estudio”, justificó Adorni, quien añadió, a modo de ejemplo, que “uno de cada tres estudiantes de medicina es extranjero”. Se trata de una medida que ya había sido contemplada en la ley Bases, pero que fue retirada durante las negociaciones en el Congreso. Sin embargo, tras el veto presidencial a la ley de Financiamiento Universitario, Milei decidió retomarla, pese a que en la mayoría de las universidades nacionales del país los extranjeros no pueden estudiar sin ser residentes.

En octubre, a través de un comunicado, el Ministerio de Capital Humano había sostenido que “el 21,8% de los estudiantes de medicina son extranjeros, principalmente de Brasil, lo que genera una carga adicional para el sistema universitario público”. En el oficialismo, aseguraron a elDiarioAR que el principio de gratuidad continuaría vigente para los estudiantes argentinos y residentes permanentes, mientras que las universidades podrán establecer convenios con otros países e instituciones para fomentar intercambios educativos y otorgar becas a estudiantes extranjeros bajo ciertas condiciones.

Por otro lado, Adorni también confirmó el fin de la gratuidad de la atención médica para extranjeros. “Los organismos nacionales, provinciales o municipales competentes en materia de salud van a determinar las condiciones de acceso al sistema de salud, incluyendo la posibilidad de cobrar el servicio a los extranjeros que no residan en el país”, apuntó el vocero. “Desde que se tomó esta medida en Salta, por ejemplo, bajó el 95% la atención a extranjeros y se generó un ahorro de 60 millones de pesos”, añadió.

El vocero presidencial además anunció que se incorporán más delitos “como causa para impedir el ingreso o que sean justificativos para expulsar a un inmigrante del país”. Y explicó que “si aun delincuente se lo atrapa en flagrancia, o sea, se lo atrapa cometiendo el delito, o si se lo detiene por violentar el sistema democrático, atacando las instituciones, por ejemplo, será expulsado y se le prohibirá su reingreso al país”.

“Además, se van a quedar del otro lado de la frontera quienes intenten entrar con documentación apócrifa o que se sospeche que el motivo de su ingreso es diferente al que efectivamente manifiestan cuando pasan por o hacen el trámite migratorio. También se incorpora una pena de prisión en caso de que el extranjero viole la prohibición de reingreso al país”, detalló.

DM/PL

El Gobierno avanzará con un proyecto para cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros que asistan a universidades públicas. La iniciativa, que según pudo saber elDiarioAR será enviada al Congreso en las próximas semanas, forma parte de las reformas educativas impulsadas por Javier Milei y fue oficializada un día después de la multitudinaria marcha federal que reclamó mayores fondos para las universidades.

La medida ya había sido contemplada en la Ley Bases, pero fue retirada durante las negociaciones en el Congreso. Ahora, tras el veto presidencial a la ley de Financiamiento Universitario que fuera aprobada a mediados de septiembre, Milei decidió retomarla. Sin embargo, en la mayoría de las universidades nacionales del país los extranjeros no pueden estudiar sin ser residentes, por lo que resta conocer la letra completa de la normativa para saber a qué universo se dirige.

Uno de los puntos que proponía la normativa original era el de la implementación de aranceles para todos aquellos extranjeros que, sin residencia ni radicación, quieran estudiar alguna carrera de estudio superior (universitarios y terciarios). La propuesta abarcaba a las instituciones de “educación superior de gestión estatal” y a universidades nacionales, y dejaba afuera del arancelamiento a los argentinos nativos y a los extranjeros con residencia en el país.

Desde el oficialismo, aseguraron a elDiarioAR que el principio de gratuidad continuaría vigente para los estudiantes argentinos, mientras que las universidades podrán establecer convenios con otros países e instituciones para fomentar intercambios educativos y otorgar becas a estudiantes extranjeros bajo ciertas condiciones. En el Ministerio de Capital Humano sostienen, por ejemplo, que “el 21,8% de los estudiantes de medicina son extranjeros, principalmente de Brasil, lo que genera una carga adicional para el sistema universitario público”. 

En paralelo, el Ejecutivo también intentará impulsar una serie de reformas que abarcan desde evaluaciones al finalizar el ciclo secundario hasta la flexibilización de la educación a distancia. Entre los cambios propuestos, se destaca la posibilidad de que las universidades ofrezcan cursos de nivelación o exámenes de ingreso no excluyentes y la realización de evaluaciones externas periódicas a las universidades públicas y privadas.

El Gobierno defiende estas iniciativas argumentando que no buscan desfinanciar el sistema universitario, sino aumentar la transparencia en el uso de los recursos. Sin embargo, la propuesta se presenta en un clima de creciente tensión con la comunidad universitaria, que el miércoles pasado salió a las calles de las principales ciudades del país. El envío del proyecto de ley podría atizar todavía más el fuego del conflicto.

PL/MG

El Gobierno de Javier Milei avanzará en las próximas horas con el arancelamiento para estudiantes extranjeros en universidades públicas, una medida que será oficializada de forma inminente, según informaron diversas fuentes de La Libertad Avanza.

Esta decisión llega un día después de la multitudinaria marcha que exigió garantías de financiamiento para las casas de altos estudios del país y tras el veto de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario.

La normativa también modificaría los criterios de distribución de recursos entre las universidades, vinculándolos con la cantidad de alumnos y graduados.

“Me parece una medida razonable. Quienes vienen de otros países a estudiar aquí son personas que no han pagado impuestos en nuestra nación durante toda su vida. Sostenemos la educación, la salud, la seguridad y la justicia; es justo que quienes utilicen esos servicios y no han contribuido, paguen algo”, expresó Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, al ser consultado sobre la decisión.

Desde el oficialismo afirman que el principio de gratuidad en la educación superior está garantizado para los argentinos residentes. Las fuentes del Gobierno destacaron que la Ley Bases autoriza a las áreas de gobierno a arancelar la educación superior únicamente para los estudiantes extranjeros, lo que, según el oficialismo, no afectará a los ciudadanos argentinos ni a los residentes permanentes.

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DM