En la Argentina, para ingresar al Poder Judicial son más importantes las conexiones familiares que el currículum vitae. Daniel Herrera Piedrabuena, juez federal de La Rioja, es un ejemplo de esta lógica. Al menos una cuñada, un concuñado, yernos y un primo trabajan con él (según datos de julio de 2024) en la única dependencia federal de primera instancia existente en esa provincia.

El caso de Herrera Piedrabuena (quien no respondió la consulta que se le realizó en el proceso de identificación de los parentescos) se destaca porque, hasta hace un tiempo, regía una especie de regla tácita que disimulaba los nombramientos de parientes mediante la práctica de destinarlos a otras oficinas o unidades de la propia Justicia Federal. Pero con este juez esa regla no se aplica: todos sus parientes se desempeñan en su juzgado. Es una verdadera familia judicial, más unida y cercana que nunca.

Pero no es la única. Esta investigación periodística de Chequeado y CONNECTAS detectó que al menos 46 de 114 jueces federales de 14 provincias tienen familiares designados en el Poder Judicial. A esta cifra se llegó a través de un análisis de las planillas de personal de julio de 2024 publicadas por el Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Tomando como punto de partida una base de datos elaborada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y otras fuentes, se pudo realizar por primera vez un mapa de las relaciones familiares que existen hoy en parte de la Justicia federal argentina.

Los nombramientos de parientes de magistrados son tantos que, en Córdoba, por ejemplo, han llevado a poner en duda la imparcialidad de los magistrados al momento de hacer justicia. En 2017, una abogada defensora alegó que temía la posible parcialidad de la jueza Graciela Montesi en un caso donde debía revisar la sentencia de un par suyo, Hugo Vaca Narvaja. Éste acababa de proponer la contratación de un hijo de ella, Tomás Bobone, pedido al que había accedido la Cámara Federal que integra la magistrada y madre.

La camarista impugnada respondió que ella no era la única que tenía familiares en los tribunales cordobeses y apuntó contra otro juez, Ignacio María Vélez Funes (hoy jubilado). Éste no se quedó atrás y también metió en el tema al magistrado Abel Guillermo Sánchez Torres por sus parientes nombrados. Al final de este paseo por la familia judicial de Córdoba, la Cámara (Vélez Funes entre ellos) rechazó la recusación de Montesi y afirmó que era “de mal gusto” hablar de los parientes empleados en los tribunales.

Dos años después, Montesi volvió a ser cuestionada junto a su par Sánchez Torres por el impacto de sus relaciones personales en su deber de guardar imparcialidad. En aquella oportunidad, el planteo fue firmado por tres de sus compañeros en la Cámara, Liliana Navarro, Vélez Funes y Luis Roberto Rueda (falleció en 2021), y dirimido en la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación. Navarro, Vélez Funes y Rueda reprocharon la manera en la que Montesi y Sánchez Torres se habían manejado para cubrir un cargo en el estrado y, entre otros argumentos, alegaron que aquellos estaban obligados a inhibirse por “resultar incompatible que ambos magistrados cumplan funciones en ‘el mismo tribunal por la relación personal’ que los une, y que ellos han hecho pública en todos los ámbitos de la sociedad cordobesa...”.

¿Qué hizo el máximo tribunal del país? Rechazó el planteo, y dijo que las causales de excusación y de inhibición no se aplicaban a los temas de superintendencia. En cuanto a lo manifestado sobre el vínculo entre Montesi y Sánchez Torres, la Corte afirmó que se trataba de “expresiones impropias”, que “ponían de manifiesto una actitud teñida de subjetivismo e invasiva de la intimidad que es ajena, por cierto, a la prudencia, circunspección y mesura que son componentes indispensables de todos los actos de un magistrado”.

Los ministros Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Elena Highton (se jubiló en 2021) consideraron que los jueces sólo debían confrontar opiniones entre ellos con respeto y razones fundadas en el derecho. De esa manera, dieron el tema por cerrado, y avalaron la posición de Montesi y Sánchez Torres.

Pero a pesar de que en la Justicia prefieren no mencionar el tema, se trata de una realidad conocida y naturalizada en los juzgados y estrados federales de todo el país. E incluso en la propia Corte Suprema. Los 89 familiares de jueces identificados en esta investigación aparecen trabajando en distintos peldaños de la carrera judicial, algunos en los de mayor jerarquía: 15 de ellos son secretarios. Estos puestos valen por sí mismos y por su proyección en la escalera de ascensos. De hecho, ciertos magistrados en funciones iniciaron su trayectoria judicial designados “a dedo” y, luego, concursaron en el Consejo de la Magistratura de la Nación para acceder a sus juzgados y vocalías actuales.

Es el caso de Verónica Skanata, hoy titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº1 de Posadas (Misiones). Skanata es hija de la camarista federal Mirta Delia Tyden y del exjuez civil de Oberá, Julio José Skanata. Según el currículum vitae que presentó en el Consejo de la Magistratura de la Nación, Verónica Skanata se recibió de abogada en 2001 y poco después, en abril de 2002, fue designada en forma discrecional como secretaria del Juzgado Criminal y Correccional de Misiones. Esto quiere decir que, por decisión de la Cámara Federal que integra su madre, pasó a desempeñarse en uno de los puestos más altos del funcionariado judicial sin haber tenido experiencia laboral.

Nueve años más tarde, Skanata concursó en el Consejo de la Magistratura y se convirtió en jueza: primero con una subrogancia (designación temporaria) en el Juzgado Federal de Oberá; y después, con un nombramiento en propiedad, donde quedó sujeta a la jurisdicción de su madre. El cargo de secretaria era en 2011 uno de los antecedentes principales de su CV. Ni la hija, Verónica Skanata, ni la madre, Mirta Delia Tyden, quisieron hacer comentarios al respecto.

En 2013, el Congreso de la Nación sancionó la Ley de Ingreso Democrático para poner un freno al acomodo y a la cobertura “a dedo” de los empleos judiciales. Consultado al respecto, Alberto Binder, doctor en Derecho, experto en procesos judiciales y cofundador del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), enfatiza que la Justicia Federal argentina incumple esta norma, que establece que los empleos judiciales deben ser cubiertos por concurso. “El nepotismo es ilegal porque existe una Ley Nacional que estipula cómo deben asignarse los cargos de la Justicia. Esto no implica que se trate de un delito, más allá de que sea una conducta muy reprochable desde el punto de vista ético”, observa el académico e investigador.

Para el sociólogo y doctor en Ciencias Sociales Juan José Nardi, “el principal problema del nepotismo es que desdibuja la carrera administrativa y que, de alguna manera, también termina generando conflictos hacia el interior de los juzgados por cuestiones que tienen que ver con los ascensos”. De acuerdo a este experto, “los integrantes de estas familias de sangre y políticas —en el sentido de afinidad, y de padrinazgos y madrinazgos— hacen carreras maratónicas, muchas veces saltándose peldaños, lo que produce desigualdades enormes dentro del Poder Judicial”.

El fenómeno nepotista ha llegado hasta tal extremo que la Corte de la Nación dejó de lado su renuencia y espontáneamente puso el asunto a la vista hace poco. Lo hizo a través del ministro Ricardo Lorenzetti, en la Acordada 18/2024 del 17 de mayo de 2024 sobre la creación de una nueva secretaría en el máximo tribunal. En ella, el magistrado afirmó que “se designa personal con cargos de funcionarios, sin concurso, con base en la amistad o el parentesco, y contrariando las expectativas de austeridad que la sociedad argentina exige”.

En su voto minoritario y opuesto al de sus pares Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz, Lorenzetti insistió en que en la Justicia argentina “deben ser austeros, concursar los cargos, respetar el mérito y evitar el nepotismo”.

Sin embargo, la misma Corte —incluso durante la presidencia de Lorenzetti— nunca reglamentó la Ley de Ingreso Democrático, que ya tiene 11 años en vigor en la Argentina. Este vacío reglamentario permitió que continuara en general la histórica designación de parientes de la magistratura sin evaluaciones objetivas de sus capacidades, a diferencia de lo que ocurrió en los ministerios públicos de la Nación, donde los empleos están sometidos al régimen legal de los concursos.

Curiosamente, Lorenzetti también cuenta con familiares en la Justicia Federal. Su esposa, Mara Beatriz Perren, es prosecretaria administrativa del Juzgado Federal de Rafaela (ciudad santafesina de origen del juez de la Corte). Y su cuñada Ana Marcela Perren es escribiente de la Cámara Federal de Rosario.

Consultado por esto, la oficina de Lorenzetti respondió que como su esposa ingresó al Poder Judicial dos años antes al matrimonio, “no se configura en el caso un supuesto de nepotismo”. Y “en cuanto a Ana Marcela Perren, esta fue designada en Rosario, siendo una jurisdicción totalmente ajena a la que ejerce el ministro”.

Otros dos magistrados de la Corte Suprema, Rosatti y Maqueda, también cuentan con familiares nombrados en la Justicia federal. El primero es padre de Emilio Rosatti, secretario del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe. Y Maqueda es padrastro de Verónica Ferrer Deheza, secretaria de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba. 

Ambos jueces justificaron y se desligaron de estos nombramientos. Rosatti, que preside el máximo tribunal y el Consejo de la Magistratura, dijo que su hijo ingresó a la Justicia federal en el tramo inicial del escalafón (escribiente auxiliar interino) el 28 de diciembre de 2007, y que él asumió en la Corte el 29 de junio del 2016, “es decir ocho años, nueve meses y un día después” que su hijo.

Maqueda, por su parte, expresó que su hijastra ingresó a la Justicia en 1998, cuatro años antes de que él asumiera en la Corte Suprema. A continuación, precisó los seis ascensos que recibió Ferrer Deheza en 26 años de carrera judicial, y destacó los títulos y diplomas que adquirió. También enumeró los antecedentes de la mujer para probar que es “absolutamente ajeno” a su nombramiento y a sus ascensos.

Un gremio de cónyuges, hijos y hermanos

La base de datos analizada por CONNECTAS y Chequeado releva la lista de empleados de la Justicia federal en 14 provincias –de las 24 que tiene el país– que integran siete circunscripciones judiciales: se trata de 3.601 cargos sobre un total de 19.847. Y en todas se encontraron casos de jueces con familiares nombrados en la misma jurisdicción o en tribunales federales de otros distritos. Si bien no todos implican actos de nepotismo, pues algunos pueden haber ingresado por otras razones o antes de la unión familiar, como puede ocurrir respecto de algunos cónyuges, el volumen de casos detectados –desde ya una porción de los efectivamente existentes– sí sugiere la injerencia de los nexos familiares en la selección de nuevos empleados.

El número de jueces con familiares en la Justicia federal podría ser más grande, en la medida en que el parentesco pudo pasar desapercibido o no ser comprobado en esta producción.

En todo caso, del universo examinado surge un patrón: un número relevante de familiares nombrados está relacionado con jueces con más de 10 años de antigüedad en cuerpos colegiados (camaristas). Los jueces de tribunales orales en lo criminal federal son un buen ejemplo de esa tendencia: conforman el 48%, casi la mitad, de los 46 casos hallados.

En Santa Fe, la provincia de origen de Lorenzetti y Rosatti, 12 de 21 jueces federales tienen parientes nombrados. Allí el fenómeno está muy presente en el caso de Marcelo Bailaque, juez federal de la ciudad de Rosario. El magistrado es padre de Julieta Bailaque, oficial mayor; de Ramiro Bailaque, escribiente auxiliar, y de la escribiente Sofía Bailaque.

Recientemente, este juez fue denunciado por supuestas irregularidades en el trámite de un expediente que habrían favorecido al jefe narco Esteban Lindor Alvarado. Con una curiosidad extra: Bailaque y el acusado compartían contador, Gabriel Mizzau, y el hijo de este profesional, Sebastián Mizzau, había ingresado en 2017 —mediante un nombramiento discrecional— a trabajar al Juzgado Federal N° 4. ¿Quién es el titular de esa unidad? El propio Bailaque, quien no respondió a la consulta.

El patrón de nombramientos vinculado con los jueces de mayor antigüedad se aprecia en el caso de José María Escobar Cello, quien llegó al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la ciudad de Santa Fe en 1994, hace 30 años. Este juez es padre de Juan José Escobar Cello, prosecretario administrativo; y de Francisco Escobar Cello, escribiente, ambos con prestación de servicios en el Tribunal Oral. El padre, que compartiría ámbito de trabajo con sus dos hijos, no respondió a la consulta formulada para esta investigación. 

En la Justicia federal de Santa Fe también se pueden observar las conexiones con la Justicia provincial a partir de, por ejemplo, los nombramientos de familiares de integrantes de la Suprema Corte de la provincia. Allí trabajan María Magdalena Gutiérrez, secretaria electoral del interior de la Justicia Federal y sobrina del juez santafesino Rafael Gutiérrez; y Esteban Falistocco, secretario de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario e hijo del juez Héctor Falistocco. Ninguno de esos magistrados provinciales respondió a las consultas. Tampoco lo hicieron los 12 jueces federales con familiares designados en esta jurisdicción.

Por otro lado, en la Justicia federal de Córdoba (que incluye en su jurisdicción a la provincia de La Rioja) se encontraron parientes con cargos vinculados a 12 de los 20 integrantes de la magistratura. Graciela Montesi, la camarista federal cuestionada en aquellos debates de 2017 y 2019 mencionados anteriormente, es madre de Josefina Bobone, jefa de despacho del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3, y de Tomás Bobone, escribiente del Juzgado Federal N° 3; además de tía de Alejo Montesi, oficial del Juzgado Federal N° 1, y de Gerónimo Bobone, auxiliar de la Secretaría Electoral de Córdoba.

Pero no eran los únicos integrantes de la familia que trabajaban en la Justicia. Pablo Montesi, hermano de la camarista y padre de Alejo Montesi, fue juez federal de la ciudad cordobesa de San Francisco hasta su fallecimiento en agosto de 2024. Graciela Montesi no respondió la consulta relativa a la designación de estos parientes y, en el caso de su hermano, el titular del Juzgado Federal de San Francisco solicitó que se informara quién era la persona responsable de la consulta sobre los parentescos. Pese a que se le brindaron más detalles, Pablo Montesi no envió comentario alguno (aunque seguía en funciones en julio de 2024, tras la noticia de su defunción se resolvió sacar a este juez de la base de datos).

De la Justicia federal de Córdoba y de La Rioja sólo respondieron los camaristas Eduardo Daniel Ávalos y Abel Guillermo Sánchez Torres (también participante de aquellas polémicas resoluciones dictadas en 2017 y 2019). Ávalos, magistrado de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, refirió que efectivamente Sofía Elena Sylvester, secretaria de aquel estrado, es su “mujer”, pero negó haber influido en su nombramiento porque en ese momento era “un pinche” en el Juzgado Federal N° 1. “Con el tiempo, contrajimos matrimonio y continuamos casados a la fecha, por lo que el destino ha obrado al respecto. Tampoco tengo hijos en el Poder Judicial: ellos desarrollan profesiones ajenas a la abogacía”, agregó el magistrado.

Para explicar su caso, Sánchez Torres, vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, primero ofreció la posibilidad de dialogar en su despacho o virtualmente. Si bien se le propuso una reunión por Zoom, luego el juez envió un correo electrónico en el que negó ser familiar actual de su exesposa, la jefa de despacho Alejandra Cecilia Cabido, así como haber tenido injerencia en la designación de sus tres hijos, María Agustina, Joaquín y Lucía, en la Justicia federal cordobesa. Pero no se privó de destacar los antecedentes académicos de sus descendientes.

En los tribunales federales de Jujuy y Salta, 7 jueces de 17 están vinculados familiarmente con empleados y funcionarios. Tres de los magistrados tienen cónyuges con cargos en la institución: se trata del camarista Lucio Renato Rabbi Baldi Cabanillas (su esposa es Denise Blajean Bent, secretaria del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Salta) y de los jueces Esteban Hansen y Leonardo Bavio (respectivos consortes de Carola Martínez Allende, secretaria de la Oficina Judicial de la Justicia Federal de Jujuy, y de María Martha Ruiz, secretaria del Juzgado Federal N° 2 de Salta).

Rabbi Baldi Cabanillas no contestó el requerimiento de un comentario, mientras que Bavio no respondió respecto de Ruiz en una ampliación de la consulta como sí lo había hecho antes sobre un primo segundo, Cristian Ricardo Bavio, secretario del Tribunal Oral de Salta, de cuyo nombramiento se desligó por completo: dijo que éste entró en “1994 o 1995”, cuando él era secretario penal de la Cámara Federal de Salta.

Por su parte, un secretario de Superintendencia de la Justicia federal de Jujuy envió el descargo de Hansen. Según esa nota, el juez no tuvo ninguna participación en el nombramiento de su esposa Martínez Allende. El texto refiere que ella ingresó al Poder Judicial de la Nación en 2009; que se desempeñó en la Secretaría Electoral del Juzgado Federal N° 1 de Córdoba y que luego obtuvo un traslado a la Secretaría Electoral del Juzgado Federal N° 1 de Jujuy “mediante resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 07/02/18 previa conformidad prestada por el entonces titular del Juzgado Federal N° 1 de Jujuy, Mariano W. Cardozo”.

También envió una respuesta Domingo José Batule, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Salta, quien adjuntó el CV de Simón Augusto Batule Cabana con la siguiente manifestación: “Es mi hijo, es abogado y fue designado como ‘jefe de despacho’ por l@s Jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Salta. Para un correcto y justo escrutinio de ustedes y de la sociedad toda, considero que resulta relevante que también se publique su currículum vitae”.

Una situación particular se dio respecto del juez del Tribunal Oral Nº1 de Salta, Federico Santiago Díaz, y de su hermano, Carlos Felipe Díaz Lannes, secretario del Juzgado Federal de Villa Mercedes en San Luis. El magistrado negó haber influido en el nombramiento del funcionario y advirtió que él carecía de potestades para cubrir cargos en los tribunales federales de San Luis. Además, acotó que él y su hermano se habían desarrollado profesionalmente en lugares diferentes. “Hago saber que para acceder al cargo que desempeño rendí numerosos concursos, y se me designó cuando integraba 8 ternas para tribunales orales de diferentes puntos del país, y de esas 8 ternas, en 7 me encontraba en el primer lugar de la terna”, añadió el juez.

Los demás magistrados con parientes designados en esta jurisdicción de la Justicia federal no contestaron la requisitoria.

En la provincia de Salta hay que destacar la evidente penetración de la familia Catalano en los tribunales. Este apellido lo comparten tres primos: las juezas federales Gabriela Elisa Catalano y Mariana Inés Catalano, y el juez de la Corte provincial desde 2007 Guillermo Catalano. Además, el cónyuge de Gabriela es juez provincial. Ella y su prima Mariana habían sido funcionarias judiciales antes de concursar y ganar sus cargos actuales: una carrera parecida a la de la misionera Verónica Skanata.

En su descargo, Mariana Catalano ratificó que llegó a su cargo actual de magistrada por concurso y pidió que esto se manifestara de ese modo para que la investigación tuviese rigor. Y Gabriela Catalano expresó que su cónyuge concursó en forma pública para acceder a sus dos designaciones en el Poder Judicial local y que la información estaba disponible.

En la jurisdicción que incluye a Mendoza, San Juan y San Luis, al menos 5 de los 22 titulares de juzgados y vocalías tienen parientes empleados. En esta circunscripción aún resuena el caso del exjuez Walter Bento (fue destituido a finales de 2023), cuya esposa Marta Boiza y dos hijos, Nahuel y Luciano, estaban empleados en los tribunales mendocinos. Los cuatro familiares están involucrados en un escándalo judicial por venta de sentencias y enriquecimiento ilícito, que llevó a la expulsión de Bento y a su encarcelamiento a finales de 2023.

Sólo Pablo Oscar Quirós, titular del Juzgado Federal N° 2 de Mendoza, aceptó manifestarse sobre la cuestión de la designación de familiares en los estrados de esta jurisdicción. Quirós confirmó que es cónyuge de Marisol del Carmen Compañy, jefa de despacho del Juzgado Federal N° 1 de Mendoza (a quien dijo haber conocido en 1997 en el propio Poder Judicial donde ambos trabajaban), y cuñado del oficial de servicio Hernán Compañy. Respecto de este último, precisó que entró a la Justicia Federal antes de su juramento como magistrado.

En Misiones, se corroboró que 4 de 9 jueces tienen parientes trabajando en la Justicia federal, mientras que en las provincias vecinas de Chaco y Formosa (que comparten jurisdicción) están en esa situación 3 de 10.

El único magistrado misionero que aceptó hacer comentarios es Fabián Gustavo Cardozo, juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas. Cardozo confirmó que su esposa, Mónica Oria, ingresó en 1994, y que en la actualidad es prosecretaria administrativa y está al frente de la Biblioteca de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas. Añadió que él entró al Tribunal Oral en 2004; que en 2005 conoció a Oria y que en 2007 nació el hijo que tienen en común. Precisó además que él es juez desde 2022 y recordó que su Tribunal Oral y la Cámara de Apelaciones ejercen funciones de superintendencia por separado, de manera que “Oria jamás ha dependido laboralmente” de él.

En Chaco y Formosa emitieron respuestas dos magistrados. Zunilda Niremperger, titular del Juzgado Federal N° 1 de Resistencia, detalló que su hermana Liliana Niremperger fue contratada en forma temporaria en la Justicia Federal de la capital de Chaco en cinco oportunidades (con sus prórrogas) desde 2002. Y que en 2007 fue designada escribiente auxiliar “a propuesta del juez titular Carlos Rubén Skidelsky” (que renunció en 2016). “En relación con Kamila Niremperger (sobrina), ésta ingresó en el Poder Judicial en una suplencia en agosto de 2023 en el Juzgado Federal N° 2 por propuesta de Ricardo Alcides Mianovich por un lapso corto y luego nuevamente (fue) designada por un corto plazo, todos datos que completaré una vez que el titular del juzgado Federal N° 2 remita dicha información a quien suscribe”, dijo Niremperger. La ampliación anticipada no llegó.

Por su parte, Ricardo Alcides Mianovich, juez federal N° 2 de Resistencia, eligió contestar lo siguiente: “Responder eventual y ulteriormente, sustrayéndome de funciones institucionales que disponen de mecanismos de control idóneos, implicará la demostración antelada por vuestra parte de galanura lexicográfica, una más elevada, detallada y completa información, y la ausencia plena de párrafos alusivos de posibles o sugerentes implicancias, una trama extorsiva o la posible afectación del buen nombre, la dignidad o el prestigio de terceras personas, límite intolerable al que no ingresaré, ni daré mínima entidad”.

En la última jurisdicción analizada, las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, se constataron designaciones de familiares para 3 de 15 miembros de la magistratura. Ninguno de los que tienen parientes nombrados hizo comentarios al respecto. 

Gatopardismo judicial

¿Qué explica la prevalencia de las relaciones familiares en la Justicia argentina? Este es un fenómeno que no es nuevo. Como explica el académico Alberto Binder, “el nepotismo existió siempre, pero se acentuó cuando los cargos judiciales empezaron a ser apetecidos. Esto comienza a crecer durante el menemismo”, durante la década de 1990.

En 2007, la Argentina ratificó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que dispone que los países procurarán adoptar sistemas de convocatoria, contratación, retención, promoción y jubilación de empleados y funcionarios públicos no electivos “basados en principios de eficiencia y transparencia, y en criterios objetivos, como el mérito, la equidad y la aptitud”. Y en 2013, el Congreso sancionó la Ley de Ingreso Democrático e Igualitario de Personal al Poder Judicial, con el propósito de poner fin a la práctica de contratar empleados por ser familiares o conocidos de los jueces.

Pero ninguna medida logró frenar los casos de nepotismo en la rama judicial. En el caso de la Ley de Ingreso Democrático, esta nunca se aplicó en los tribunales de justicia porque –como se dijo– sucesivas decisiones y omisiones del máximo tribunal dejaron a la normativa fuera de juego. La Corte Suprema mantuvo (según se afirmó en 2013, transitoriamente) en las cámaras federales y nacionales las facultades de designación y promoción del personal.

Binder explica que parte de la razón de la persistencia de este sistema tiene que ver con los jugosos salarios del sector judicial: “Ocurre que los puestos más bajos de la Justicia Federal hoy son retribuidos con sueldos inmensos. Es un botín extraordinario”.

El nepotismo es ilegal porque existe una Ley Nacional que estipula cómo deben asignarse los cargos de la Justicia. Esto no implica que se trate de un delito, más allá de que sea una conducta muy reprochable desde el punto de vista ético

Alberto Binder — Doctor en Derecho.

Cada uno de estos cargos que ocupan parientes implican retribuciones muy tentadoras para una economía tan golpeada como la de Argentina. La remuneración de auxiliar, el puesto más bajo de la escala salarial judicial, equivale a cuatro salarios mínimos, vitales y móviles. Según la escala salarial de abril de 2024, un auxiliar percibe $ 923.243 mensuales (US$927 en base a la cotización oficial). En el otro extremo, un secretario de Cámara, uno de los cargos de funcionario judicial más altos, recibe un salario de al menos $2,8 millones (US$2.814, cotización oficial), monto que corresponde a 12 salarios mínimos. Las consignadas son cifras apenas orientativas porque la escala judicial no incluye todos los rubros incluidos en los recibos. 

Ese “botín” burocrático incentiva lo que Binder llama “designaciones cruzadas”, cuando dos jueces se devuelven el favor de nombrar a los familiares del otro. “Yo nombro a tus parientes y vos nombrás a los míos. Esto todo el mundo lo sabe y lo conoce”, explica el académico.

Para el sociólogo Juan José Nardi, entre las vocalías de un mismo cuerpo se producen “retribuciones” recíprocas. Este investigador también ve que son comunes los “favores” que suelen hacerse en la primera instancia para congraciarse con el tribunal de alzada. Por ejemplo, el hecho de nombrar familiares de camaristas a cambio de una subrogancia, función que otorga mayor poder de decisión y un plus salarial porque, de esa manera, un mismo juez tiene a cargo dos juzgados y, por esa carga de trabajo adicional, mejora su remuneración.

Pero, de fondo, lo que prima en esta práctica para Binder es “la laxitud y el desinterés éticos imperantes en el Poder Judicial”. Y añade que “el nepotismo muestra la paradoja de que una de las profesiones que debería estar regulada con mayor rigurosidad, como la de los abogados y la de los jueces, es la que menos lo está”.

El profesor Binder sostiene que, si no se pone límites a la práctica del nepotismo, seguirá expandiéndose la “perversión original de la endogamia” que dificulta muchísimo “la generación de poderes judiciales independientes”.

El intento fracasado más reciente de frenar la llamada “dedocracia” judicial fue la Ley de Ingreso Democrático de 2013. Pero quienes deben custodiar su observancia encontraron la forma de colocarse por encima de ella. Y como advierte Binder, nada perturbó la reproducción de ese statu quo que es la gran familia judicial.

Nota de la redacción: esta publicación forma parte de una investigación periodística sobre jueces y juezas federales de la Argentina cuyos parientes ocupan cargos en la Justicia realizada por CONNECTAS y Chequeado tomando una base de datos elaborada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ver metodología aquí), así como información proveniente de otras fuentes.

La difusión de los nombramientos de familiares de autoridades judiciales, incluso de los concretados a partir de 2013, cuando entró en vigor la Ley de ingreso democrático e igualitario de personal al Poder Judicial de la Nación y al Ministerio Público de la Nación (ley 26.861), no implica afirmar que en todos esos casos necesariamente existió nepotismo ni comporta un juicio de valor sobre las aptitudes profesionales, intelectuales ni morales de las personas contratadas aquí nombradas, sino que sólo apunta a identificar posibles casos de materialización de esta práctica y a problematizarla a la luz de la normativa vigente. 

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Esta investigación fue realizada por Irene Benito. Por CONNECTAS participó Leonardo Oliva (acompañamiento editorial). Por Chequeado, Matías Di Santi, Ignacio Ferreiro, Franco Piccato, Manuel Tarricone y Laura Zommer (edición).

ED/JJD