El Gobierno desplazó a Miguel Blanco de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), organismo que se ocupa del control interno del Poder Ejecutivo, en una decisión que se tomó en las últimas horas.

El ahora ex funcionario había asumido el cargo desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei, pero no pertenecía a los dirigentes más allegados al mandatario y su entorno, aunque mantenía buena relación con el Gabinete.

De acuerdo a la información que brindó este viernes en su habitual conferencia de prensa el portavoz presidencial, Manuel Adorni, confirmó que el reemplazante de Blanco será Alejandro Fabían Díaz, quien cuenta con experiencia en el área de complience y auditorías, tanto en empresas del sector público y privado.

Díaz se desempeñaba hasta ahora como Gerente de Auditoría en Nucleoeléctrica Argentina, una compañía que responde al Ministerio de Economía y que, bajo la dirección de Demián Reidel (jefe de Gabinete del Consejo de Asesores del Presidente de la Nación), opera las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse, que en conjunto suman una potencia instalada de 1.763 MW, aportando aproximadamente el 7% de la energía eléctrica consumida en el país, y se encarga de la operación y mantenimiento de estas plantas, así como de la comercialización de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y del desarrollo de proyectos que aseguran la operación segura y confiable de sus instalaciones.

Además, Díaz preside la Comisión Fiscalizadora de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

En su perfil de Linkedin, Día cuenta que es autor de las obras “La Sindicatura de Sociedades Anónimas y del Estado”, “El Gobierno Corporativo en Organizaciones Estatales” y “Gestión de Empresas Estatales”. También ganó la Medalla de Plata del Premio Manuel Belgrano, el Premio a la Excelencia de la Federación de Cámaras del Comercio del Mercosur en Montevideo, Uruguay, y el Premio Nacional a la Calidad 2021.

Además, es docente de Corporate Governance en el MBA de la Escuela de Negocios de la Pontificia Universidad Católica Argentina y de posgrados de Control en la Universidad de Buenos Aires y de La Plata; e invitado en carreras de grado y posgrado de distintas universidades.

Qué funciones tiene la SIGEN

La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) es el órgano de control interno del Poder Ejecutivo Nacional, según lo establece la Ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.

Tal como lo determina la Ley 24.156, el deber de la SIGEN es dictar las normas relativas a la auditoría interna gubernamental, así como supervisar y velar por su cumplimiento. Su responsabilidad es la coordinación de actividades orientadas a lograr que el Sector Público Nacional alcance los objetivos de gobierno mediante un empleo adecuado de los recursos en el marco legal vigente y para eso establece lineamientos estratégicos a través de las Unidades de Auditoría Interna (UAI), siendo éstas quienes garantizan un control integral e integrado de las actividades del Estado.

¿Cuándo se creó la SIGEN?

El organismo de control se creó en 1992 a partir de la Ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional. Precisamente, el Artículo 96 define a la SIGEN como el órgano de control interno del Poder Ejecutivo Nacional.

Según la normativa, la SIGEN y la Auditoría General de la Nación son los órganos rectores de los sistemas de control interno y externo, respectivamente. En esa línea, la normativa determinó que la SIGEN depende directamente del Poder Ejecutivo Nacional y que el Síndico General es el responsable del organismo y posee el rango de Secretario de Presidencia de la Nación.

¿Quién manejaba la SIGEN hasta hoy?

¿Cuáles son las funciones de la SIGEN?

La SIGEN dicta y aplica normas de control interno, que deben ser coordinadas con la Auditoría General de la Nación. Luego supervisa la aplicación de esas normas de auditoría interna, por parte de las unidades correspondientes.

También coordina la realización de investigaciones especiales, pericias de carácter financiero o de otro tipo, por parte de estudios profesionales de auditores independientes o de auditorías financieras, de legalidad y gestión.

Otra de las funciones de la SIGEN es velar por el cumplimiento de las normas contables establecidas por la Contaduría General de la Nación y supervisar el adecuado funcionamiento del sistema de control interno, facilitando el desarrollo de las actividades de la Auditoría General de la Nación.

Además, establece requisitos de calidad técnica para el personal de las unidades de auditoría interna aprueba los planes anuales de trabajo orientando y supervisando su ejecución y resultado.

Por último, la SIGEN formula recomendaciones a los órganos que están en el ámbito de su competencia para asegurar el adecuado cumplimiento normativo y la correcta aplicación de las reglas de auditoría interna y de los criterios de economía. De ser necesario, pone en conocimiento del Presidente de la Nación los actos que hubiesen acarreado o estime puedan acarrear significativos perjuicios para el patrimonio público.

¿Cómo acceder a los informes de la SIGEN?

Todos los informes de la SIGEN se pueden encontrar en la web del organismo. Allí están las auditorías internas, los trabajos de control, las investigaciones especiales, las evaluaciones de los sistemas de control interno y de gestión, los trabajos de la Red Federal de Control Público, los reportes de juicios y la situación institucional y de empresas del Estado.

Con información de agencias y El Auditor.

El Instituto de Derecho Constitucional del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) dictaminó que no es pertinente que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) audite a la Universidad de Buenos Aires (UBA) al considerar que la autonomía universitaria, “consagrada en la Constitución Nacional, garantiza que las Universidades Nacionales no puedan ser intervenidas por el Presidente de la República” y que existen otros órganos encargados de esos controles.

A mediados de octubre, el procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra, firmó un dictamen para que la SIGEN funcione como órgano auditor de las universidades nacionales, en medio del momento más álgido del conflicto por la toma de las sedes de las casas de altos estudios en distintos puntos del país.

En su resolución, Barra informó que el sistema de control interno previsto está incluido en la ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y de aplicación a las universidades nacionales. “Las universidades nacionales serán auditadas por la SIGEN”, se titulaba el comunicado difundido el pasado 15 de octubre por el Gobierno. “En el día de la fecha, la Procuración del Tesoro, a cargo de Rodolfo Barra, firmó un dictamen dirigido al Ministerio de Capital Humano, concluyendo que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) puede controlar a todas las Universidades Nacionales”.

“El documento asegura que el sistema de control interno previsto en la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional puede ser aplicado a las casas de estudio, dado que el ejercicio de dicho control no afecta ni contradice la autonomía ni la independencia financiera y administrativa que les otorga la Constitución Nacional”, añadía.

Acto seguido, la Universidad de Buenos Aires solicitó una opinión técnico-jurídica al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal sobre el control externo e interno de las Universidades Nacionales, en el marco de la autonomía universitaria consagrada constitucionalmente.

Este viernes, el Colegio dio a conocer su dictamen, en el que destacó que la autonomía universitaria es una “garantía institucional reconocida en la Constitución Nacional que impide que las Universidades Nacionales sean intervenidas por el presidente de la República, bajo pena de agredir al sistema republicano”.

No obstante, esta autonomía “no significa que las Universidades Nacionales están fuera de la órbita del control estatal, sino que lo hacen exclusivamente por medio de los órganos constitucionalmente habilitados”.

En cuanto al control interno, el dictamen expresa que es competencia de las propias Universidades Nacionales en ejercicio de su autonomía. Este control interno es desplegado en la UBA por sus órganos electos democráticamente en ejercicio del cogobierno.

Además, resalta que la SIGEN es un órgano que no posee jerarquía constitucional, ya que depende del presidente de la República y por lo tanto solo tiene competencia en el control interno de las jurisdicciones que componen el Poder Ejecutivo Nacional.

También manifiesta que la Procuración del Tesoro de la Nación es un organismo desconcentrado del Poder Ejecutivo de la Nación y depende directamente de él, por lo que su dictamen no cambia ni resta ni puede mutar el principio de autonomía y autarquía que la Constitución Nacional le garantiza a las Universidades Nacionales.

Por otro lado, en lo que atañe al control externo, explicita que el mismo “está asociado a aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos, y corresponde a la Auditoría General de la Nación”.

En lo que respecta al órgano constitucionalmente autorizado para practicar auditorías externas a las Universidades Nacionales, enfatiza que: “La simple lectura de la Constitución Nacional y el entendimiento de la división de poderes en el sistema republicano lo deja claro: es el Congreso de la Nación, con apoyo en la Auditoría General de la Nación”.

Y finaliza: “De ninguna manera una decisión del Poder Ejecutivo Nacional puede soslayar el mandato y avanzar sobre la clara atribución constitucional, si lo que se busca es mantener la división de poderes y, al fin, asegurar los beneficios de la libertad de los argentinos”.

“La autonomía universitaria, consagrada en la Constitución Nacional, garantiza que las Universidades Nacionales no puedan ser intervenidas por el Presidente de la República. Esta autonomía reconoce el aporte fundamental de las universidades a la libre educación de calidad, la investigación científica y la extensión universitaria, contribuyendo al desarrollo del país”, concluye el Colegio de Abogados porteño.

El dictamen completo

IG

La Sindicatura General de la Nación (Sigen) le pidió hoy a la Justicia que la Universidad de Buenos Aires (UBA) presente “documentación referida a la utilización de los fondos públicos asignados por el Poder Ejecutivo Nacional″.

Según informó el Ministerio de Capital Humano a través de un comunicado, la presentación fue realizada por el síndico general, Miguel Blanco, con el patrocinio del procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra.

La solicitud fue hecha “en el marco del artículo 59 de la Ley 24.521 de Educación Superior y de lo establecido en la Ley 24.156”, según precisó la cartera que encabeza Sandra Pettovello.

En el documento que los funcionarios entregaron a la Justicia, “se especifica que el organismo rector del sistema de control interno no pretende auditar planes de estudio, contenido, designación de autoridades, ni afectar la libertad de cátedra, como así tampoco designar el auditor interno de la UBA, cuestiones totalmente ajenas al objetivo de las auditorías de la Sigen”.

Por el contrario, la Sigen indicó en el escrito que el contenido de la demanda “apunta a que la Justicia instruya a la UBA a brindar información sobre el destino de los fondos públicos y cómo fueron ejecutados”.

En este sentido, la Sigen espera que la casa de estudios “informe en qué se utiliza el dinero girado por el Poder Ejecutivo en lo relativo a licitaciones, contrataciones directas, convenios, etc” al tiempo que destacó que “se procura verificar las cuentas y procesos y controles internos de la universidad, a fin de evaluar la eficacia operativa y coadyuvar a proporcionar información para la mejora en la ejecución de esas operaciones”.

Asimismo, la Sigen solicitó que se inste a la UBA “a rendir cuenta documentada de los fondos transferidos por el Tesoro Nacional” para que la Sigen pueda “cumplir con sus funciones en el marco del control interno, complementario al control externo que lleva a cabo la Auditoría General de la Nación (AGN)”.

Dentro del marco de la presentación judicial, el organismo incluyó pedidos de información “acerca de la normativa interna de la universidad para la aprobación y autorización de gastos por parte de cada funcionario”.

Según precisó Capital Humano, también se solicitó el detalle de las adquisiciones realizadas a través de los fondos transferidos por la cartera de Educación“ y el ”acceso a los Sistemas SIU PILAGÁ Y SIU DIAGUITA (módulo de compras, módulo de patrimonio), a modo de consulta para comprobar las registraciones de los gastos y sus rendiciones de cuenta“.

MM con información de la agencia NA.

La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) notificó hoy a la Universidad de Buenos Aires (UBA) que iniciará los trabajos de auditoría en esa casa de estudios.

Según expresó el ente descentralizado de control interno en un comunicado, las autoridades de la UBA no respondieron a las notificaciones enviadas por el sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) y el aviso al correo electrónico oficial del rectorado. Por esa razón, “se decidió entregar la notificación en un documento físico, para evitar más dilaciones”. 

“Así, el equipo de la Sindicatura General de la Nación remitió en mano en la mesa de entradas de la Rectoría de la UBA, la nota que indica que comenzarán los trabajos de auditoría en esa casa de estudios”, señalaron.

La UBA había sido auditada regularmente hasta 2013 por la SIGEN, pero a partir de entonces se modificó el criterio porque se consideró que avasallaba la autonomía universitaria.

“En 2022, un dictamen del entonces Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, de noviembre 2022, durante la presencia de Alberto Fernández, había impedido a la Sindicatura auditar las universidades nacionales, situación que se revirtió el 15 de octubre último, con un dictamen firmado por el actual Procurador, Rodolfo Barra, que vuelve a otorgar la Sindicatura General de la Nación la capacidad de auditar las universidades”, reflejó el organismo que encabeza Miguel Bianco.

La UBA será, según reveló el titular de la SIGEN, la primera universidad auditada por el volumen de presupuesto que maneja. El procedimiento iniciará con un relevamiento de los procesos internos de cada repartición, luego se realizará una identificación de los controles, relativo a los movimientos de fondos, y en tercer lugar se pondrán a prueba para evaluar su funcionamiento. 

“Revisamos el destino, la aplicación, la documentación sustentadora, si están de acuerdo los objetivos, y si se han subcontratado a terceros. Generamos un informe que se discute con las autoridades, y luego se eleva a Presidencia de la Nación, Jefatura de Gabinete y Secretaria General de la Presidencia. También al rector”, detalló Bianco en una entrevista reciente.

El funcionario aclaró que ante el hallazgo de irregularidades se cotejará la información con las autoridades auditadas, para evitar conflictos de interpretación, y de confirmarse se derivará el informe a la Oficina Anticorrupción y a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. 

MM con información de la agencia NA.

El procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra, firmó este martes el dictamen para que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) funcione como órgano auditor de las universidades nacionales, en medio del conflicto por la toma de las sedes de las casas de altos estudios en distintos puntos del país.

Barra informó que el sistema de control interno previsto está incluido en la ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y de aplicación a las universidades nacionales, informaron fuentes oficiales.

“Las universidades nacionales serán auditadas por la SIGEN”, se titula un comunicado difundido hoy por el Gobierno. “En el día de la fecha, la Procuración del Tesoro, a cargo de Rodolfo Barra, firmó un dictamen dirigido al Ministerio de Capital Humano, concluyendo que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) puede controlar a todas las Universidades Nacionales”.

“El documento asegura que el sistema de control interno previsto en la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional puede ser aplicado a las casas de estudio, dado que el ejercicio de dicho control no afecta ni contradice la autonomía ni la independencia financiera y administrativa que les otorga la Constitución Nacional”, añade.

“Un dictamen del Procurador del Tesoro de la Nación, Dr. Carlos Zannini, del 28 de noviembre de 2022, había impedido a la Sindicatura auditar las Universidades Nacionales. Desde ese entonces, solo la AGN, órgano dependiente del Congreso, quedaba investida con la capacidad auditora a las casas de estudios superiores. El dictamen firmado por el procurador del Tesoro revierte la situación y vuelve a otorgar a la Sindicatura General de la Nación la capacidad de auditar las Universidades”, concluye.

Tras la decisión de Zannini en noviembre de 2022, las universidades sólo podían ser auditadas cuando la Auditoría General de la Nación (AGN) y el Congreso lo dispusieran.

Más adelante, en 2023 Jaime Perzyck, exministro de Educación, firmó un convenio con la SIGEN por el que comenzó un esquema optativo por parte de las casas de altos estudios, que podían solicitar una auditoría por parte del organismo.

La AGN depende del Congreso de la Nación y en la actualidad es presidida por Juan Manuel Olmos, ex vicejefe de Gabinete de la administración anterior.

CRM