La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) presentó en las últimas horas sus conclusiones tras cuatro días de presentaciones y conferencias en el marco de la 80ª Asamblea General que se desarrolló en la provincia de Córdoba y remarcó que los periodistas y medios de comunicación argentinos “experimentaron fuertes agresiones verbales de parte del presidente Javier Milei, referentes del gobierno nacional y militantes de su espacio político”.

En las Conclusiones de la asamblea de la organización, formada por 1.300 medios y asociaciones de prensa, se expresa que en América “imperaron en el último semestre múltiples formas de violencia y agresiones contra el ejercicio del periodismo”, al tiempo que detallan que las expresiones “más extremas fueron el asesinato de cuatro periodistas y la desaparición de una reportera. Pero la represión, la impunidad y el hostigamiento a periodistas, así como las trabas al acceso a información pública, constituyen un problema estructural en numerosos países del hemisferio”, denunciaron.

Para la SIP, existen “ataques físicos, amenazas de muerte, estigmatización, restricciones, acoso judicial y financiero, incursiones contra medios, picos de agresiones durante procesos electorales, espionaje, bloqueo y hackeo, entre otras violaciones”, que “plagan el ejercicio del periodismo en la región”.

Con respecto a la Argentina, la organización retoma las advertencias que viene haciendo desde el inicio del gobierno de Javier Milei y reafirma que “periodistas y medios de comunicación experimentaron fuertes agresiones verbales de parte del presidente Javier Milei, referentes del gobierno nacional y militantes de su espacio político”.

Como argumentos, la SIP menciona que el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) “advirtió que un tercio de todos los ataques en los primeros meses del gobierno provinieron de Milei. Más de medio centenar de periodistas fueron desacreditados en entrevistas televisivas o en mensajes en redes sociales con epítetos como 'ensobrados' (en alusión a un supuesto condicionamiento de su trabajo por publicidad estatal), 'mentirosos', 'difamadores', 'esbirros', 'manipuladores', 'extorsionadores' y 'cómplices de los violentos'”.

Las conclusiones de la SIP sobre la situación de la prensa en la Argentina durante la gestión Milei

“Uno de los episodios más graves en los que se registraron agravios del presidente ocurrió el 28 de septiembre. En un acto proselitista Milei dedicó algunos de los párrafos más enfáticos de su discurso a gritar insultos contra periodistas. Terminó dirigiendo un coro de miles de militantes que repetía ”hijos de puta“.

A la asimetría de poder entre la máxima autoridad y cualquier periodista, se suma el efecto contagio que se manifiesta en hordas digitales que amplifican los insultos, incluyendo amenazas de muerte, por lo general amparadas en el anonimato, lo que genera un efecto inhibitorio y degrada el debate público.

“Todo funcionario tiene derecho a disentir, desmentir, replicar y criticar una información u opinión publicadas”, afirmó en un comunicado la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), pero subrayó que “debe hacerlo honrando su responsabilidad institucional”.

El periodista Jorge Lanata anunció que iniciaría una demanda por haber sido llamado “ensobrado” por el presidente Milei, lo que a su juicio implica la imputación del delito de soborno. Editorial Perfil y el editor Jorge Fontevecchia, impulsan causas judiciales en el mismo sentido, además por discriminación publicitaria y por los daños y perjuicios que implican las declaraciones del presidente sobre la viabilidad económica de ese medio. La primera demanda fue rechazada por el juez Sebastián Ramos, con un sobreseimiento express al presidente. Fontevecchia apeló la resolución, proponiendo como amicus curiae a Amnesty, Periodistas sin Fronteras, Fopea y Adepa.

En los inicios de la nueva gestión gubernamental, el presidente anunció la suspensión de la publicidad oficial por ajuste de gastos estatales. No obstante, organismos descentralizados y empresas públicas usaron fondos para publicidad con criterios comerciales, en algunos casos con presupuestos superiores a los que tenían en años anteriores. Un grupo de diputados nacionales solicitó al Poder Ejecutivo un informe detallado de los montos usados, de los resultados y que quienes intermediaron en esas operaciones.

Un decreto del Poder Ejecutivo introdujo restricciones a la Ley de Acceso a la Información Pública que desentonan con estándares internacionales y con el espíritu del principio de “máxima divulgación”. El decreto pretende flexibilizar los criterios legales con una ambigüedad que afecta la consistencia de la ley, bajo el argumento de la protección de la privacidad de los funcionarios y de ciertos aspectos de la gestión. El Gobierno estableció que “no se entenderá como información pública a aquella que contenga datos de naturaleza privada que fueran generados, obtenidos, transformados, controlados o custodiados por personas humanas o jurídicas privadas o por la ausencia de un interés público comprometido”.

La extensión del secreto, cuando va más allá de lo previsto en la legislación, pone en riesgo la capacidad del periodismo y la ciudadanía de fiscalizar la gestión, y afecta los niveles de transparencia.

La sanción de la Ley de Acceso, en 2017, fue uno de los hitos en la ampliación y consolidación de las libertades de expresión y de prensa en el país, que se suma a la eliminación del desacato, la protección constitucional de las fuentes periodísticas, la despenalización de las calumnias e injurias y los fallos judiciales que vedaron el uso discriminatorio de la publicidad oficial. La Ley de Acceso, además, está en línea con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, trazada en fallos como la causa “Menem contra Noticias”, en la que el tribunal revirtió el fallo de la Justicia argentina que condenaba a un medio y sus editores por violación de la privacidad, al publicar fotografías e información relacionadas con un hijo extramatrimonial del entonces presidente Carlos Menem.

El presidente Milei no ofreció conferencias de prensa desde que asumió en diciembre de 2023, aunque privilegia el uso de la red X para manifestar opiniones y restringe la concesión de entrevistas a un grupo reducido de periodistas televisivos y radiales.

El vocero presidencial es quien a diario informa a los periodistas acreditados en la Casa de Gobierno.

Otros casos relevantes

A partir de las críticas de organizaciones ligadas a la defensa de la libertad de prensa y por legisladores nacionales, el jefe de Gabinete de ministros admitió ante el Congreso que quizás el Gobierno debería revisar las modificaciones introducidas en el decreto sobre acceso. No obstante, el vocero presidencial señaló que el Gobierno no contemplaba revisión alguna.

Un anuncio público del Ministerio de Capital Humano, en junio, sobre la exigencia de una matrícula para ejercer el periodismo disparó las alertas. El anuncio luego quedó descartado.

También generó críticas la decisión de cancelar la acreditación de la periodista Silvia Mercado a la sala de prensa de la Casa de Gobierno. La periodista dijo que judicializaría su caso y el Gobierno decidió renovar su acreditación.

En agosto, el empresario tabacalero Pablo Otero demandó al periodista Andrés Sanguinetti y a los directivos del medio iProfesional por dos millones de dólares, por una nota sobre denuncias de evasión impositiva, contrabando y lavado de activos. La demanda del empresario está fuera de los estándares jurisprudenciales de la Corte Suprema y presenta las características que configuran un caso de Slapp.

A mediados de agosto, la jueza Lucila Córdoba dictó una resolución que prohibía toda referencia al periodista Lanata, quien se encuentra internado desde hace cuatro meses y en torno al cual se han desatado conflictos familiares que derivaron en denuncias. La medida inconstitucional por configurar un caso de censura previa fue revocada después del rechazo de distintas organizaciones que defienden la libertad de expresión.

Adepa ha señalado la necesidad de tutelar los derechos de autor de los contenidos periodísticos. Dos de las grandes empresas tecnológicas llegaron a acuerdos de pago por el uso de ciertos contenidos con un centenar de medios de comunicación. Una de ellas, Meta, decidió no renovar esos acuerdos. La otra, Google, los renovó. Estos últimos acuerdos, señaló Adepa, constituyen un antecedente positivo, pero insuficientes para configurar una retribución justa“.

Qué pasa en el resto de los países de América

Según el informe de la SIP publicado este 20 de octubre, en las Américas “imperaron en el último semestre múltiples formas de violencia y agresiones contra el ejercicio del periodismo. Las expresiones más extremas fueron el asesinato de cuatro periodistas y la desaparición de una reportera. Pero la represión, la impunidad y el hostigamiento a periodistas, así como las trabas al acceso a información pública, constituyen un problema estructural en numerosos países del hemisferio”.

Para la organización, “ataques físicos, amenazas de muerte, estigmatización, restricciones, acoso judicial y financiero, incursiones contra medios, picos de agresiones durante procesos electorales, espionaje, bloqueo y hackeo, entre otras violaciones, plagan el ejercicio del periodismo en la región”.

Además, detalla que en este período “tres periodistas fueron asesinados en México y uno en Colombia, mientras en Nicaragua desapareció una reportera de un medio independiente”.

Las conclusiones de la SIP sobre la situación en América

“La estigmatización y el descrédito contra comunicadores y medios provinieron de políticos, activistas, funcionarios públicos y grupos de interés. También preocupan el acoso y los insultos contra mujeres periodistas, principalmente a través de las redes sociales. Entre los países más afectados por estos flagelos, figuran Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Estados Unidos, México, Jamaica y Nicaragua.

Las agresiones contra la prensa surgen desde ideologías políticas diversas. En Argentina, el presidente Javier Milei continúa sus diatribas contra periodistas y medios, mientras que, en Colombia, el presidente Gustavo Petro igualmente utiliza insultos para cuestionar la labor de los periodistas.

En la región norte del continente también preocupan las agresiones contra periodistas en Canadá y Estados Unidos, particularmente durante manifestaciones y demostraciones públicas. Incidentes similares ocurrieron en Bolivia, Brasil, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Paraguay, Perú y Venezuela.

En Estados Unidos, asimismo, el expresidente Donald Trump continuó criticando a los medios de comunicación en el marco electoral.

El Índice Chapultepec 2024, presentado en la asamblea, señaló que existen “severas restricciones” para la libertad de expresión en las Américas y, por segundo año consecutivo, subrayó un retroceso de las libertades de expresión y de prensa.

Cuba, Nicaragua y Venezuela siguen mostrando constantes violaciones a los derechos humanos, que traducen en la inexistencia de libertad de prensa. En junio fue excarcelado y desterrado el periodista cubano Lázaro Yuri Valle Roca, pero desde el 2021 continúa en prisión su colega Jorge Bello. En septiembre se registró una nueva ola represiva contra el periodismo independiente y el régimen mantiene la prohibición a salir del país a varios periodistas a los que, a la vez, se les insta a emigrar, pero renunciando a su derecho a retornar a su país.

En Nicaragua fue excarcelado y enviado al exilio, despojado de su nacionalidad, el periodista Víctor Ticay. La periodista Fabiola Tercero se halla desaparecida desde mediados de julio. En Venezuela, antes, durante y después del proceso electoral, más de una docena de comunicadores fueron detenidos de manera arbitraria y acusados de incitación al odio.

En Guatemala, tras 812 días de encarcelamiento injusto y arbitrario, un juez otorgó arresto domiciliario al periodista José Rubén Zamora, fundador de elPeriódico. La repetición del juicio contra Zamora sigue demorándose.

En El Salvador, una misión conjunta de la SIP y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), corroboró el clima de presión contra la prensa y una restricción severa al acceso a la información pública. También en República Dominicana varios medios denunciaron restricciones al acceso a información pública y en la cobertura de eventos oficiales.

En Perú recrudecieron las iniciativas legislativas para silenciar a la prensa ante denuncias de medios y periodistas sobre irregularidades en la función pública.

En México prosiguió el derramamiento de sangre en las filas del periodismo con los asesinatos de Alejandro Martínez Noguez, Roberto Figueroa y Víctor Culebro Morales, mientras que en Colombia fue asesinado Jaime Vásquez, en medio de un aumento de la violencia en el interior del país. Por otra parte, durante el desarrollo de esta asamblea, el 17 de octubre, desconocidos dispararon varias veces contra la fachada del edificio del diario El Debate en el estado de Sinaloa.

En Haití, la violencia generalizada de parte de bandas criminales sigue mermando la capacidad de informar de la prensa, en un marco de profundo deterioro social y político, En Jamaica, las violaciones a la libertad de prensa se relacionan con el proceso electoral del próximo año. Seguidores de los dos principales partidos políticos han realizado intentos de desacreditar a periodistas y medios.

En Bolivia, la crisis política generó una ola de violencia contra periodistas y en Honduras una reciente misión de Naciones Unidas advirtió sobre la exposición a la violencia que enfrentan periodistas, defensores de derechos humano y ambientalistas.

En Paraguay, el gobierno y el partido oficial perpetraron las mayores agresiones contra la prensa. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDEH) instó al Estado a despenalizar los delitos de difamación. En ese sentido, se confirmó la absolución de la directora de ABC Color, Natalia Zuccolillo y del periodista Juan Carlos Lezcano en una de varias querellas por difamación.

En Ecuador, prosiguió una ola de ataques contra periodistas, proveniente de funcionarios públicos y del crimen organizado. Varios periodistas se vieron obligados a salir del país debido a amenazas.

El presidente Rodrigo Chaves, de Costa Rica, continuó su ataque contra medios y periodistas críticos durante conferencias de prensa y discursos públicos. Esta violencia se tradujo también en prácticas discriminatorias en la distribución de la publicidad oficial.

En Brasil, el Tribunal Supremo cerró la red social X durante varios días, lo que ocasionó graves perjuicios de cobertura periodística. Del lado positivo, el mismo tribunal determinó que la presentación de numerosas demandas con el propósito de coaccionar a un periodista o un medio de prensa constituye acoso judicial.

En Panamá las demandas por difamación contra medios y periodistas, así como las desproporcionadas sumas de dinero en las sentencias, representan problemas de sostenibilidad para los medios. Una iniciativa legal busca eliminar el embargo de bienes y cuentas bancarias en este tipo de litigio“.

Con información de la SIP.

IG