El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), publicado este jueves por el Banco Central, delineó un escenario de desaceleración inflacionaria, crecimiento económico moderado y equilibrio fiscal sostenido para 2026. Las proyecciones del propio informe muestran, sin embargo, que ese crecimiento esperado no se traduce en una expansión del empleo, ya que la tasa de desocupación se mantendría prácticamente sin cambios a lo largo de 2026.

El REM se elaboró a partir de una encuesta realizada entre el 28 y el 30 de enero a 45 participantes, entre consultoras y entidades financieras locales e internacionales. El relevamiento no mide la economía real, sino las expectativas de estos actores sobre un conjunto acotado de variables macroeconómicas: inflación, nivel de actividad, desempleo, tipo de cambio, tasas de interés, comercio exterior y resultado fiscal.

En materia de actividad, el informe indicó que el Producto Interno Bruto habría crecido 0,1% en el cuarto trimestre de 2025, en la medición desestacionalizada. Para 2026, el conjunto de analistas proyectó un crecimiento interanual promedio de 3,2%, cifra que implicó una corrección a la baja de 0,3 puntos porcentuales respecto del REM previo. Entre quienes integran el denominado Top 10, el crecimiento esperado fue aún menor: 2,7%, con una revisión negativa de 0,6 puntos.

Ese nivel de crecimiento no aparece asociado, en las propias proyecciones del mercado, a una mejora relevante del mercado de trabajo. Según el REM, la tasa de desocupación abierta se habría ubicado en 6,7% de la Población Económicamente Activa en el cuarto trimestre de 2025, y el conjunto de participantes espera que cierre 2026 en 6,6%. Para el Top 10 de analistas, la proyección fue de 6,7% tanto para 2025 como para 2026.

La estabilidad de la tasa de desocupación esperada indica que el mercado no anticipa una expansión significativa del empleo, aun en un contexto de crecimiento económico. En términos estrictos, el escenario proyectado describe una economía que crecería sin absorber de manera sustancial nueva fuerza de trabajo ni reducir de forma visible el nivel de desempleo existente.

En paralelo, el REM mostró un endurecimiento de las condiciones financieras esperadas para el corto plazo. Para febrero de 2026, los analistas pronosticaron una tasa TAMAR de bancos privados de 31,8% nominal anual, lo que representó un aumento de 4,3 puntos porcentuales respecto del relevamiento anterior. Para diciembre de 2026, la tasa esperada se ubicó en 22,4% TNA, también por encima de las proyecciones previas.

Un esquema de tasas de interés elevadas tiende a restringir el crédito, el consumo y la inversión, variables directamente vinculadas al ritmo de la actividad y a la generación de empleo. Si bien el REM no evalúa esos efectos de forma directa, el perfil financiero esperado no describe un contexto expansivo para el mercado laboral.

En el plano fiscal, las expectativas del mercado reforzaron la continuidad del ajuste. El conjunto de participantes proyectó para 2026 un superávit primario del Sector Público Nacional no Financiero de $16,0 billones, cifra superior a la del relevamiento anterior. Ningún analista anticipó un resultado inferior a $9,0 billones. El escenario fiscal esperado se apoya en el equilibrio de las cuentas públicas, sin incorporar supuestos de expansión del gasto que impulsen el empleo o los ingresos laborales.

Respecto del frente externo, el REM estimó que en 2026 las exportaciones totalizarían USD91.885 millones y las importaciones USD80.710 millones, con un superávit comercial esperado de USD11.175 millones. El excedente externo proyectado tampoco fue vinculado por el mercado a una expansión del empleo, sino a un esquema de crecimiento contenido y demanda interna moderada.

En cuanto a la inflación, el relevamiento mostró que los analistas esperan una variación mensual de 2,4% para enero de 2026, tanto para el índice general como para el núcleo, con revisiones al alza respecto del REM previo. La desaceleración inflacionaria esperada no implica, por sí misma, una mejora del poder adquisitivo, ya que el informe no incluye proyecciones salariales ni anticipa cómo evolucionarían los ingresos frente a los precios.

El REM de enero describe una economía que crecería en 2026, pero sin una reducción significativa del desempleo. Las expectativas del mercado delinean un sendero de estabilidad macroeconómica relativa, con inflación más baja, equilibrio fiscal y expansión moderada de la actividad, aunque sin señales de que ese proceso se traduzca en una ampliación del empleo. En las propias proyecciones de los analistas, el crecimiento esperado no aparece acompañado por una mejora sustantiva del mercado de trabajo.

JJD

La reforma laboral ya tiene fecha de tratamiento: el 10 de febrero. Para entonces, el Gobierno necesita sumar los votos de al menos una decena de legisladores aliados o provinciales. Con ese objetivo, el ministro del Interior, Diego Santilli, salió de gira para negociar cara a cara con los gobernadores, abrir canales de diálogo político y ofrecer recursos a cambio de respaldo legislativo.

Pero el primer encuentro mostró el límite de esa estrategia: en Chubut, el gobernador Ignacio Torres ya exigió hace unos días el pago de una deuda previsional de más de $51.000 millones que la ANSES mantiene con la provincia desde 2017. Según advirtió el mandatario, ese dinero no afecta la administración central, sino que impacta directamente en las jubilaciones de miles de trabajadores retirados del Estado provincial.

“La deuda que tiene el Gobierno nacional es con nuestros jubilados chubutenses, que aportaron toda la vida para tener una jubilación digna”, afirmó Torres. Aunque valoró la apertura de negociaciones, ratificó que la presentación de la demanda ante la Corte Suprema para exigir el cumplimiento del convenio bilateral firmado con Nación. “Podemos sentarnos a negociar, pero no voy a desistir del reclamo judicial”, sostuvo.

La estrategia del Gobierno para aprobar la reforma laboral combina presión parlamentaria, favores fiscales y concesiones puntuales. Santilli ya tiene previsto visitar al menos diez provincias durante enero. Según confirmaron desde el Ministerio del Interior, el objetivo es “escuchar los reclamos locales” e intercambiar apoyos por asistencia financiera o flexibilización de partidas.

La escena revela una paradoja: mientras se promete modernización laboral y reducción del gasto público, se utilizan transferencias discrecionales como moneda de cambio para habilitar una reforma que recorta derechos laborales, debilita a los sindicatos y reduce los costos de despido e indemnización.

El proyecto, que ya obtuvo dictamen en el Senado, propone eliminar la ultraactividad de los convenios colectivos, limitar las cuotas solidarias que financian a los gremios, habilitar bancos de horas, flexibilizar vacaciones y acortar los plazos de preaviso. También incluye la creación de un fondo de cese laboral como sustituto de las indemnizaciones tradicionales. Para la CGT, se trata de “una reforma regresiva que rompe el equilibrio entre partes y precariza el empleo”.

En este contexto, las provincias aparecen como el escenario clave para destrabar la votación, pero también como territorio de disputa por deudas sociales. El caso de Chubut es elocuente: es una de las trece jurisdicciones que no transfirió su caja previsional a la Nación. Por ley, la ANSES debe cubrir anualmente el déficit de ese sistema. Pero en este caso, la deuda acumulada desde 2017 fue certificada por el propio organismo nacional y nunca saldada.

“No estamos mendigando nada. Estamos exigiendo lo que nos corresponde”, señaló Torres, que encabeza por primera vez una demanda judicial de este tipo en nombre de la provincia. La falta de esos fondos deja al sistema previsional local en estado crítico y obliga al Gobierno provincial a cubrirlo con recursos propios, en medio de un escenario de ajuste y recorte de transferencias.

Los jubilados del sector público, en especial docentes, administrativos y trabajadores estatales retirados, son quienes más sufren la demora.

JJD

El índice de inflación de diciembre habría alcanzado el 2,5%, según estimaciones privadas que se conocieron en las últimas horas, y de esta manera confirma un freno en el proceso de desinflación que el gobierno de Javier Milei había convertido en bandera del ajuste fiscal.

Después de dos meses de baja —2,1% en septiembre y 1,4% en octubre— y de la suba del 2,5% de noviembre, los datos de diciembre muestran un nuevo repunte, especialmente en alimentos y bebidas, y abren interrogantes sobre la viabilidad social del ajuste como herramienta antiinflacionaria.

“El promedio de cuatro semanas dio 3,3%, con un pico del 0,6% semanal en la última semana del mes”, advirtió el informe de la consultora Analytica, que proyecta un 2,6% para el nivel general de precios en diciembre. C&T Asesores Económicos, Libertad y Progreso y Eco Go coincidieron en una suba cercana al 2,5% mensual.

El dato golpea el relato oficial. Milei y su equipo habían prometido una inflación mensual inferior al 1% para mediados de 2026, y venían mostrando la desaceleración como resultado directo de su “ancla fiscal”, basada en recortes presupuestarios generalizados y congelamiento de erogaciones públicas. “Vamos camino al 0%”, repitieron en varias oportunidades desde el Ministerio de Economía.

Sin embargo, la desaceleración encontró su límite en diciembre, en parte por la estacionalidad propia de las fiestas, pero también por el alza de la carne y otros productos sensibles, en un contexto de mayor presión de costos para las empresas y consumo retraído.

Para trabajadores y trabajadoras, el efecto es doble: los precios vuelven a subir mientras los ingresos siguen golpeados por la recesión. “El problema no es solo la inflación, sino que los salarios pierden contra ella”, sintetizó un economista del área laboral. La inflación de diciembre, de confirmarse, duplicaría el promedio de aumentos paritarios cerrados para ese mes.

Según estimaciones basadas en estadísticas oficiales, el salario real registrado acumuló una caída de entre 6% y 9% entre fines de 2023 y mediados de 2025, dependiendo del sector y la metodología utilizada. Aunque algunas paritarias lograron empatarle a la inflación en ciertos meses, la mayoría de los convenios no alcanzó a recomponer el poder adquisitivo perdido, y la reapertura de negociaciones paritarias se volvió una constante ante el encarecimiento sostenido de la canasta básica.

El rebrote inflacionario también reaviva el debate sobre la relación entre ajuste, emisión y precios. Mientras el Gobierno sostiene que eliminar el déficit primario es condición necesaria para sostener la estabilidad, varios economistas advierten que el ajuste está provocando una recesión profunda sin garantizar estabilidad duradera.

El presidente Milei ha sido tajante en su diagnóstico: “La única causa de la inflación es la emisión monetaria”. Pero los datos de diciembre exponen los límites de ese enfoque. En un escenario de salarios deprimidos, consumo estancado y precios que no ceden, crece la presión sobre los sectores populares, que enfrentan el ajuste sin red.

JJD

Javier Milei presentó su Presupuesto 2026 con un tono moderado para promocionar una “normalización” de la economía, pero la letra chica del texto oficial profundiza la motosierra libertaria, sobre todo en áreas socialmente sensibles. Análisis de consultoras, organizaciones civiles y universidades advierten que detrás del relato presidencial de que “lo peor ya pasó”, el Gobierno acelerará los recortes en áreas como la educación, la ciencia y la protección de la niñez.

Ciencia y tecnología

El ajuste en ciencia y tecnología es uno de los más notorios. El segmento de Ciencia y Técnica sufrirá en 2026 un retroceso del 7,2% en términos reales, que se suma a las caídas del 30,2% en 2024 y del 23% en 2025, según un informe del Grupo EPC y el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación. En tres años, el sistema científico perdió la mitad de su financiamiento. 

El CONICET, emblema de la investigación pública, recortó un tercio de su presupuesto, mientras que organismos como la CONAE, el INTI y la CNEA ya acumulan desplomes de entre 40 y 60%. El financiamiento global al área bajará al 0,149% del PBI, un mínimo histórico que incluso contradice la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que establecía un piso del 0,52%.

En términos reales, el ajuste en los organismos técnicos es del 34,6% en la CONAE, 17,9% en el INTI y 14,1% en CNEA. Puntualmente el CONICET declina un 6,2%.

“El Proyecto de Ley de Presupuesto 2026 presentado por el Poder Ejecutivo profundiza el panorama de ajuste para el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCTI), al estipular un Crédito Inicial para la Función Ciencia y Técnica (FCyT) el año próximo de 1,57 billones de pesos (bn$). Esto implica un retroceso del 7,2% en términos reales para el conjunto de organismos y programas de la Administración Pública Nacional, que se agrega a la caída del 30,2% en 2024 y del 23,0% en el corriente año”, denuncia el informe de EPC-CIICTI.

Educación

La educación también vuelve a quedar en el centro del ajuste. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) advierte que el presupuesto universitario permanecerá prácticamente congelado en 2026, aunque ya acumula una caída real del 32% desde 2023. Las universidades nacionales explican un 5% de la reducción global del gasto público en los últimos tres años. 

A eso se suma la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), el recorte de becas estudiantiles y la drástica caída de los salarios docentes y no docentes, que perdieron más de 30 puntos de poder adquisitivo desde el inicio de la gestión. En términos macro, la educación pasó de representar el 1,25% del PBI en 2023 al 0,6% en 2026.

El financiamiento educativo de la Secretaría de Educación cae un 1,7% en términos reales. El programa de Desarrollo de la Educación Superior, que constituye el financiamiento de las Universidades Nacionales continúa en baja, al caer un 3,0% real. De esta manera la Secretaría ha perdido 48 puntos reales en 3 años y las universidades lo han hecho un 30,7%, apuntala EPC-CIICTI.

La masa salarial universitaria, incluyendo docentes y no docentes, cae un 3,5%, totalizando una pérdida de 30,5 puntos desde 2023. El ex Ministerio de Educación pasó de representar el 1,25% del PBI a constituir apenas el 0,599%. El financiamiento universitario global también se deterioró, pasando del 0,718% del PBI al 0,462% en tres años.

Golpe a la protección infantil

En el área de protección social a la niñez, el Gobierno decidió priorizar la Asignación Universal por Hijo (AUH) sobre la Prestación Alimentar. A primera vista, la medida luce positiva: la AUH tiene rango de ley y se actualiza automáticamente, mientras que Alimentar depende de resoluciones ministeriales discrecionales. Sin embargo, el proyecto de presupuesto deroga el mecanismo de actualización de la AUH. 

Si la inflación real supera la prevista, la prestación se licuará. ACIJ advierte que esta decisión puede afectar de manera directa la protección de niñas, niños y adolescentes en un contexto en el que la pobreza infantil ya supera el 60%.

Otros programas clave también quedan golpeados. El Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia sufrirá un recorte del 85% respecto de 2025, mientras que las partidas para Educación Sexual Integral representan apenas el 2% de lo que se destinaba en 2023. 

La política de prevención y atención de la violencia de género consolida el retroceso iniciado en 2024: el Programa Acompañar, que en su momento alcanzó a más de 100.000 mujeres, hoy prácticamente desapareció, y la Línea 144 perdió dos tercios de su presupuesto.

El contraste con otros rubros completa el cuadro. Mientras que el gasto social cae un 15,9% acumulado entre 2023 y 2026, el presupuesto de Defensa y Seguridad retrocede mucho menos, un 18,7% en el mismo período, y la deuda pública, pese a la baja, se mantiene como uno de los principales destinos del gasto. En paralelo, la inversión pública sigue en niveles históricamente bajos, aunque con una suba del 35% respecto a 2025, insuficiente para recuperar la caída del 76% frente a 2023.

El oficialismo se apoya en el superávit fiscal y la baja de la inflación como sus credenciales. En cadena nacional, Milei presentó el Presupuesto 2026 como la prueba de que su plan funciona y aseguró que la “era del déficit” había terminado. Pero los números finos revelan otra historia: los equilibrios fiscales se logran a costa de recortes persistentes en áreas vinculadas a derechos básicos.

MC

“De algo podemos estar seguros: este es el camino correcto”. De esta forma concluía la conferencia de prensa de Luis Caputo el 12 de diciembre de 2023, cuando se comunicaba por primera vez con la sociedad argentina para anunciar el nuevo plan económico.

El programa elegido por el gabinete combinaba elementos de ajuste ortodoxo clásico con otros menos tradicionales, sobre todo en el aspecto monetario. Así, la megadevaluación del peso no solo fue acompañada por un recorte fiscal agresivo (inédito en su magnitud), sino también con una reducción en las tasas de interés a la par que se mantenían los controles cambiarios y la fijación del tipo de cambio. Al mismo tiempo, el Gobierno emprendió una agenda de desregulación económica (tanto vía DNU 70, como con la Ley Bases y otros Decretos) que desactivó herramientas estatales relevantes para la protección de la sostenibilidad de la vida de las grandes mayorías. Los acuerdos de precios y salarios que podrían haber al menos mitigado la regresividad en la transferencia de ingresos brillaron por su ausencia.

Pasada esta primera fase el Gobierno encaró un nuevo proceso de apreciación cambiaria sostenido y altas tasas de interés en dólares (a pesar de ser originalmente negativas en pesos reales). Contrario a lo que argumentaba Javier Milei antes de ser presidente, no es novedad en la Argentina que la estabilidad cambiaria permita una desaceleración de los precios. El corazón de esta política económica es similar a otras experiencias históricas, como la tablita de Martínez de Hoz, la convertibilidad o el régimen de metas de inflación de 2016-2018 ejecutado por el tridente Macri-Sturzenegger-Caputo, con la particularidad de que en esta oportunidad está acompañada por severas regulaciones a los flujos financieros heredadas del gobierno anterior y hasta el momento sin un incremento del endeudamiento externo público.

El oficialismo se jacta frecuentemente de haber podido lograr en un mes lo que muchos sostenían que llevaría meses o años lograr: pasar del déficit al superávit fiscal. Lo que esconde es que eso solo fue posible licuando las jubilaciones en más de un 33%. En los primeros meses de gestión, el gasto previsional llegó a explicar casi uno de cada dos pesos ahorrados por el gobierno. En el acumulado del año, la caída del gasto en términos reales es de 28% y se encuentra explicada principalmente por cuatro rubros: prestaciones sociales (35% del ajuste), obra pública (24%), subsidios de tarifas (12%) y masa salarial del sector público (9%). Del lado de los ingresos, la recaudación tributaria se vio deteriorada por la caída en la actividad. Sin embargo, los impuestos vinculados al comercio exterior permitieron compensar parcialmente la caída en IVA (-10%) y Aportes a la Seguridad Social (-10%). 

Los perdedores

Esta distribución del ajuste fiscal, sumada a otros aspectos de la política económica (crucialmente, la política cambiaria), da lugar a una constelación de ganadores y perdedores que dista de la narrativa oficial y las promesas de campaña de Milei. 

Los principales afectados por el programa económico elegido son aquellos que viven (o vivían) de su trabajo. La discusión pública se concentró en los salarios reales, que incluso en el sector privado registrado sigue estando por debajo de los de noviembre (gracias a que el tipo de cambio real también retornó a niveles similares).  El salario de los trabajadores que aún conservan empleo registrado, se ubican aún un 4% por debajo de los niveles de noviembre de 2023, que ya eran muy bajos en comparación con el pasado reciente: un 24% por debajo de diciembre de 2015 en el caso del sector privado y un 39% en el caso del sector público. Para estos últimos, la caída del poder adquisitivo desde que asumió Milei alcanza el 20%. 

Parte del deterioro del poder de compra se debe a los aumentos súbitos de las tarifas de los servicios públicos (tanto gas, como electricidad, agua y transporte) y privados (prepagas, telecomunicaciones) que afectan especialmente a la clase media. El foco en el salario real, sin embargo, da una mirada parcial sobre el deterioro de la situación de los asalariados. Incluso en los sectores donde la caída en los ingresos laborales ha sido menos pronunciada, la estadística (y el Gobierno) esconde que hay menos asalariados que antes, producto de una actividad económica que no termina de repuntar. Solo en el sector industrial, se perdieron 120.000 puestos de trabajo y se cerraron 2300 empresas. Hacia agosto la relevancia del efecto empleo en la pérdida de masa salarial ya era superior a la del efecto salario, y es esperable que esto se mantenga en los próximos meses. 

En medio de ese proceso de devaluación y vuelta al punto de partida, aumentó la desigualdad y la heterogeneidad del mercado de trabajo, con los ingresos de la economía popular mostrando menos capacidad para recuperar lo perdido. Además de no haber recuperado sus ingresos laborales tras la devaluación (se encuentran aproximadamente un 20% por debajo del nivel de noviembre), estos trabajadores fueron impactados por el congelamiento del salario social (ex-Potenciar Trabajo) y el ajuste a la asistencia social en general. Allí radica una de las claves para entender el aumento alarmante de la pobreza y la indigencia, más allá de los aumentos en la Tarjeta Alimentar y la AUH.

Otros grandes perdedores del modelo son los jubilados. En lo que va de 2024 perdieron 15,8% de poder de compra en comparación con el mismo período del año anterior. El ajuste a los jubilados no es un efecto colateral, sino un objetivo deliberado: el gobierno congeló el bono complementario para la jubilación mínima en los $70.000 que había dispuesto el gobierno anterior, cambió por decreto la fórmula de movilidad jubilatoria para evitar los aumentos que esta hubiera implicado, y vetó la fórmula alternativa votada por el Congreso. Ahora además le restringe el acceso a los medicamentos.

También se vieron especialmente perjudicados los jóvenes estudiantes y sus docentes, como resultado del ajuste sobre la educación pública. No sólo se recortó el presupuesto para los gastos de funcionamiento, sino también el vinculado a pagos de salarios. Cuando se propuso una alternativa que permitiera sostener las clases y su calidad, nuevamente el gobierno decidió vetar el proyecto. Una mención adicional requieren los recortes en las becas: el Gobierno decidió reducir más de un 60% el presupuesto congelando sus montos y cerrando su acceso.

Finalmente, una de las injusticias más marcadas del nuevo gobierno es la dramática situación de la mayor parte de los niños y niñas de nuestro país. El 67,1% de los niños, niñas y adolescentes se encontró por debajo de la línea de pobreza en el primer semestre, lo cual representa un incremento de 8,6 puntos porcentuales en solo un semestre. Los menos privilegiados son los niños.

Los ganadores

Que existan tantos perdedores es en parte condición de posibilidad para que otros hayan podido ganar, y mucho. El lugar más destacado lo tiene el sector financiero y en particular los fondos de inversión especulativa, que se vieron fuertemente beneficiados por el esquema de tasas. Los rendimientos en dólares de los títulos públicos acumulan un 60% desde principio de año, las acciones de algunos bancos crecieron más del 200% en dólares y el valor de mercado de los títulos públicos en dólares más del 250% punta a punta. Se trata de retornos que se encuentran entre los más altos del mundo.

El Gobierno también premia deliberadamente a los evasores fiscales de hoy y del pasado. Tanto el blanqueo como la moratoria previstos en la Ley Bases, que ya se encuentran vigentes, condonan las penalidades por evadir impuestos. El blanqueo permite que quienes acumularon riquezas en dólares en el pasado dispongan de ellos como si no hubieran incurrido en un delito tributario al no declararlos. La acumulación de esas riquezas en el pasado es uno de los factores detrás de las dificultades para estabilizar la macroeconomía, es decir que hoy se premia a quienes en el pasado desestabilizaron la economía. 

Milei hizo del “no hay plata” un eslogan de gestión, pero lo cierto es que tanto estas medidas como otras políticas implementadas este año tienen alto costo fiscal. El caso más patente es la rebaja del Impuesto a los Bienes Personales, que implica una reducción de impuestos al 1% más rico del país justo cuando se le niegan alimentos a los comedores y medicamentos a los jubilados. 

El Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) perpetúa la rebaja impositiva para los sectores concentrados del poder económico, de manera que el “regalo fiscal” no sólo se aplica a hoy, sino también al futuro. Ganan las grandes empresas mineras y petroleras, mientras cierran las PyMEs. Y la carga fiscal caerá a futuro sobre otras partidas que deban compensar los beneficios que el régimen garantiza durante décadas. Por último, un beneficiario destacado es la SIDE, con el presupuesto para espionaje aumentando un 71% en términos reales.

Un modelo recesión-dependiente

El deterioro de la actividad, los salarios y las condiciones de vida de las grandes mayorías no son un efecto colateral de la política económica, sino su eje rector. En lo inmediato, permite mantener a raya las importaciones y reducir la inflación, disciplinando a los actores que participan de la puja distributiva. En el largo plazo, tiene como objetivo modificar estructuralmente la distribución del ingreso en la Argentina, achicando cada vez más la clase media al tiempo que una minoría concentra porciones mayores de la torta. 

El “modelo” de Milei no es en este sentido algo muy novedoso respecto a los que se ha hecho en la mayor parte de los últimos 50 años. Avanzar por un camino que promete arrasar con la industria argentina tendrá como correlato inevitable un país con desempleo masivo que en el mejor de los casos se combinará con una macro estable. Pero incluso esa estabilidad tendrá patas cortas, en tanto un peso en constante apreciación resulta insostenible en el largo plazo.

*El autor es diputado nacional de Unión por la Patria y director del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas.

MC

La secretaria de Niñez, Familia y Adolescencia, Yanina Nano Lembo, explicó que su gobierno no está aplicando la ley Lucio —que se votó en 2023 y estableció medidas de prevención y detección de la violencia contra niños, niñas y adolescentes— porque la consideró “ideologizada”. La norma fue aprobada por unanimidad, cuando Javier Milei era diputado, y después de la conmoción social por el asesinato del niño Lucio Dupuy a manos de su madre y su pareja. La funcionaria de la gestió libertaria expuso este martes en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados en el contexto de la ley de ingresos y gastos 2025, un presupuesto de ajuste.

La diputada peronista Julia Strada le preguntó por las leyes Lucio y Brisa, que subsidia a los niños cuyas madres fueron asesinadas en casos de violencia de género. Nano Lembo respondió entonces: “En relación a la ley Lucio, teníamos como objetivo desarrollar ocho módulos. Había un módulo que cuando recibimos la gestión estaba desarrollado. Lamentablemente estaba ideologizado. Por eso mismo, estamos en proceso de revisión de este capítulo y continuaremos los capítulos correspondientes. Si vamos a comprometer el dinero del Estado, lo vamos a hacer para desarrollar el contenido correcto, priorizando las infancias”. En el Ministerio de Capital Humano explicaron más tarde el argumento para suspender los cursos contra la violencia contra la niñez: “El primer capítulo del Curso 1 tiene el objetivo revisar el concepto de familia y deconstruir estereotipos patriarcales, siendo que, la situación que dio lugar al desenlace de Lucio fue la negligencia y el empecinamiento de todos los actores de Sistema de Protección que sostuvieron el derecho de la madre por sobre los derechos del niño, no interviniendo a tiempo y sosteniendo un modelo que aboga por una igualdad sesgada e ideológica”.

Nano Lembo intentó justificar el ajuste en el gasto social, más allá de que sí aumentó la Asignación Universal por Hijo (AUH). “Redoblamos nuestro compromiso con la prestación Alimentar. Cuando asumimos, cubría a niños de cero a 14 años, hoy incorporamos a adolescentes de 15, 16 y 17 años, con esta extensión logramos llegar a más de 600.000 adolescentes que no recibían esta prestación. Desde el comienzo del año, incrementamos el Programa Alimentar en un 138% y junto con la AUH estamos cubriendo casi el 100% de la canasta básica alimentaria”, destacó la secretaria.

Sin embargo, los diputados de la oposición advirtieron que, pese a todo, la pobreza subió del 41% a 53% entre 2023 y 2024.. Itai Hagman, de Unión por la Patria, la interrogó por los nuevos intermediarios de la distribución de alimentos, los que reemplazaron a los movimientos sociales, como son los casos de las iglesias evangélicas, Caritas y la Fundacion Conin.

“En vez de afrontar la situación y defender el Presupuesto 2025, Nano Lembo ofreció un relato de políticas inexistentes. Con el presupuesto de Milei, las asignaciones perderán entre un 4% y un 8,3%”, advirtió el diputado socialista Esteban Paulon. “Disfrutamos de la fantasiosa presentación de la secretaria. Más que una defensa del presupuesto 2025, un relato de políticas inexistentes y la negación de la grave situación que atraviesan las infancias”, agregó Paulon.

“Vino al Congreso Nano Lembo a defender el presupuesto de hambre y miseria para las infancias y adolescencias”, la criticó la diputada de izquierda Vanina Biasi. “La funcionaria antiderechos que reemplazó a Joaquín De La Torre después del escándalo de ñoquis de la OIE (Organización de Estados Iberoamericanos) y el robo de la comida a comedores populares. ¿Qué hizo hasta ahora en su gestión? Sigue hambreando a niños y niñas que en la friolera de un millón y medio se van a dormir sin cenar en nuestro país”, la atacó Biasi.

AR/JJD