El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la Nación (STVyARA) presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei por un supuesto manejo irregular de fondos de la seguridad social, en una causa que también alcanza a funcionarios y legisladores.

La acción fue impulsada por la secretaria general del gremio, Graciela Aleñá, con el patrocinio del abogado Eduardo Barcesat, y quedó radicada ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) bajo el número 204/2026.

En la denuncia se solicita investigar la posible comisión de delitos como violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y administración fraudulenta. Según el escrito, los hechos estarían relacionados con una presunta utilización de fondos de la seguridad social para inversiones en el ámbito privado.

De acuerdo con la presentación, esos recursos habrían sido derivados hacia instrumentos bajo la órbita de la Comisión Nacional de Valores, un organismo ajeno al sistema previsional y al esquema de reparto que financia las jubilaciones de los trabajadores.

El gremio advirtió que este mecanismo implicaría un retroceso hacia modelos similares a los de las antiguas AFJP, que -según señalaron- generaron perjuicios para los trabajadores y beneficiaron al sector financiero.

La denuncia también involucra a funcionarios que habrían intervenido en la elaboración del proyecto de Ley de Modernización Laboral, así como a legisladores que votaron a favor de la norma.

En ese marco, el sindicato sostuvo que las medidas cuestionadas podrían vulnerar principios constitucionales, en particular el artículo 14 bis, que garantiza el carácter integral e irrenunciable de la seguridad social.

Además, se invocaron tratados internacionales de derechos humanos y convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establecen estándares de protección laboral basados en criterios de dignidad, progresividad y no regresión.

Desde STVyARA concluyeron que las políticas señaladas representarían un retroceso en materia de derechos sociales, en contradicción con la jurisprudencia vigente tanto a nivel nacional como internacional.

Con información de la agencia NA

Una jueza federal bloqueó este jueves que el llamado departamento de eficiencia gubernamental (DOGE), de Elon Musk, pudiera acceder a los registros de la Seguridad Social en su búsqueda de fraude y despilfarro bajo la administración de Donald Trump, calificando el empeño como una “expedición de pesca”.

La jueza Ellen Hollander concedió una orden de restricción temporal que impide a los trabajadores de la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) permitir que el DOGE acceda a registros que contienen información personal identificable.

Musk, el hombre más rico del mundo y un gran mecenas político para Trump, ha sido designado por el presidente de EEUU para reducir costos y empleados en el gobierno federal, una misión que ha causado caos y disrupción en todo el país debido a despidos masivos y a la cancelación de numerosos proyectos y contratos gubernamentales.

La administración de Trump afirma que el DOGE cuenta con un equipo de 10 empleados federales en la SSA, de los cuales siete han recibido acceso de solo lectura a los sistemas de la agencia o a información personal identificable.

La demanda que impugna el acceso de DOGE a estos registros sensibles fue presentada en febrero por la Federación Estadounidense de Empleados Estatales, del Condado y Municipales (AFSCME, por sus siglas en inglés), la Alianza para los Jubilados de América y la Federación Estadounidense de Maestros.

Los abogados del gobierno argumentaron que el acceso de Doge no se desviaba significativamente de las prácticas normales dentro de la agencia, donde los empleados suelen tener permitido buscar en sus bases de datos. Sin embargo, los abogados de los demandantes calificaron este acceso como algo sin precedentes.

En su fallo, Hollander también ordenó a Doge “devolver y eliminar” cualquier dato no anonimizado obtenido de la SSA desde la llegada de Trump al poder y declaró que la agencia no puede instalar ni acceder a ningún software en los sistemas de Seguridad Social.

Los pagos de la Seguridad Social son un sustento vital para millones de estadounidenses mayores en todo el país, y cualquier intento de recortar el sistema es un campo político minado. No obstante, Musk ha afirmado –sin aportar pruebas– que el sistema está plagado de fraudes.

En medio del conflicto entre el Gobierno -que reglamentó las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD)- y la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), el presidente Javier Milei reemplazó un régimen de cobro de ingresos por un comité encabezado por el Ministerio de Justicia y le quitó un beneficio impositivo.

A través del decreto 939/2024 publicado en el Boletín Oficial el Gobierno suspendió el régimen anterior el cual suponía un ingreso de aportes personales y contribuciones patronales bajo la verificación de la Secretaría de Seguridad Social, del ex Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Los beneficios impositivos otorgaban facilidades a los clubes afiliados en el pago de cargas sociales de futbolistas, miembros del cuerpo médico y empleados.

Ahora, se creó un comité que estará integrado por un representante de cada organismo nacional, entre ellos: del Ministerio de Justicia, de Economía; de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP); de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses); de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social -del Ministerio de Capital Humano; de Desregulación y Transformación del Estado; y de la Subsecretaría de Deportes, de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes.

En cuanto a la AFA, habrá un representante por la asociación y deberán designar a dos en nombre de clubes de fútbol que participen en la Primera División, de los cuales uno será seleccionado entre los tres con más socios acreditados durante 2023. Además, habrá otro integrante delegado a equipos de categorías inferiores.

El decreto indica que el comité será presidido por el Ministerio de Justicia, cuyo titular es Mariano Cúneo Libarona, y su objetivo será “discutir la procedencia y reformulación del régimen, tornándolo eficiente, suficiente y sostenible para reemplazarlo”. Comenzará a funcionar a partir del 6 de noviembre, durará seis meses y cada uno de los participantes lo hará en carácter “ad honorem”.

Desde el Gobierno afirmaron que entre noviembre de 2023 y abril de 2024 se perdieron más de 7 mil millones de pesos y, por tal motivo y siguiendo su plan de equilibrio fiscal, consideró necesario realizar modificaciones para “evitar que continúe ensanchándose el desfinanciamiento del sistema”.

La medida tiene la firma del Presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y Luis Caputo, titular de la cartera de Economía. 

Milei apuntó este lunes contra el máximo mandatario de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y aseguró que “en la AFA parecen Venezuela con Nicolás Maduro, que adelantó la Navidad”.

Con información de NA.

IG