El definitivo desplazamiento de Darío Genua dejó de ser una hipótesis el lunes, cuando el jefe de Gabinete, Diego Santilli, pidió expresamente su salida de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, según confirmaron a elDiarioAR distintas fuentes oficiales. Aunque la decisión ya fue comunicada internamente y el funcionario dejó de ejercer la conducción política del área, el cambio todavía no fue formalizado porque el Gobierno aún no definió quién ocupará su lugar. La renuncia y la designación de su reemplazante se publicarán conjuntamente en el Boletín Oficial una vez que esa negociación quede cerrada.

La decisión constituye el punto final de un proceso que había comenzado varias semanas antes. A primera vista, el corrimiento de Genua puede leerse como un nuevo capítulo de la disputa de poder que desde hace meses atraviesa a la cúpula del Gobierno. Sin embargo, detrás del avance de Karina Milei sobre una de los sectores que estaba bajo la órbita política de Santiago Caputo comenzó a configurarse una discusión mucho más profunda: quién administrará la relación del Estado con el sector de las telecomunicaciones y con una parte sustancial de la infraestructura digital considerada estratégica.

Desde el comienzo de la gestión libertaria, la Secretaría de Innovación ocupó un lugar mucho más relevante que el que sugería su nombre. Bajo la conducción de Genua, que había asumido en julio de 2024, el área se transformó en un espacio de articulación de buena parte de las políticas vinculadas con la transformación digital del Estado, la infraestructura tecnológica, la identidad digital, la ciberseguridad y la coordinación con organismos clave como el ENACOM y ARSAT. Una centralidad que le permitió convertirse en uno de los pocos enclaves desde donde el asesor presidencial conservaba capacidad de influencia.

Ese equilibrio comenzó a romperse con la llegada de Santilli a la Jefatura de Gabinete. Lejos de limitarse al reemplazo de Manuel Adorni, el desembarco del exvicejefe de Gobierno porteño vino acompañado por una profunda reorganización del organigrama estatal que terminó modificando el mapa de poder del área tecnológica.

La primera señal apareció a mediados de julio. Mediante una modificación de la estructura administrativa, el Gobierno resolvió que el ENACOM dejara de depender de la Secretaría de Innovación para pasar directamente a la órbita de la Jefatura de Gabinete. El cambio no era menor. El organismo concentra la regulación del mercado de las telecomunicaciones, administra el espectro radioeléctrico, otorga licencias, fiscaliza a los operadores y define buena parte de las reglas bajo las cuales funciona uno de los sectores más dinámicos de la economía.

En paralelo, ARSAT también fue retirada de la estructura que conducía Genua. La empresa estatal pasó a depender de la Vicejefatura de Gabinete del Interior, encabezada por Gustavo Coria, uno de los funcionarios de mayor confianza de Santilli. La decisión implicó que la Secretaría perdiera el control político sobre la Red Federal de Fibra Óptica, los servicios satelitales, el Centro Nacional de Datos de Benavídez y buena parte de la infraestructura digital estratégica del Estado.

Distintos funcionarios consultados por elDiarioAR coinciden en que el desplazamiento de Genua comenzó mucho antes de formalizarse. La explicación, sin embargo, no se limita a la redistribución de poder dentro del oficialismo. En paralelo comenzó a instalarse una discusión sobre el futuro del mercado de infraestructura de telecomunicaciones. Fuentes oficiales y empresarios del sector coinciden en que dentro del Gobierno existen sectores interesados en revisar el esquema bajo el cual operan determinados segmentos de ese negocio, históricamente concentrado en un reducido grupo de operadores y proveedores especializados.

Se trata de un debate particularmente sensible. Las compañías que participan no sólo intervienen en contratos de elevado volumen económico. También administran componentes esenciales de las redes por las que circula buena parte del tráfico de datos del país. Aunque el contenido de las comunicaciones se encuentra protegido por el marco legal vigente, la operación de esa infraestructura supone un nivel de acceso técnico y de conocimiento sobre el funcionamiento de las redes que convierte al sector en un área especialmente estratégica.

Por esa razón, la discusión nunca fue exclusivamente comercial. Tradicionalmente, el Estado reservó ese tipo de tareas para empresas con trayectoria y capacidades técnicas acreditadas, tanto por razones operativas como por cuestiones vinculadas con la seguridad de las comunicaciones. Ahora, distintas fuentes sostienen que comenzaron a ganar espacio dentro del Gobierno posiciones favorables a facilitar el ingreso de nuevos jugadores a algunos de esos segmentos.

Quienes impulsan esa apertura argumentan que el mercado permaneció durante años excesivamente concentrado y que resulta necesario ampliar la competencia para reducir costos e incorporar nuevos proveedores tecnológicos. Del otro lado, funcionarios y empresarios advierten que cualquier modificación en ese esquema debe evaluarse con extrema cautela por el carácter estratégico de la infraestructura involucrada y por las implicancias que podría tener sobre el funcionamiento de redes críticas.

Pero el control político de la Secretaría de Innovación adquiere una relevancia que trasciende largamente la modernización administrativa. En la Casa Rosada nadie reconoce que exista una decisión tomada para modificar las condiciones de acceso a ese mercado. Sin embargo, distintas voces admiten que la discusión existe y que el reordenamiento interno alteró el equilibrio político desde el cual se tomarán esas decisiones.

La secuencia coincide, además, con una serie de cambios impulsados durante julio. El ENACOM actualizó el régimen que regula el uso del espectro radioeléctrico, reemplazando un esquema vigente desde 1995 por otro adaptado a la evolución tecnológica del sector. La reforma modificó la forma de calcular aranceles, además de reorganizar categorías de servicios e incorporar nuevas modalidades de uso del espectro, en lo que el Gobierno presentó como una modernización técnica del sistema.

Aislada, esa reforma no altera quiénes pueden operar infraestructura crítica ni modifica las condiciones de acceso al mercado. Pero dentro del sector fue interpretada como la primera señal de un proceso más amplio de revisión regulatoria que podría extenderse a otros aspectos del negocio durante los próximos meses.

Vista en perspectiva, la salida de Genua deja de ser el mero desplazamiento de un funcionario para convertirse en el último capítulo de una reorganización mucho más profunda. Karina Milei no sólo avanzó sobre uno de los últimos espacios de influencia de Santiago Caputo. También concentró bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete y de funcionarios de su máxima confianza el control de organismos que participan de algunas de las decisiones con mayor impacto económico y estratégico de toda la administración pública.

PL/CRM