La Secretaría de Transporte de la Nación informó que se suspende el servicio de trenes que va entre General Guido y Pinamar, por “cuestiones de seguridad operacional que impiden garantizar una normal prestación”. Sin embargo, el organismo no da ninguna precisión respecto de las obras que se harán para reparar la infraestructura ni un plazo temporal.

Según se explicó, la medida responde al estado de la infraestructura de vía que provoca movimientos irregulares en la formación durante la marcha; y al deterioro de los puentes, lo que representaría un riesgo para la seguridad de los pasajeros que utilizan ese recorrido de 96 kilómetros. De todos modos, en el comunicado oficial el Gobierno también hizo un punto sobre el “déficit operativo” que genera esta prestación, de $133 millones por mes. 

“La decisión se toma en un contexto de Emergencia Ferroviaria, en la cual la administración actual recibió un sistema ferroviario deteriorado por la falta de obras de infraestructura y material rodante a lo largo de muchos años”, explica. 

El Gobierno asegura que viene trabajando en la ejecución de más de 226 obras de infraestructura, pero esta misma semana dejó sin efecto la licitación para la renovación de las vías y señalamientos del Ferrocarril San Martín, en el tramo que conecta la estación Retiro con Pilar, una obra que contaba con financiamiento previsto a través de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La decisión se tomó luego de que los fondos asignados del préstamo BID N° 4265/OC-AR fueran reasignados a otra operación de financiamiento por parte del ministro Luis Caputo. 

De acuerdo al comunicado oficial, el servicio Guido-Pinamar se suspenderá para sostener el mínimo estado de la vía antes que colapsen tramos y puentes, lo que podría ocasionar riesgos de accidentes graves. Según se explicó, en este caso se torna imposible el mejoramiento localizado, teniendo que someterse todo el tramo a una intervención integral que, dada su extensión y considerando que se trata de vía única, implica consecuentemente la suspensión del servicio.

El tiempo de viaje entre Guido y Pinamar era de 2,20 horas para realizar 100 kilómetros, es decir que circulaba a baja velocidad (promedio de 40 kilómetros por hora), además el sector contaba con 6 precauciones en las que debía reducir su velocidad a 12 kilómetros por hora en los puentes corroídos. El recorrido completo desde Buenos Aires partía de la estación Constitución tres veces por semana y tenía una duración estimada de 6 horas y media. 

MT

La reciente decisión de las empresas de transporte de media y larga distancia de suspender la entrega de pasajes gratuitos a personas con discapacidad ha generado fuertes quejas de los usuarios y un conflicto con el Gobierno, que al parecer no esperaba este “efecto colateral” de la desregulación que acaba de llevar adelante en el sector.

Según las compañías, la publicación del decreto de desregulación del sector ha modificado su estatus, lo que las exime de continuar ofreciendo este beneficio. Esta transformación normativa ha llevado a que el transporte deje de ser considerado un “servicio público”, lo que, a su entender, implica que ya no están obligadas a proporcionar los tickets sin costo.

Desde el Gobierno, sin embargo, afirmaron que esta interpretación es errónea. La Secretaría de Transporte señaló que, a pesar de la desregulación, la gratuidad de los pasajes para personas con certificado de discapacidad sigue vigente. En base a eso, inició un proceso de multas para aquellas empresas que han decidido suspender la emisión de estos boletos.

Hasta el momento, alrededor de 44 empresas han sido sancionadas por no cargar el servicio correspondiente en el sistema.

La gratuidad de los pasajes se instauró en 2014, en un contexto donde el Estado subsidiaba a las empresas. Sin embargo, a partir de 2017, los subsidios fueron eliminados y se estableció un esquema de compensación parcial. Las empresas afirman que las compensaciones quedaron obsoletas por la inflación y deben cubrir cerca de 100.000 boletos mensuales, lo que representa un costo cercano a los $3.500 millones mensuales.

DM