Un grupo de chicos camina por la empinada rampa, aferrándose de las manos de sus madres para mantener el equilibrio, mientras dejan atrás el barrio de La Boca para adentrarse en la Isla Maciel. La rampa conduce a un pequeño muelle no lejos de la ribera elevada del Riachuelo que queda empequeñecida por los enormes puente y transbordador Nicolás Avellaneda a ambos lados. Los chicos y sus padres esperan una pequeña embarcación que rebotaba entre los muelles de ambos lados del río para cruzarlos. Al lado del muelle, una espuma blanca se mueve sobre las olas y, a unos metros, un cochecito abandonado flota junto a un pez muerto. El aire huele a industria y a vida marina.

En 2008 un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el fallo “Mendoza”, obligó a la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) ―que había sido creada a través de un decreto presidencial firmado por el ex presidente Néstor Kirchner en 2006― a realizar un programa con los objetivos de mejorar la calidad de vida de la población de la cuenca, recomponer el ambiente en todos sus componentes y prevenir daños. Y aunque la zona nunca dejó de ser la del “río contaminado”, las obras de saneamiento dieron como resultado la recuperación de su paisaje natural: peces, juncos, tortugas acuáticas y una gran variedad de aves.

Sin embargo, la llegada de Javier Milei al poder y su política negacionista del cambio climático y el cuidado del medio ambiente, comenzaron a revertir esos avances. “El nuevo gobierno abandonó desde un punto de vista anarcocapitalista, porque el Presidente en su momento dijo que no iba a controlar, dice que no hay problemas ambientales, no hay cambio climático, fue destartalando, desarmando el organismo, desfinanciándolo”, advierte Bruno Pedro de Alto, exdirector general ambiental de ACUMAR.. “Hoy evidentemente están apareciendo los indicadores de que el abandono no es gratuito, vuelven a converger los factores”.

 A lo largo del borde del área metropolitana de Buenos Aires, la cuenca del río Matanza-Riachuelo ha sido durante mucho tiempo tanto un polo económico como una carga ambiental que convirtió al río en uno de los más contaminados de América Latina.

“Tuvo 200 años de castigo a la cuenca, porque ese lugar fue, y ahora no tanto, sigue siéndolo, es un núcleo económico productivo fundacional de la Argentina. Porque ahí nace la industria ganadera, nacen los frigoríficos, las curtiembres, donde se trabaja el cuero”, señala de Alto. “Todo eso rompió el equilibrio ambiental y el río terminó siendo una daga, una herida enorme ambiental que tuvo que ser tratada”.

Los esfuerzos para abordar ese legado comenzaron formalmente tras una decisión judicial histórica. Desde 2008, tra el fallo fallo “Mendoza”, la agencia creó un Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA), que, según el sitio web de ACUMAR, guía todo el trabajo del organismo. El fallo asignó la responsabilidad legal de la limpieza a múltiples niveles de gobierno.

“Este plan ha ido siendo llevado a cabo en forma muy paulatina”, dice Maria Laura Rey, arquitecta en forma independiente y exdirectora de Desarrollo Territorial en ACUMAR. “Cada nueva gestión introdujo cambios, introdujo reformas, introdujo huecos en la ejecución, y eso ha ido ralentizando la ejecución del plan. No obstante, se han logrado avances muy importantes en las construcciones de obra, en la relocalización de la población asentada a los márgenes del río”.

El problema de la cuenca abarca agua, tierra y aire, por lo que el plan es complejo y abarcativo. Rey señala que la contaminación del río proviene en gran medida de sedimentos debido a descargas cloacales, residuos industriales sin tratar, basurales a cielo abierto en distintos distritos e inundaciones.

“Vos tenés no sólo el factor del río, sino que tenés el factor también de los residuos urbanos sólidos, tenés el factor de los afluentes que tiran las empresas con contaminantes, tenés los factores de contaminación de aire por vía de automotor o por vía de empresas, digamos” comentó Antolin Magallanes, exvicepresidente ejecutivo de ACUMAR, “Es una serie de situaciones que se conjugan en un lugar”.

Y los contaminantes presentes no solo representan riesgos ambientales, sino también riesgos para las personas que viven cerca del agua.

Ri

“No nos olvidemos que estas poblaciones que se asientan al margen de los ríos sufren frecuentemente, recurrentemente, inundaciones. Inundaciones que llevan toda su carga contaminante, tanto biológica como química”, describe Rey. “Las soluciones a estos problemas que ya datan de años anteriores, pero no de 10 años, de 15 años, datan de muchísimos más años, su solución es a largo plazo, por un lado, y realmente muy costosas, y falta decisión política de hacerlos”.

A pesar de estos desafíos a largo plazo, en los últimos años se lograron algunas mejoras medibles. En 2023, el Riachuelo fue reabierto al turismo después de que las tareas de limpieza lo volvieran lo suficientemente seguro como para navegar nuevamente.

“No había olor, no había basura, te podías salpicar el agua, bueno, mala suerte, pero no te morías por eso, porque fue demostrado que habían mejorado sustancialmente las condiciones ambientales, hablando de la desembocadura, que justamente es una desembocadura junto a todos los problemas de toda la cuenca, que tiene un largo de 64 kilómetros”, explicó de Alto.

Pero este progreso podría estar revirtiéndose, ya que comenzaron a circular nuevamente comentarios sobre malos olores provenientes del río, algo que de Alto y Magallanes confirman.

“La Boca es un lugar turístico muy importante. Todos los sectores políticos, comerciales, inmobiliarios, gastronómicos tenían mucho interés en que el río esté en buenas condiciones, porque le da un valor agregado a la actividad comercial de esa zona turística”, señala de Alto. “Ahora estas alertas que se están detectando son un problema serio, porque si se había logrado un punto, posiblemente se va a retroceder.”

Los observadores señalan que mantener esos logros ha resultado difícil. Como ACUMAR es gestionada por cada administración, los funcionarios dentro del organismo también cambian con cada gobierno, lo que hace que la continuidad de un proyecto tan grande como la recuperación del Riachuelo sea casi imposible de coordinar de manera efectiva.

“Desde la creación del organismo, se ha ido avanzando a pasos muy cortos, precisamente por la falta de continuidad administrativa. Se han hecho planes realmente muy interesantes, que fueron paralizados durante todo un periodo y vueltos a retomar al siguiente periodo”, explica Rey. “Esto significa un retraso terrible en la solución al problema, y por otro lado, significa una inversión de dinero mucho más grande de la que hubiera sido la continuidad de los planes”.

Magallanes agrega que la falta de antecedentes para un proyecto ambiental de gran escala y largo plazo como este también dificultó el proceso. Aun con estos obstáculos, de Alto asegura que se había llegado a un punto en el que el río ya no tenía olor a comienzos de la década de 2020. Peron en los últimos dos años, según de Alto, el progreso se detuvo.

Pero no toda la esperanza se ha perdido por parte de los expertos. Magallanes agrega que ha observado una especie de “reapropiación” del Riachuelo a medida que más personas lo integran en sus vidas tras los esfuerzos de limpieza.

“Yo lo que noto ahora, como estoy trabajando con eso pero ando mucho por la zona, veo que hay cosas que cambiaron mucho y veo que la gente también se apropió de muchos lugares que antes no se acercaba”, describe Magallanes. “Desde los chicos que van a jugar al fútbol, a la gente que va a correr a la mañana, a los clubes que están remando en el Riachuelo, a la gente que va a navegar, a la gente que ahora hace su casa con orientación al río porque le gusta ver el río desde la ventana”.

Dijo que esto le generaba orgullo por el trabajo que ya se hizo en ACUMAR. Además sostuvo que cree que todas las cuencas de la zona deberían contar con autoridades similares capaces de garantizar la protección ambiental, al mismo tiempo que promuevan un desarrollo que no ponga presión sobre el ambiente.

El marco actual de la política ambiental de Argentina bajo la presidencia de Javier Milei puso el énfasis en la desregulación y en la reducción del gasto público, incluyendo medidas que afectan la supervisión ambiental. Al inicio de su gestión, Milei emitió una serie de decretos ejecutivos destinados a achicar el rol del estado. Si bien estas políticas fueron presentadas por el gobierno como parte de un esfuerzo más amplio para reducir el déficit fiscal y simplificar la burocracia, organizaciones ambientalistas y exfuncionarios han expresado preocupación de que la reducción del financiamiento y de la supervisión pueda afectar la aplicación de las normas. La administración también ha puesto en duda públicamente el cambio climático, marcando un giro respecto de los enfoques de gobiernos anteriores.

“Desde que asumió el gobierno de Milei todo ha cambiado porque hay una bastante desprotección del lugar. O sea, al reducir el personal, la gente que cuidaba y que se hacía cargo de todo”, agrega Magallanes. “Si se descuida eso vuelve a ocurrir. O sea, que los avances logrados hay que sostenerlos”.

Rey expesa una idea similar, señalando que, para un futuro más productivo del Riachuelo, la estrategia de mitigación debe ser evaluada y sostenida en el tiempo. “En términos absolutamente políticos, el ambiente se cuida con políticas, no se cuida solo,” dice de Alto.

RG/MG

Organizaciones de la sociedad civil presentaron ante la Corte Suprema un recurso de queja contra la decisión de ese tribunal de cerrar el prolongado proceso judicial por la contaminación de la cuenca del río Matanza-Riachuelo, severamente afectado por todo tipo de residuos.

La queja fue presentada por el denominado Cuerpo Colegiado, responsable de supervisar el Plan de Saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo e integrado por organizaciones no gubernamentales.

El máximo tribunal resolvió por unanimidad el pasado 22 de octubre dar por finalizada la supervisión del cumplimiento de la sentencia dictada por la propia Corte Suprema en 2008, rechazar el reclamo por daño ambiental colectivo y ordenar el archivo del caso, una de las causas judiciales por cuestiones ambientales más importantes que se hayan tramitado en Argentina.

“Los criterios utilizados para finalizar el proceso de ejecución de la sentencia, además de no haber sido incluidos en la sentencia original de 2008, se refieren justamente a nudos problemáticos que explican los retrasos en el cumplimiento de los mandatos socioambientales del caso”, indicó este martes en un comunicado el Cuerpo Colegiado.

El grupo está integrado por la Asociación Vecinos de La Boca, la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

La cuenca Matanza-Riachuelo, cuyas aguas desembocan en el Río de la Plata tras recorrer 64 kilómetros y atravesar 14 municipios de la provincia de Buenos Aires y la capital argentina, es una de las más contaminadas del país.

En el área, de 2.047 kilómetros cuadrados, viven unos 4,7 millones de personas, el 10 % de la población argentina.

Las principales causas de la contaminación son los efluentes cloacales, los residuos sólidos urbanos y los efluentes líquidos industriales en una cuenca donde operan unos 4.200 establecimientos fabriles.

En 2004, un grupo de vecinos interpuso una demanda contra el Estado nacional, la provincia de Buenos Aires, el Gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires y 44 empresas instaladas en la cuenca por daños y perjuicios sufridos a raíz de la contaminación del Riachuelo.

En 2008, la Corte Suprema ordenó a los tres Estados demandados a sanear el Riachuelo, tarea que quedó bajo responsabilidad de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) y cuya supervisión quedó en manos del propio máximo tribunal.

El Cuerpo Colegiado cuestiona que la Corte tome como base para su decisión los informes de la Acumar, organismo que antes criticaba por considerar “insuficientes las medidas adoptadas e incumplidos los objetivos trazados en el calendario fijado”.

Según el comunicado, ahora esos informes son “validados sin importar sus puntos ciegos, deficiencias y problemas metodológicos”.

“El fallo del máximo tribunal no contrastó la evolución de la contaminación de las aguas, el aire y los suelos con la información producida por la propia Acumar, omite explicar de qué manera han sido satisfechos y cumplidos los objetivos ambientales trazados en 2008, los cuales fueron reemplazados por el cumplimiento de objetivos institucionales que nunca habían sido explicitados en la causa”, señalaron.

EFE.

IG

Se acaban de cumplir 30 años desde que el derecho al ambiente sano fuera reconocido en la Constitución Nacional, un acontecimiento que marcó el ingreso de la cuestión ambiental como asunto exigible y de competencia estatal. La reforma de 1994 también implicó un nuevo reparto de poderes entre la Nación y las provincias: si los recursos naturales son dominio originario de estas últimas, es a la Nación a la que le corresponde dictar leyes de presupuestos mínimos que conceden una tutela ambiental uniforme para todo el territorio nacional. 

Por muchos años esta nueva institucionalidad fue letra muerta, y ya entrado el nuevo milenio fueron las movilizaciones ciudadanas en contra de la expansión de las fronteras de extracción y diversos conflictos como el de las plantas de celulosa en el río Uruguay las que dieron visibilidad la cuestión ambiental en Argentina. 

Pero, sin duda, el aspecto más relevante que hizo entrar la cuestión ambiental en la agenda institucional fue la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Beatriz Mendoza”, la causa del Riachuelo. 

La cuenca Matanza Riachuelo es mucho más que un cauce contaminado, es la expresión visible de las fallas y las promesas incumplidas del modelo de desarrollo argentino. Como primer destino de los inmigrantes en el siglo XIX, como espacio portuario-industrial a mediados del siglo XX y desde siempre, como sitio de descarga de actividades contaminantes y lugar de localización de asentamientos populares, el Riachuelo forma parte de un imaginario urbano que —con cierto fatalismo— evoca la contaminación y la degradación ambiental.

La sentencia de la Corte, en julio de 2008, marcó un punto de inflexión porque estableció una política de largo plazo para la recomposición ambiental en un territorio que abarca 14 municipios bonaerenses y el sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

La novedad que introdujo la causa fue la exigencia a los tres Estados con competencia en la cuenca de realizar un plan de recomposición ambiental de carácter integrado con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca, recomponer el ambiente en todos sus componentes (agua, aire y suelos) y prevenir futuros daños con suficiente y razonable grado de predicción. Esto llevó a la creación de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) a través de la Ley 26.168, un organismo sin precedentes en Argentina que, pese a sus limitaciones políticas y financieras, concentró en los últimos años el grueso de la atención de la cartera ambiental y permitió sentar bases para una política ambiental en los municipios metropolitanos.

Es preciso decir que estamos muy lejos de haber resuelto el problema. Recordemos que fueron los habitantes de Villa Inflamable y trabajadores de la salud quienes presentaron la demanda ante la Corte exponiendo sus dolencias derivadas de altas concentraciones de plomo en sangre. 

A la fecha, muchos de estos demandantes no han podido acceder a una vivienda digna que les permita mejorar sus condiciones de salud y tampoco han recibido la atención médica que merecen. Esto constituye una forma de violencia que naturaliza el hecho de que ciertos grupos sociales deban quedar irremediablemente asociados al peligro tóxico, la contaminación y la enfermedad que de allí proviene. 

Restituir justicia ambiental a los habitantes de la cuenca requiere alterar el balance de poder ir contra el status quo que permite que los grupos más desaventajados de la sociedad tengan que sufrir la carga mayor del daño ambiental. 

La reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de dar por terminada la supervisión del cumplimiento de la sentencia dictada en julio de 2008 y ordenar que se archiven los legajos que componen la causa es a todas luces un retroceso institucional. La Corte no puede asumir que el daño ambiental ha cesado pues el denominado Plan Integral de Saneamiento Ambiental aún no se ha ejecutado en su totalidad y precisamente se basa en pilares que el mismo tribunal estableció: información pública; cesación de la contaminación de origen industrial; saneamiento de basurales; limpieza de los márgenes del río; expansión de la red de agua potable; extensión del sistema de desagües pluviales, saneamiento cloacal y plan sanitario de emergencia.

La salida de la Corte implica desentenderse de un proceso impulsado por el Poder Judicial, que buscó dar legitimidad a la cuestión ambiental como asunto de Estado y que generó enormes expectativas sociales. La Acumar atraviesa uno de sus peores momentos dado que tiene diezmada su estructura organizativa y enfrenta (como el resto de los organismos estatales) el congelamiento presupuestario que impacta seriamente en la interrupción de las obras de saneamiento. En los últimos meses hubo despidos en el organismo, lo que implicó el desmantelamiento de las acciones territoriales de asistencia en salud en los barrios populares. Sin el sostenimiento de las acciones desde el Poder Judicial es posible que muchas de las políticas que se consolidaron en los últimos años vuelvan a fojas cero. 

La causa del Riachuelo muestra que las políticas públicas también pueden ser el resultado de los conflictos o, para decirlo en clave sociológica, de una determinada productividad social. Si esta causa permitió que se abriera una discusión política relevante sobre los criterios que ordenan la distribución y el merecimiento en la Región Metropolitana de Buenos Aires, si esto nos sirvió para entender que no podemos ignorar a quienes viven del otro lado del río, entonces no es momento de voltear la mirada. 

La crisis que atraviesa la sociedad argentina por el impacto de medidas brutales de ajuste y el colapso ecológico en ciernes requieren del mismo coraje institucional que dio lugar a la sentencia del Riachuelo. Señores jueces: los que viven en los sitios más contaminados de la cuenca son nuestros iguales, son ciudadanos con derechos, merecen la ciudad tanto como el resto de sus habitantes y no habrá justicia para el Riachuelo mientras no se alteren las condiciones que producen el sufrimiento ambiental. 

*Socióloga, profesora en la Facultad de Ciencias Sociales (UBA), Investigadora Principal del Conicet.

ED/JJD

Ambientalistas de Argentina cuestionaron este miércoles la decisión de la Corte Suprema de dar por cerrado el prolongado proceso judicial por la contaminación de la cuenca del río Matanza-Riachuelo, severamente afectado por todo tipo de residuos.

El máximo tribunal resolvió por unanimidad este martes dar por finalizada la supervisión del cumplimiento de la sentencia dictada por la propia Corte Suprema en 2008, rechazar el reclamo por daño ambiental colectivo y ordenar el archivo del caso, una de las causas judiciales por cuestiones ambientales más importantes que se hayan tramitado en Argentina.

“En 2008, la Corte Suprema fue la autoridad institucional que definió que el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo sea considerado una auténtica política de Estado. En 2024, fue la que decidió que deje de serlo”, lamentó este miércoles la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) en un comunicado.

La cuenca Matanza-Riachuelo, cuyas aguas desembocan en el Río de la Plata tras recorrer 64 kilómetros y atravesar 14 municipios de la provincia de Buenos Aires y la capital argentina, es una de las más contaminadas del país.

En el área, de 2.047 kilómetros cuadrados, viven unos 4,7 millones de personas, el 10 % de la población argentina.

Las principales causas de la contaminación son los efluentes cloacales, los residuos sólidos urbanos y los efluentes líquidos industriales en una cuenca donde operan unos 4.200 establecimientos fabriles.

En 2004, un grupo de vecinos interpuso una demanda contra el Estado nacional, la provincia de Buenos Aires, el Gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires y 44 empresas instaladas en la cuenca por daños y perjuicios sufridos a raíz de la contaminación del Riachuelo.

En 2008, la Corte Suprema ordenó a los tres Estados demandados a sanear el Riachuelo, tarea que quedó bajo responsabilidad de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) y cuya supervisión quedó en manos del propio máximo tribunal.

Según la FARN, la decisión adoptada este martes por la Corte de dejar de supervisar ese proceso y cerrar el caso representa “una salida fácil e indiferente frente al control robusto del cumplimiento de todos los objetivos trazados en la sentencia” de 2008 que ahora, 16 años después, “permanecen mayoritariamente incumplidos”.

Desde 2006 y hasta 2023, el Estado nacional, la provincia y la ciudad de Buenos Aires y Acumar han hecho millonarias inversiones en la ejecución del Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la cuenca, que ha alcanzados diversos grados de ejecución.

Pese a los avances que Acumar asegura haber concretado, FARN advirtió en su comunicado que “subsisten demoras en la ejecución de obras”, como las de expansión de redes de agua y cloaca y de infraestructura destinada a urbanización, y que los indicadores “dan cuenta del bajo nivel de cumplimiento respecto de lo ordenado por el máximo tribunal en 2008”.

La FARN también observó que en 2018 la propia Corte había advertido sobre la “marcada debilidad institucional de la Acumar y un desempeño de escaso rendimiento”, “deficiencias que se ven profundizadas en la actualidad” a partir de 40 despidos en ese organismo y una caída del 28,2 % en términos reales en el presupuesto para el saneamiento de la cuenca desde que Javier Milei inició su Gobierno en diciembre pasado.

El comunicado completo de FARN: “Un golpe a los avances logrados en el saneamiento de la cuenca”

El 22 de octubre de 2024, la Corte Suprema de Justicia de la Nación le puso un punto final a un proceso judicial histórico por la recomposición ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo. Por unanimidad, los jueces que integran el máximo tribunal del país decidieron dar por finalizada la supervisión del cumplimiento de la sentencia dictada por la propia Corte Suprema el 8 de julio de 2008, rechazar el reclamo por daño ambiental colectivo y ordenar el archivo de los cientos de legajos que conforman esta megacausa judicial, una de las más importantes dentro de la jurisprudencia ambiental de nuestro país.

En el año 2008, la Corte Suprema decidió brindar una solución a la problemática de la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo, ordenando la elaboración de un Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) que tenía como metas mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca, recomponer el ambiente en todos sus componentes (agua, aire y suelos) y prevenir futuros daños con suficiente y razonable grado de predicción. Para cumplir estos objetivos, el Tribunal estableció ocho mandas consistentes para la puesta en marcha de un programa de: información pública; cesación de la contaminación de origen industrial; saneamiento de basurales; limpieza de los márgenes del río; expansión de la red de agua potable; extensión del sistema de desagües pluviales y saneamiento cloacal. Por último, estableció también un plan sanitario de emergencia.

Luego de esa decisión, la Corte monitoreó durante años el cumplimiento de esa sentencia, requiriendo informes y convocando a audiencias públicas. También lo hizo a través de los jueces de ejecución de la sentencia.

Ejecutar una sentencia estructural que persigue una política pública fundamental como es el saneamiento ambiental de una de las cuencas más contaminadas de la Argentina tiene un alto grado de complejidad. Justamente, por eso, se amerita un esfuerzo titánico en el monitoreo de la sentencia. El archivo de la causa, tal como lo ha propuesto ayer la Corte, representa lo contrario: una salida fácil e indiferente frente al control robusto del cumplimiento de todos los objetivos trazados en la sentencia del año 2008 que hoy, 16 años después, permanecen mayoritariamente incumplidos.

Desde la perspectiva de la Corte, los mega procesos judiciales se consideran culminados una vez que: (i) se han definido claramente las metas a cumplir; y (ii) se ha establecido el órgano a cargo de su instrumentación. Sobre la base de estos parámetros, los jueces concluyen que los objetivos institucionales propuestos por la sentencia se encuentran cumplidos con la aprobación del PISA —que fija los objetivos a llevar a cabo para lograr la recomposición del bien colectivo— y con la creación de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), a cargo de su cumplimiento. Siguiendo esta lógica, la intervención de la Corte debería haber cesado hace años. En efecto, la ACUMAR fue creada en el año 2007 y el PISA fue aprobado en el año 2010. No obstante ello, el máximo tribunal del país continuó monitoreando su propia sentencia.

El reciente fallo de la Corte omite explicar de qué manera han sido satisfechos y cumplidos los objetivos ambientales trazados en el año 2008, los cuales fueron reemplazados por el cumplimiento de objetivos institucionales que nunca fueron explicitados en la causa. 

Esta reciente sentencia resulta contradictoria con el posicionamiento adoptado en las últimas décadas y, en concreto, con una resolución de la propia Corte del 12 de abril de 2018, en la que los jueces advirtieron una marcada debilidad institucional de la ACUMAR y un desempeño de escaso rendimiento. Estas deficiencias se ven profundizadas en la actualidad a partir de los 40 despidos acontecidos en la ACUMAR, el retroceso institucional en su estructura organizativa y funcional, el congelamiento presupuestario –entre los meses de enero y agosto de 2024, las partidas relacionadas al saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo cayeron un 28,2% en términos reales– y la parálisis de las obras de saneamiento. A todo ello, se suma el retroceso en el acceso a la justicia ambiental. 

Desde FARN siempre hemos valorado los avances alcanzados en la causa, pero esto no quita el alto grado de incumplimiento en el que se encuentra el fallo.

La Corte Suprema afirmó ayer que ha cumplido su propósito de generar la reforma estructural que resultaba imprescindible para alinear la actividad del Estado con los principios y derechos consagrados en la Constitución. Sin embargo, subsisten demoras en la ejecución de obras –como las de expansión de redes de agua y cloaca, de infraestructura destinada a urbanización, la Planta de Tratamiento de Efluentes Líquidos y el Sistema Riachuelo, entre otras– y los indicadores presentados en los informes de la ACUMAR dan cuenta del bajo nivel de cumplimiento respecto de lo ordenado por el máximo tribunal en 2008.

Sólo la Corte Suprema podía y debía adoptar una decisión para revertir este cuadro de situación. En su lugar, eligió cerrar el caso. En este contexto, el nivel de cumplimiento efectivo de las acciones y medidas dispuestas para la solución del caso no sólo continuarán siendo insuficientes, sino que se agravarán, frustrando el principio de progresividad (artículo 4 de la Ley General del Ambiente) referido al cumplimiento de metas graduales y paulatinas y vulnerando también el principio de no regresión (artículo 3 del Acuerdo de Escazú). El pasado 17 de junio de 2024, desde el Cuerpo Colegiado le solicitamos a la Corte Suprema que convoque a una audiencia pública para debatir la efectividad del PISA y del cumplimiento de las mandas judiciales. También para que especialistas en materia ambiental, hídrica, toxicología, gestión de residuos, entre otras disciplinas, pudieran exponer ante el Tribunal su conocimiento técnico, brindando mayores herramientas para una decisión judicial razonable y eficaz. Desde el Cuerpo Colegiado también solicitamos que sean convocados el Auditor General de la Nación, el Ministerio Público de la Defensa, el Ministerio Público Fiscal, la Defensoría General de la Nación y la Defensora de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, entre otros.

La Corte nunca convocó a esa audiencia pública. De haberlo hecho, el alto nivel de incumplimiento de la sentencia habría adquirido una enorme visibilidad ante la sociedad.

Esta sentencia implica un cambio drástico en el posicionamiento de la Corte dado que toma como base para su decisión los informes de la ACUMAR, organismo que antes criticaba por considerar insuficientes las medidas adoptadas e incumplidos los objetivos trazados en el calendario fijado. Repentinamente, esos informes son validados sin importar sus puntos ciegos, deficiencias y problemas metodológicos, todos los cuales fueron señalados por el Cuerpo Colegiado en su última presentación. 

Asimismo, llama la atención la ausencia de disidencias en una sentencia tan a contramano con el camino recorrido por la Corte y sorprende que los jueces ordenen que la ejecución del plan de saneamiento continúe su trámite ante juzgados locales, que nunca han absorbido la complejidad de esta problemática.

Coincidimos con la afirmación dispuesta en el fallo de que las obligaciones de recomposición ambiental son permanentes, pero disentimos con el hecho de utilizarla como pretexto para finalizar una ejecución de sentencia que, dado su escaso nivel de cumplimiento, mantiene relevantes asuntos pendientes que merecen un seguimiento judicial. Con el cierre de la causa en estas circunstancias, se ponen en riesgo todos los avances logrados.

Tampoco compartimos el argumento de la Corte para rechazar el daño ambiental colectivo, considerando únicamente que las autoridades se encuentran trabajando en la recomposición del ambiente. La causa por daño ambiental colectivo ha sido tramitada en la Corte por 16 años sin que se haya avanzado un sólo paso. 

En el año 2008, la Corte Suprema fue la autoridad institucional que definió que el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo sea considerado una auténtica política de Estado. En 2024, fue la que decidió que deje de serlo.  

¿A quién beneficia esta sentencia? ¿A los habitantes de la cuenca, a la ACUMAR o a la propia Corte?

Con información de EFE.

IG