El Gobierno publicó este viernes el decreto 950/2024, mediante el cual autorizó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a vender inmuebles públicos considerados “ociosos” o sin destino operativo. En la Casa Rosada lo presentan como una medida de eficiencia administrativa. Sin embargo, la ubicación estratégica de algunas propiedades invita a pensar en posibles negocios inmobiliarios y, además, la sola enajenación de estos bienes pone en evidencia el retiro del Estado de espacios donde antes operaba y prestaba servicios a los ciudadanos, que para eso pagan sus impuestos.

El decreto, publicado este viernes en el Boletín Oficial, permite a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) llevar a cabo la venta de estas propiedades y tiene como objetivo reducir gastos de mantenimiento y generar ingresos a través de activos subutilizados.

Según el decreto, la venta de inmuebles ociosos permitirá un “mejor funcionamiento de la administración pública” y ayudará a enfrentar la crisis económica. No obstante, esta justificación omite un aspecto fundamental: muchos de estos inmuebles fueron y en algunos casos siguen siendo centros de actividades y servicios del Estado. La medida se presenta como una acción para optimizar recursos pero la venta de estos inmuebles podría señalar una renuncia a la función del Estado en determinadas áreas y la transición hacia una mayor dependencia del sector privado, pero sin que hasta ahora el gobierno de Milei haya cumplido la promesa de bajar impuestos. 

El texto del decreto cita antecedentes desde 2016, con sucesivos intentos de venta y desafectación de inmuebles que no llegaron a concretarse, y excluye del proceso de venta a los establecimientos militares y a inmuebles ubicados fuera del país.

El decreto incluye un anexo con el detalle de todas las propiedades del Estado que el gobierno de Milei quiere vender: son 309 y están ubicadas en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires; Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego, Tucumán. Se trata de 17 de los 24 distritos del país.

Los cinco inmuebles de mayor superficie que figuran en el listado oficial son los siguientes:

1. Mendoza, Malargüe: Campo Potreros de Cordillera, con una superficie aproximada de 130,927,163.43 m².

2. Mendoza, San Carlos: Estancia de Llaucha, con una superficie de 51,068,095.40 m².

3. Corrientes, Capital: Sección Rural 1 - Campo de Instrucción Santa Catalina, con aproximadamente 813,855.74 m².

4. Corrientes, Curuzú Cuatiá: Ex Batallón Logístico N° 3, con una superficie de 970,992.00 m².

5. Santa Cruz, Punta Loyola: Ruta de acceso a Complejo Ferroportuario, con 150,000.00 m².

Si bien la resolución incluye un anexo detallado, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, indicó que el total de inmuebles a enajenar alcanza la cifra de 1.200, es decir cuatro veces más que el listado publicado este viernes. “Se van a subastar más de 400 inmuebles y se van a poner a la venta otras 800 propiedades con el único objetivo de reducir gastos innecesarios del Estado. Se estima que estos inmuebles tienen un valor total de US$800 millones”, señaló el vocero de Milei.

Los inmuebles de los que el Estado se desprenderá incluyen propiedades en diversos puntos de todo el país, entre las que hay casas, edificios y terrenos sin construcciones.

Entre los inmuebles a la venta está la sede central en Buenos Aires del Ministerio de las Mujeres, que disolvió Milei, valorada en US$12,5 millones, y la del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Argentina (INTA), que será relocalizado. Se trata, en este último caso, de un terreno de 919 metros cuadrados ubicado en avenida Cerviño 3101, en el barrio porteño de Palermo, una de las zonas más ricas del país. Allí funciona también la empresa capitales mixtos Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias S.A (INTeA).

Las primeras subastas de edificios públicos se harán antes de finales de este año.

La medida se inscribe en las políticas de severo ajuste que el Gobierno lleva adelante para achicar el Estado y lograr el equilibrio en las cuentas públicas. En el decreto se alega que, en función de las medidas para dar mayor eficiencia, “se impone la necesidad de impulsar la venta de inmuebles pertenecientes al Estado nacional que resultan innecesarios para su gestión”.

Según el Gobierno, “mantener ociosos” los inmuebles considerados “innecesarios para la gestión” del Estado “genera costos y gastos que deben evitarse, por lo que corresponde impulsar los procedimientos para su enajenación”.

Como parte de su política para achicar el peso del Estado, Milei también impulsa la privatización de varias empresas estatales o controladas por el Estado nacional.

Con información de la agencia EFE