Los trabajadores del Banco Central y del Banco Hipotecario irán al paro el próximo miércoles 13 de mayo, en una medida que pone en el centro la defensa de puestos de trabajo, sucursales y funciones estatales vinculadas con la vida económica de distintas regiones del país. La Asociación Bancaria convocó a parar durante las tres últimas horas de atención al público en ambas entidades, después de denunciar “decisiones arbitrarias e inaceptables” por parte de sus conducciones.

La medida tendrá como eje el rechazo al cierre de 12 tesorerías regionales del Banco Central sobre un total de 21 que funcionan en la actualidad. Para el sindicato, esa decisión “podría implicar la pérdida de 32 puestos de trabajo” y representa “un vaciamiento de funciones esenciales, afectando gravemente las economías regionales”. El recorte no impacta solo sobre la organización interna del BCRA: afecta empleos concretos y reduce presencia operativa en el interior del país.

La Bancaria ya había realizado el 27 de abril un paro de 24 horas en todas las tesorerías regionales del Banco Central. Según el comunicado gremial, pese a esa medida “las autoridades han optado por mantener su posición intransigente y sin voluntad de diálogo”. El conflicto escala porque el gremio no recibió una respuesta que garantice la continuidad laboral ni el funcionamiento de las áreas cuestionadas.

En el Banco Hipotecario, el sindicato denunció “la ejecución de despidos injustificados y un cierre sistemático de sucursales” a nivel nacional. La organización rechazó “de manera absoluta cualquier política de achicamiento” que deje a los empleados sin sus puestos de trabajo. En ese tramo del reclamo, la disputa se concentra en la estabilidad laboral de los bancarios y en la permanencia de oficinas que también cumplen una función de atención territorial.

“La Asociación Bancaria mantiene el estado de alerta y movilización en todo el país y advierte que profundizará el plan de acción gremial con medidas directas, en caso de no tener soluciones urgentes y concretas”, sostuvo el comunicado. El paro del miércoles 13 aparece así como una primera respuesta sectorial dentro de una semana atravesada por conflictos laborales y sociales vinculados con empleo, ingresos y presencia estatal.

Ese cuadro tuvo este jueves 7 de mayo otras expresiones en la calle. Manifestantes del Frente Nacional Piquetero intentaron llegar al Puente Pueyrredón desde avenida Mitre al 400, en Avellaneda, para interrumpir el tránsito vehicular en rechazo a la cancelación del plan Volver al Trabajo. Pasadas las 11, los manifestantes permanecían sobre avenida Mitre, mientras un operativo de Prefectura Naval y Gendarmería impedía el paso hacia el puente. El tránsito vehicular se mantenía con circulación normal.

El reclamo apuntó al mantenimiento del plan Volver al Trabajo, por el cual unos 900.000 beneficiarios perciben 78.000 pesos mensuales. El Estado discontinuó el programa, pero un juez de Campana hizo lugar a una cautelar y emplazó al Gobierno nacional a seguir abonándolo. La administración apeló esa medida. Ante la posibilidad de que la Justicia falle a favor de la decisión inicial de discontinuar el plan, el Frente Nacional Piquetero convocó la protesta hacia el acceso que une la Ciudad de Buenos Aires con el sur del conurbano.

La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular también realizó este jueves una jornada nacional de protesta por el salario social complementario. La organización, que reúne a los movimientos sociales más grandes del país, convocó movilizaciones en distintas provincias y concentraciones en accesos del Área Metropolitana de Buenos Aires. En el AMBA, la convocatoria incluyó el Puente Pueyrredón, entre Avellaneda y Barracas.

El eje de esa protesta fue el pedido de aumento del salario social complementario. Johana Duarte, secretaria gremial de UTEP, sostuvo en la previa que la organización buscaba defender “el pago del complemento salarial de los más de 900.000 trabajadores de la economía popular” y exigir una actualización urgente de los 78.000 pesos. Para ese universo laboral, el monto mensual define una parte directa del ingreso disponible de los hogares.

La UTEP informó que este miércoles se hizo efectivo el cobro de los haberes correspondientes a mayo del programa Volver al Trabajo. En un comunicado, la organización planteó que, por el límite impuesto por la cautelar judicial y por la presión social, “cientos de miles de trabajadores finalmente cobraron los haberes del VAT correspondientes al mes de mayo”. Aun así, ratificó el estado de alerta y movilización.

El comunicado de la organización afirmó que el intento original del Gobierno nacional de eliminar el programa “amenazaba con empujar a la indigencia a casi un millón de trabajadores y trabajadoras, provocando un colapso en las economías regionales”. Esa definición enlaza el reclamo de la economía popular con el de los bancarios: en ambos casos, los sindicatos y organizaciones advierten sobre el efecto territorial de decisiones que reducen empleo, ingresos o funciones estatales.

ATE también activó una medida de fuerza tras el ajuste del 30% aplicado por el Gobierno en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Según el sindicato, el recorte eliminó cerca de mil servicios y busca desarticular el organismo pese a su rol estratégico. La conducción gremial denunció que el cese de actividades alcanza incluso a unidades que generan ingresos genuinos para el instituto mediante aranceles pagados por empresas privadas.

En el INTI, el conflicto suma otro dato laboral: las autoridades amenazan con la desvinculación de unos 700 empleados, según denunció ATE. La pérdida de servicios, la amenaza de despidos y el cierre de áreas con ingresos propios profundizan el temor entre trabajadores estatales que dependen de esos puestos para sostener sus hogares.

El paro bancario anunciado para el miércoles 13 condensa el punto más visible de esta secuencia. La Bancaria discute cierres de tesorerías, despidos y achicamiento de sucursales. ATE rechaza el ajuste en el INTI y la posible salida de cientos de empleados. UTEP y el Frente Nacional Piquetero reclaman la continuidad y actualización de ingresos de 78.000 pesos para trabajadores de la economía popular y beneficiarios del Volver al Trabajo.

La misma semana reúne conflictos distintos, pero todos pasan por una pregunta material: qué ingreso queda, qué empleo se conserva y qué protección mantiene cada trabajador frente al ajuste. El miércoles próximo, esa disputa tendrá una nueva escala en el Banco Central y en el Banco Hipotecario, cuando los bancarios paralicen las tres últimas horas de atención al público en defensa de puestos de trabajo y funciones que el gremio considera esenciales.

JJD

Los controladores aéreos nucleados en la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) inician este jueves un paro escalonado de cinco días consecutivos que afecta vuelos comerciales en todo el país. La medida se aplica por franjas horarias hasta el lunes 2 y alcanza a la aviación general y comercial, con excepción de vuelos sanitarios, traslado de órganos, vuelos de Estado y de seguridad.

El cronograma comienza este jueves de 15 a 18, continúa el viernes de 19 a 22, el sábado 28 de 13 a 16, el domingo 1 de 9 a 12 y el lunes 2 de 5 a 8. “Hoy es de quince a dieciocho, hora local, con toda la aviación, ya sea aviación general y comercial”, afirma Juan Carlos Arias, secretario de prensa de Atepsa, en diálogo con AM 530.

El sindicato sostiene que el conflicto se arrastra desde agosto y que el Gobierno y la empresa incumplen un acta firmada en el Ministerio de Trabajo. Según Arias, tras tres días de medidas el año pasado, las partes acuerdan revisar en un plazo de 15 a 20 días distintos puntos del convenio colectivo, entre ellos antigüedad y densidad del tráfico, con el objetivo de mejorar ingresos sin salir de la pauta salarial oficial. “Eso es lo que no se cumplió”, señala.

La última conciliación obligatoria termina hace 25 días sin avances. “No nos llamó nadie, absolutamente nadie”, sostiene el dirigente. Atepsa presenta formalmente la medida el miércoles de la semana pasada ante la empresa, el área de Trabajo y las compañías aéreas, como exige la normativa para un servicio público esencial. “Esperábamos que nos digan algo dentro de las cuarenta y ocho horas”, agrega.

El sindicato denuncia que la falta de actualización salarial empuja a trabajadores a buscar otros ingresos fuera de su jornada habitual. “Tenemos compañeros controladores de Aeroparque, de San Fernando o de Ezeiza que se bajan de un vehículo de una aplicación, en el cual están trabajando durante ocho o diez horas, y se suben a una torre de control a controlar”, afirma Arias. Y advierte: “Ya tuvimos inconvenientes. Afortunadamente no pasó nada, pero ya tuvimos inconvenientes”.

La medida de fuerza afecta necesariamente a los vuelos comerciales porque el control del tránsito aéreo es una función obligatoria para autorizar despegues, aterrizajes y circulación en el espacio aéreo. Sin servicio de controladores en torre y centros de control, las aeronaves no pueden operar con normalidad, lo que obliga a reprogramar o cancelar partidas y arribos durante las franjas horarias anunciadas.

Además, al tratarse de una actividad considerada servicio público esencial, la interrupción parcial genera demoras encadenadas: un vuelo que no despega en el horario previsto impacta en la rotación de aeronaves y tripulaciones en otros aeropuertos. La restricción horaria en 54 aeropuertos altera la programación comercial incluso más allá de las tres horas formales de paro en cada jornada.

Atepsa aclara que la medida no incluye vuelos sanitarios, traslado de órganos ni operaciones vinculadas a seguridad o Estado. “Nosotros somos un servicio público esencial. No afectamos vuelos sanitarios, traslado de órganos, vuelos de Estado, de seguridad”, precisa Arias.

El dirigente vincula el conflicto con la política oficial hacia los convenios colectivos. Ante la consulta sobre la reforma laboral impulsada por el Gobierno, responde: “Ninguna duda, no tengo ninguna duda”. Según afirma, los cambios ya comienzan a aplicarse en la práctica dentro del sector.

El reclamo central apunta al incumplimiento de la revisión acordada del convenio colectivo y a la falta de recomposición en un contexto de pérdida de poder adquisitivo. Arias sostiene que el sindicato presenta “más de cien notas con seguridad operacional” para advertir sobre el impacto de la situación laboral en el servicio.

La conducción gremial deja abierta la posibilidad de levantar las medidas si hay una convocatoria oficial antes del lunes. “Esperemos no llegar a todos los días”, dice Arias. Hasta el momento, no hay anuncio de una nueva instancia de negociación.

La medida expone un conflicto prolongado en un sector clave del transporte, donde la falta de acuerdo salarial y la sobrecarga laboral impactan de forma directa tanto en las condiciones de trabajo como en la operación cotidiana de los vuelos comerciales.

JJD

Los trabajadores de la Justicia Nacional del Trabajo continuaron este martes el paro iniciado el lunes contra el traspaso del fuero laboral a la Ciudad de Buenos Aires y profundizaron el reclamo con la continuidad de la toma del edificio ubicado en Diagonal Norte 760. La medida fue impulsada por la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) y afectó el funcionamiento de juzgados y cámaras laborales.

El sindicato dispuso un cese de actividades durante toda la jornada del lunes 23 de febrero y anunció que retomó el paro este martes a partir de las 11, en el marco de la “gravísima” situación que, según denunció, atravesó el Fuero Nacional del Trabajo.

Defensa del fuero laboral

En un comunicado, la UEJN sostuvo: “Ante la gravísima situación que atraviesa el Fuero Nacional del Trabajo, y en el marco de la toma del edificio de Diagonal 760, se dispone un cese de actividades durante la jornada de hoy en toda la Justicia Nacional del Trabajo y se convoca a las y los trabajadores a asistir y respaldar la medida en el edificio tomado” .

La organización sindical también ratificó el rechazo “total” a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional y al posible cierre de la Justicia Nacional del Trabajo.

El eje del conflicto fue la defensa del fuero especializado que intervino en los conflictos entre trabajadores y empleadores. Para los empleados judiciales, el traspaso a la órbita porteña implicó una modificación estructural del sistema y puso en riesgo la estabilidad institucional y laboral del sector.

Impacto sobre el trabajo cotidiano

El paro interrumpió la atención al público y el avance de expedientes en los tribunales laborales nacionales. La continuidad de la medida este martes mantuvo paralizadas las tareas desde las 11 y concentró la actividad gremial en el edificio tomado.

Los judiciales vincularon el conflicto con el contexto legislativo más amplio. Según expresaron, la situación del fuero se intensificó tras la aprobación del Proyecto de Modernización Laboral promovido por el Gobierno.

La protesta se centró en cómo el traspaso y la reforma impactaron en quienes trabajan en el fuero laboral, tanto en términos de condiciones de trabajo como de funcionamiento institucional. El sindicato convocó a sostener la presencia en Diagonal Norte y mantuvo el estado de alerta.

Hasta el momento, no hubo anuncios oficiales sobre una revisión del traspaso ni sobre refuerzos presupuestarios para el sector. La UEJN ratificó la continuidad del plan de lucha.

JJD

La Confederación General del Trabajo se prepara para una movilización clave este miércoles frente al Congreso de la Nación, en rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno. La convocatoria coincidirá con la apertura del debate legislativo en el Senado de la Nación y se inscribirá en un escenario de conflictividad gremial en ascenso, atravesado por la pérdida salarial y por crecientes reclamos de acción directa contra la iniciativa oficial.

El anuncio lo realizó el viernes Jorge Sola, cosecretario general de la CGT, quien recordó que la central obrera activó un plan de acción desde diciembre, cuando el Ejecutivo presentó el proyecto de “modernización laboral”. “Apenas se presentó este proyecto de pretendida ‘modernización laboral’, el 18 de diciembre, realizamos una convocatoria multitudinaria en Plaza de Mayo, que fue replicada en cada una de las provincias”, afirmó.

Según explicó, aquella movilización marcó el inicio de una etapa de confrontación con el Gobierno frente a una iniciativa que, desde la mirada sindical, afecta derechos laborales centrales y redefine la relación entre capital y trabajo. El nuevo punto de inflexión se produjo con la confirmación del tratamiento parlamentario. “Dado que el próximo 11 de febrero se va a abrir la sesión de debate, en la Cámara de Senadores, vamos a movilizar a la plaza del Congreso para llevar adelante nuestra protesta”, sostuvo.

La CGT convocará a concentrar a partir del mediodía frente al Congreso, con la participación de sindicatos confederados, federaciones y organizaciones gremiales de distintos sectores. “Esa movilización será multitudinaria y contundente, con todos los trabajadores y sus organizaciones gremiales”, remarcó Sola, y subrayó que el objetivo será interpelar de forma directa a los legisladores.

En paralelo, la central definió una jornada de movilización federal, con protestas frente a las casas de gobierno provinciales. “Frente a cada una de las casas de gobierno de las provincias el mismo día se llevará a cabo una similar movilización para demostrar también en todo el país nuestro rechazo a esta propuesta de ley”, indicó el dirigente.

La convocatoria cegetista se produce en un contexto de presión creciente desde las bases y desde gremios combativos, que cuestionan la falta de definiciones más duras frente al avance legislativo del proyecto. Mientras la CGT anunció la movilización, otros sectores ya resolvieron medidas de fuerza concretas.

El frente de sindicatos estatales encabezado por ATE convocó a un paro nacional para el mismo miércoles, con movilizaciones simultáneas en todo el país, y advirtió que no esperará el avance del debate para salir a la calle. Desde ese espacio señalaron que la reforma también afecta de lleno al empleo público y habilita la profundización de esquemas precarios como el uso de monotributistas en organismos estatales.

En la misma línea, el secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo, pidió a los gobernadores no convertirse en “verdugos de los trabajadores” y anticipó un paro si la reforma avanza. “No hay un solo artículo de esa ley que sea favorable a los trabajadores”, afirmó, y sostuvo que la respuesta sindical debe ser previa y simultánea al tratamiento legislativo.

También desde los gremios industriales se multiplicaron las señales de ruptura con la estrategia moderada. La UOM alineó a sindicatos dentro y fuera de la CGT para definir un plan de lucha común y cuestionó la falta de movilización frente a lo que definieron como una ofensiva estructural contra los derechos laborales. En ese espacio se debatió la adhesión al paro del día del tratamiento y la necesidad de rodear el Congreso con columnas de trabajadores.

Los Aceiteros, por su parte, confirmaron que irán a la huelga si la ley avanza. “Hay que salir a la calle ahora”, sostuvo su secretario general, Daniel Yofra, quien expresó una abierta desconfianza hacia el Congreso. “No tengo esperanzas en los legisladores. Ya han demostrado que pueden votar en contra de los trabajadores fácilmente”, afirmó.

El telón de fondo del conflicto es la pérdida sostenida del poder adquisitivo. Según datos del Indec, los salarios registrados subieron 25,6% entre enero y noviembre de 2025, frente a una inflación del 27,9%, lo que implicó una nueva caída real. En sectores como el transporte, el deterioro fue mucho más profundo: los choferes de la Línea 60 acumularon una pérdida real del 61,87% en dos años y continúan sin paritaria.

En ese marco, la reforma laboral se discute mientras los ingresos pierden contra los precios y se profundiza la precarización. Uno de los puntos más cuestionados del proyecto es el llamado banco de horas, que permitiría a las empresas reorganizar unilateralmente la jornada laboral. “El banco de horas lo decide el patrón, no el trabajador”, advirtió Sola, quien calificó el esquema como inconstitucional y regresivo.

Mientras el Javier Milei apuesta a aprobar la reforma en sesiones extraordinarias sin cambios sustanciales, el movimiento obrero ingresa en una fase de coordinación forzada por la urgencia. La movilización del miércoles aparece así no solo como una protesta contra el proyecto, sino como una respuesta a la presión interna de los gremios que exigen pasar del rechazo discursivo a la acción directa.

Hasta el cierre de esta nota, la CGT mantuvo la convocatoria sin modificaciones. La central confirmó que la concentración comenzará al mediodía y que las movilizaciones provinciales se realizarán en simultáneo. El Senado abrirá el debate con la protesta en la calle y con paros ya definidos por sectores clave, en un escenario donde el conflicto dejó de ser potencial y se volvió inmediato.

JJD

Los trabajadores ferroviarios nucleados en La Fraternidad realizarán este jueves 5 de febrero un paro nacional de 24 horas, en reclamo de una recomposición urgente del salario real, que según denunciaron, se deterioró un 56% desde diciembre de 2023, cuando asumió Javier Milei como presidente de la Nación. La medida fue ratificada por la conducción del gremio y afectará todos los servicios de pasajeros del país, tanto urbanos como de mediana y larga distancia, con unas pocas excepciones.

“Desde el 10 de diciembre hasta ahora perdimos un 56% de nuestro salario real, y en lo que va de 2025, otro 18%”, advirtió Omar Maturano, secretario general del gremio. En una entrevista con AM 650, el dirigente explicó que la última oferta paritaria presentada por las empresas del sector contempla apenas un 2% de aumento en diciembre y un 1% mensual para enero, febrero y marzo. “Es una suma miserable, que no se compara con ninguna de las inflaciones recientes”, afirmó.

La medida de fuerza es desde las 0 del jueves 5 y se extenderá hasta la medianoche, afectando las siguientes líneas: Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte, Belgrano Sur y Tren de la Costa. También se verán interrumpidos los servicios metropolitanos y regionales en el interior del país.

Según confirmaron desde el sindicato, los únicos servicios que seguirán funcionando son los trenes de carga operados por las empresas privadas Nuevo Central Argentino (NCA), Ferrosur Roca y Ferroexpreso Pampeano, con las que La Fraternidad ya cerró una paritaria independiente.

En cuanto a los trenes de larga distancia, el gremio informó que los servicios a Mar del Plata y Junín no se verán interrumpidos, ya que las empresas mantuvieron la venta anticipada de pasajes para este fin de semana. Por el contrario, los trenes a Córdoba y Santiago del Estero fueron anulados por las propias empresas desde septiembre, por lo que no se verán afectados por la medida de fuerza.

El reclamo de La Fraternidad se inscribe en un contexto generalizado de retroceso salarial, en el que los ingresos formales no logran recuperar su poder adquisitivo frente a la inflación. Según datos del Indec, los salarios registrados del sector privado crecieron 25,6% entre enero y noviembre de 2025, mientras que el índice de precios acumuló un 27,9%. Esto implicó una pérdida real de más de 2 puntos porcentuales, incluso en los segmentos con mayor cobertura sindical.

“Nos ofrecieron una suba que ni siquiera compensa la inflación de diciembre, mucho menos la de enero o la que se espera para febrero. Queremos recuperar lo que perdimos y mantener una discusión paritaria real, no un ajuste por goteo que se desactualiza al mes siguiente”, explicó Maturano.

Además del deterioro salarial, el gremio expresó preocupación por el avance de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, que contempla modificaciones en los regímenes de indemnización, contratación y jornada laboral. La Fraternidad, al igual que otros sindicatos del transporte y de la industria, alertó sobre los efectos regresivos del proyecto sobre los derechos colectivos y la estabilidad del empleo ferroviario.

“Nos quieren llevar a una flexibilización general. La única forma de frenar esto es organizándonos y haciendo oír nuestros reclamos. No vamos a aceptar condiciones impuestas sin discutir con los trabajadores”, señaló el dirigente.

Pese a que se convocó una nueva reunión con autoridades del Gobierno para este miércoles, La Fraternidad aclaró que el paro no se suspende, y que solo una oferta superadora podría modificar esa decisión. “La oferta es la misma que el viernes. Si no traen algo más, no la vamos a aceptar”, anticipó Maturano en la entrevista radial.

Hasta ahora, el Estado no planteó una propuesta diferente a la ya rechazada, y las empresas tampoco han dado señales de mejorar los tramos ofrecidos. Mientras tanto, los ferroviarios enfrentan su segundo mes sin recomposición, en un escenario marcado por aumentos de tarifas, alimentos y transporte.

JJD

“Se trata de una reforma promercado y la única finalidad que persigue el Gobierno es el disciplinamiento de la fuerza de trabajo”, denunció el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar. Con ese argumento, el gremio estatal convocó este viernes a un paro nacional con movilización al Congreso para el próximo martes 9 de diciembre, cuando se espera que ingrese formalmente el proyecto de Ley de Modernización Laboral.

La medida anticipa el tono del conflicto que se avecina. ATE es uno de los sindicatos más combativos frente al gobierno de Javier Milei y viene protagonizando movilizaciones junto a otras centrales. Esta vez, la protesta se centrará en rechazo al borrador de 182 artículos que circuló esta semana y que propone modificaciones estructurales al Régimen de Contrato de Trabajo, incluyendo la exclusión de sectores enteros de la legislación laboral, nuevas formas de contratación, cambios fiscales y derogaciones de normas históricas como el Estatuto del Periodista y la Ley de Jornada Legal .

El telón de fondo: salario mínimo congelado y pérdida de poder adquisitivo

El anuncio de ATE se dio un día después de que el Gobierno convocara a sindicatos y empresas a una reunión del Consejo del Salario, que llevaba cuatro meses sin actividad. El salario mínimo actual es de $322.200 y no se actualiza desde agosto. En ese tiempo, la inflación acumulada —según estimaciones del Banco Central— provocó una pérdida del 31,4% en términos reales respecto de noviembre de 2023.

“Queremos un salario que esté por encima de la línea de pobreza”, reclamó el dirigente Hugo “Cachorro” Godoy, también de ATE, al señalar que la canasta básica supera los $600.000. Para el gremio, el congelamiento no solo afecta a quienes están fuera de convenio, sino que deprime toda la economía de ingresos, desde los programas sociales hasta las paritarias. Por eso, la crítica al congelamiento salarial y a la reforma laboral comparten raíz: un modelo que, según los sindicatos, busca reconfigurar el mundo del trabajo debilitando las instituciones colectivas.

Sin negociación ni consenso: otro frente abierto

El contraste entre la convocatoria al Consejo del Salario —una instancia institucional de diálogo tripartito— y el impulso unilateral de la reforma laboral deja al descubierto una doble vara del Ejecutivo. Mientras una parte del Gabinete (como la Secretaría de Trabajo) busca canalizar demandas por cauces formales, el proyecto de reforma ingresaría al Congreso sin participación sindical ni mesas de discusión.

ATE lo advirtió con claridad: “No es verdad que quieran mejorar la competitividad, la productividad o que crezca la economía. Eso no va a suceder quitando derechos”, sostuvo Aguiar. En línea con otras organizaciones gremiales, el sindicato sostiene que la verdadera intención del Gobierno es fragmentar, flexibilizar y debilitar la capacidad organizativa del movimiento obrero.

La jornada de lucha del 9 de diciembre será un nuevo termómetro de la calle. Coincidirá con las protestas de las CTA en la Secretaría de Trabajo y con la movilización de jubilados al Congreso, lo que anticipa una semana de alta tensión en el centro porteño. Con el proyecto en camino y sin señales de retroceso por parte del Ejecutivo, la reforma laboral podría convertirse en el eje central de la conflictividad social durante el verano.

JJD

La amenaza de paro lanzada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) logró su objetivo inmediato: asegurar el pago completo de los salarios de noviembre. Sin embargo, el conflicto con las cámaras empresarias del transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sigue abierto, con un nuevo foco en el medio aguinaldo que debe abonarse en las próximas semanas.

El sindicato había advertido que los servicios de colectivos se paralizarían este viernes 5 de diciembre si las empresas, como anticiparon hace dos semanas, concretaban el pago de los sueldos en cuotas. Anoche, tras horas de negociación, se alcanzó un principio de acuerdo con la mayoría de las líneas. Aun así, algunas no funcionan, y persisten incertidumbres entre trabajadores y usuarios.

“El Gobierno será responsable de que los trabajadores realicen un paro para que perciban en tiempo y forma los salarios que han ganado”, advirtió el gremio en su comunicado, que también incluyó un rechazo al posible fraccionamiento del aguinaldo.

La respuesta oficial no se hizo esperar. A través de la Resolución 86/2025, publicada ayer en el Boletín Oficial, la Secretaría de Transporte autorizó un aumento en los subsidios para las empresas urbanas y suburbanas del AMBA y también para las del interior del país. La actualización, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre, será válida hasta tanto se apruebe un nuevo esquema de costos.

Entre los factores contemplados en la nueva matriz de subsidios se incluyen la paritaria firmada en julio, los aumentos en insumos clave como gasoil, repuestos y seguros, y el ajuste de ítems como viáticos y premios estímulo, en especial para las líneas que operan en la zona del Gran La Plata. El financiamiento saldrá de fondos nacionales, provinciales y del Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU), según el ámbito geográfico.

Desde la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) comunicaron que “la gran mayoría de las empresas acordaron, con lo cual el panorama está bastante controlado. Salvo alguna empresa puntual, la gran mayoría va a estar funcionando mañana sin problema”.

No obstante, en la práctica persisten interrupciones en algunos servicios, por lo que se recomienda a los usuarios consultar la web parodebondis.com.ar, donde se actualiza en tiempo real el estado de las líneas.

La tensión salarial en el transporte expone una vez más la fragilidad del sistema de subsidios, dependiente del Tesoro nacional y de decisiones políticas que suelen llegar sobre el filo de los conflictos. La amenaza de un nuevo paro, si no se abona el aguinaldo completo, sigue vigente. Y el riesgo de colapso en el servicio de colectivos permanece latente, en un contexto de inflación sostenida y ajuste fiscal.

JJD

Una oscuridad fría y avasallante. Dentro de la Estación Constitución, la principal terminal de trenes del país, la luz se recorta por los ventanales del techo y entra tímida, apenas para iluminar uno de sus 16 andenes vacíos. Todos los días 200.000 personas llegan hasta este punto de la ciudad provenientes de diferentes localidades de la provincia, según cifras del Gobierno porteño. Luego regresan de la misma forma, alcanzando una circulación de 400.000 usuarios diarios. Pero a las 3 de la tarde de este miércoles, y tras el paro nacional de transporte que interrumpió, entre otros, los servicios de trenes y subtes en el AMBA, la desolación en Constitución es total.

Leonela Mamani, de 33 años y empleada doméstica, mira con resignación las puertas cerradas de la estación, mientras espera por la línea 51 de colectivo en las paradas de enfrente. Todos los días, la empleada doméstica llega en tren hasta Constitución desde la localidad de Temperley. Luego toma el subte en la misma estación para llegar hasta el barrio porteño de Flores. El paro de transporte, cuenta, hizo que gastara más en sus viáticos diarios. “Tengo que tomar cuatro colectivos en total. Estamos todos midiendo cada gasto y esto no ayuda”, señala Leonela. Sus empleadores no la tienen registrada y tampoco cubren el costo de sus viajes. “No estoy a favor de que paren varios transportes el mismo día”, confiesa la empleada doméstica. Desde la asunción de Javier Milei, el boleto de colectivo aumentó en un 600%.

Javier Osman, en la misma fila de la parada de colectivo de Constitución, tampoco está a favor de la medida gremial. Tiene 47 años y es técnico electromecánico de profesión. Vive en Alejandro Korn y hoy debía acercarse hasta un domicilio en Palermo para arreglar un aire acondicionado, pero el paro le impidió llegar a tiempo. “No estoy a favor de este gobierno, pero los gremios tienen que ser más pillos y no cortar todo”, comenta Javier, quien es cuentapropista. “No estoy para perder clientes en esta situación tan complicada. El verano es cuando más trabajo, me liquida este tipo de manifestaciones”, admite el técnico electromecánico.

El paro de transporte en uno de los principales centros de trasbordo de la ciudad no solo afecta a los usuarios de trenes y colectivos. Los comerciantes formales e informales que trabajan en la zona sienten la falta de circulación de pasajeros. “Hoy vendí la mitad de lo que vendo en un día malo”, cuenta Rita Menéndez, vendedora ambulante de café. Arranca su actividad a las cuatro de la mañana, cuando abre la estación. “A nosotros nos parte al medio porque vendemos sobre todo a la mañana y hoy no llegó nadie”, señala la vendedora, entre risas. En esa línea, Omar Abraham, quien maneja un quiosco lindero a la terminal de trenes, también mostró su disgusto: “Es casi un día perdido”, apunta Omar. “Estoy pidiendo cada vez menos mercadería a los proveedores porque el consumo bajó. La gente se está cuidando el bolsillo hasta con los alfajores. Más allá de que sea solo un día, te complica los números”, explica el comerciante. La Unión Tranviarios de Automotores (UTA), sin embargo, que no adhirió a la medida de hoy, anunció un paro de algunas líneas de colectivos para mañana, en medio de negociaciones salariales con empresarios del sector y el Gobierno nacional.

En la estación de trenes de Once, otro de los principales centros de trasbordo de la ciudad, la situación es similar. Si bien es una zona histórica con comercios lindantes a la terminal de trenes, muchos de ellos ni siquiera abrieron hoy. La calle Juan Domingo Perón al 2.700, una de las arterias principales del paseo de compras, tiene al menos cuatro persianas bajas. “Muchas compañeras viven en provincia y no pudieron llegar a trabajar”, señala Marilyn Díaz, de 28 años y empleada en un local de lencería femenina. “La gente se está volcando a comprar en Once por los precios, pero anda floja la cosa”, cuenta la vendedora. “Y con un día así, muy pocos entran a comprar”, agrega Marilyn.

Para Andrés Borthagaray, investigador en políticas urbanas y director del Instituto para la Ciudad en Movimiento (América Latina), un paro de estas características tiene efectos nocivos especialmente en los trabajadores del sector informal. “Buenos Aires tiene una red ferroviaria metropolitana muy importante, de más de 800 kilómetros, pero es básicamente la que tenía hace 100 años cuando tenía una población mucho menor”, describe Borthagaray en diálogo con elDiarioAR.

Para el investigador, el transporte público, como los trenes, continúa la herramienta más importante de desplazamiento urbano en el AMBA, aún con la llegada del teletrabajo. “Si bien en algunos casos hubo mejoras puntuales y modernización de servicios, queda mucho para hacer. Existen condiciones y posibilidades de potenciar la calidad para el conjunto de la población metropolitana a la hora de viajar, si se combina con otros medios”, puntualiza el especialista urbano.

La medida de fuerza no solo fue impulsada por gremios y sindicatos del transporte. Otras centrales obreras se sumaron a la jornada del paro nacional para visibilizar su descontento con las políticas y medidas del gobierno libertario. Mariana Cataneo es secretaria de Formación Político-Sindical del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba). Vive en Moreno y desde allí movilizaron y cortaron la Ruta 23 de esa localidad. “Para nosotros es una jornada que pone en acción toda la solidaridad del movimiento sindical y la llevamos con alegría porque es fundamental garantizar la unidad del campo popular para enfrentar el saqueo de la patria”, señala Cataneo.

Ni bien comenzó la jornada de paro, el propio Milei se burló de las acciones sindicales a través de su cuenta en X, utilizando un meme. Además, desde la aplicación Mi Argentina, gestionada por el Estado nacional, se envió un mensaje para “denunciar” a los gremios que “obligan” a cesar actividades a través de la línea 134. “Estas acciones son inéditas para nosotros, nunca deja de sorprendernos la virulencia y el odio que es capaz de destilar el presidente. En este caso, además, infringe todas las leyes que garantizan la libertad sindical, como el derecho a huelga”, refuerza la sindicalista. En ese sentido, Cataneo anticipa que van a avanzar con una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), tras el mensaje del presidente.

En la estación de trenes de Once, la fila del colectivo de la línea 132 es la más larga. Para Hugo Amaya, de 52 años, comerciante y con domicilio en Moreno, la jornada laboral ─a las cuatro de la tarde─ finalizó. Sin embargo, aún queda un largo viaje de regreso a casa.

JJD

El sindicalismo busca retomar esta semana su pulseada contra la gestión de Javier Milei y lo hará con tres paros: el primero de ellos para mañana martes, dispuesto por los estatales de ATE; el segundo, el miércoles con una huelga de casi todos los gremios del transporte; y el tercero, el jueves cuando se lleve adelante la paralización del servicio de colectivos que el día anterior sí funcionará.

Dos de las tres medidas de fuerza pautadas son impulsadas por los sectores sindicales más opositores al gobierno libertario, ATE y el moyanismo, mientras que el de colectivos de la UTA se centra más en una disputa salarial con las empresas del sector, sin tanta pirotecnia verbal contra la Casa Rosada. 

La semana de paros se produce en medio de la interna que atraviesa el peronismo, espacio político al que están alineados la mayoría de los gremios, y en momentos en que el Gobierno viene manifestando satisfacción por el alza de la imagen de Milei en las encuestas.

El paro de este martes de ATE arrancará a las 12 del mediodía y será por 36 horas, ya que se plegará luego al de 24 horas del transporte. Incluirá una marcha a las puertas del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que comanda Federico Sturzenegger.

El sindicato minoritario del sector público nacional viene realizando varias medidas de fuerza por las cesantías en distintas dependencias y organismos estatales en el marco del “achicamiento” que pregona la gestión libertaria y que se reflejó en el INTI, INADI, INCAA y la AFIP, entre otros.

Por su parte, el titular de ATE, Rodolfo Aguiar, viene subiendo el tenor de sus declaraciones contra el Gobierno y tildó en las últimas semanas al presidente Milei de “enfermo” y “delirante”. “No nos bancamos más a este Gobierno. Tenemos que profundizar el plan de lucha. Hay que frenar a Javier Milei antes de que termine de aniquilar el derecho constitucional a una retribución justa”, dijo al convocar la medida de fuerza.

El miércoles será el paro que más alcance e impacto tendrá, ya que durante todo el día no habrá servicio de trenes, subtes, camiones ni transporte aéreo y marítimo. Sólo circularán las líneas de colectivos que controla el gremio de la UTA, que no se plegó al paro de la Mesa Nacional del Transporte por las diferencias históricas de su líder, Roberto Fernández, con los Moyano. 

La medida de fuerza fue impulsada por el moyanismo, que controla una de las dos entidades que integran la Mesa Nacional del Transporte, la CATT. También la integra la UGATT, de la que forma parte la UTA y también La Fraternidad (maquinistas de trenes) que sí adhiere.

“El ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei, el aumento de los boletos tras la quita de subsidios, el intento de privatización de Aerolíneas Argentinas, el ataque a los jubilados y en rechazo al aumento de la pobreza”, se informó en el comunicado de convocatoria al paro.

En tanto, el jueves será el turno de los colectiveros de la UTA, que harán su propia medida durante toda esa jornada debido a que no logran cerrar un acuerdo salarial.

Este lunes el gremio de Fernández mantuvo un encuentro con las cámaras del sector pero no se pusieron de acuerdo. “La recaudación no responde a la realidad en absoluto y en estas circunstancias es imposible arribar a un acuerdo”, indicaron fuentes del sector empresario.  La UTA había solicitado un salario básico para agosto de $1.160.000, con aumentos progresivos hasta llegar a $1.322.136 en diciembre.

MM con información de la agencia NA.