Este viernes 7 de agosto de 2026 marca un antes y después en la historia de la justicia argentina: por primera vez se reconoció el abandono de persona como delito de lesa humanidad. Lo hizo el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, que a las 14 dictó el veredicto de la causa conocida como Laguna Paiva, ya que muchas de las víctimas eran de aquella localidad ubicada a 40 kilómetros al norte de Santa Fe capital. Además, la mayoría eran niños, niñas y adolescentes. Entre los perfiles de los acusados se incluían policías y el caso de un civil: el exjuez federal Víctor Brusa.

El juicio había empezado el pasado 5 de mayo. Se trata de la segunda elevación de esta causa, cuya primera sentencia fue en 2021. Lo singular de este juicio es que la mayoría de las víctimas tenía entre uno y 14 años cuando ocurrieron los crímenes entre febrero y mayo de 1980: en algunos casos, cuando sus padres fueron secuestrados quedaron solos, sin ningún adulto a cargo; en otros fueron secuestrados junto a ellos y fueron llevados a centros clandestinos de detención.

Los cuatro acusados recibieron condenas por invasión de la propiedad privada, secuestros, torturas y abandono de persona. Además, a Brusa se lo condenó por incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica en documento público. Se pueden resumir así:

Había un acusado más, Fernando Sebastián Mendoza, ex jefe de la Comisaría XIII de la ciudad de Laguna Paiva, pero falleció antes de llegar al juicio. Parvellotti es el único que no tenía ninguna condena de este tipo hasta ahora. Los demás sí y todos estaban cumpliendo sus penas con la modalidad de prisión domiciliaria. El Tribunal determinó que se continuará con esta modalidad.

La querella representada por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (Apdh) hará un planteo a través de sus peritos para revisar esa modalidad y solicitar la cárcel común en caso de que encuentren que los condenados estén en condiciones de cumplir su pena así, “cumpliendo los compromisos internacionales que tiene Argentina”.

Además, los jueces consideraron que todos estos delitos mencionados configuran delitos de lesa humanidad. El Tribunal integrado por Ricardo Vázquez, Mario Gambacorta y Osvaldo Facciano, comunicó que dará a conocer los fundamentos el próximo 7 de septiembre a las 12. El fiscal a cargo es Martín Suárez Faisal.

Sobre el caso

En el primer juicio por estos crímenes, que terminó en 2021, se investigó la persecución y secuestro contra 11 trabajadores del frigorífico de Nelson, una localidad a 11 kilómetros de Laguna Paiva. Ni los sobrevivientes ni las querellas quedaron conformes con los resultados del primer juicio, pero redoblaron la apuesta con este nuevo juicio.

En los setenta hubo un fuerte proceso de sindicalización del frigorífico mencionado, que se cortó de cuajo con el asalto al Estado producido el 24 de marzo de 1976 por las tres Fuerzas Armadas.

Catalino Páez fue reconocido como el líder de aquel sindicato. También era militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Con el golpe, empezó junto a su familia un exilio interno por distintas localidades de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, como método de escondite frente a la represión ilegal.

Sin embargo, policías de Santa Fe montaron un enorme operativo para encontrarlo y para hacerlo atacaron a su familia entera: a su esposa, hijos, hermanos, cuñados, sobrinos. Todos cayeron en las garras de los represores.

Por eso Federico Pagliero, abogado querellante e integrante de Apdh, dijo este viernes después del veredicto: “Estamos todos muy contentos. Hoy es un día donde el mundo es un poco más justo. Con una sentencia que marca un precedente a nivel nacional, siendo la primera vez que se hace lugar a reconocer el abandono a las infancias como delitos de lesa humanidad. Y quiero señalar que los hijos y sobrinas que eran infancias y fueron víctimas, son hijos y sobrinos de obreros. Lo que hicieron fue un ataque sistemático contra todo un grupo familiar por la militancia de los obreros del frigorífico de Nelson”.

En ese sentido, agradeció la insistencia y el trabajo justamente de aquellos trabajadores que impulsaron la causa en 2014, cuando empezó este camino que hoy se cierra. En aquel juicio, declararon todos estos hombres y mujeres que eran niños cuando ocurrieron los hechos. Esos testimonios fueron fundamentales para esta segunda parte.

“Esto significa una gran reparación para las víctimas y sobrevivientes que pueden levantar la cabeza después de tantos años de impunidad. La dignidad la tienen recuperada, hoy fueron abrazados por muchas personas”, dijo Pagliero a este medio.

La puerta del Tribunal ubicado en la esquina de Primera Junta y San Jerónimo, en pleno centro santafesino, estuvo repleta de partidos y sindicatos que acompañaron la lectura del veredicto. También estuvieron presentes organismos de derechos humanos que trabajaron mucho por esta sentencia, como Apdh y el Foro contra la Impunidad y por la Justicia.

Cuando terminó la lectura del fallo, Pagliero fue uno de los que tomó el micrófono frente a la multitud. También lo hicieron funcionarios provinciales que acompañaron el proceso: el secretario de Derechos Humanos, Emilio Jatón; y el defensor de Niños, Niñas y Adolescentes, Juan Cruz Giménez. Todo esto pudo seguirse en vivo gracias a la transmisión de La Retaguardia.

Uno de los primeros en hablar fue Mario Páez. Él tenía 14 años cuando lo secuestraron junto a su padre, Catalino, y su madre Juana Medina, embarazada de tres meses. Con templanza y con mucha emoción agradeció a todos y dijo que todos los suyos están “endeudados para siempre” con los organismos y todas las personas que los ayudaron.

Mario fue uno de los grandes impulsores de esta causa, uno de los que compartió la importancia de dar esta pelea en el plano judicial. Su caso fue el único, de todas las víctimas menores de edad, que entró en el primer juicio. En este también entró porque se juzgó a nuevos acusados por esos crímenes.

En esta investigación, publicada en marzo de este año en El Ciudadano, están los detalles de esta compleja y cruenta historia que tiene muchísimas víctimas y victimarios y que incluyen muchas localidades: Santa Fe, Laguna Paiva, Esteban Rams y Esperanza (de la provincia de Santa Fe) y Lima (Buenos Aires).

También habló Juan Carlos Sánchez, uno de los trabajadores sobrevivientes: “Estoy muy orgulloso, gracias por su compañía”. Agradeció con nombre propio a varias personas presentes. También habló de la coyuntura actual, de que no hay trabajo, que hay que luchar. “Como dijo Mao Tse-tung: cuando el pueblo esté bien organizado, el hombre se tiene que mover como un pez en el agua”. Y al cierre de su intervención dijo: “Soy hijo de padres que no sabían leer, no me enseñaron a luchar, me enseñó a luchar la vida y por la vida voy a morir”.

De la familia Páez también hablaron los dos más chicos: “Pato”, quien tenía un año y medio cuando quedó al cuidado de sus hermanos pequeños, y María, que estaba en la panza de Juana cuando fue secuestrada.

Ambos se mostraron muy movilizados, también agradecieron el acompañamiento de todos en este juicio. María contó: “Me convertí en la vocera de mi madre (Juana) y mi hermana (Mónica). Gracias a ellas pudimos reconstruir los más chicos nuestra historia. La parte horrible de nuestra historia que hoy por fin tiene una sentencia que esperamos muchísimos años”. Dijo que las mujeres de su familia le enseñaron a ser fuerte y valiente.

El fallo de este viernes 7 de agosto de 2026 ilusiona a muchos que ven cómo se abre de a poco una puerta para reconocer crímenes que hasta ahora la Justicia no había investigado.

Esta nota fue publicada originalmente en Elciudadanoweb.com

“Nos trataron como a un botín de guerra, sufrimos violencia, vimos cómo torturaban a nuestros padres y nos separaron; no merecemos el olvido, solo justicia por tanto dolor”, reflexiona Mario Páez, desde Laguna Paiva, una pequeña ciudad ubicada al norte de Santa Fe. Fue secuestrado cuando tenía 14 años, en febrero de 1980, por una patota policial que ya había cometido una seguidilla de detenciones ilegales y que buscaba a su padre, Catalino Páez, fallecido en 2016. En 2025 será uno de los testigos en un juicio oral que sentará un precedente porque el Tribunal Oral de Santa Fe juzgará a cinco imputados por delitos específicos contra las infancias, acusados de abandono de persona como crimen de lesa humanidad, tormentos y privación ilegítima de la libertad agravada, durante la última dictadura cívico militar.

Este juicio, conocido como Laguna Paiva II, comprende a 16 víctimas menores edad, entre uno y quince años, que fueron secuestrados, llevados a centros clandestinos de detención y 11 sufrieron abandono de persona. Las niñas y niños, arrancados de sus casas junto a sus padres, fueron trasladados al Departamento de Informaciones de la Policía (D2) o a la Guardia de Infantería Reforzada, “centros clandestinos de detención (CCD) de la ciudad de Santa Fe en donde permanecieron en condiciones infrahumanas de vida”, se señaló en la denuncia a la que accedió elDiarioAR y que avanzó por el volumen de las pruebas. “Quedaron absolutamente abandonados a su suerte”, se puntualizó. 

En todos los casos, los niños padecieron el despliegue del terror en contra de sus vidas y fueron testigos y víctimas de las amenazas de las patotas de criminales que destrozaron sus hogares, sostuvo Federico Pagliero, uno de los abogados responsables de motorizar la causa, en representación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (ADPH) Regional Rosario. Los imputados son Antonio Parvellotti, ex subjefe del Departamento de Informaciones D2 de la Policía de Santa Fe; Eduardo Riuli, ex oficial ayudante del D2; Víctor Brusa, que al momento de los hechos era secretario del juzgado federal; Oscar Valdéz, ex oficial ayudante del D2, y Fernando Mendoza, que ex comisario de la seccional de Laguna Paiva.

–¿Cuál es la importancia de este juicio que se hará en 2025?–, consultó elDiarioAR a Pagliero.

–De este nuevo debate se puede abrir un precedente novedoso para la ampliación de los sujetos de derechos y los juzgamientos por crímenes de lesa humanidad porque además de las víctimas directas, que fueron los hombres y las mujeres buscados, también hubo familias e hijos abandonados.

–¿El abandono constituye un delito de lesa humanidad? 

–Por supuesto y eso surge con claridad de los testimonios. “Sobrevivimos de casualidad”, nos relataron las víctimas que durante los secuestros pasaron hambre, penurias y situaciones muy dolorosas. Busqué antecedentes de estos delitos en los juicios por crímenes de lesa humanidad y no los hay, por lo que será un acto de reparación para estos hombres y mujeres que durante años no se animaron a hablar o no pudieron hacerlo.

–¿Podría aseverarse que el terrorismo de Estado tuvo como objetivo también a las infancias, en algunos casos?  

–Es así, porque la persecución genocida no solo se dio contra las personas que tenían militancia política, sino también contra sus familias. Por el valiente testimonio de 16 sobrevivientes, que eran niños en 1980, constatamos que hubo terrorismo de Estado contras las infancias llevado adelante mediante secuestros, torturas, abuso sexual y en mayor medida, mediante el abandono de las infancias luego del secuestro de sus padres.

Constatamos que hubo terrorismo de Estado contras las infancias llevado adelante mediante secuestros, torturas, abuso sexual y en mayor medida, mediante el abandono de las infancias luego del secuestro de sus padres

Federico Pagliero — Representante de la APDH

La APDH Rosario emitió un comunicado en relación a la causa Laguna Paiva II, cuyo debate oral comenzará en junio de 2025. “Las niñas y niños de Laguna Paiva tendrán su juicio”, se tituló el documento en el que se señala que “es un juicio histórico de lesa humanidad por incluir un delito inédito en la historia de estos debates”. “Se juzgará el abandono de persona en relación a los niños y niñas que fueron abandonados cuando sus padres y madres fueron secuestrados por la patota genocida del centro clandestino 'D2' de Santa Fe”, puntualizó el pronunciamiento.

En diálogo con elDiarioAR, Norma Ríos, de 72 años, miembro honoraria de la APDH a nivel nacional, de la que es su secretaria sobre casos de delitos de lesa humanidad, e integrante de la mesa directiva de Rosario, señaló que “es inmensa” la importancia del juicio. “Hasta aquí, sólo se habló de las víctimas directas, entre las que está la apropiación de niños, pero nunca de los chicos que estaban en las casas cuando golpearon, secuestraron o asesinaron a sus padres”, sostuvo. “Aunque a algunos los hayan entregado a familiares, es inmenso e inimaginable el dolor de los chicos que durante años callaron esos abusos y torturas. Y hay que sacarlo a la luz. Es preciso poner sobre la mesa la perversión y esa crueldad contra la niñez porque les pasó a muchos y nunca hablaron. Hay que romper con ese silencio y con ese dolor que sobrellevan hombres y mujeres que ya son mayores de 40 años”, destacó la Ríos.

Hasta ahora sólo se habló de las víctimas directas, entre las que está la apropiación de niños, pero nunca de los chicos que estaban en las casas cuando golpearon, secuestraron o asesinaron a sus padres

Norma Ríos — APDH

La dirigente hizo hincapié en que estos delitos, en este caso, se cometieron en una ciudad pequeña, como Laguna Paiva, que hoy tiene alrededor de 16.000 habitantes, en donde fue difícil romper el silencio por la estigmatización que pesaba sobre los padres de estos niños. “En el pueblo nos decían 'ahí van los tirabombas o los tupamaros'”, contó Mario Páez, quien reconoció que fue duro sacar esos recuerdos. Por eso, Ríos destacó el trabajo del equipo legal.

Sobre ello, el abogado Pagliero, de 37 años, admitió que fue complicado comenzar a hablar con esos adultos sobre lo que les había sucedido en la niñez. “Viajamos mucho a Laguna Paiva, nos encontramos varias veces y eso generó un ambiente de confianza. Tanta, que nos sorprendió que cuando empezaron a hablar los primeros después se sumó el resto y no pararon de recibir información y testimonios. Parecíamos un equipo de Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) rompiendo un silencio de más de 40 años”, rememoró. “Hoy somos como una gran familia”, reflexionó.

En el pueblo nos decían 'ahí van los tirabombas o los tupamaros'

Mario Páez — Secuestrado a los 14 años

El ensañamiento

En el TOF de Rosario ya se realizó en 2021 el juicio “Laguna Paiva I”, también impulsado por la APDH Rosario, cuyo resultado fueron condenas de entre 5 y 6 años, que dejó insatisfechos a los denunciantes pero que fue la punta del ovillo para este segundo juicio. En esa ocasión, fue Mario Páez, de 60 años, el único testigo que era un niño cuando se abordaron los secuestros de su padre, tíos y parientes adultos, todos ocurridos entre febrero y abril de 1980.

En ese primer juicio quedó en claro que el grupo de tareas D2 se ensañó con Catalino Páez y su extensa familia. Una particularidad es que todos los hermanos Páez se casaron con las hermanas Medina, formaron una gran familia en Laguna Paiva y sufrieron en carne propia la persecución estatal. 

¿Por qué Catalino? Criado en el campo, trabajó desde joven en el frigorífico Nelson, en Laguna Paiva, en donde se sumó a la militancia político obrera al integrarse al Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y convertirse en la cara visible de la organización sindical La Lucha. Fue protagonista de huelgas, era una voz con fuerte predicamento en su pueblo y fue el responsable de su partidario en la zona, por lo que estuvo en la mira de las fuerzas represivas desde antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Cuando se producen las primeras desapariciones, el dirigente abandona el pueblo y se aleja a “un exilio interno”, como lo describe su hijo mayor, Mario. De ser una familia en la que se vivía con un sueldo fijo se convierten en nómades que se afincaban en pueblos pequeños para dedicarse durante meses a actividades del campo, como trabajar en cosechas. “A veces, muchas, apenas había para comer”, rememora.

En ese recorrido para escabullirse, Catalino y su familia se instalan en Lima, provincia de Buenos Aires, en donde trabajan en la fabricación artesanal de ladrillos. Antes de dar con el dirigente, las fuerzas represivas secuestraron a Miguel Páez, a su esposa Elva Medina y a sus cuatro hijos. La hija mayor, de 15 años, fue torturada. También caen sobre Graciela Páez y sus cuatro hijos. En la ciudad de Esperanza, en Santa Fe, se llevan a María Ceferina Páez, a su esposo y dejan a sus cinco hijos abandonados en la casa familiar. La hija mayor, de 13 años, buscaría durante días a sus padres hasta llegar a la comisaría de la localidad, en donde es detenida y sometida a abusos, aunque todavía no pudo darse con la identidad de sus autores, que serían del D2 de Santa Fe. En Seres, finalmente, se llevan a Ramona Páez. Un raid delictivo con el que los genocidas unieron piezas hasta dar con el último destino de Catalino y su familia.

“Nos amenazaban con armas que apoyaban en el cuello”

El 15 de febrero de 1980, Catalino amaneció con problemas de salud y se fue a ver a un médico en el pueblo, recordó a elDiarioAR su hijo Mario. Por entonces, el matrimonio tenía ocho hijos: Mario (14 años), Mónica (12), Ramón (10), Carlos (9), Jesús (6) César (5) y Ceferino, de 18 meses. Juana estaba embarazada de María, de dos meses. Cuando su padre no estaba, uniformados rodearon la humilde vivienda, golpearon a su madre, lo tomaron a él de los pelos y lo tiraron al piso. “A los dos nos preguntaban por mi padre, mientras nos amenazaban con armas que nos apoyaban en el cuello”, recuerda. Una hora más tarde, su padre regresó del pueblo y apenas se dio cuenta de la situación fue encapuchado y golpeado de manera salvaje. Los tres fueron llevados a dependencias del D2, ubicadas en la esquina de San Martín y Obispo Gelabert, en el centro de Santa Fe. Catalino y su esposa fueron torturados y golpeados. Mario también. 

Sus hermanos, agregó Mario, sobrevivieron unos días con la venta de los ladrillos que ya estaban terminados, hasta que una familia vecina los acogió. Después, fueron a parar a servicios sociales del Estado provincial, hasta que fueron recuperados por su madre un mes después, luego de ser liberada. “En ningún caso de los Páez y Medina hubo muertes pero sí una sistemática violación a los derechos humanos. Además de perseguirlos y haberles saqueado sus casas, los dejaron sin nada. Esos niños vieron escenas que jamás olvidarán y que quizás encuentren algo de consuelo en la justicia”, sostuvo el abogado Pagliero. Catalino fue liberado en 1984 y retornó a la militancia.

“La gente se olvida”

En la voz de Mario Páez no hay bronca, ni sed venganza. Relata con tranquilidad cada suceso pero sí salen a la superficie sus dudas, preguntas sin respuestas. “¿Por qué nos pasó esto a nosotros y con ese odio, si mi padre y mis tíos jamás agarraron un arma, eran hombres de trabajo, de campo? ¿Por qué la gente se olvida y prefiere mirar para otro lado? ¿Por qué tuvimos que esperar tanto tiempo para que haya algo de justicia?”. Muchos por qué, que quizás no sean todos respondidos en un nuevo juicio, aunque las familias tienen esperanzas.

Cuando elDiarioAR pregunta cómo recuerda a su padre, Mario se derrumba. Su voz se quiebra. Intenta hablar pero no puede. Hace silencio. Pide disculpas. Como si tuviera que pedir perdón por conmoverse una víctima de la última dictadura cívico militar que vio como torturaban a su padre, al que casi no reconoció por el rostro deformado de los golpes. Y que vio también de qué manera pateaban a su madre en el vientre, pese a que clamaba que no lo hicieran porque estaba embarazada. 

“Mi padre fue un hombre comprometido con sus ideas –dice–, con ganas de vivir en un país justo y reivindicaba las luchas de los postergados. No merecemos el olvido, solo justicia por tanto dolor”.

DC/MG