Las cuentas de Vox correspondientes a 2023, publicadas en su página oficial, volvieron a dejar constancia de los sobresueldos que el partido de extrema derecha paga a varios miembros de su dirección, encabezada por su presidente, Santiago Abascal, uno de los aliados internacionales de Javier Milei. Según confiesa la propia formación, ese año fueron una docena de dirigentes los que se repartieron un total de 646.522,19 euros. Aunque Vox no especifica cuánto cobra cada uno, si esa cantidad se divide entre los 12, cada uno recibió cerca de 54.000 euros anuales. Además de Abascal, ocho de ellos ocupan un escaño bien en el Parlamento Europeo, como en el caso de Jorge Buxadé, o bien en el Congreso de los Diputados o en una Cámara autonómica. Todas las instituciones les obligan a cumplimentar una declaración de bienes en la que deben desvelar sus ingresos y concretar el origen de estos. Pero casi ninguno lo hace.

El propio Abascal, en su primera declaración de bienes presentada en el Congreso en agosto del 2023, aseguraba ingresar del partido 37.357,00 euros “como asalariado por cuenta ajena” por su cargo como presidente de Vox. Pero poco después, en una ampliación de su declaración, el líder de la extrema derecha añadía a esa cantidad otros 18.000 euros anuales como presidente del grupo parlamentario, dinero que sale de la subvención que cobra Vox del Congreso. Sumando ambas cifras dan algo más de 55.000 euros anuales, cantidad que coincide con los sobresueldos que recibieron los citados miembros de la cúpula de Vox de 2023. Además, como diputado por Madrid, Abascal ingresa 3.236,32 euros al mes en catorce pagas, más otros 992,31 euros, también mensuales, para afrontar los gastos que les origina la actividad de la Cámara baja, que están libres de impuestos. Pero no suma más complementos, como sí lo hacen muchos otros miembros de su propio grupo.

Además de Abascal, en la cúpula de Vox en ese año cobraron del partido Ignacio Garriga, Javier Ortega Smith, María Ruíz Solas, Jorge Buxadé, Enrique Cabanas, Pablo Sáez Alonso, Manuel Mariscal, Rosa Cuervas, Montserrat Lluís, Javier Cortés e Ignacio Hoces.

Hoces era hasta hace poco vicesecretario de Institucional de Vox y ahora ocupa la vicesecretaría de Acción Política. Sin embargo, el diputado por Badajoz en su declaración del Congreso se limita a explicar que en 2023 recibió 89.056 euros brutos en concepto de “retribuciones dinerarias”, sin especificar la procedencia de esos ingresos. Es el único dato que aporta, puesto que la hoja de su declaración está prácticamente en blanco: solo añade que pagó por IRPF en el último ejercicio 24.817 euros y que en la fecha que la presentó (agosto de 2023, como los demás diputados y diputadas) poseía en su cuenta corriente 262.425 euros. Ni vivienda, ni vehículos, ni créditos, ni plan de pensiones, ni acciones. El diputado por Badajoz no aporta ningún otro dato más que esas “retribuciones dinerarias”, su saldo en el banco y lo que pagó a Hacienda. 

Como todos los demás diputados, Hoces recibe al mes 3.236,32 euros más otros 2.078,92 euros para los gastos de su actividad en la Cámara al ser parlamentario de una circunscripción diferente a Madrid. A ellos suma los complementos como vocero de comisión (2.006 euros como gastos de representación y 1.067,24 euros de libre disposición, que no están sujetos a retenciones). Aunque ostenta dos vocerías y una vocería adjunta, no puede acumular todos esos complementos por lo que solo cobra uno.

Su compañero Manuel Mariscal, diputado por Toledo, confiesa que ha recibido un “salario bruto anual como vicesecretario nacional de Comunicación” –cargo que conserva en la actualidad– de 55.000 euros anuales, es decir, que Vox le abona 18.000 euros más que al propio Abascal de las arcas del partido.

Mariscal es mucho más explícito que Hoces y declara tener el 50% de una vivienda (no se sabe dónde) adquirida en marzo de 2023, justo en la fecha en la que pidió un préstamo hipotecario por 340.000 euros de los que por entonces debía 338.296. Además, posee una moto Piaggio Fly y un BMW serie1; pagó 37.421 euros a Hacienda y tenía entonces 15.500 euros en su cuenta corriente.  

El responsable de Comunicación de Vox recibe como todos los diputados una nómina del Congreso mensual de 3.236,32 euros y otros 2.078,92 euros para los gastos de su actividad parlamentaria, a lo que suma un complemento también mensual como vocero de Comisión de más de 3.000 euros (2.006 euros como gastos de representación y 1.067, 24 euros de libre disposición), que no están sujetos a retenciones.

Ortega Smith: 156.443 euros por “actividades económicas y rendimientos”

Javier Ortega Smith, que pasó a ser simple vocal del Comité Ejecutivo Nacional cuando antaño era vicepresidente primero de Vox, también cobró en 2023 un sueldo de la formación, como en años anteriores. Ortega Smith es diputado por Madrid y concejal del Ayuntamiento de la capital en donde ostenta la vocería del grupo, pero la ley le impide cobrar dos sueldos públicos. Según ha desvelado él mismo, ha preferido recibir solo su nómina del Congreso, superior también a la de Abascal, ya que a los 3.236,32 euros al mes en catorce pagas, más otros 992,31 euros, también mensuales, para afrontar los gastos que les origina la actividad de la Cámara baja, suma los complementos como vocero de Comisión.

En su declaración del Congreso Ortega Smith se limita a desvelar que ingresa 156.443 euros por “actividades económicas realizadas y rendimientos obtenidos” y que tiene “participación en comunidad de bienes” por importe de 7.591 euros. Dice que pagó de IRPF 9.642 euros y que posee varias viviendas: una en la localidad madrileña de Soto del Real (50% por compraventa); dos en Castropol (una al 25% por herencia, y la otra al 100% por compraventa); un solar también en la misma localidad asturiana (un 16,66% por compraventa); otra vivienda en Madrid (el 100%, fruto de una donación) y otra más en Toledo (de un 12,50% por herencia). Tiene cinco cuentas corrientes con un total de 91.370 euros, un Mitsubishi Outlander comprado en 2021 y un Opel Rekord Olympia de 1965 que el alcalde José Luis Martínez-Almeida no le dejará usar a partir del 1 de enero de 2025, salvo que se le dé la consideración de 'vehículo histórico'. 

En la lista de los bien pagados figura también el eurodiputado y jefe de la delegación de Vox en Bruselas, Jorge Buxadé, exvicesecretario nacional de la formación de extrema derecha que perdió galones y en el nuevo organigrama figura como vocal de la Ejecutiva y como responsable de la Coordinación Jurídica del partido junto con Marta Castro. Buxadé, en su primera declaración de bienes presentada a medidos del pasado mes de julio en la Eurocámara, aseguraba haber ingresado de Vox por su antiguo cargo 2.200 mensuales, es decir, cerca de 26.500 euros anuales si fue en 12 pagas, más otros 18.000 euros anuales como “abogado en ejercicio”. En otra declaración posterior firmada a finales de septiembre de este mismo año asegura no recibir nada del partido y tener unos ingresos de 3.000 euros mensuales como abogado.

A esas cantidades hay que sumar sus ingresos como parlamentario europeo, que Buxadé no detalla, pero que ascienden a cerca de 8.000 euros netos mensuales, al margen de las diferentes dietas y complementos que paga el Parlamento Europeo a sus diputados, que pueden ascender a otros 4.500 euros adicionales.

Garriga tampoco especifica lo que cobra de Vox

Otro de los afortunados es Ignacio Garriga, al que Abascal ascendió tras la última Asamblea General extraordinaria celebrada en enero de este año nombrándole vicepresidente único y secretario general de Vox. Garriga, que es diputado en el Parlament de Catalunya, cobra de la cámara autonómica 88.973,60 euros anuales, además de 16.032,44 en concepto de dietas. En su declaración de actividades y bienes de finales de mayo de este año, sin embargo, no especifica si recibe dinero de Vox por su cargo de secretario general. En la casilla que se refiere al “importe aproximado de cuentas corrientes y otros depósitos bancarios” en la fecha de la declaración, que incluye solo la parte correspondiente al declarante, el líder catalán de Vox declara tener 3.000 euros y un coche de Renting Kia desde finales de 2022.

En junio, Garriga fue denunciado por una compañera de su propio partido de pasar a la Cámara, como presidente del grupo parlamentario de Vox, facturas con gastos personales por un valor de más de 39.000 euros entre 2021 y 2022, según adelantó El Confidencial. Así lo acreditó un informe del Parlament catalán en el que se confirmaba que el dirigente de Vox habría cargado gastos como la cuota de la AMPA de sus hijos, servicios de peluquería o tickets de comida a domicilio de la aplicación Glovo. Desde la formación de extrema derecha se limitaron a decir que “en ningún caso” el informe apuntaba que hubiera hecho “nada ilegal o irregular”. Tras ser reconvenido por la Mesa del Parlament, dijo que ya había “subsanado algunos errores” y se defendió diciendo que había una “campaña en contra de su honorabilidad” y la de Vox.

Entre el elenco de dirigentes en nómina de Vox está también la diputada por Madrid María Ruíz Solás, que ahora ocupa la Vicesecretaría de Organización Territorial y Relaciones Institucionales. La formación le abonó en 2023 su parte correspondiente a esos 646.522 euros anuales que se repartieron 12 miembros de la cúpula. Pero la diputada se limita a afirmar en su declaración de bienes registrada en el Congreso al inicio de la legislatura que recibe “nóminas” por un importe de 29.581 euros aunque no aclara quién es el pagador.

También desvela que pagó de IRPF 11.687 euros, dice que tiene una “vivienda habitual” fruto de una “compraventa” para la que en 2019 solicitó un crédito de 364.000 euros y un segundo piso de “herencia” del que solo posee “un 25% de pleno dominio”, ambos en Madrid. En la capital posee además un 5% de una oficina y un local comercial en participaciones de una sociedad. La diputada de Vox declara que, en ese momento, tenía en su cuenta corriente 35.405 euros y dos vehículos, un Mitsubishi Space, y un Lexus 250 UX para cuya compra pidió un préstamo en 2023 de 12.000 euros.

Junto a todos ellos también figura que cobró de Vox el Tesorero, Pablo Sáez, que es diputado por Valladolid y está el Comité Ejecutivo Nacional. Pero como la mayoría de sus demás compañeros diputados, Sáez no especifica cuánto ingresó del partido y en su declaración del Congreso simplemente pone 34.401 euros como “retribuciones salariales netas percibidas”. Sáez pagó 35.291 euros de IRPF y tiene varias viviendas: una en Madrid (pleno dominio al 50%) con plaza de garaje y otras tres en Segovia (pleno dominio de un 8,33%), Valladolid (pleno dominio del 30%) y Alicante (pleno dominio del 50%). Ha pedido un préstamo hipotecario y tres personales. Asegura tener en sus tres cuentas corrientes un total de 13.762 euros. El Tesorero de Vox tiene un Hyundai Kona híbrido y otro Hyundai i10, ambos adquiridos en 2022.

Javier Cortés Lucena, que ahora es el vicesecretario de Gerencia de Vox y presidente del Grupo Parlamentario de Vox en Andalucía, se limita también a reconocer que su cargo orgánico dentro del Partido Vox en Andalucía es “retribuido”, pero no dice cuánto cobra.

El resto de los doce dirigentes de la cúpula de Vox que recibieron al menos en 2023 nóminas y figuran en la lista facilitada en las cuentas de la formación no tiene cargos públicos, aunque ahora varios de ellos permanecen en los órganos del partido con diversas responsabilidades. Es el caso de Rosa Cuervas, que es responsable de prensa en el Congreso de los Diputados y vocal de la Ejecutiva Nacional; Montserrat Lluis, que es vicesecretaría de Acción de Gobierno y Coordinación Parlamentaria, o Enrique Cabanas, que ocupa la Vicesecretaría de Presidencia y Coordinación General.

La Corte Suprema declaró esta tarde extinta la causa por sobresueldos con fondos reservados de la SIDE en la que el exministro de Economía Domingo Cavallo fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión.

A través de un fallo, el máximo tribunal consideró que se violó “el plazo razonable” ya que el proceso se demoró 18 años.

Además, determinó “inoficioso un pronunciamiento del Tribunal en relación con Carlos Sául Menem” por estar fallecido y declaró “procedente el recurso extraordinario interpuesto por la defensa de Domingo Felipe Cavallo y revocar la sentencia apelada, declarándose extinguida la acción penal por prescripción y disponiéndose el sobreseimiento del nombrado”.

El sumario tuvo por objeto la investigación de la supuesta sustracción sistemática de caudales públicos entre 1989 y 1999 mediante la asignación mensual, y en forma paralela a las remuneraciones del cargo, de sumas de dinero a diversos funcionarios de la más alta jerarquía del Poder Ejecutivo Nacional en concepto de gastos protocolares, compensaciones y sobresueldos.

Ese dinero provenía de partidas presupuestarias asignadas a fondos de carácter reservado cuya utilización, de acuerdo a las normas legales que los regulaban, se encontraba exclusivamente destinada a las actividades relacionadas a la defensa y seguridad del Estado.

MM