Argentina exigió este lunes una actuación “inmediata” de la Corte Penal Internacional (CPI) ante el “deterioro” de la situación en Venezuela, y Caracas respondió acusando a Buenos Aires de erigirse en un “falso defensor de derechos humanos”, en un cruce de declaraciones que tensó la apertura de la Asamblea de Estados Parte del tribunal en La Haya.

El representante de Argentina, Diego Emilio Sadofschi, advirtió que las “elecciones fraudulentas de julio de 2024” agravaron la situación en Venezuela y lamentó la falta de avances por parte de la CPI desde que la Fiscalía abrió formalmente la investigación en 2021 sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad atribuidos al Gobierno de Nicolás Maduro.

“Las detenciones arbitrarias, los tratos inhumanos y otros crímenes de lesa humanidad que perpetra el régimen venezolano requieren investigaciones rigurosas, pero expeditivas, incluyendo órdenes de arresto contra los principales responsables”, advirtió Sadofschi.

En una respuesta inmediata, el embajador venezolano, Héctor Constant Rosales, acusó al Gobierno de Javier Milei de “politizar” de “forma altisonante” la conferencia para atacar “de manera inoportuna” la legitimidad del Ejecutivo venezolano.

Además, tildó de “vergonzosa” la conducta argentina en organismos multilaterales y denunció que Buenos Aires ha votado recientemente contra varias resoluciones de la ONU sobre derechos humanos, incluida una adoptada el pasado 20 de noviembre sobre tortura y tratos crueles, lo que, aseguró, contradice compromisos regionales y la sitúa como “un falso defensor de derechos humanos”.

El choque entre ambos países marcó una de las intervenciones más tensas de la sesión, en el primer día de una semana de conferencia en la que la CPI examina tanto el avance de su investigación sobre Venezuela y otros países, como la cooperación de los países miembros con el tribunal, entre otras cosas, en materia de ejecución de órdenes de arresto.

El representante argentino aclaró hoy que la decisión de Buenos Aires de no bloquear el consenso en la Asamblea que se celebra esta semana “no debe interpretarse como un gesto hacia Venezuela”, sino como una prueba del “compromiso” de Argentina con la CPI y con el funcionamiento de la propia Asamblea, en particular en las negociaciones sobre los países en situación de impago.

En este sentido, Caracas atribuyó su deuda con la institución a las “medidas coercitivas unilaterales ilegales” que, dijo, le impiden cumplir con sus obligaciones financieras, y aseguró que, una vez levantadas esas sanciones, podrá saldar los pagos pendientes con el tribunal.

“Conocemos de la particular sensibilidad en el caso de las medidas coercitivas unilaterales, sabiendo que la Corte hoy, desafortunadamente, es también víctima de estas prácticas que atentan contra el derecho internacional”, agregó Constant Rosales, en referencia a las sanciones estadounidenses que emitió la Administración de Donald Trump contra nueve funcionarios de la CPI por emitir órdenes de detención contra responsables israelíes, incluido el primer ministro Benjamín Netanyahu.

Este cruce entre Venezuela y Argentina se produjo minutos después de que la Fiscalía de la CPI anunciara que cerrará su oficina en Caracas por la falta de “progreso real” de Venezuela en materia de “complementariedad”, el principio que exige al país en cuestión investigar seriamente los crímenes de los que se le acusa antes de que intervenga este tribunal.

La CPI abrió la investigación sobre Venezuela en 2018 a raíz de una remisión de varios países, pero Caracas intentó repetidamente frenar el caso, alegando que su sistema judicial está llevando a cabo investigaciones internas. La Corte rechazó esa posición en 2023 y autorizó la reanudación de las pesquisas por crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos desde 2017.

Fiscalía de CPI cerrará su oficina en Caracas

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) anunció este lunes que cerrará su oficina en Caracas por la falta de “progreso real” con Venezuela en materia de “complementariedad”, el principio que exige al país en cuestión investigar seriamente los crímenes de los que se le acusa antes de que intervenga este tribunal.

El fiscal adjunto, Mame Mandiaye Niang, explicó su discurso de apertura de la 24ª Asamblea de Estados Parte de la CPI que, pese al “compromiso sostenido” mantenido con las autoridades venezolanas, la CPI concluyó que “el progreso real sigue siendo un reto”, por lo que decidió clausurar la oficina instalada en el país sudamericano en 2024 para trabajar junto a las autoridades venezolanas.

“Siendo conscientes de la necesidad de gestionar eficazmente nuestros recursos limitados, hemos decidido cerrar nuestra oficina en Caracas”, señaló Niang.

No obstante, Niang subrayó que la investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela “permanece activa” y dirigida por un equipo de fiscales que seguirá trabajando desde La Haya.

Caracas siempre rechazó esta investigación, alegando que debía respetarse el principio de complementariedad, por el que el tribunal internacional complementa la justicia nacional del país, no la sustituye, y solo puede intervenir si el Estado afectado no investiga.

El cierre de la oficina marca un giro en la relación entre la CPI y Caracas, que durante meses sostuvo intercambios con el tribunal en torno a la responsabilidad penal por las acusaciones por violaciones de derechos humanos en el país.

El fiscal Karim Khan dijo en abril de 2024 que la apertura de esa oficina era una “oportunidad única” para seguir avanzando en las investigaciones sobre presuntos crímenes de lesa humanidad y crear -señaló- un vínculo entre las leyes y el apoyo técnico que prestarán a la nación caribeña.

La CPI abrió la investigación sobre Venezuela en 2018 a raíz de una remisión de varios países. El Gobierno de Nicolás Maduro intentó repetidamente frenar el caso, alegando que su sistema judicial está llevando a cabo investigaciones internas, pero la Corte rechazó esa posición en 2023 y autorizó la reanudación de las pesquisas por crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2017. 

EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves una nueva orden ejecutiva con el objetivo de sancionar a la Corte Penal Internacional (CPI) por “sus acciones contra Estados Unidos y sus aliados”, en referencia a Israel. El mandatario dice en ese documento que la Corte Penal Internacional emprendió “acciones ilegítimas e infundadas contra Estados Unidos” e Israel, definido como un “aliado estrecho”, y ha “abusado aún más de su poder al emitir órdenes de arresto infundadas” contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Galant.

En concreto, la orden busca imponer restricciones financieras o dificultar la obtención de visados para viajar a Estados Unidos a individuos de la CPI que colaboren en investigaciones del tribunal que afecten a ciudadanos estadounidenses o a aliados de Washington. El documento entiende por aliado el gobierno de un país miembro de la OTAN o de un socio destacado que no pertenezca a esa organización.

La orden ejecutiva habla de una “conducta maligna” de la Corte Penal Internacional que, en su opinión, “amenaza con infringir la soberanía de Estados Unidos y socava la labor crítica de seguridad nacional y política exterior del Gobierno estadounidense” y de sus aliados.

La CPI condena la orden de Trump

En respuesta, el tribunal internacional condenó la orden ejecutiva que pretende “imponer sanciones a sus trabajadores y perjudicar su labor judicial independiente e imparcial”. “La Corte apoya firmemente a su personal y se compromete a seguir proporcionando justicia y esperanza a millones de víctimas inocentes de atrocidades en todo el mundo, en todas las situaciones que se le presenten”, dice en un comunicado. “Hacemos un llamamiento a nuestros 125 Estados Partes, a la sociedad civil y a todas las naciones del mundo para que permanezcan unidos en favor de la justicia y los derechos humanos fundamentales”.

“Trump está descontento porque la CPI está investigando crímenes cometidos por Netanyahu, amigo de EEUU. ¿Debe la Corte Penal Internacional investigar solo al enemigo de EEUU, Vladímir Putin, o puede tambien investigar imparcialmente a gente como Netanyahu? Esa es la cuestión”, dijo Luis Moreno Ocampo, exfiscal jefe del tribunal.

Para Amnistía Internacional, las sanciones contra la CPI “traicionan” el sistema de justicia internacional. “Esta acción temeraria envía el mensaje de que Israel está por encima de la ley y de los principios universales de la justicia internacional. Sugiere que el presidente Trump respalda los crímenes del Gobierno israelí y está abrazando la impunidad”, dice Agnès Callamard, secretaria general de la organización de derechos humanos. “La orden ejecutiva de hoy es vengativa. Es agresiva. Es un paso brutal que busca socavar y destruir lo que la comunidad internacional ha construido laboriosamente durante décadas, si no siglos: reglas globales que son aplicables a todos y tienen como objetivo impartir justicia para todos. Las sanciones constituyen otra traición a nuestra humanidad común”.

Visita de Netanyahu

La firma de esta orden ejecutiva llega después de la reunión de Trump el martes con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a quien en noviembre señaló la Corte Penal con una orden de arresto por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por el Ejército israelí en la Franja de Gaza. Su ministro de Defensa, Yoav Galant, también está incluido en esa orden vigente de detención. Netanyahu se encuentra de visita en Washington hasta el sábado y ha mantenido reuniones con importantes figuras del Congreso y del Gobierno, incluido el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Este mismo jueves, el primer ministro israelí mantuvo encuentros con los senadores Lindsey Graham, del Partido Republicano, y Richard Blumenthal, del Partido Demócrata. También mantuvo una reunión con el senador Tom Cotton, que lidera el comité de Inteligencia de la Cámara Alta. Además, la oficina de Netanyahu ha confirmado que regaló un busca de oro como los que hizo estallar en Líbano dejando 37 muertos y miles de heridos.

En 2020, durante su primer mandato, Trump ya impuso sanciones contra la entonces fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, y uno de sus principales asesores debido a una investigación del tribunal sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por tropas estadounidenses en Afganistán.

La medida de Trump llega después de que la semana pasada los demócratas del Senado, en minoría en esa cámara, bloquearan un intento liderado por los republicanos para sancionar a la CPI en respuesta a sus órdenes de arresto contra Netanyahu y su exministro de Defensa,Yoav Gallant, por la ofensiva israelí en Gaza.

La CPI, creada a través del Estatuto de Roma, es un tribunal internacional con la misión de juzgar a personas acusadas de crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio. 

Estados Unidos, China, Rusia e Israel no son miembros de la corte y, por lo tanto, no reconocen su jurisdicción.

Es la primera vez en la historia que la Corte Penal Internacional (CPI) emite órdenes de arresto contra un primer ministro israelí, tras la solicitud presentada en mayo por el fiscal jefe de dicho organismo, Karim Khan.

Las presiones a la Corte Penal Internacional

Han transcurrido seis meses desde aquella petición, durante los cuales la propia oficina del fiscal jefe ha denunciado presiones y amenazas: “'Esta Corte fue construida para África y para matones como Putin', me dijo un destacado dirigente. Nosotros no lo vemos así. Este Tribunal es legado de Núremberg, esta Corte debería ser el triunfo de la ley sobre el poder y la fuerza bruta. No vamos a ser disuadidos por amenazas”, contó el propio fiscal Khan en mayo, en la CNN.

Ahora, a pesar de las presiones, la Corte señala que hay motivos razonables para considerar a Netanyahu y Gallant responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad, como “inanición como método de guerra”, “asesinato, persecución y otros actos inhumanos” contra la población de Gaza. Los tres jueces del panel que ha adoptado esta decisión consideran que Netanyahu y Gallant “privaron de modo intencionado y a sabiendas a la población civil de Gaza de objetos indispensables para su supervivencia”.

Desde hace años Israel ha estado vigilando a altos funcionarios de la Corte y a trabajadores de derechos humanos palestinos, “como parte de una operación secreta para frustrar la investigación sobre presuntos crímenes de guerra”, según reveló el pasado mes de mayo la publicación israelí +972 Magazine.

Acá el tema central no es cuándo lo arrestan, sino qué van a hacer Trump, Biden, Alemania, España, etc, ante esta orden

Moreno Ocampo, exfiscal jefe del Tribunal Penal Internacional

De qué depende el cumplimiento de la orden

El ex fiscal jefe fundador de la Corte Penal, Luis Moreno Ocampo -en el cargo entre 2003 y 2012- contó recientemente, en una entrevista en elDiario.es, que Estados Unidos le pidió cerrar la investigación preliminar sobre Palestina en varias ocasiones, algo que detalla en su reciente libro.

Este jueves, en conversación con este medio, Moreno Ocampo subrayaba que estas órdenes de arresto “limitarán a Netanyahu, no va a poder viajar a 124 Estados”, en referencia a los países que forman parte del Estatuto de Roma.

La Corte no cuenta con policía propia ni con otros mecanismos para el cumplimiento, pero la importancia de estas órdenes es notable. Nunca antes se habían emitido mandatos de detención contra líderes israelíes.

“Hay una Corte Internacional existente que dictamina que Israel está cometiendo un crimen. Acá el tema central es qué hacemos con esa información, qué pasa con los demás líderes del mundo, qué van a hacer Trump, Biden, Alemania, España, etc”, señala Moreno Ocampo a este diario.

Los 124 países que han ratificado el Estatuto de Roma tienen el deber de cumplir si la persona afectada pisa su territorio

Joan Garcés, abogado de derecho internacional

“Donald Trump ya sancionó a Fatu Bensouda [exfiscal jefe del Tribunal cuando Trump era presidente] como si fuera una terrorista por investigar a EEUU, ¿España y otros países van a dejar que pase eso? Este es el tema central. No es cuándo lo arrestan, sino cómo reacciona el mundo cuando el Tribunal Penal Internacional dice que esto que está haciendo Netanyahu es un crimen”, añade el exfiscal jefe fundador de esta Corte.

Reed Brody, abogado estadounidense especializado en derechos humanos -con un papel importante en los juicios contra los exdictadores de Chad o de Haití, Habré y Duvalier- indica a elDiario.es que “estas órdenes refuerzan el creciente consenso internacional en torno a la naturaleza criminal de la guerra de Israel contra el pueblo de Gaza”.

“Suponen que el mundo de Netanyahu y Gallant se limita ahora a los países que no han ratificado el Tratado de la Corte Penal Internacional”, añade.

El profesor en Princeton y exdirector de Human Rights Watch, Keneth Roth, lo expone así: “Los países miembros de la CPI están obligados a detener a Netanyahu y Gallant si se atreven a poner un pie en su territorio. De repente, el mundo se ha vuelto mucho más pequeño para estos dos altos mandatarios israelíes”.

Esta orden refuerza el creciente consenso internacional sobre la naturaleza criminal de la guerra de Israel contra el pueblo de Gaza

Reed Brody, abogado de derechos humanos

El doble rasero y los obstáculos

En Israel, tanto los partidos que integran el Gobierno como los de la mayoría de la oposición han criticado duramente las órdenes de arresto de la CPI. “La decisión antisemita de la Corte Internacional de La Haya es un moderno juicio Dreyfus y terminará de la misma manera”, afirmó el primer ministro Netanyahu en la noche de este jueves.

Además de Israel, otros cinco países han criticado el anuncio del tribunal: Austria, República Checa, Estados Unidos, la Argentina de Milei y la Hungría de Orbán.

Washington defiende una la ley internacional de quita y pon, aplicada solo para sus adversarios, y no reconoce la jurisdicción de la Corte en el caso israelí. Así lo ha vuelto a resaltar este jueves el Gobierno estadounidense, a través de varios portavoces y del propio Biden, quien ha tachado de “escandalosa” la orden de la CPI.

El pasado 30 de abril el portavoz del Secretario de Estado de EEUU afirmó que Washington no cree que esta Corte Internacional “tenga jurisdicción sobre este asunto”, pero que sí trabaja “en estrecha colaboración con dicha Corte en una serie de áreas claves: Ucrania, Sudán, Darfur”. Estados Unidos acogió con celebración la orden de arresto contra Vladimir Putin en marzo de 2023.

Además de Israel, otros 5 países han criticado la orden de la Corte: Austria, Argentina, República Checa, EEUU y Hungría

Las presiones y este doble rasero afectan a la credibilidad de Washington en el escenario global y generan preocupación ante los intentos de debilitar la imagen de la Corte Penal. El mundo presencia un pulso entre la defensa del derecho internacional y el ataque de EEUU al papel de los tribunales de La Haya.

Ya en mayo, cuando el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional solicitó estas órdenes de detención, el presidente Joe Biden calificó de “indignante” esa petición, y el Secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, planteó la posibilidad de sancionar al Tribunal de la Haya.

Michael Waltz, futuro asesor de Trump en Seguridad Nacional, anunció este jueves “una fuerte respuesta en enero [cuando Trump asuma la presidencia] al sesgo antisemita de la Corte Penal Internacional y de Naciones Unidas”, en referencia a posibles sanciones contra ese tribunal.

Además de las medidas contra Netanyahu y Gallant, la CPI también ha emitido una orden contra el comandante de Hamás Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri, conocido como Deif, cuya muerte fue anunciada por Tel Aviv pero no ha podido ser comprobada por el tribunal. La solicitud de órdenes de arresto contra otros dos líderes de Hamás, Ismail Haniya y Yahia Sinwar, no ha prosperado, porque ambos fueron asesinados por el Ejército israelí.

Para ejercer la jurisdicción de la Corte no hace falta ni la autorización, ni el permiso, ni el visto bueno de Israel

Almudena Bernabeu, abogada internacional

El abogado Joan Garcés, impulsor del juicio contra el dictador chileno Augusto Pinochet, explica a este diario que los 124 países que han ratificado el Estatuto de Roma tienen el deber de cumplir la orden del Tribunal si el primer ministro israelí o su exministro de Defensa pisan el territorio de alguno de ellos.

A su vez, Garcés reconoce las dificultades de la aplicación “frente a presuntos infractores que controlan los recursos de un Estado, que desafían la credibilidad de los tribunales nacionales e internacionales,”.

En sus veintidós años de existencia -con órdenes de arresto contra 59 personas-, la Corte Penal Internacional nunca había acusado a un líder aliado de la comunidad occidental. “De hecho, ningún tribunal internacional lo ha hecho desde la Segunda Guerra Mundial. Es un hito en la historia de la justicia internacional, tan inédito como justificado y tardío”, señala Reed Brody.

Con ello, el abogado hace referencia al uso de los instrumentos de la justicia internacional usados casi exclusivamente “para abordar crímenes de enemigos derrotados, como en los tribunales de Núremberg y Tokio, parias sin poder, especialmente de África, u opositores a Occidente como Putin o Milošević.”

Este doble rasero está afectando a la credibilidad de EEUU en el escenario global

En conversación con elDiario.es, la abogada especializada en derecho internacional Almudena Bernabeu, destaca la importancia “de la legitimidad de la Corte Internacional” y señala que, “para ejercer la jurisdicción del Tribunal, no hace falta ni la autorización, ni el permiso, ni el visto bueno de Israel”.

Los dos tribunales de La Haya están dando herramientas a los Estados de la ONU para que apliquen el derecho internacional, en un momento en el que el Comité Especial de Naciones Unidas acaba de concluir que los métodos de Israel en Gaza son compatibles con las características de genocidio.

Las órdenes de arresto de la CPI refuerzan a su vez el marco de la otra Corte Internacional, la de Justicia, que en enero ordenó a Israel que no bloqueara la entrada a Gaza de la ayuda humanitaria necesaria, algo que Tel Aviv ha incumplido, como confirman ahora los jueces de la Corte Penal.

Organizaciones internacionales de derechos humanos, como Amnistía Internacional, destacan que las órdenes de arresto de la Corte de La Haya representan “un avance histórico para la justicia y deben señalar el comienzo del fin de la impunidad persistente y generalizada que está en el corazón de la crisis de derechos humanos en Israel y el territorio palestino ocupado”.

Estas órdenes rompen con la percepción de que ciertas personas están fuera del alcance de la ley

Human Rights Watch

“Estas órdenes rompen con la percepción de que ciertas personas están fuera del alcance de la ley”, ha subrayado la organización internacional Human Rights Watch.

A última hora de este jueves, el propio fiscal jefe de la Corte Internacional, Karim Khan, emitió un comunicado en el que anuncia que su oficina está impulsando “líneas de investigación adicionales en zonas bajo la jurisdicción del Tribunal, que incluyen Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este”, territorios todos ellos afectados por la ocupación ilegal israelí.

“He subrayado que la ley existe para todos, que su función es reivindicar los derechos de todas las personas”, resalta Khan en su declaración, en línea con su postura de estos meses de atrás. “Nadie está por encima de la ley, ningún pueblo”, señalaba en mayo.

Es un avance histórico para la justicia y debe señalar el inicio del fin de la impunidad persistente en Israel y territorios palestinos

Amnistía Internacional

El pasado mes de julio el máximo tribunal de Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia, emitió un dictamen en el que resalta el carácter ilegal de la ocupación de esos territorios y en el que pide a los Estados miembros de la ONU la suspensión del comercio e inversiones que puedan contribuir de algún modo a esa ocupación.

Al hilo de ese dictamen, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó en septiembre -por 124 votos a favor, incluido el de España- una resolución que exige el fin de la ocupación ilegal israelí en un plazo de doce meses y pide el fin del comercio o las inversiones que puedan contribuir a la misma.

Desde octubre de 2023 más de 44.000 palestinos han muerto en Gaza por ataques israelíes, según cifras aportadas por las autoridades sanitarias. Israel está aplicando una operación de expulsión contra el norte de la Franja, forzando nuevos desplazamientos y bombardeando espacios donde se cobijan las personas refugiadas. Además, el bloqueo a la entrada de la ayuda necesaria ha provocado hambre y enfermedades que están causando un número indeterminado de muertes.