La Cámara Federal de Casación resolvió este martes el procesamiento del expresidente Alberto Fernández en la casa por la contratación de seguros durante su gobierno. Según la resolución, también fueron procesados el broker Héctor Martínez Sosa y su esposa, María Cantero, ex secretaria privada del ex mandatario.

Además, Casación procesó a Osvaldo Alfredo Tortora; Agustín Beraldi; Emanuel Raúl Andrés Calvo y Andrés Severino, todos por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y, en el caso de Cantero, incumplimiento de los deberes de funcionario público.

También confirmó los procesamientos y prohibiciones de salida del país de Alberto Carlos Pagliano, Gustavo Carlos García Argibay, Carlos Alberto Soria, Fernando Arana y Mauro Damián Tanos por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y defraudación contra la administración pública.

Con información de la agencia NA

La defensa del ex presidente Alberto Fernández apeló el procesamiento en la causa Seguros y pidió a la Cámara Federal porteña le que dicte la falta de mérito mientras se profundiza la investigación y se ordenan nuevas medidas de prueba.

La apelación fue presentada por la abogada del exmandatario, Mariana Barbitta, luego del procesamiento dictado el viernes último por el juez federal Sebastián Casanello por presuntas “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”.

La defensa sostiene que el expresidente terminó procesado por delitos en base a los cuales nunca se le tomó declaración indagatoria y “conductas novedosas” sin haber tenido la oportunidad de ejercer su defensa, informaron fuentes judiciales.

El procesamiento se resolvió en base a “una plataforma fáctica y jurídica” por la cual Fernández no fue indagado y, ante ello, pidió la falta de mérito mientras avanza la investigación.

Entre las “conductas novedosas” que la defensa entiende que forman parte de la imputación, está atribuirle crear el cargo de secretaria privada para María Cantero, la esposa del broker Héctor Martínez Sosa, ambos también procesados.

Además se lo acusa de montar “una oficina que pasó a ser asiento de un grupo empresarial cual él mismo había participado”.

La defensa aludió a la gravedad institucional y democrática que significaría procesar a un ex presidente “en base a una investigación periodística” sin que haya una pesquisa judicial “seria, amplia y objetiva”. En el escrito se aludió a una “persecución infundada” y ahora deberá resolver el Tribunal de Apelaciones.

Con información de agencias.

IG

El expresidente Alberto Fernández fue procesado este jueves sin prisión preventiva en la causa Seguros por el delito de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”. Así lo dispuso el titular del Juzgado Criminal y Coreccional 11, Sebastián Casanello, que además ordenó trabar embargo sobre los bienes y dinero del expresidente por el monto de “$ 14.634.220.283,68”.

El magistrado también procesó al empresario Héctor Martínez Sosa y a su esposa, María Cantero, histórica secretaria de Fernández.

Además dispuso el procesamiento sin prisión preventiva del extitular de Nación Seguros Alberto Pagliano y de ex miembros del directorio como Gustavo García Argibay, Sebastián Diaz Bancalari, Fernando Arana, Carlos Soria y Mauro Tanos.

También a Santiago Fraschina, un economista que estuvo a cargo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS)

Casanello asumió la subrogancia del juzgado federal 11, donde se lleva la causa que investiga presuntos delitos en la contratación de pólizas de seguros por parte de organismos públicos durante el gobierno del Frente de Todos (FdT).

A todos se les imputa “haber intervenido mancomunadamente en forma coordinada y funcional, aproximadamente entre el mes de diciembre de 2019 y el mes de diciembre de 2023, en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos por medio del irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas en ”Nación Seguros S.A.“.

Para ello, “una parte de los nombrados, con la connivencia de Fernández, habría operado en la contratación de seguros de diversos entes estatales, y en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre dichos entes y la aseguradora ”Nación Seguros S.A.“”, detalló la imputación.

“La maniobra habría requerido de la intervención intencional de funcionarios públicos de ´Nación Seguros SA´ y también de las distintas reparticiones estatales tomadoras de los seguros en cuestión”, dice la resolución.

Con información de la agencia NA

El juez federal Sebastián Casanello resultó sorteado esta mañana para quedar al frente como subrogante del Juzgado Federal 11, lugar que está vacante desde la muerte de su titular Claudio Bonadio.

El sorteo se hizo en la Secretaría de la Cámara Federal porteña y, de esta manera, desde el 12 de febrero Casanello reemplazará a Julián Ercolini, el magistrado que estuvo al frente del juzgado 11 en los últimos años.

En este juzgado tramita la Causa Seguros que tiene como acusado al ex presidente Alberto Fernández.

En las últimas horas, la Cámara Federal porteña había rechazado un planteo del expresidente Alberto Fernández para apartar al juez federal Julián Ercolini del caso Seguros, en una resolución firmada por el juez Roberto Boico.

“Las críticas presentadas por el litigante no avalan objetivamente el temor de parcialidad que invocó en pos del apartamiento”, sostuvo el juez Boico sobre los planteos del ex presidente, quien el lunes último había concurrido en persona a los tribunales de Comodoro Py para exponer sus argumentos ante el magistrado en una audiencia.

Ercolini seguirá así al frente del caso al menos hasta el 11 de febrero, cuando vence su subrogancia en el Juzgado Federal 11 donde está radicada esta investigación y desde esa fecha lo reemplazará Casanello.

En noviembre pasado, el expresidente fue indagado por Ercolini en la causa por supuesto fraude al Estado a través de brokers de Nación Seguros. Fernández negó las acusaciones ante el magistrado, presentó un escrito con su versión de los hechos y sólo respondió preguntas de su abogada, Mariana Barbitta.

El expresidente es investigado en el marco del expediente por la supuesta contratación de pólizas de seguros para organismos públicos a través del broker Héctor Martínez Sosa, esposo de su secretaria privada. Fernández está imputado por los supuestos delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles con la función pública.

Fernández está acusado por la Fiscalía de supuestamente haber intervenido “en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos por medio del irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros”. Estos hechos habrían ocurrido “en forma coordinada y funcional”, entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023.

Como Presidente, Fernández firmó un decreto que obligaba a los organismos del Estado a contratar pólizas a la empresa de seguros del Banco Nación, Nación Seguros. Fue una decisión política, no judiciable, según dijo Fernández al juez este miércoles.

En las contrataciones de algunos organismos aparecieron brokers o intermediarios en las contrataciones que cobraron millonarias comisiones. Uno de ellos fue Martínez Sosa, esposo de la secretaria privada de Fernández, María Cantero.

El juzgado estableció que, presuntamente, “una parte de los nombrados, con la connivencia de Fernández, habría operado en la contratación de seguros de diversos entes estatales, y en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre dichos entes y la aseguradora ´Nación Seguros ”, detalla el llamado a indagatoria.

Ercolini sostuvo que se utilizaron “empresas coaseguradoras” y que la maniobra “habría requerido de la intervención intencional de funcionarios públicos de Nación Seguros y también de las distintas reparticiones estatales tomadoras de los seguros en cuestión”. 

De acuerdo con el juzgado, Fernández y Martínez Sosa eran también amigos. Los “uniría una íntima y añeja amistad”, sostuvo en un dictamen. “Habrían existido numerosos obsequios y préstamos de los miembros de la pareja (Martínez Sosa y Cantero) para con el entonces presidente de la Nación, entre ellos dinero, joyas y el uso de inmuebles por parte de empleados de ambas partes”, advirtió el juez en el llamado a indagatoria.

Con información de agencias.

IG

La Cámara Federal porteña rechazó hoy un planteo del expresidente Alberto Fernández para apartar al juez federal Julián Ercolini del caso Seguros, en una resolución firmada por el juez Roberto Boico.

“Las críticas presentadas por el litigante no avalan objetivamente el temor de parcialidad que invocó en pos del apartamiento”, sostuvo el juez Boico sobre los planteos del ex presidente, quien el lunes último había concurrido en persona a los tribunales de Comodoro Py para exponer sus argumentos ante el magistrado en una audiencia.

Ercolini seguirá así al frente del caso al menos hasta el 11 de febrero, cuando vence su subrogancia en el Juzgado Federal 11 que está vacante y donde está radicada esta investigación.

Al respecto, mañana habrá un sorteo en los tribunales de Retiro para designar nuevo magistrado subrogante por el plazo de un año.

Ercolini quedó sin embargo en condiciones de definir situaciones procesales en la investigación porque esta semana concluyó la ronda de declaraciones indagatorias.

Fernández intentó por segunda vez apartarlo de la pesquisa; la primera fue sin éxito en junio del año pasado.

El lunes último el ex mandatario asistió en persona a una audiencia ante Boico junto a su abogada Mariana Barbitta e invocó “temor de parcialidad” y enemistad manifiesta por parte del juez, que debería ser apartado por “razones de decoro y delicadeza”, dijo.

Al dar detalles de las razones de esa enemistad, la abogada mencionó “razones de ideología política y también desde el plano personal”. También entregó impresiones en papel de capturas de pantalla que expondrían supuestos mensajes de texto entre el juez y Fernández. Además cuestionó la cobertura mediática que tuvo su declaración indagatoria del 27 de noviembre pasado y la tildó de “emboscada”.

Boico rechazó la recusación y advirtió que la documentación “conteniendo supuestos chats alojados en el teléfono celular de un tercero a la causa -no identificado-, carece de las condiciones mínimas exigibles para que sean considerados como prueba valorable en el enjuiciamiento incidental”.

Sobre la presencia periodística en la indagatoria “por los pasillos de los tribunales” y antes de su ingreso a la audiencia“, señaló que ”no es una situación que esté –ni reglamentariamente ni en la práctica- bajo el control o la organización del magistrado“.

“Tampoco lo es el interés que los medios puedan o no prestar al asunto. Las calificaciones empleadas por la defensa (habló de una suerte de ”emboscada“) hacen a su apreciación subjetiva al respecto y, en lo que a esta resolución concierne, responden a la arena de lo conjetura”, concluyó el camarista.

En la causa se investiga la gestión de brokers, entre ellos Héctor Martínez Sosa, esposo de la ex secretaria del ex presidente, Maria Cantero, como intermediarios en la contratación de pólizas de seguros para organismos públicos.

Con información de la agencia NA

La Cámara Federal porteña rechazo este mediodía un planteo de la defensa del expresidente Alberto Fernández para que se declare la nulidad de la declaración indagatoria a la que ya fue sometido en la Causa Seguros. La decisión de la sala dos del tribunal de apelaciones fue tomada por los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico y la misma confirmó el rechazo al planteo resuelto por el juez del caso Julián Ercolini, informaron fuentes judiciales.

Con esta decisión, Ercolini queda en condiciones de definir la situación procesal de Fernández a quien indagó el 27 de noviembre pasado. La defensa a cargo de la abogada Mariana Barbitta había reclamado la nulidad de la citación por presunta falta de claridad en la imputación hecha a Fernández. 

En la causa se investiga el direccionamiento irregular del a contratación de pólizas de seguro mediante brokers para organismos públicos durante su gobierno.

Con información de la agencia NA

La causa que investiga delitos con la contratación de pólizas de seguros para organismos públicos en el gobierno de Alberto Fernández iniciará este viernes la ronda de declaraciones indagatorias de exfuncionarios y será el turno de Alberto Pagliano, extitular de Nación Seguros.

Pagliano tendrá que presentarse a las 11 ante el juez federal Julián Ercolini y el fiscal Carlos Rivolo, en una jornada donde se programaron otras dos indagatorias, la del exdirector de Nación Seguros Gustavo García Argibay y la del extitular del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) de ANSES, Federico D Angelo Campos.

El extitular de Nación Seguros llegó al cargo durante el gobierno de Fernández. Fue en esta gestión cuando se firmó el decreto que dispuso que todas las pólizas de seguro estatales debían contratarse con esa compañía y, en caso de ser necesario, recurrir a intermediarios como el broker Héctor Martínez Sosa, otro de los acusados.

Este último fue indagado este jueves, se negó a contestar preguntas pero dejó un escrito en el cual se refirió a Pagliano y negó haber ejercido “influencia” alguna sobre el entonces funcionario.

“Si bien no somos amigos, nos conocemos hace muchos años porque ambos tenemos una trayectoria en el mercado asegurador. Pero de ninguna manera ejercí una influencia sobre él mientras cumplía sus funciones”, escribió.

A su vez, al ser indagado el miércoles último, el ex presidente Alberto Fernández ratificó que es amigo de Martínez Sosa pero dijo creer que eso “no es delito” y que nunca pidió nada a favor del broker.

MM con infomación de la agencia NA.

El expresidente Alberto Fernández fue indagado este miércoles por el juez federal Julián Ercolini en la causa por supuesto fraude al Estado a través de brokers de Nación Seguros. El exmandatario negó las acusaciones ante el magistrado, presentó un escrito con su versión de los hechos y sólo respondió preguntas de su abogada, Mariana Barbitta.

“Fue una audiencia tensa al principio”, dijo la penalista a la prensa al término de la declaración de Fernández, quien dejó el edificio de los tribunales federales de Retiro resguardado por su custodia oficial. La tensión, explicó Barbitta, fue en el marco del planteo de Fernández para que el juez Ercolini se aparte del expediente.

Fernández inició la audiencia de indagatoria planteándole al juez del caso que se maneja con arbitrariedad y que debe apartarse de la causa. “No está ante un juez imparcial, no le garantiza seguridad y tranquilidad”, dijo la abogada a la salida de los tribunales.

Fernández fue indagado en el marco del expediente por la supuesta contratación de pólizas de seguros para organismos públicos a través del broker Héctor Martínez Sosa, esposo de su secretaria privada. Fernández está imputado por los supuestos delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles con la función pública.

El expresidente es acusado de supuestamente haber intervenido “en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos por medio del irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros”. Estos hechos habrían ocurrido “en forma coordinada y funcional”, entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023.

La acusación es “infundada, falsa y arbitraria”, dijo la abogada del expresidente. “Fernández no benefició a nadie y el decreto que firmó impedía la intermediación” en la contratación de seguros, afirmó la penalista.

Según la abogada “hubo direccionamiento político” en la decisión de la Justicia de investigar el caso. “Este acto de indagatoria es nulo”, dijo la defensa.

Como presidente, Fernández firmó un decreto que obligaba a los organismos del Estado a contratar pólizas a la empresa de seguros del Banco Nación, Nación Seguros. Fue una decisión política, no judiciable, según dijo Fernández al juez este miércoles.

En las contrataciones de algunos organismos aparecieron brokers o intermediarios en las contrataciones que cobraron millonarias comisiones. Uno de ellos fue Martínez Sosa, esposo de la secretaria privada de Fernández, María Cantero.

“El decreto es jurídicamente impecable y legítimo”, dijo Barbitta ante los medios. “El objetivo del decreto fue cortar la cartelización. Tiene antecedentes con YPF y otros organismos, con el propósito de limitar la posibilidad de que las divisas salieran al exterior”, al contratas a empresas de capitales extranjeros.

Fernández dedicó parte de su escrito a explicar cómo son los procesos de contratación de seguros y que el decreto no posibilitó la intermediación de broker.

El juzgado estableció que, presuntamente, “una parte de los nombrados, con la connivencia de Fernández, habría operado en la contratación de seguros de diversos entes estatales, y en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre dichos entes y la aseguradora ´Nación Seguros ”, detalla el llamado a indagatoria.

Ercolini sostuvo que se utilizaron “empresas coaseguradoras” y que la maniobra “habría requerido de la intervención intencional de funcionarios públicos de Nación Seguros y también de las distintas reparticiones estatales tomadoras de los seguros en cuestión”. Además de Fernández, también deben declarar ante el juez Martínez Sosa y su esposa, María Cantero; además de otros dos brokers, Pablo Torres García y Oscar Castello.

De acuerdo con el juzgado, Fernández y Martínez Sosa eran también amigos. Los “uniría una íntima y añeja amistad”, sostuvo en un dictamen. “Habrían existido numerosos obsequios y préstamos de los miembros de la pareja (Martínez Sosa y Cantero) para con el entonces presidente de la Nación, entre ellos dinero, joyas y el uso de inmuebles por parte de empleados de ambas partes”, advirtió el juez en el llamado a indagatoria.

ED/MG

Media hora antes de lo previsto, el expresidente Alberto Fernández llegó este miércoles a los tribunales de Comodoro Py para ser indagado por el juez federal Julián Ercolini en el marco del expediente por la supuesta contratación de pólizas de seguros para organismos públicos a través del broker Héctor Martínez Sosa, esposo de su secretaria privada. Fernández está imputado por los supuestos delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles con la función pública.

Se espera que el exmandatario declare ante el magistrado y el fiscal federal Carlos Rívolo, según adelantaron a elDiarioAR fuentes ligadas a la defensa de Fernández. En la indagatoria, el imputado puede negarse a declarar, pero el expresidente accedería a dar su versión de los hechos, acompañado por su abogada, la penalista Mariana Barbitta.

Fernández había solicitado la anulación del llamado a indagatoria pero el juez Ercolini rechazó su pedido y ratificó que debe presentarse este miércoles. Así, el expresidente debió abandonar el aislamiento en el que se mantiene desde que se conocieron las denuncias por violencia de género por parte de su ex pareja, el 6 de agosto pasado.

En la causa judicial Nación Seguros se incorporaron fotografías encontradas en el teléfono celular de la exsecretaria privada de Fernández, María Cantero, donde se ve al entonces presidente y a Martínez Sosa reunidos en una dependencia de la quinta de Olivos, frente a gráficos y papeles, informaron fuentes del caso.

En el caso conocido como la causa de los seguros, el expresidente es acusado de supuestamente haber intervenido “en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos por medio del irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros”. Estos hechos habrían ocurrido mancomunadamente en forma coordinada y funcional, aproximadamente entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023.

La empresa favorecida es Nación Seguros SA, pero en particular, según la acusación, el beneficiario sería Martínez Sosa, quien oficiaba como representante de la compañía y recibía comisiones por cada organismo que contrataba el seguro señalado.

El juzgado estableció que, presuntamente, “una parte de los nombrados, con la connivencia de Fernández, habría operado en la contratación de seguros de diversos entes estatales, y en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre dichos entes y la aseguradora ´Nación Seguros ”, detalla el llamado a indagatoria.

Ercolini sostuvo que se utilizaron “empresas coaseguradoras” y que la maniobra “habría requerido de la intervención intencional de funcionarios públicos de Nación Seguros y también de las distintas reparticiones estatales tomadoras de los seguros en cuestión”. Además de Fernández, también deben declarar ante el juez Martínez Sosa y su esposa, María Cantero; además de otros dos brokers, Pablo Torres García y Oscar Castello.

De acuerdo con el juzgado, Fernández y Martínez Sosa eran también amigos. Los “uniría una íntima y añeja amistad”, sostuvo en un dictamen. “Habrían existido numerosos obsequios y préstamos de los miembros de la pareja (Martínez Sosa y Cantero) para con el entonces presidente de la Nación, entre ellos dinero, joyas y el uso de inmuebles por parte de empleados de ambas partes”, advirtió el juez en el llamado a indagatoria.

Fernández abrirá la ronda de indagatorias, que alcanza a otros 38 acusados y está citado a partir de las 10 de la mañana.

El 11 de diciembre tendrá que concurrir a la segunda citación ante el mismo juez, pero en otra causa penal: está denunciado por violencia de género contra la exprimera dama Fabiola Yañez.

ED con información de agencias.

El expresidente Alberto Fernández deberá presentarse el próximo miércoles a las 10 a prestar declaración indagatoria en la causa seguros, que investiga la supuesta contratación de pólizas para organismos públicos a través del broker Héctor Martínez Sosa, su examigo. Será la primera declaración indagatoria de Fernández en una causa penal desde que dejó el gobierno.

En la causa judicial se incorporaron fotografías encontradas en el teléfono celular de la exsecretaria privada de Fernández, María Cantero, donde se ve al entonces presidente y a Martínez Sosa reunidos en una dependencia de la quinta de Olivos, frente a gráficos y papeles, informaron fuentes del caso.

Ese material forma parte de la prueba que el miércoles le será exhibida al expresidente frente al juez federal Julián Ercolini y al fiscal Carlos Rivolo, a cargo del caso.

Una de las imágenes es del 3 de julio de 2021 y forma parte de varias fotos halladas en el celular de Cantero peritado por la Justicia en esta causa penal.

Fernández abrirá la ronda de indagatorias que incluye a otros 38 acusados y está citado el próximo miércoles a las 10.

El 11 de diciembre tendrá que concurrir a la segunda citación ante el mismo magistrado, en otra causa penal en la que está denunciado por violencia de género contra la exprimera dama Fabiola Yañez.

En el caso seguros, al expresidente se lo acusa de “haber intervenido mancomunadamente en forma coordinada y funcional, aproximadamente entre el mes de diciembre de 2019 y el mes de diciembre de 2023, en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos por medio del irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas en ´Nación Seguros S.A´”.

Para ello, “una parte de los nombrados, con la connivencia de Fernández, habría operado en la contratación de seguros de diversos entes estatales, y en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre dichos entes y la aseguradora ´Nación Seguros ”, detalla la imputación.

También “en la inclusión de empresas coaseguradoras por parte de ésta. La maniobra habría requerido de la intervención intencional de funcionarios públicos de ´Nación Seguros´y también de las distintas reparticiones estatales tomadoras de los seguros en cuestión”. Además están citados a indagatoria Héctor Martínez Sosa y su esposa Cantero, y otros dos brokers, Pablo Torres García y Oscar Castello .

“Corresponde señalar que a Martínez Sosa lo uniría una íntima y añeja amistad con Fernández, además de su relación con la secretaria presidencial Cantero, y habrían existido numerosos obsequios y préstamos de los miembros de la pareja para con el entonces presidente de la Nación, entre ellos dinero, joyas y el uso de inmuebles por parte de empleados de ambas partes”, advirtió el juez.

MM con información de la agencia NA.