En los últimos veinte años, Argentina construyó un consenso democrático básico en torno a dos ideas: que la violencia por razones de género es un problema de toda la sociedad y no solo de quien lo sufre, y que el acceso a la justicia debe garantizarse para todas las personas. Ese proceso dio paso a avances normativos, institucionales y culturales que fortalecieron los dispositivos para abordar situaciones de violencia y abuso. La discusión actual debería partir de ese piso para consolidar y mejorar lo construido. 

El Proyecto de Ley S-0228/2025 que se busca avanzar en el Senado propone modificar los artículos 245, 275 y 277 del Código Penal para agravar las penas por denuncias falsas, falso testimonio y encubrimiento, exclusivamente cuando los casos involucran violencia de género, integridad sexual o niños, niñas y adolescentes. La preocupación declarada, evitar el abuso del sistema judicial, es atendible en abstracto. Sin embargo, hay abundante evidencia de que la reforma produciría efectos opuestos a los que el proyecto declara.

Un diagnóstico inexacto

En Argentina no existen datos oficiales que señalen un problema sistemático de denuncias falsas en casos de violencia de género. De acuerdo a estimaciones del Consejo de la Magistratura, menos del 3% de todas las denuncias penales serían falsas y corresponden en su mayoría a delitos económicos: estafas, defraudaciones, contrabando. A nivel mundial, según ONU Mujeres, las denuncias falsas en violencia de género representan menos del 1% de los casos. En España, uno de los pocos países con estadísticas oficiales sobre este fenómeno, el porcentaje histórico es de 0,0084%.

Estos datos demuestran que en todo caso, el problema no se vincula con un exceso de denuncias sino, precisamente, lo contrario. La Encuesta de Prevalencia de Violencia implementada en el marco de la Iniciativa Spotlight de la Unión Europea, identificó que el 45% de las mujeres argentinas sufrió violencia alguna vez en su vida por parte de su pareja actual o anterior, pero sólo 1 de cada 4 buscó ayuda o llegó a denunciar. Los datos del Registro de Femicidios de la Corte Suprema para 2024 son todavía aún más contundentes: de 228 víctimas directas de femicidio, hay información que indica que apenas el 18% denunció a su victimario, y menos del 5% tenía medidas de protección vigentes al momento del femicidio. El problema no es que haya demasiadas mujeres que denuncian, el problema es que son muy pocas las que llegan a denunciar.

Uno de los puntos más problemáticos de este proyecto es que facilitará la equiparación de denuncia desestimada por falta de pruebas con “denuncia falsa”. No es lo mismo. A veces la prueba es insuficiente, el proceso se dilata, o las circunstancias del hecho, que casi siempre ocurren en espacios privados, sin testigos, en contextos de relaciones asimétricas, hacen extremadamente difícil la acreditación judicial. La falta de prueba no es sinónimo de que el hecho no haya existido. La jurisprudencia de la Cámara Nacional de Casación Penal reconoce que estos casos “suelen ocurrir en lugares íntimos y alejados de la vista de terceras personas”. Asumir que lo que no pudo probarse en la justicia penal fue producto de una denuncia falsa es una confusión que la amenaza de tres a seis años de prisión vuelve concreta: opera como un mecanismo de autocensura anticipada, incompatible con las obligaciones estatales de eliminar los obstáculos para el acceso a la justicia. Es cierto, también la “denuncia falsa” deberá probarse en la justicia penal y es posible que no haya condena pero el problema es anterior: desincentiva la denuncia, restringe la posibilidad de buscar ayuda, funciona como elemento de coerción.

Incorporar la frase “a sabiendas de la falsedad” en la nueva redacción del artículo 245 no resuelve el problema de fondo. El delito de falsa denuncia actualmente previsto en el Código Penal ya requiere dolo, es decir, intencionalidad; en ese sentido, la modificación no agrega nada nuevo. Lo que sí agrega, con efectos reales sobre personas reales, es lo que instala en el imaginario social: que denunciar puede volverse en contra de quien busca ayuda.

Denunciar violencia de género ya presenta numerosas barreras que fueron bien documentadas: económicas –la falta de patrocinio jurídico gratuito obliga a muchas mujeres a endeudarse o desistir–, de información, de sesgos institucionales que desacreditan o minimizan las denuncias, de revictimización, de procesos que se extienden por años sin lograr resolución, y de medidas de protección que muchas veces no alcanzan para garantizar la seguridad de las denunciantes ni de testigos. El proyecto de modificación del Código Penal no propone abordar ninguno de estos obstáculos. Por el contrario, agrega uno nuevo. Al extender el agravamiento de las penas al falso testimonio, el proyecto desincentiva también la participación de profesionales de la salud y de peritos cuyo testimonio muchas veces es el único sostén probatorio en estas causas, especialmente cuando hay niños y niñas involucrados.

Además, el proyecto entra en clara contradicción con una ley que el Congreso de la Nación votó hace poco más de dos años por unanimidad. Se trata de la Ley Lucio, que propone la obligación de capacitar y de denunciar cualquier situación que se conozca de abuso o violencia tanto para profesionales de la salud, docentes y demás personas que conozcan de situaciones de abuso o violencia. ¿Cuál es el mensaje que se quiere dar a las víctimas, a los profesionales y a la sociedad? ¿Van a estar ahí para brindar ayuda o esto se les va a volver como un boomerang porque la Justicia no da respuestas adecuadas y en un tiempo razonable? La respuesta que necesitamos es mejorar la Justicia, no amenazar penalmente.

Lo que no puede ser falsificado

En febrero de 2026 Argentina fue evaluada por el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas. En las observaciones finales de su informe, el Comité expresó especial preocupación por el efecto disuasorio de este proyecto de reforma sobre las mujeres que buscan protección y exhortó al Estado a retirar el proyecto. Es más: entre las cuatro observaciones que identificó como prioritarias incluyó el fortalecimiento de los dispositivos de acceso a la justicia y la restitución de programas como el Acompañar y la Línea 144, desfinanciados en los últimos dos años. Si el Congreso aprueba esta reforma, incumplirá con una observación del organismo cuya supervisión la Argentina aceptó al ratificar la Convención.

No es el único incumplimiento. La Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres establece que el Estado debe “elaborar, implementar y monitorear un Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres”. Ese plan no existe. A más de dos años de iniciada esta gestión, no hay desde el Estado nacional una iniciativa que mejore la calidad de vida de quienes atraviesan situaciones de violencia, ni que responda a los problemas estructurales que los datos señalan una y otra vez. Por el contrario, hay retrocesos institucionales y desinversión en los programas destinados a brindar ayudas urgentes. Y a esto se suma el proyecto: una respuesta punitiva que no resuelve el conflicto, dirigida a quienes ya tienen problemas para acceder al sistema de justicia.

Este proyecto, que en su última versión contempla penas de entre tres y seis años para quienes denuncien “falsamente” violencia de género –penas más altas que el mínimo de seis meses previsto por el artículo 119 del Código Penal para el abuso sexual simple– indica cuáles son las prioridades que sustenta esta iniciativa.

La iniciativa presentada en el Senado define como “falsas” las denuncias que no logran probarse. Eso es estadísticamente excepcional. No se puede legislar sobre excepciones ignorando la problemática estructural: la violencia que ocurre todos los días en espacios privados y que la mayoría de las veces no llega a ninguna institución, la Justicia que demora, el Estado que en lugar de eliminar obstáculos propone sumar uno más y con condena penal.

Analizar esta problemática estructural con datos confiables y debates honestos resulta esencial para mejorar el acceso a la justicia en los casos de violencia de género. Denunciar no puede convertirse en un riesgo. Es urgente lograr que la resolución de los conflictos no se extienda indefinidamente en el tiempo en perjuicio de todas las partes involucradas y que ese proceso evite la revictimización de quienes se animaron a dar el paso más difícil: pedir ayuda.

NG/MG

“¿Qué tengo que hacer para que jueguen bien? ¿Meterlas en la ducha y cogerlas?” “¿Tus papás saben que sos lesbiana?” “¿Por qué no me mandás fotos tuyas?” “Mirá cómo estoy. Nunca me había pasado. Vos me ponés así”. 

En 2021, cinco jugadoras de la selección argentina de fútbol denunciaron al entrenador Diego Guacci por acoso y abuso sexual. Estas frases, adjudicadas a Guacci, formaron parte de la investigación que llevó a cabo la FIFA, pero el Comité de Ética terminó cerrando la causa por considerar que las pruebas eran insuficientes. Las jugadoras, que continuaron denunciando el hostigamiento y el abuso, terminaron abandonando la Selección. Guacci, en cambio, se convirtió, junto a su esposa, en un referente de la cruzada contra las “denuncias falsas”. 

Andrea Guacci, quien tomó el apellido de su esposo, fundó el Frente de Mujeres Argentinas contra las Denuncias Falsas un año después. No fue la única: según un relevamiento que realizó de manera colaborativa la Federación Nacional Red de Medios Digitales (RMD), a partir de 2021, como un contramovimiento frente al avance de los feminismos, se multiplicaron los actores –organizaciones, fundaciones y grupos de abogados– que comenzaron a alertar sobre una supuesta emergencia de denuncias falsas en casos de violencia de género.

No hay estadísticas que respalden esta supuesta emergencia que, argumentan las organizaciones, está arruinando la vida a cientos de personas y niños. Pero, valiéndose de casos particulares, como el caso Guacci o el del obstetra Pablo Ghisoni, estos actores empezaron a hacer lobby en los medios de comunicación y a reunirse con legisladores y dirigentes políticos.

En 2022, Guacci conoció a Carolina Losada, quien desde entonces se convirtió en una abanderada de la causa. En 2023, luego de perder la interna contra Maximiliano Pullaro en Santa Fe y ser electa, en cambio, como senadora, Losada empezó a encabezar audiencias itinerantes sobre las supuestas denuncias falsas en todo el país. “Están utilizando el sistema como herramienta de extorsión, amenaza, castigo o venganza”, advirtió la senadora radical y presentó un proyecto de ley que, bajo el argumento de que la Justicia aplicaba sanciones sin prueba en casos de violencia de género, endurece las penas para dos delitos que ya existen en el Código Penal: el de denuncias falsas (artículo 245) y el de falso testimonio (275).

El proyecto de ley fue presentado dos veces y, la semana pasada consiguió dictamen favorable en la comisión de Justicia del Senado. La iniciativa no crea un nuevo tipo penal, sino que endurece las penas para dos delitos existentes –denuncias falsas y falso testimonio– en aquellas acusaciones vinculadas a la violencia de género, el abuso sexual o la violencia contra niños. Todos delitos que, advierten varias organizaciones de Justicia y de Derechos Humanos, se producen en ámbitos privados y, por lo tanto, suelen ser muy difíciles de probar.

En el caso de las denuncias falsas sobre violencia de género, el proyecto de Losada convierte el delito en no excarcelable, ya que lleva la pena de 3 a 6 años (hoy es de 2 meses a un año). En el caso del falso testimonio, que afecta a testigos y peritos, lo lleva de 3 a 8 años (hoy es de un mes a 4 años). 

La iniciativa se debatirá en el Senado el próximo 28 de abril. La jefa del oficialismo, Patricia Bullrich, respalda el proyecto de Losada y está convencida de que tendrá el número para darle media sanción al proyecto. Las organizaciones de abogadas feministas están en estado de alerta: si la ley se sanciona, advierten, habrá un enorme retroceso en el acceso a la Justicia de las víctimas de violencia de género.

“El problema con el proyecto es que no aborda los problemas de acceso a la Justicia sino que por el contrario, los agrava. Si ya son muy pocas las personas que denuncian situaciones de violencia y de abuso, muchas menos habrá si enfrentan la posibilidad de ser perseguidas penalmente en el muy probable caso de que la denuncia de violencia y abuso no prospere en la Justicia”, advierte, en diálogo con elDiarioAR, la abogada Natalia Gherardi, directora del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género.

Desmitificando

El argumento de Losada y las organizaciones que impulsan el proyecto parte de la premisa de que existe un aumento significativo de las medidas judiciales en casos de violencia de género sin exigir prueba alguna. La Justicia condena hombres sin pruebas, argumentan, y les arruina la vida y los separa de sus familias. Y, si bien existen casos puntuales de denuncias falsas que derivaron en condenas, no existe en la Argentina ningún tipo de estadística que dé cuenta de un incremento de las denuncias falsas por violencia de género. Sino todo lo contrario. 

Según datos recabados por INECIP (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales), en el 2023 se dictaron 23.419 sentencias condenatorias. De ese total, que son datos proporcionados por la Dirección Nacional de Reincidencia, los casos de falsa denuncia y falso testimonio en todas las modalidades fueron 60. Es decir: el 0,25% del total de las sentencias dictadas en ese año fueron por falso testimonio y falsa denuncia.

“Los datos que existen demuestran la absoluta marginalidad y por lo tanto su irrelevancia político criminal”, advierte el INECIP, junto a decenas de organizaciones que publicaron un documento en contra del proyecto de Losada. 

El problema, sin embargo, no es solo la marginalidad estadística de este tipo de delitos –que ya existen y están tipificados–, sino las consecuencias que una política criminal orientada a endurecer las denuncias falsas por violencia de género puede tener sobre las mujeres y diversidades que denuncian. Un tipo de delito que, a diferencia de las denuncias falsas, sí tienen estadísticas oficiales que muestran que existe un profundo subregistro sobre la violencia de género. 

Según la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, solo el 18% de las víctimas de femicidio hizo una denuncia previa en 2023. Y, en el caso de los delitos contra la integridad sexual, la Encuesta Nacional de Victimización del INDEC registró que solo el 12,5% de los delitos sexuales se reportan. 

“Lejos de fortalecer la respuesta del Estado frente a la violencia, desincentivan las demandas legítimas de justicia, protección y reparación por parte de mujeres y de sus hijas e hijos, víctimas frecuentes en estos casos y propician la impunidad y repetición de estos delitos”, advirtió, en 2024, el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer de la OEA.

Con otras palabras, Anna del Boca lo señaló así: “A mi me psicopatearon de todos lados, para convencerme de pedir perdón y retractarme por todo lo que me hicieron sufrir. Eso incentivan. Son parte del problema”. Hija de la actriz Andrea del Boca, Anna denunció en 2019 por abuso sexual a su padre, Ricardo Biasotti. El empresario, sin embargo, fue absuelto por la Justicia por falta de pruebas y se convirtió en un referente de las denuncias falsas, participando, incluso, del debate que organizó Losada en el Congreso. 

Después de escucharlo exponiendo en el Senado, Anna concedió una entrevista y le advirtió a los que sostenían la bandera de las denuncias falsas: “Llámense a silencio porque es macabro lo que están haciendo”.

MCM/MG

Disciplinamiento de las mujeres, retorno a la cultura del silencio, intimidación a víctimas, testigos, investigadores y peritos. El proyecto de ley para penalizar las falsas denuncias por violencia de género apunta a profundizar obstáculos para el acceso a la Justicia, repone prejuicios que naturalizaron la violencia y preanuncia nuevos ataques contra las mujeres y las diversidades, según analizan las especialistas convocadas por elDiarioAR.

La iniciativa fue presentada por los senadores Carolina Losada, del radicalismo, y Juan Carlos Pagotto, de La Libertad Avanza, y propone sustituir el artículo 245 del Capítulo II del Código Penal, que contempla el delito de la falsa denuncia, por otro que impone prisión de uno a tres años y considera agravante únicamente a las falsas denuncias de violencia de género, que serían castigadas con penas de tres a seis años de prisión sin posibilidad de excarcelación.

“El objetivo es desalentar las denuncias y que el sistema de Justicia desconozca estos hechos”, advierte Ileana Arduino, especialista en derecho penal, seguridad y políticas de género. La abogada agrega que “el proyecto tiene sustento en el estereotipo de las mujeres mentirosas, el de las mujeres que exageran, el de las arpías vengativas; es decir, todos los estereotipos con los que las mujeres lidian cuando denuncian alguna forma de agresión contra ellas o contra quienes ellas cuidan”.

El proyecto tiene sustento en el estereotipo de las mujeres mentirosas, el de las mujeres que exageran, el de las arpías vengativas; es decir, todos los estereotipos con los que las mujeres lidian cuando denuncian alguna forma de agresión contra ellas o contra quienes ellas cuidan

Ileana Arduino — especialista en derecho penal, seguridad y políticas de género

“Lo que falta es disciplinar y aleccionar a las mujeres. Como si ahora nos dijeran: no les vamos a creer y si no lo prueban vamos a pensar que fue mentira. Esto muestra un desprecio hacia las mujeres y un desconocimiento profundo del problema social que está detrás”, destaca a su vez Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género.

Las falsas denuncias constituyen un argumento central en las acciones contra el feminismo, subraya Arduino: “Son parte del kit de la reacción conservadora antiderechos en el mundo entero. No tienen sustento fáctico o estadístico que demuestren la existencia de un problema significativo. Eso sin considerar la particular inutilidad de las reformas al Código Penal para resolver los conflictos. Puede haber casos, por supuesto, pero la ley tiene instrumentos para resolverlos: la falsa denuncia es delito desde que la Argentina tiene Código Penal”.

Esto muestra un desprecio hacia las mujeres y un desconocimiento profundo del problema social que está detrás

Natalia Gherardi — directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA)

El Senado fue escenario el 20 de noviembre de una jornada sobre las falsas denuncias donde el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, presentó un escrito en apoyo del proyecto de ley. La senadora Losada citó una estadística sobre femicidios e invocó “al verdadero feminismo”, que diferenció del “hembrismo” y luego en declaraciones radiales del “hembrismo kirchnerista”.

Según el razonamiento de la legisladora radical por Santa Fe, las falsas denuncias serían aquello que afecta la credibilidad de las mujeres y el proyecto también contempla penas de uno a cuatro años de prisión para el testigo, el perito y el intérprete “que negare o callare la verdad en todo o en parte”.

“Una falsa denuncia no tiene nada que ver con la imposibilidad de probar un hecho –señala Ileana Arduino—. Tampoco, con que un proceso se cierre sin una condena, lo que suele pasar cuando se agota el tiempo para investigar o porque las propias víctimas desertan, agobiadas por el proceso de victimización o por las prácticas del propio sistema de justicia. Lo que hay, en muchos casos, es que la intervención judicial no pone fin al conflicto y no esclarece lo que sucedió”.

Para Gherardi, “el ministro de Justicia asume que la violencia de género no existe pero defiende un proyecto que específicamente habla de la violencia de género. ”¿En qué quedamos?“, se pregunta.

Ramón Dupuy, el abuelo de Lucio Dupuy, y Andrea Guacci, presentada como referente del “frente de mujeres contra las falsas denuncias”, expusieron en la jornada en el Senado. También participó Fernanda Deluca, esposa del docente santafesino Juan Trigatti, recientemente absuelto en un juicio donde se lo acusó por abusos sexuales contra cinco niñas de una escuela que depende del Arzobispado de Santa Fe. Trigatti fue defendido por el abogado Marcos Barceló, quien dice especializarse en “falsas denuncias de género y sexuales” y sostiene que “la ideología de género ha permeado a todos los poderes judiciales del país”.

Otra barrera en la Justicia

“Una de las mejores cosas que logramos en el último tiempo fue romper silencios –afirma Ileana Arduino—. En lugar de amplificar la conversación, de buscar respuestas para las violencias naturalizadas, se quiere promover una herramienta de amedrentamiento y terror que impida enunciar. Es posible que encuentren operadores del Poder Judicial cómplices, como ocurre cuando ante la denuncia de un hecho el proceso penal se vuelve en contra de las personas que denunciaron”.

Arduino es coautora con Julián Alfie y Celeste Pousa de “El laberinto de la desinformación en el sistema penal y la violencia de género”, publicación disponible en la web del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, Inecip. El documento denuncia la falta de información sobre las respuestas del sistema judicial y de los organismos públicos a las denuncias de violencia de género: “No existe un sistema de registro de la información que permita tomar decisiones estratégicas en la gestión de este tipo de conflictos y mucho menos pensar en políticas públicas orientadas para dar mejores respuestas a las víctimas”.

Gherardi sostiene que la “intencionalidad de disciplinamiento” puede concretarse al margen del proyecto: “Para que una mujer denuncie un hecho de violencia tiene que convencerse de que hay alguien para escucharla y tomar en serio su preocupación, su situación específica. Si el mensaje oficial es que las mujeres mienten y que se agravarán las penas, ante la duda o la falta de confianza en el sistema, el efecto disuasorio puede existir ahora sin que cambie ninguna ley”.

“La credibilidad de las mujeres está siempre a prueba –sigue Arduino—, pero cala profundo el discurso de que las condenas son automáticas y de que la Justicia está dada vuelta en perjuicio de los hombres. Ese planteo supone que el feminismo generó un desequilibrio en una sociedad organizada donde las violencias no ocurrían. En realidad lo que hubo fue una visibilización mayor de lo que hasta hace nada estaba asquerosamente tapado en el ámbito familiar, vecinal, de las organizaciones políticas y culturales”.

También, gremiales, como expone una reciente condena contra el Sindicato de la Sanidad, liderado por el cosecretario general de central obrera peronista, la CGT, Héctor Daer, por hechos de abuso sexual denunciados por una empleada.

Según una investigación del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), el activismo antifeminista es de práctica en recusaciones de jueces y juezas. El documento “Herramientas para el acceso a la Justicia con igualdad” señala el cuestionamiento creciente a la perspectiva de género en resoluciones judiciales: el activismo en temas de violencia de género, la asistencia a reuniones o participación en paneles sobre la problemática y hasta los recordatorios de víctimas en los juzgados son tachados como “tendencias ideológicas” que afectarían a la defensa en juicio y al debido proceso.

“Lo que están cuestionando es que jueces y juezas cumplan con el mandato de la Constitución y de los tratados internacionales. Juzgar con perspectiva de género quiere decir considerar los hechos, analizar las pruebas, interpretar el Derecho sin estereotipos ni prejuicios contra las mujeres. La perspectiva de género trata de garantizar la imparcialidad judicial, no quiere decir que las mujeres no tengan que presentar pruebas ni que un hombre esté condenado desde el principio”, dice Gherardi.

El eventual avance de este proyecto no solo pone en jaque el acceso a la Justicia sino que también profundiza la deslegitimación de las mujeres como sujetas de derecho. Al atacar la credibilidad de las denuncias, se reabre una brecha de silencio y miedo que ya había costado demasiado cerrar. La verdadera amenaza no es la denuncia falsa sino el silenciamiento sistemático de quienes se atreven a denunciar la violencia enfrentando un sistema que parece no querer escucharlas.

OA/JJD