La Auditoria General de la Nación queda virtualmente paralizada desde hoy, ya que vencieron los mandatos de los auditores designados por el Senado y, desde hace un año, los que habían sido nominados por la Cámara de Diputados.

Desde abril de 2024 el organismo que debe controlar las cuentas de la Administración Pública funcionaba con cuatro de sus siete miembros, ya que por la disputa entre la Libertad Avanza, el PRO y la UCR no se se designaron a los reemplazantes de los auditores que finalizaron sus mandatos hace un año.

El 31 de marzo venció el mandato de los tres auditores del Senado: Graciela de La Rosa, Alejandro Nieva, y Javier Fernández. Hace un año ya habían dejado el cargo los auditores designados por Diputados, Juan Forlon y Gabriel Mihura Estrada, mientras que Miguel Angel Pichetto renunció en diciembre del 2023 al asumir su cargo.

La Auditoria quedará en manos de su presidente, el armador peronista Juan Manuel Olmos, quien tendrá las facultades delegadas para continuar con la tarea de controlar hasta que el Congreso designe sus autoridades, según se estableció en la última reunión de ese organismo.

Por ese motivo, en la última reunión de la comisión Revisora de Cuenta, su presidente, Miguel Angel Pichetto, informó que se les solicitó a los presidentes del Senado y Diputados una resolución “sobre la caducidad de los mandatos” y la necesidad de que “convoquen a los presidentes de los bloques para definir a sus representantes”.

La situación planteada genera malestar entre la Libertad Avanza y los bloques dialoguistas, en especial en la Cámara de Diputados, donde desde hace un año siguen sin poder resolver la designación de los reemplazantes de los auditores Forlon y Mihura Estrada, designados a propuesta del peronismo y de Pichetto, impulsado por el entonces Juntos por el Cambio.

El diputado de Encuentro Federal, Oscar Agost Carreño, reveló que habrá una reunión con Pichetto, Emilio Monzó y Nicolas Massot para “exigir” al oficialismo la designación de auditores, “sabiendo que se cayeron los mandatos” de los auditores designados por el Senado.

“Nuestra postura es que el Gobierno tiene que dejar de bloquear la AGN y debe constituirse la Auditoria General de la Nación y los diputados y senadores tenemos que empujar para que se conforme”, agregó.

Viola, el candidato libertario que torpedeó las negociaciones

La controversia en la Cámara de Diputados sucedió cuando la Libertad Avanza reclamó un lugar para Santiago Viola, mientras que la UCR quería ese lugar para un miembro de su partido, así como el PRO también reclamaba otro lugar, mientras que Unión por la Patria tenía asignado uno seguro, pero también aspiraba a mantener los dos que tenía.

Por su parte, fuentes de la UCR señalaron que la responsabilidad es del Kirchernismo, ya que “no quiso votar” las propuestas que le habían formulado designar a su candidato, a Mario Negri por el radicalismo, y a un tercero que, para su juicio, debía ser del PRO o LLA.

Esta postura fue rechazada por el PRO y la Libertad Avanza, que querían un lugar para cada uno de sus espacios políticos. De acuerdo a la versión de la UCR, Karina Banfi le pidió a UxP que pase el nombre de la vacante que le corresponde, pero nunca lo hicieron.

Ahora, parece complicado que ese lugar lo pueda mantener la UCR, ya que UxP tiene 98 bancas; la Libertad Avanza, 39; el PRO, 37; y la UCR, solo 20, dado que se dividió en tres sectores.

En esa ocasión, la postulación de Negri era respaldada por la UCR con 34 miembros, Coalición Cívica que tiene 6 miembros y Encuentro Federal que tiene 15, con lo cual supera tanto a la Libertad Avanza y el PRO.

Tampoco aun hay fecha en el Senado para votar a los tres auditores, ya que el peronismo reclama los dos lugares que tiene, la UCR quiere otro para Luis Naidenoff (en reemplazo de Nieva), y el oficialismo también quiere uno, pero para eso, el kirchnerismo o el radicalismo deben ceder un lugar.

Este martes hay labor en el Senado y ahí se definirá si se avanza con alguna negociación para tratar de incluirlo en la sesión del jueves, donde se tratará los pliegos a la Corte Suprema de Ariel Lijo y Manuel Garcia Mansilla.

Cuáles son las funciones de la AGN

La Auditoría General de la Nación (AGN) fue creada en 1992 por la sanción de la Ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.

En 1994, la reforma de la Constitución Nacional le otorga rango constitucional.

Es un organismo con autonomía funcional y con facultades propias, que tiene como principal misión la realización de auditorías y estudios especiales asistiendo técnicamente al Congreso de la Nación en el ejercicio del control externo del Sector Público Nacional.

Su fin es promover el uso eficiente, económico y eficaz de los recursos públicos y contribuir a la rendición de cuentas y sus resultados para el perfeccionamiento del Estado en beneficio de la sociedad.

La Auditoría realiza el control externo posterior (ex-post) a la gestión de la administración central, los organismos descentralizados, las empresas y sociedades del Estado, los Entes reguladores de servicios públicos, las instituciones de Seguridad Social, los Fondos Fiduciarios integrados con bienes y fondos del Estado, las organizaciones privadas que reciban subsidios o aportes del Estado e instituciones cuyos fondos o administración estén a cargo del Estado. 

Las autoridades de este organismo conforman el Colegio de Auditores, formado por un presidente, designado a propuesta del partido político de la oposición con mayor número de legisladores en el Parlamento, y seis auditores generales: tres designados por la Cámara de Diputados y tres por la de Senadores.

La Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas del Congreso aprueba el Programa de Acción Anual de control externo a desarrollar por la Auditoría.

Algunos de los valores que guían la labor de la AGN son la independencia con respecto a la entidad fiscalizada y otros grupos de intereses externos, la objetividad en el tratamiento de las cuestiones sometidas a revisión, y el profesionalismo en el desempeño competente de sus responsabilidades. 

El resultado de la evaluación se materializa en informes escritos y públicos en los que queda expresado el objetivo, método y alcance de su labor y la situación encontrada en los ámbitos objetos de control, a la vez que se proponen las mejoras al desempeño de la actividad estatal.

Los principales destinatarios de sus informes son los miembros del Congreso de la Nación, los responsables de las entidades auditadas y la ciudadanía en su conjunto.

Además de las clásicas auditorías financieras también se realizan auditorías de cumplimiento, de gestión, de deuda pública, ambientales e informáticas.

El artículo 85 de la Constitución Nacional de la República Argentina refiere a la creación y las funciones de la AGN:

El examen y la opinión del Poder Legislativo sobre el desempeño y situación general de la administración pública estarán sustentados en los dictámenes de la AGN. (...) Tendrá a su cargo el control de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la administración pública (...).

La Ley 24.156, art. 118, indica las siguientes funciones:

Con información de agencias.

IG

La hipótesis de que existe un “pacto” entre Cristina Fernández de Kirchner y Javier Milei quedó en el centro de las discusiones políticas. Lo que hasta ahora parecía una jugada de mero pragmatismo electoral para polarizar entre ellos y excluir a otros actores, en los últimos días tomó forma de acuerdos visibles que alimentaron las suspicacias.

El naufragio de la ley de Ficha Limpia que impulsaba el PRO y la posibilidad de que el peronismo vote a favor del pliego de Ariel Lijo para la Corte Suprema desataron la furia de Mauricio Macri, acaso el mayor perjudicado en este escenario. ¿Hablan Cristina y Milei? ¿Quiénes negocian por ellos? Son las preguntas que se hacen los opositores que miran atónitos la confluencia de algunos intereses. 

El naufragio de la ley de Ficha Limpia que impulsaba el PRO y la posibilidad de que el peronismo vote a favor del pliego de Ariel Lijo para la Corte Suprema desataron la furia de Mauricio Macri, acaso el mayor perjudicado en este escenario

Muchos peronistas hablan con Guillermo Francos, pero no es una novedad que —pese a su cargo— el jefe de Gabinete no representa la mirada del Presidente. Por eso, el verdadero ruido lo generó la versión de que el camporista Eduardo “Wado” de Pedro sería quien negocia con Santiago Caputo, el asesor estrella de Milei. 

Hay un puente rastreable entre ambos mundos: el consultor Guillermo “Guillo” Garat, exsocio de Caputo y actualmente encargado de la comunicación de YPF, que colaboró con De Pedro en la construcción de su precandidatura presidencial en 2023. El exministro del Interior buscaba mejorar su imagen por fuera del kirchnerismo, por eso en ese entonces su equipo de comunicación le acercó a Garat, quien quedó a cargo de la realización de focus groups y se sumó a una mesa ampliada en la que se definía la estrategia de campaña. 

La participación de Garat duró poco tiempo, porque Cristina bajó la precandidatura de Wado para ungir a Sergio Massa. “Lo de Garat y ese equipo fue solamente un trabajo de instalación. Wado aportó todo ese esquema y el trabajo realizado a la campaña de Massa. Nuestros consultores, analistas y encuestadores se mudaron al búnker de UP”, afirmaron a elDiarioAR desde el entorno del exministro y desmintieron que De Pedro tenga hoy un diálogo frecuente con Caputo. 

“Wado no tendría problema en ser el interlocutor y sería lógico que su nombre esté entre los negociadores; el hecho es que en este caso no lo es y a algunos les interesa instalar que sí”, aseguró un dirigente de diálogo frecuente con el senador, que no escondió su malestar con Massa, a quien acusan de “operar” las versiones que señalan a Wado como negociador. Hace unos meses, el propio De Pedro hizo visible su enojo con un tuit lapidario en el que acusó al excandidato de UO de haber dejado a sus militantes en el gobierno de Milei. 

El enojo se arrastra desde principio de año. Las primeras versiones que le molestaron a De Pedro lo acusaban de haberle jugado mal a Axel Kicillof al no hacer lo suficiente para que la planta de GNL de Petronas se instalara en Bahía Blanca. Unos meses más tarde, persistieron los rumores de su diálogo con Caputo, en este caso para nombrar a los jueces de la Corte. 

Algunos dirigentes del peronismo comparten la teoría de que fue Massa el que le hizo creer al Gobierno que el peronismo apoyaría el pliego de Lijo, aun sin haberlo charlado con De Pedro o Cristina. “Sergio vendió algo que no tenía. Lo de Lijo es un acuerdo en el que él participó: le aseguró al Gobierno que el peronismo finalmente iba a apoyar a Lijo y rechazar a García-Mansilla. Hoy no puede garantizar que eso pase”, dijo a este medio un dirigente peronista que no se encolumna detrás de Wado ni Massa en la interna. 

En el massismo, como contracara, plantean una versión opuesta: dicen que el exministro de Economía no tiene diálogo alguno con Milei o las segundas líneas del Gobierno y que fueron dirigentes cercanos a Cristina los que le hicieron creer que podrían avanzar en una negociación general con el oficialismo, que incluyera el tema de la ampliación de la Corte y la discusión por los nombres de los jueces vacantes. 

En medio de los zigzagueos y las opiniones cruzadas, resuena el nombre del operador todoterreno Juan Manuel Olmos. El peronista, con llegada a Massa, De Pedro y Cristina, construyó durante la campaña presidencial un vínculo visible con Karina Milei. Los apoderados de ambas listas se conocieron durante los ensayos para los debates presidenciales, donde debieron acordar algunas condiciones, y tuvieron un trato amable en las distintas oportunidades en las que se cruzaron a partir de ese momento. 

La figura de Olmos emerge como un puente con la Rosada que excede las conversaciones del Congreso, donde se dio el acuerdo más evidente: LLA colaboró con el faltazo de 9 diputados para que no hubiera quórum el día que el PRO buscaba darle media sanción al proyecto de Ficha Limpia. Enfurecido, el macrismo debate cómo condicionar a la Rosada, mientras el peronismo podría mostrar un vuelto amable este mismo miércoles, en caso de que el bloque aporte sus votos para revalidar a Martín Menem como presidente de la Cámara baja. El futuro del pliego de Ariel Lijo, de avanzar, desataría lecturas de un pacto más amplio.

LA/JJD