La Justicia federal de Campana ordenó este jueves el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil de Jorge D’Onofrio, ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, en la causa que investiga el sistema de gestión de multas de tránsito y concesiones de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), con acusaciones de fraude, malversación y corrupción que salpica a funcionarios, empresarios y sistemas públicos bonaerenses.

El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, también determinó las medidas contra Claudia Pombo, vinculada a D’Onofrio en el partido de Pilar, donde es concejala y fue desplazada de la presidencia del Concejo Deliberante hace poco por el avance de la causa; Agustina Cuadra (hija de Claudia Pombo), Facundo Asencio (director provincial de la VTV), Roxana Elma Pombo (hermana de Claudia, concejala y funcionaria del ministerio de D’Onofrio), Mario Quattrochi (juez de faltas) y Héctor Marcelo Suárez Basail (medio hermano de Pombo), según publica el diario La Nación.

Las medidas que pidió el juez

González Charvay ordenó al Banco Central solicitarles información sobre D’Onofrio y los demás investigados a las distintas entidades bancarias para determinar “si son titulares de cuentas corrientes y/o cajas de ahorro en pesos y moneda extranjera, todo ello correspondiente al período 29 de diciembre de 2021 hasta el día de la fecha inclusive”.

La denuncia en el juzgado federal la radicó el 5 de septiembre Leandro Camani, presidente de la empresa Secutrans, que brinda equipos y sistemas para el cobro de infracciones de tránsito, tras observar una merma considerable en su recaudación, que atribuye a la trama de “gestores” que se contactaban con infractores para quitarles las multas del sistema a cambio de pagos de alrededor del 50% del monto, hechos que se investigan en la Justicia de La Plata junto a sospechas de ilícitos en las contrataciones con las concesionarias de la VTV.

Además, el magistrado solicitó a la Unidad de Información Financiera (UIF) “que informe si existen Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS)” sobre los movimientos bancarios de los acusados. Pedido que también hizo ante las autoridades de España, donde D’Onofrio y Pombo podrían tener sociedades comerciales, conforme al requerimiento que hizo el fiscal federal de Campana, Sebastián Bringas, quien impulsó la imputación de los denunciados que motivó las medidas que ordenó el juez.

En el país europeo, la fiscalía de Campana busca determinar si la firma Cattleya Blue SL es una sociedad que Pombo habría constituido junto al juez Mario Quattrochi, “justamente juez provincial de faltas ante el Juzgado Provincial de La Plata y San Isidro (subrogante), engranaje medular en la estructura clandestina de cobro de multas montada y denunciada”. Para Bringas, “en el marco de dicha sociedad, explotarían dos restaurantes, actividad a la cual estaría ligado de forma directa el mismísimo D’Onofrio”, asegura la nota de La Nación.

Además, González Charvay solicitó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) información sobre bienes muebles e inmuebles de los acusados; a la Caja de Valores, datos sobre tenencias de acciones y bonos; a Interbanking SA, precisiones sobre transacciones por medios electrónicos, posibles tenencias de criptomonedas, operaciones en Mercado Pago y movimientos con la Cuenta DNI del Banco Provincia; y a la Municipalidad de Pilar, las declaraciones juradas e información impositiva de los acusados, en busca de posibles posesiones como aeronaves o embarcaciones.

De qué se trata la causa

La investigación judicial en desarrollo pone en la mira a figuras clave de la política bonaerense y al sistema de gestión de multas de tránsito y concesiones de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires.

El principal señalado en este caso es Jorge D’Onofrio, ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires y figura cercana al ex candidato a presidente, Sergio Massa. D’Onofrio enfrenta acusaciones de haber permitido un sistema paralelo de gestores que eliminaban infracciones de tránsito. Según las denuncias, los gestores ofrecían a infractores la posibilidad de borrar sus multas por un porcentaje del monto adeudado, generando pérdidas millonarias para el sistema oficial.

D’Onofrio niega categóricamente las acusaciones y asegura que el sistema informático no permite borrar infracciones. “Al fiscal le dimos acceso remoto al sistema. Puede ver online todo lo que se hace y se hizo. Esperamos el peritaje informático para demostrar que esta denuncia es falsa”, declaró el ministro. 

Claudia Pombo: la conexión en Pilar

Otro nombre central en la causa es el de Claudia Pombo, presidenta del Concejo Deliberante de Pilar y cercana a D’Onofrio. Según fuentes judiciales, Pombo era quien coordinaba a los gestores implicados en el esquema. Las acusaciones incluyen la creación de una red que captaba infractores y se quedaba con un porcentaje del dinero recaudado.

Pombo ya había enfrentado condenas judiciales por peculado en el pasado, tras ser acusada de sustraer fondos públicos mientras dirigía el Registro de la Propiedad Automotor Nº 2 de San Miguel. Su reincidencia en escándalos de corrupción ha despertado duras críticas desde la oposición.

Secutrans: la empresa afectada

La denuncia inicial en esta causa proviene de Secutrans, una compañía que provee tecnología para las fotomultas. Según la empresa, las prácticas fraudulentas habrían generado una caída en su recaudación de entre 4 y 10 millones de dólares mensuales. Este dato evidencia la magnitud del presunto desfalco y el impacto sobre las finanzas públicas.

Mario Quattrochi: el juez de faltas en la mira

El juez de faltas Mario Quattrochi también está acusado de participar en el esquema. Según las investigaciones, habría facilitado el borrado de multas a cambio de dinero. Quattrochi enfrenta cargos por fraude a la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público, según lo señalado por la fiscalía a cargo de Álvaro Garganta, en los tribunales de La Plata.

Sebastián Desio: el empresario de la VTV

El caso no se limita a las multas de tránsito. También se investigan irregularidades en las concesiones de la Verificación Técnica Vehicular (VTV). Sebastián Desio, empresario ligado políticamente a D’Onofrio, es señalado por obtener contratos con concesionarias de VTV para proveer servicios tecnológicos. Estos contratos incluían un cobro del 8,5% más IVA sobre las tarifas de cada inspección.

La sospecha radica en que, tras estos acuerdos, las concesionarias beneficiadas eran oficializadas mediante resoluciones del ministerio de Transporte. La trama de la VTV ha derivado en una causa paralela en el Juzgado Federal de Campana, donde se investigan posibles delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

D’Onofrio desmiente la imputación

D’Onofrio insistió en los últimos días con su inocencia y espera que el peritaje informático deseche las acusaciones. “Es una operación política”, aseguran desde el entorno del ministro, mientras el gobierno provincial lo respalda públicamente.

Desde el ministerio de transporte bonaerense, salieron este jueves a desmentir una presunta imputación contra D’Onofrio y calificaron de “falsa” esa noticia, según publica el portal Infocielo. Desde la cartera que conduce el funcionario acusado explicaron que “el pedido que realizó la fiscalía en ese sentido, fue rechazado” porque la investigación está en “estado embrionario”.

Con información de NA y La Nación.

IG