El juez federal Federico Villena ordenó un procedimiento clave en las oficinas de Fernando Martínez, director del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

La justicia investiga una presunta red de cartelización en el suministro de alimentos para los presos del penal de Ezeiza, pero el operativo quedó envuelto en una polémica maniobra del funcionario con su teléfono celular.

La causa apunta a irregularidades en las licitaciones y la entrega de raciones de comida deficientes o directamente no aptas para el consumo. Martínez, en el cargo desde el inicio de la gestión libertaria en 2024, es el principal investigado en este esquema de supuesta complicidad con empresas proveedoras.

El momento más tenso del allanamiento ocurrió cuando los funcionarios judiciales solicitaron el teléfono móvil del director. Martínez entregó un dispositivo que no utilizaba con frecuencia y alegó que su celular de uso diario se había “extraviado” esa misma mañana.

El peritaje ordenado de urgencia determinó que el celular “perdido” tuvo actividad apenas una hora antes de que la policía llegara a las oficinas en el barrio de Barracas.

Al respecto, los investigadores sospechan que Martínez recibió un aviso previo sobre el allanamiento, lo que le habría permitido deshacerse del aparato que contiene información clave para la causa.

La investigación del juez Villena busca determinar si existe un acuerdo ilícito entre funcionarios del SPF y un grupo selecto de empresas para monopolizar el servicio de catering en las cárceles federales. Las denuncias sobre comida en mal estado fueron el punto de partida de un expediente que ahora escala hasta la cúpula del organismo.

Con información de NA.

Ataviada con una gorra del Servicio Penitenciario Federal, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, apareció este viernes por la mañana en el acto de inauguración de la Unidad 36 de Coronda, “Dr. Eusebio Gómez”, en la provincia de Santa Fe. Montada sobre un atril pronunció un duro discurso “contra las mafias”, agitó al aire su dedo índice y afirmó que con la construcción del nuevo penal avanzaba “en una estrategia clara y contundente para combatir el narcotráfico y a las organizaciones criminales”. Horas más tarde el relato oficial se desarmó rápidamente.

El intendente de Coronda, Ricardo Ramírez, que participó del acto, dijo a elDiarioAR que todo fue una puesta en escena y que la unidad todavía no está en condiciones de ser utilizada. Al edificio le falta la conexión de agua y las celdas aún no están en condiciones para alojar presos, pudo confirmar este medio de otra importante fuente oficial.

La puesta en escena tuvo ribetes de espectáculo. Detrás de Bullrich se mostraron efectivos con pasamontañas, anteojos negros, fusiles y revólveres. En una celda de pocos metros cuadrados, con paredes de ladrillos grandes y blancos, se vio la mano dura libertaria: cinco penitenciarios con casco y escudo redujeron a tres hombres, presumiblemente presos. La foto del “método Bukele”, por el estilo que impregnó el presidente de El Salvador, sólo muestra la cara de dos: tienen la frente contra el muro, el pelo rapado y uno de ellos –el que se ubica en primer plano– lleva ropa oscura. “No sabemos si son presos o actores. Después del acto se los llevaron”, comentó una de las fuentes.

En Seguridad no respondieron a la consulta periodística. Sí extraoficinalmente la versión bullrichista apunta a que los presos fueron llevados “desde Marcos Paz”, pero que son personas de origen santafesino. “No son presos de alto riesgo”, recogió elDiarioAR.

El montaje tuvo clima épico e histórico. “Esta cárcel es un símbolo de nuestra estrategia integral de seguridad”, sentenció Bullrich. “Nuestro objetivo es transformar el Servicio Penitenciario Federal en una institución moderna, eficiente y orientada a la rehabilitación de quienes cumplen condenas largas. Al mismo tiempo, buscamos aliviar la presión sobre las cárceles provinciales, permitiéndoles enfocarse en la reinserción social de internos con penas menores. Esto es parte de un cambio estratégico que ya estamos implementando en todo el país”, prometió.

El intendente “Bachi” Ramírez confirmó el montaje con sus propias palabras: “A los presos los llevaron para la foto”, afirmó, y criticó que no están dadas las medidas de seguridad externas para que la población corondina pueda convivir con ese penal ahora. “Yo no voy a definir si la cárcel está o no en condiciones, pero no están dadas para la ciudad”, dijo el jefe comunal.

Consultado sobre si el penal está preparado para ser habitado ahora, esquivó la respuesta: “Habría que preguntarle a la jefe del Servicio Penitenciario. Yo no tengo esa información”, expresó. Recién en marzo podría comenzar a funcionar efectivamente la cárcel, alojando a los primeros presos.

“Me sorprendió, porque en reuniones con autoridades penitenciarias nos habían dicho que los internos iban a llegar en 45, 60 días, que hoy se iba a hacer una inauguración. Cuando la ministra Bullrich dijo que ya había internos...lo que hubo fue un operativo”, había dicho más temprano este viernes el intendente Ramírez en un móvil con el medio santafesino Aire.

Sugestivamente, el gobernador de la provincia, el radical Maximiliano Pullaro, no asistió al acto. La comunicación oficial en la previa desde Seguridad de la Nación avisaba que el mandatario iba a participar.

La cárcel de Coronda está ubicada a la vera de la ruta provincial N°64, entre las localidades de Coronda y Larrechea, lo que para el Ministerio de Seguridad configura un punto estratégico. Según información oficial, tiene capacidad inicial para alojar a 464 internos y cuenta con “instalaciones modernas que incluyen cuatro pabellones, dos con celdas colectivas y dos con celdas individuales; patios internos, diseñados para actividades recreativas y de integración; y un área educativa, equipada con seis aulas para la formación de los internos”. Su apertura viene demorada desde los tiempos del Frente de Todos; la construcción no la comenzaron desde cero Bullrich y Javier Milei.

De hecho, según el medio local El Litoral, su desarrollo comenzó en 2016, durante la gestión de Mauricio Macri, con Bullrich también como ministra. En el último año, ante la necesidad de descomprimir las cárceles provinciales, Pullaro había pedido a la Nación la cesión temporal de la obra para terminarla lo antes posible, pero el pedido fue rechazado.

Según el informe anual de la Procuración Penitenciaria de la Nación correspondiente al 2023, en diciembre de ese año el Servicio Penitenciario Federal tenía alojados 11.247 internos mientras que la capacidad declarada es de 10.932. Del total, 10.424 corresponden a hombres (93%), 795 a mujeres (7%) y 28 a población trans (menos del 1%). Las estadísiticas también indican que 9.372 son argentinos (83%), mientras que 1875, extranjeros (17%).

Aunque la mayoría de las personas encarceladas en el SPF están condenadas, el 44% (4.937) vive en prisión sin condena firme. Además, los delitos relacionados con la Ley de Estupefacientes (27.373) son desde 2017 los más frecuentes en la jurisdicción federal. La intención política de Bullrich y Milei de “inaugurar” una cárcel justamente en Santa Fe es dar una señal de mano dura en el combate del flagelo del narcotráfico en Rosario.

El papelón de Bullrich con la no-inauguración de la cárcel de Coronda se suma a una seguidillas de otros anuncios que quedaron en la espectacularidad. En noviembre elDiarioAR publicó la historia de un hombre de 42 años, con tres hijos y que vive en Mar del Plata, que viajó a Mendoza por un tratamiento contra el alcoholismo, pero terminó preso por un error. La Gendarmería confundió en su equipaje talco con cocaína y lo detuvo 21 días. La ministra celebró la detención como si hubiera sido un importante narcotraficante: “Mucho talco, poco Eficient-e”. Luego de liberarlo, ni Bullrich ni funcionarios de Seguridad se disculparon.

MM/MC