El Tribunal Oral Federal de Tucumán condenó este miércoles a 12 años de prisión al excapitán de inteligencia del Ejército Carlos Alberto Vega por su participación en la sustracción, retención y ocultamiento del nieto recuperado N°128, Marcos Eduardo Ramos, y de su hermano Elías Ismael Suleimán, y por haber hecho incierto o alterado el estado civil de ambos. Los hechos, ocurridos durante la última dictadura cívico-militar, fueron considerados constitutivos de crímenes de lesa humanidad.

Vega fue condenado como partícipe necesario de los delitos de sustracción, retención y ocultamiento de menores de 10 años respecto de Suleimán y Ramos, y por haber hecho incierto el estado civil del primero y alterado el estado civil de su hermano menor, todo ello en concurso real. Pese al pedido formulado por la fiscalía, los jueces resolvieron que pena deberá cumplirse con monitoreo mediante dispositivo electrónico.

El tribunal también hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal para establecer una reparación integral de las víctimas y solicitó al Ministerio de Justicia de la Nación que realice las gestiones necesarias para hacer efectivas las medidas previstas en las leyes reparatorias. Asimismo, dispuso que se garantice la continuidad de los tratamientos psicológicos de ambas víctimas. Los fundamentos de la sentencia se conocerán el próximo 26 de agosto, a las 14.

En su sentencia, el tribunal reconoció que “la búsqueda e identificación de las personas apropiadas durante el terrorismo de Estado constituye una obligación permanente del estado argentino derivada de sus compromisos constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos”.

En ese marco, recomendó al Poder Ejecutivo Nacional adoptar “todas las medidas necesarias” para asegurar la continuidad de las políticas públicas destinadas a garantizar el derecho a la identidad y la búsqueda de personas apropiadas durante el terrorismo de Estado, y especialmente “la preservación y el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Genéticos, de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, de los archivos documentales relacionados con el terrorismo de Estado, de los equipos especializados de investigación dedicados a la búsqueda e identificación de las personas y de los registros públicos relacionados con ese proceso”.

La sentencia fue dictada por las juezas Ana Carina Farías y Cristina Edith Giordano, y el juez Federico Bothamley. En el debate, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal Pablo Camuña junto con la auxiliar fiscal Valentina García Salemi y el fiscal coadyuvante Patricio Rovira, quienes habían solicitado una condena de 17 años de cumplimiento efectivo en una institución penitenciaria.

El caso

De acuerdo con la investigación, en diciembre de 1976, Marcos Eduardo Ramos, de cinco meses, y su hermano Elías Ismael Suleiman, de 8 años, fueron secuestrados por personal militar en una vivienda del barrio San Cayetano, en San Miguel de Tucumán.

Su madre, Rosario del Carmen Ramos, militante del PRT-ERP, había sido secuestrada por tercera vez a fines de noviembre o comienzos de diciembre de ese año, tras regresar a Tucumán desde Santiago del Estero. Existen indicios de que fue llevada al centro clandestino de detención que funcionó en la Compañía de Arsenales “Miguel de Azcuénaga”, y al día de hoy permanece desaparecida.

Tras el operativo, los hermanos fueron trasladados a un inmueble de Tafí Viejo, donde había otros niños. Allí fueron separados y no volvieron a verse. Elías fue llevado luego a una vivienda de la capital tucumana, donde sufrió malos tratos, amenazas e intentos de supresión de su identidad. A los 8 años logró escapar y, tras caminar más de 20 cuadras, llegó a la terminal de ómnibus, donde encontró a un tío y pudo reencontrarse con su familia. En 1999 se presentó ante la CONADI y relató los secuestros de su madre y su hermano.

Marcos, en tanto, fue sustraído y su identidad suprimida. Fue entregado a Víctor Lucio Sánchez, alias “Pecho i Tabla”, agente civil de inteligencia vinculado al Destacamento de Inteligencia N°142. Según la acusación, Sánchez obtuvo su cargo con el “aval ideológico y moral” de Carlos Alberto Vega, quien tenía responsabilidades en tareas de inteligencia y contrainteligencia y en el funcionamiento del centro clandestino “Arsenal Miguel de Azcuénaga”.

El niño fue inscripto falsamente como nacido el 17 de marzo de 1977 y como hijo biológico de Sánchez e Ilda Agustina Sánchez, con el nombre Marcelo Ariel Sánchez. Durante el mismo operativo también fueron secuestrados Hugo Demetrio Castro y su hijo Juan Carlos, de 12 años, quienes cuidaban a los hermanos. Ambos fueron llevados al Arsenal. Los restos de Hugo Castro fueron posteriormente identificados en el Pozo de Vargas, mientras que su hijo recuperó la libertad meses después.

El alegato de la Fiscalía

El Ministerio Público Fiscal formuló su alegato de clausura el pasado 8 de julio. El fiscal Camuña destacó durante su intervención que se trataba del segundo caso de un nieto recuperado en Tucumán y remarcó la trascendencia del reencuentro entre los hermanos, ocurrido luego de más de cuatro décadas de separación. “Nadie hubiera pensado que se produciría el reencuentro entre dos hermanos que fueron separados hace más de 40 años, con la recuperación de identidad de Marcos, y ahora además con el enjuiciamiento de uno de los responsables de ese hecho”, señaló.

Camuña también puso el foco en el relato de Elías Suleimán, quien tenía ocho años cuando fue secuestrado junto con su hermano. El fiscal destacó la imagen del niño trasladando en sus brazos al bebé de cinco meses hacia un destino desconocido y sostuvo que los integrantes del aparato represivo determinaron posteriormente el destino de cada uno de los hermanos, en una “distribución como si fueran un botín de guerra”.

A su turno, García Salemi sostuvo que, luego de ser separado de su hermano, Marcos pudo haber sido trasladado al Arsenal Miguel de Azcuénaga, donde se encontraba secuestrada su madre, Rosario del Carmen Ramos. A partir de la prueba producida durante el debate y del conocimiento acumulado en los procesos por crímenes de lesa humanidad sobre el funcionamiento del aparato represivo en Tucumán, consideró probable que el niño hubiera sido llevado al centro clandestino y utilizado como instrumento de presión y tortura contra su madre.

La representante del MPF definió esa hipótesis como parte del “rompecabezas del terror” y sostuvo que la apropiación del niño por parte de Víctor Lucio Sánchez no pudo haberse producido sin el conocimiento de sus superiores. En ese sentido, planteó que, por su función y su vínculo con Sánchez, Vega había tenido una intervención necesaria en los hechos.

Al finalizar el alegato, el Ministerio Público Fiscal solicitó que los hechos sufridos por Marcos Ramos y Elías Suleimán fueran considerados delitos de lesa humanidad y que Vega fuera condenado como partícipe necesario de las sustracciones y de las alteraciones de identidad. También pidió una pena de 17 años de prisión, inhabilitación absoluta, costas, reparaciones para las víctimas, medidas de no repetición, la baja deshonrosa de Vega del Ejército Argentino y el cumplimiento efectivo de la pena en una unidad penitenciaria.

La restitución de la identidad gracias a los avances tecnológicos

En junio de 2026, poco antes del comienzo del juicio, la Oficina de Derechos Humanos de Tucumán de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad notificó a Marcos Eduardo Ramos el resultado de los estudios de ADN realizados por el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), que permitieron confirmar su vínculo biológico paterno con Pastor Dante Campos.

El análisis genético determinó que la muestra aportada por Ilda del Valle Campos, hermana de Pastor Dante Campos, presentaba una compatibilidad del 99,99 por ciento con el parentesco biológico de Ramos. El resultado permitió identificar su rama paterna y completar la reconstrucción de su identidad biológica.

Ramos había recuperado su identidad en agosto de 2018, cuando el BNDG confirmó su vínculo materno con Rosario del Carmen Ramos. Con el nuevo estudio, pudo restablecer plenamente su identidad como hijo de Pastor Dante Campos y reencontrarse con otra parte de su familia biológica, casi 50 años después de su secuestro.

Así lo explicaban desde Abuelas en junio pasado

Abuelas de Plaza de Mayo comunica con enorme satisfacción que, tras ocho años de investigación y gracias a los avances científicos del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), se pudo establecer la familia paterna del nieto Nº 128, Marcos Eduardo Ramos, restituido el 2 de agosto de 2018. La noticia la confirmó la Oficina de Derechos Humanos de Tucumán de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH), coordinada por el fiscal Pablo Camuña, quien notificó a Marcos que es hijo de Pastor Dante Campos y facilitó el encuentro con su tía Ilda del Valle Campos.

Marcos nació el 9 de junio de 1976 en San Miguel de Tucumán. Su madre, Rosario del Carmen Ramos, estaba casada con Ismael Suleiman, con quien tuvo dos hijos: Elías Ismael y Camilo. Ya separada, a principios de 1976, fue secuestrada embarazada, en la localidad de San José. Permaneció cautiva cerca de un mes hasta que fue liberada y, poco después, dio a luz a Marcos. Entre noviembre y diciembre de 1976, Rosario del Carmen fue secuestrada nuevamente y ese es el último registro que se tiene de ella. Ese mismo año, Marcos, de pocos meses de vida, fue secuestrado junto a su medio hermano Ismael Suleiman, de 8 años, de la vivienda donde ambos permanecían al cuidado de una familia allegada. Los niños fueron trasladados por la fuerza a una casa de Tafí Viejo en la que había otros niños. Esa fue la última vez que Ismael vio a su hermano menor.

Gracias al trabajo mancomunado de instituciones del Estado destinadas a la búsqueda de los nietos apropiados, Marcos pudo reencontrarse con sus dos hermanos maternos en 2018. En 2013 se recibió una denuncia en el Fondo Permanente de Recompensas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, con información que señalaba a un joven como hijo de desaparecidos, apropiado por una persona imputada por delitos de lesa humanidad en Tucumán. Estos datos fueron entregados a la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado, del Ministerio Público Fiscal, que inició una investigación, remitió el expediente a la Fiscalía Federal N° 1 y a la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad de Tucumán, que a su vez dieron intervención al Juzgado Federal Nro. 1. Así se pudo encontrar a Marcos, quien accedió a realizarse un ADN en el Banco Nacional de Datos Genéticos, que arrojó como resultado su inclusión con la familia Ramos. Sin embargo, producto de la clandestinidad en la que vivían los militantes de la época y la represión ilegal, si bien había indicios de quién podría haber sido su padre, no podía confirmarse: faltaban perfiles e información sobre caídas, secuestros, posibles fugas y encuentros, para determinar la paternidad.

Mientras continuaba la investigación sobre la rama paterna, Marcos pudo iniciar su restitución acompañado por Abuelas y un equipo de trabajo interdisciplinario que fue construido desde la fiscalía tucumana, que tuvo la mejor interpretación de los mecanismos disponibles para garantizar los derechos que asisten a las víctimas y construyó un dispositivo inédito para hacerlo. El trabajo del fiscal Patricio Rovira y el resto de los integrantes de la fiscalía fue central en la formación de este equipo interdisciplinario que acompaña a Marcos, y también para el desarrollo de la investigación para dar con la familia paterna. Una de las hipótesis indicaba que Pastor Dante Campos, un militante del PRT-ERP, habría sido pareja de Rosario del Carmen Ramos –también militante del PRT-ERP–, antes de ser desaparecido por el terrorismo de Estado. En esa línea se contactó a la hermana menor de Campos, Ilda, quien en el año 2000 ya había dejado su muestra en el BNDG a instancias de su medio hermano Jesús (ya fallecido), quien había motorizado la búsqueda de Pastor.

La familia Campos tuvo una vida difícil, quedaron huérfanos tempranamente, fueron criados por distintos familiares y, de los cuatro hermanos, hoy sólo vive Ilda, quien tenía apenas 9 años la última vez que vio a su hermano Pastor “y a Rosario panzona”. Ese recuerdo borroso y doloroso fue el que permitió robustecer la hipótesis acerca de que Pastor podría ser el padre de Marcos. Sin embargo, debido a que no se contaba con suficientes familiares de la rama paterna, el BNDG no pudo demostrar la inclusión de Marcos a esa familia, mediante las técnicas hasta entonces utilizadas.

La importancia del BNDG

Gracias a las nuevas tecnologías incorporadas en el BNDG desde 2023, se lograron analizar 2.900 nuevos marcadores genéticos y, finalmente, confirmar el vínculo de Marcos con la familia Campos, solo a partir del ADN de Ilda, sin necesidad de contar con más familiares para el estudio. Así lo confirmó el organismo a la Fiscalía tucumana, que este martes lo dio a conocer a través del portal fiscales.gob.ar

Es necesario destacar el rol central que cumple la investigación en el BNDG para poder actualizar sus técnicas y equipamiento, algo imprescindible en el marco de la identificación de personas desaparecidas por el terrorismo de Estado. Semanas atrás debimos denunciar el ahogo de la institución por falta de financiamiento, y fue gracias al accionar del juez federal Alejo Ramos Padilla que el Gobierno dispuso la partida presupuestaria para evitar su parálisis. Sin embargo, el presupuesto sigue siendo insuficiente para sostener su tarea a largo plazo, que requiere no solo del almacenamiento, toma y entrecruzamientos de muestras, sino del desarrollo de investigaciones científico-tecnológicas permanentes. La identificación de la rama paterna de Marcos demuestra, una vez más, que la ciencia permite reponer información que los represores callan.

Con información de Fiscales.gob.ar y Abuelas de Plaza de Mayo.

El 19 de marzo de 1980, en plena dictadura militar, las Abuelas de Plaza de Mayo localizaron a Tatiana Sfiligoy, cuyos padres habían sido secuestrados-desaparecidos y que había sido adoptada de buena fe por un matrimonio tras haber sido abandonada en una plaza junto con su hermana. Fue la primera nieta recuperada.

Tatiana fue el inicio de una gesta inédita: la de un grupo de mujeres que, en medio del terror, se propuso una misión impensable entonces pero hoy admirada en todo el mundo: devolverles a sus nietos la identidad robada por el terrorismo de Estado.

Hoy, más de cuatro décadas después, esa lucha sigue viva. Este 5 de julio de 2025, las Abuelas celebraron la restitución del nieto 140, un nuevo hito en una historia que une a la ciencia, la justicia y el amor.

El nieto 140 y el poder de la genética

“¡Bienvenido, nieto 140!”, anunció Estela de Carlotto con la emoción intacta. El joven es hijo de Graciela Romero y Raúl Eugenio Metz, militantes desaparecidos. Nació en abril de 1977 en el centro clandestino La Escuelita de Bahía Blanca, mientras su madre estaba secuestrada y torturada.

El proceso de restitución se inició a partir de una denuncia anónima. Luego intervino la Conadi y la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños. El hombre se presentó voluntariamente, dejó su muestra en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) y, tras los estudios genéticos, se confirmó su identidad.

Su hermana, Adriana Metz, lo buscó durante 47 años. Mantuvo viva la memoria a través del blog “Concho de lana”, donde cada 17 de abril le escribía una carta. El día del anuncio, estuvieron juntos por primera vez.

Desde 1987, el BNDG funciona como un pilar de esta lucha. Allí se conservan las muestras genéticas de familiares de desaparecidos —principalmente abuelas, tíos, primos— y se comparan con personas que dudan de su origen.

La herramienta clave es el índice de abuelidad, una fórmula genética desarrollada por científicos argentinos y la genetista Mary-Claire King, que permite identificar nietos con una certeza superior al 99,9%, incluso cuando los padres biológicos están ausentes.

Antes de llegar al ADN, las Abuelas realizan investigaciones documentales, entrevistas psicosociales y reconstrucciones históricas con archivos civiles, médicos, judiciales y religiosos. El proceso se completa con la contención emocional de quienes inician una búsqueda vital, profunda, muchas veces dolorosa.

El BNDG, en riesgo

Pese a su importancia, el BNDG se encuentra hoy en una situación crítica. Las Abuelas denunciaron que está acéfalo, sin presupuesto, con sus decisiones delegadas a funcionarios sin formación científica. El decreto 351/25, dictado por el Gobierno de Javier Milei, modificó su estructura, lo subordinó a la Secretaría de Innovación y dejó sin resolver cuestiones clave como la compra de insumos y la firma de informes técnicos.

En respuesta al reclamo judicial de Abuelas, el Gobierno prorrogó en junio el mandato de la directora técnica, pero no resolvió los problemas estructurales. “El riesgo es altísimo. Se trata de un laboratorio que conserva muestras irreproducibles”, alertaron.

El hallazgo del nieto 140 ocurre en un contexto de desfinanciamiento de las políticas de derechos humanos. En abril, el Ministerio de Justicia suspendió pagos y ordenó auditorías sobre los fondos de organismos. Se produjeron despidos masivos en espacios clave como la ex-ESMA, que aloja el Centro Cultural Haroldo Conti y el Archivo Nacional de la Memoria.

El ajuste alcanzó a pedagogos, técnicos y conservadores especializados, provocando una ola de repudios. La Justicia ordenó al Gobierno garantizar el funcionamiento de los Sitios de Memoria, como Olimpo, Orletti, Atlético y Virrey Ceballos.

La restitución del nieto 140 no es un número más: es la confirmación de que el plan sistemático de apropiación de menores existió, y que la búsqueda de identidad sigue vigente. Estela de Carlotto lo dijo con claridad: “Una vez más la verdad arrasadora vuelve a imponerse al olvido y florece la identidad”.

A sus 93 años, la histórica presidenta de Abuelas se mostró “lúcida y feliz”. Rodeada de hijos, nietos y nietas restituidas, reafirmó: “Esta restitución nos reúne para darnos fuerzas. Sigamos siendo esa parte que iluminó al mundo. Luchemos para que la verdad no se apague”.

Nietos restituidos: 140 historias, 140 vidas

La historia de las Abuelas no se cuenta solo en números, sino en rostros, nombres y relatos. Cada nieto o nieta que recupera su identidad es mucho más que un caso resuelto: es una vida reescrita, una familia reunida, una herida que empieza a cicatrizar. Son 140 historias de dolor, de búsqueda, de verdad y de justicia.

La primera fue Tatiana Sfiligoy, en 1980. Su caso marcó el inicio de una lucha inédita. Su restitución fue el primer paso en un camino que con los años sumaría otras victorias y muchas más verdades reveladas.

Le siguieron casos emblemáticos, como el de Guido Montoya Carlotto (nieto 114), hijo de Laura Carlotto, asesinada poco después de dar a luz en cautiverio. Guido, músico y pianista, fue restituido en 2014 y su aparición conmovió al país y al mundo: era el nieto de Estela de Carlotto, la presidenta de Abuelas. Su nombre recorrió titulares internacionales y renovó la esperanza de cientos de familias.

Otro nieto con alto perfil es Horacio Pietragalla Corti (nieto 75), restituido en 2003. Fue criado por un apropiador vinculado a la represión, y su proceso de restitución fue complejo y doloroso. Con los años, transformó esa experiencia en militancia y compromiso: fue diputado nacional y secretario de Derechos Humanos de la Nación. Hoy es una de las voces más firmes en defensa de la memoria y la identidad.

También está el caso de Victoria Donda Pérez (nieta 78), hija de desaparecidos secuestrados en la ESMA. Su apropiador fue Juan Antonio Azic, miembro del grupo de tareas de ese centro clandestino. Victoria fue restituida en 2004, y desde entonces desarrolló una intensa carrera política: fue diputada nacional y titular del INADI. Su historia personal se entrelaza con su lucha pública por los derechos humanos.

Juan Cabandié (nieto 77) fue otro de los jóvenes que, tras conocer su origen, eligió transformar la verdad en acción política. Hijo de Alicia Alfonsín y Damián Cabandié, militantes asesinados por la dictadura, fue restituido en 2004. Se convirtió en legislador porteño, diputado nacional y más tarde en ministro de Ambiente. Su historia es testimonio de cómo la verdad puede no solo reparar, sino proyectar.

Con cada restitución, se reconstruye una historia familiar robada, pero también se reescribe una página de la historia nacional. Las Abuelas no solo han devuelto hijos y nietos: han devuelto el derecho a la identidad como valor colectivo y como legado de futuro.

Hoy, las Abuelas calculan que aún faltan encontrar a unos 300 nietos y nietas. Y su mensaje, como siempre, es claro y urgente: “Los nietos que faltan están entre nosotros. Necesitan acompañamiento. La búsqueda es colectiva. Y la identidad, un derecho que no caduca”.

Si naciste entre 1975 y 1983 y tenés dudas sobre tu identidad, contactate con Abuelas de Plaza de Mayo: www.abuelas.org.ar

CRM/MC

Casi como un desafío a la política de ajuste de Javer Milei que amenaza con cerrar la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Abuelas de Plaza de Mayo anunciaron este viernes la recuperación del nieto número 138. 

Estela de Carlotto encabezó la conferencia de prensa en la Casa por la Identidad del Espacio Memoria y Derechos Humanos, ex ESMA, donde además reclamó que se sostena el funcionamiento del área de DDHH, en peligro por el inminente despido de 600 trabajadores, como detalló elDiarioAR.

“Cerramos el año con la felicidad de un nuevo encuentro: bienvenido nieto 138”, leyó Estela de Carlotto, presidenta de la organización. “Encontramos al hijo de Marta Enriqueta Pourtalé y Juan Carlos Villamayor, nacido en diciembre de 1976. Son así 138 los casos resueltos en estos 47 años de búsqueda inclaudicable de verdad e identidad”.

Según la información brindada, Marta Pourtalé nació el 5 de mayo de 1946 en Azul, provincia de Buenos Aires, y Juan Carlos Villamayor nació el 28 de abril de 1955 y era oriundo de Buenos Aires.

Marta era mayor que Juan Carlos y cuando se conocieron ya tenía un hijo, Diego Antonio, con una pareja anterior. Cuando Juan Carlos cumplió los 21 años, le dio a Diego su apellido. La pareja militaba en Montoneros. A ella la llamaban “La Negra” o “María” y a él también le decían “Ricardo” o “El Negro”.

El 10 de diciembre de 1976, fueron secuestrados en su domicilio de la Ciudad de Buenos Aires, en un operativo perpetrado por personas vestidas de civil. Según se informó, ella estaba embarazada de ocho meses y medio. “La pareja fue vista en el centro clandestino de detención ESMA, donde posiblemente se haya producido el nacimiento del nieto 138. Hasta el momento se tienen contabilizados más de 30 nacimientos en este Centro Clandestino. Sus padres pensaban llamar Soledad o Manuel al bebé que esperaban”, relató De Carlotto.

Al enterarse del secuestro, María del Carmen Villamayor, hermana de Juan Carlos, y su madre, Carmen Antonia Morinigo, emprendieron el recorrido que también debieron atravesar cientos de familiares: presentaron hábeas corpus, visitaron tribunales y cárceles, sin éxito.

En septiembre de 1979, Carmen Morinigo logró presentar la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de visita en el país para recoger información sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura.

Por la rama materna, el tío Pedro Pourtalé fue quien recibió un llamado de la Comisaría de Villa Ballester para buscar a un menor de cuatro años. Diego, su sobrino, había sido dejado allí, pero le negaron información sobre el paradero de su hermana y su cuñado. Pedro junto a su mamá, crió al niño y, tiempo más tarde, denunció el caso de Marta y Juan Carlos ante la CONADEP.

Diego supo que esperaba un hermanito desde los primeros días, aseguró De Carlotto. Cuando su mamá y Juan Carlos le contaron, hizo un dibujo de la familia incluyendo al bebé. Diego continuó esta búsqueda desde el grupo de familiares que participa activamente de Abuelas.

El caso

En 1988, Abuelas había presentado una denuncia que hablaba de un niño que podría ser hijo de desaparecidos. Desde 1999 la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI) trabajó en la investigación del grupo familiar Villamayor-Pourtalé para que, a partir de esa reconstrucción, el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) fuera incorporando las muestras biológicas de la familia. Por otro lado, un joven que fue convocado por la justicia dio su muestra de ADN, que fue ingresada al BNDG en el marco de la causa 188/2000 impulsada por Abuelas de Plaza de Mayo.

“Esto demuestra, una vez más, la imprescindible e incansable labor de los distintos mecanismos que nuestro país fue creando para lograr resultados por los que somos admirados en el mundo”, subrayó la presidente de la organización. 

Junto a la CoNaDI, Abuelas abrió el legajo del grupo familiar Villamayor-Pourtalé. Luego, el BNDG fue cotejando todos los perfiles. A su vez, la Unidad Especial de Investigación de CoNaDI, y la Unidad Especializada para casos de apropiación fueron aportando datos relevantes al juzgado a cargo de la jueza María Romilda Servini de Cubría, que finalmente convocó al hombre a realizarse el estudio de ADN. Ayer, el Juez Daniel Rafecas informó al nieto 138 los resultados. 

“Esta restitución es, una vez más, la muestra de las consecuencias del terrorismo de Estado en el presente y, también, de la necesidad de dar centralidad a las políticas de derechos humanos para que los delitos de lesa humanidad cesen”, continuó De Carlotto.

Y añadió: “La CoNaDI y BNDG fueron instrumentos indispensables para la resolución del caso. En la consolidación de nuestra democracia la Secretaría de Derechos Humanos ha acompañado nuestra lucha en busca de las respuestas que los perpetradores nunca nos han querido dar. Este organismo del Estado se encuentra atravesando uno de los ajustes más brutales con la reducción de su personal a partir de una plan de desmantelamiento”.

“El delito más aberrante de la dictadura se hace evidente en cada restitución: mantener viva a una mujer embarazada, someterla a las peores vejaciones hasta dar a luz a su bebé en condiciones inhumanas, para luego robarle a su hijo y sustituir su identidad. Aunque tarde, con este encuentro, este crimen cesa”, sostuvo. “Hoy celebramos la restitución del nieto 138 y desde Abuelas pedimos que se sostenga el trabajo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, una herramienta imprescindible para la defensa de estos derechos fundamentales”.

MC