La reforma que modifica indemnizaciones, aportes sindicales y reglas de negociación colectiva ya superó el Senado con 42 votos afirmativos y quedó en manos de la Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscará convertirla en ley en las próximas semanas. El proyecto modifica más de 40 leyes y reconfigura aspectos centrales del régimen laboral.

Según el régimen aprobado, los empleadores que ingresen al esquema de formalización aportarán un 2% de contribuciones patronales y un 3% con destino a subsistemas de la Seguridad Social. Hasta hoy, esas contribuciones patronales a la Seguridad Social se liquidaron con alícuotas generales del 18% o del 20,40%, según el encuadre del empleador, de acuerdo con ARCA/AFIP.

Y en obras sociales, el proyecto mantuvo la contribución patronal del 6% prevista en la Ley 23.660, un punto que el dictamen original buscó reducir al 5%.

En paralelo, el Senado aprobó el capítulo de aportes compulsivos. El texto con media sanción estableció un tope del 2% de las remuneraciones para los aportes a favor de asociaciones de trabajadores, que hasta ahora variaron según cada convenio colectivo (por ejemplo, hubo acuerdos homologados con aportes solidarios del 1,5% o del 2,5%).

El proyecto también modificó alícuotas del Impuesto a las Ganancias, que pasaron del 30% al 27% y del 35% al 31,5%. Sin embargo, tras negociaciones con gobernadores, el oficialismo aseguró que no habrá recortes en Ganancias coparticipables, lo que preservó recursos provinciales . Sobre el financiamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), se resolvió postergar hasta el 1° de enero de 2028 la eliminación de asignaciones específicas que nutren su presupuesto .

Desde el sindicalismo y sectores académicos cuestionaron el alcance de la reforma. En un hilo publicado el 9 de febrero, el centro de estudios Fundar —organización dedicada al análisis y diseño de políticas públicas— advirtió que la ley habilita jornadas de hasta 12 horas con banco de horas, permite fraccionar vacaciones a criterio del empleador, debilita la negociación colectiva al trasladarla al ámbito de empresa y limita el derecho a huelga . También señaló que se creará un fondo para pagar indemnizaciones con recursos de la seguridad social .

El jefe del interbloque peronista, José Mayans, calificó el proyecto como “una ley abiertamente inconstitucional, que va a traer alta litigiosidad” . En el recinto sostuvo que “no va a generar trabajo esto. Este modelo no funciona, no le echen la culpa a los trabajadores” y cuestionó el tratamiento legislativo y la conformación de comisiones .

El impacto sobre quienes trabajan aparece como el núcleo del debate. La reforma habilita mecanismos de blanqueo sin sanción, reduce el cálculo de indemnizaciones y promueve esquemas como el banco de horas que, según dirigentes sindicales, trasladan poder de decisión al empleador. Jorge Sola, cosecretario general de la CGT, sostuvo que el banco de horas “lo decide el patrón, no el trabajador” y que el esquema “pone al trabajador en igualdad con el empleador, y eso es inconstitucional” .

La discusión se dio en un contexto de deterioro salarial. Según el Indec, el índice de salarios del sector privado registrado acumuló una suba de 25,6% entre enero y noviembre de 2025, mientras que la inflación alcanzó el 27,9%, lo que implicó una caída real de al menos 2,3 puntos porcentuales . En ese escenario, la Federación de Aceiteros advirtió que convocará a medidas de fuerza si la ley avanza .

Mientras se desarrollaba la sesión, en las inmediaciones del Congreso hubo represión y momentos de tensión con manifestantes. El Gobierno porteño informó que hubo alrededor de 40 demorados y una docena de detenidos, mientras que la Comisión Provincial por la Memoria afirmó que fueron 60. También se registraron heridos.

¿Y cómo está la Cámara baja para la batalla final?

En la Cámara de Diputados el oficialismo intentará acelerar el tratamiento del proyecto, con la intención de sancionarlo antes del inicio del período ordinario. Según pudo saber trabajAR, La conducción libertaria ya organizó un cronograma acotado en las comisiones de Trabajo y de Presupuesto, lo que le permitiría llevar el dictamen al recinto en la última semana de febrero.

El Gobierno apuesta a consolidar una mayoría con el acompañamiento del PRO, sectores de la UCR y bloques provinciales. El poroteo que circula en el oficialismo proyecta un número suficiente para alcanzar el quórum, aunque esa suma depende de acuerdos todavía abiertos con legisladores vinculados a gobernadores que plantearon reparos sobre el capítulo fiscal y sobre la creación del Fondo de Asistencia Laboral.

Ese fondo —que se financiaría con una retención del 3% del salario— aparece como uno de los puntos sensibles en la negociación. Algunos diputados plantearon interrogantes sobre su administración y sobre el impacto que tendría en empresas que no realicen despidos, lo que podría introducir tensiones en el tramo final del trámite parlamentario.

La definición en Diputados no sólo será política. De su votación dependerá si el esquema de indemnizaciones, aportes y reglas de negociación colectiva aprobado en el Senado se mantiene sin cambios o si se incorporan modificaciones que obliguen a devolver el texto a la Cámara alta, con el consiguiente retraso en su sanción definitiva.

JJD

El Gobierno nacional aumentó este lunes la alícuota de retención y percepción que pagan los clubes al sistema de seguridad social de 7,5% al 13,06%, en medio de las muchas disputas entre la gestión de Javier Milei y el titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, representado en la puja pública por el tesorero y secretario ejecutivo del máximo organismo del fútbol argentino, Pablo Toviggino.

La decisión de la cartera que conduce Sandra Pettovello fue anunciada por Boletín Oficial a hizo a través de la disposición 16/2025 de la Subsecretaría de Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzeneger, explicó la situación en un posteo de “X” con fuertes críticas a los clubes.

“En 2024 las ventas de jugadores de fútbol argentinos dejaron ingresos por US$ 324 millones (dato de la FIFA publicado en diario La Nación el 31/1/25). Sin embargo, a la hora de pagar los aportes y contribuciones a la seguridad social la actividad que genera estos ingresos es subsidiada por los jubilados”, señaló Sturzenneger.

El ministro explicó que “con el argumento de la crisis del año 2001 la AFA obtuvo del gobierno de Duhalde un régimen especial para el ingreso de los aportes jubilatorios. Se reemplazaba el régimen general (es decir, lo que paga cualquier empresa, quiosco, pyme, asociación o fundación) por un cargo sobre venta de entradas, transferencias de jugadores y derechos de televisación. Para que quede claro: los clubes no pagan sus aportes al sistema jubilatorio y lo reemplazan con un porcentaje de esos conceptos”.

Sturzenegger afirmó que “el truco es que las alícuotas establecidas hacían al sistema deficitario (la alícuota inicial, establecida en 2%, era una cargada), pese a que el decreto original, el 1212/03, exigía fuera neutral en términos de recaudación”.

“Por ello –continuó- se fue llevando el irrisorio aporte inicial del 2 %, al 6,5 % (Res. 81/05 de la Sec. de Seg. Social), luego al 6,75 % (Decreto 231/19) y finalmente al 7,5 % (por el Decreto 510/23 donde Massa sumó a la AFA misma como beneficiara). Sorprendentemente (o no) la alícuota nunca generó un equilibrio. ¿Quién se hacía cargo del déficit? Los jubilados, ya que el sistema jubilatorio quedaba desfinanciado”.

Sturzenegger subrayó que “más recientemente el déficit empezó a aumentar” y precisó que “entre noviembre de 2023 (fecha de la última revisión de alícuota) y abril de 2024 el sistema tuvo un déficit de 7.000 millones”.

“Esto porque la AFA y los clubes le encontraron la trampa a la trampa. Primero, porque los clubes empezaron a sumar actividades que no tenían que ver con el fútbol pero que, por estar en un club, también gozaban de la exención de aportes al sistema jubilatorio. Por repetir un caso con que vengo ilustrando el punto, Ríver, por ejemplo, desarrolló actividades educativas (muy buenas por cierto) por las que no paga aportes al personal, mientras que la escuela ORT, a dos cuadras, sí debe hacerlo. Segundo, porque para eludir el pago, los clubes pasaron de vender entradas a un régimen de ”abonos“, los que habían sido convenientemente excluidos del 1212. El resultado: beneficios crecientes e ingresos menguantes”, se explayó Sturzenegger.

El ministro detalló que “si en el primer año de Javier MIlei el sistema aportó el 57% de lo recaudado, en los siguientes seis meses ese porcentaje había caído al 33%”.

El funcionario recordó que “el Decreto 939/24 buscaba dar fin a esta inequidad, para lo que habilitó a una comisión integrada por gobierno y clubes para diseñar un nuevo sistema sin déficit o, en caso que no se pudiera acordar, se volviera al sistema general. Vencido el plazo de 6 meses, la AFA y los clubes trajeron una propuesta claramente deficitaria por lo que el gobierno pidió a la AFA garantizar cualquier faltante”.

“Pero se ve que pese a sus millonarios ingresos, la AFA del ”Chiqui“ Tapia no quería asumir riesgos: prefirió que sigan pagando los jubilados. Por eso a fin de Abril el Decreto 939/24 revirtió las obligaciones del fútbol a las regulares de todos los contribuyentes”, indicó.

En este marco, el ministro denunció que “a días de la vuelta al sistema general, la casta (la AFA en este caso) obtuvo una protección cautelar de su privilegio (Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 6 de la CABA, Dr. Enrique Alonso Regueira –firma no verificada). Así mientras miles de empresas, pymes, autónomos, etc… pagan sus aportes y contribuciones a la seguridad social por el régimen general el juez pretendía que un grupo privilegiado pudiera evitar contribuir lo que el resto al sistema jubilatorio. Total, el déficit es de los jubilados”.

“Para que entiendas el absurdo y sin querer estigmatizar a nadie, dice la AFA que para el club Vélez Sarfield volver al sistema general le hubiera significado pagar 26 veces más en aportes al sistema jubilatorio. Para el caso de Ríver 22 veces más. El juez dice que eso es una barbaridad. Pero omitió decir que Vélez contribuía US$ 12.000 por 714 empleados y River US$ 27.000 como aportes jubilatorios de 1.530 empleados. Esto aun cuando ambos clubes declaran en sus balances del ejercicio 2024 ganancias de US$ 28 y US$ 65 millones de dólares. Pero, para el juez Regueira, para los jubilados no hay”, se explayó en su explicación.

Sturzenegger afirmó que “el juez Regueira, al restablecer la vigencia del decreto 510/23 para que el futbol siga con su privilegio, vuelve a habilitar el decreto que nos obliga a realizar el ajuste en las alícuotas para que el sistema esté en equilibrio”.

La disposición y sus fundamentos

Con información de agencias.

IG

Ignacio es un afiliado a la prepaga CEMIC y el mes pasado, en vez de pagar la misma cuota de marzo, de $173.000, debió abonar $293.000, un 70% más. No le dieron mayores explicaciones. No se trata de un aumento habitual, como los que imponen mes a mes las empresas de medicina privada después de conocerse el índice de precios al consumidor (IPC), tal como les ordenó el Gobierno. Ignacio se enteró de que el salto tenía que ver con que los aportes de su empleador, que antes se triangulaban hacia la prepaga a través de una obra social, no habían llegado a destino. El tarifazo coincidió con el primer mes en que se abolió la intermediación de aportes a través de las organizaciones sindicales, tal como lo dispuso el ministro de Salud, Mario Lugones.

¿Qué sucedió exactamente? Un alto ejecutivo de una de las principales prepagas lo explica. Las obras sociales solían recibir las contribuciones de empleadores y empleados, pero demoraban de uno a tres meses en girarlas a las compañías de salud. Como el Gobierno cortó con la triangulación con el argumento de bajar costos de las prepagas, estas quedaron con aportes pendientes de recibir de las entidades gremiales.

Es decir, las compañías de medicina privada recibieron los aportes de abril de parte del Estado, pero tienen pendientes de percibir los que retienen las obras sociales de los meses anteriores. Se trata de un retraso que se iría normalizando entre mayo y julio, dependiendo de la solvencia de la organización sindical.

Grandes prepagas asumieron el bache financiero de los aportes y no les aplicaron un aumento extra a la cuota a los afiliados, más allá del alza mensual que en general camina un poco arriba o abajo del IPC por presión del Gobierno. En cambio, otras firmas de medicina privada como CEMIC no tienen tanta espalda en sus números y debieron aplicar el incremento adicional.

“Puede que haya alguna demora en algunos pasajes (de aportes de obras sociales a prepagas), pero es algo que se está corrigiendo”, admitieron en la Superintendencia de Salud. Eso sí, ninguna firma privada anunció rebaja de cuotas ahora que ya las obras sociales no se quedan con una parte por la intermediación.

Las prepagas anhelaban la desregulación que decretó Milei, pero a los pocos meses se enfrentaron con el ministro de Economía, Luis Caputo, que al estilo Guillermo Moreno -exsecretario de Comercio del kirchnerismo- las presionó para rebajar las cuotas que se dispararon apenas se liberalizaron. El modo de “apretarlas” fue una investigación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia por supuesta “cartelización”. Ahora los precios son libres en teoría, pero sólo puede anunciarlos tras la publicación de cada mes del IPC, como referencia. En el sector alegan que las cuotas deberían aumentar más para equilibrar sus costos, pero tampoco han planteado mayores quejas: ganan más que en el gobierno anterior, cuando incluso algunas perdían.

Después del salto de la inflación del 3,7% en marzo, el Gobierno volvió a presionar de manera informal para que los aumentos de las empresas de salud privada no fueran tan altos. Algunas grandes remarcaron alrededor del 2,5%. El argumento del Ejecutivo era que la inflación iba a empezar a bajar otra vez en abril.

Antes, en la segunda mitad del año pasado, las prepagas aumentaban de acuerdo con el IPC del mes anterior, pero como dicho indicador luego bajaba, las podían subir por encima de la inflación. Ya no. Excepto, en aquellas sin espalda para absorber el retraso de las obras sociales.

AR/MC

Para la Procuración del Tesoro de la Nación, que conduce Rodolfo Barra, una organización religiosa puede ampararse en el derecho de objeción de conciencia para no cumplir con el pago de contribuciones sindicales. Así lo reconoció en un dictamen en donde hace lugar a un reclamo de una congregación evangélica, llamada Reuniones Evangélicas Argentinas, que denuncia que cumplir con las contribuciones a los sindicatos contradice su doctrina de fe. Un precedente que, de ejecutarse, podría abrirle la puerta al desfinanciamiento de las organizaciones sindicales.

La decisión del cuerpo de abogados del Estado fue una respuesta a un pedido realizado por la Secretaría de Trabajo, el organismo al que le había llegado la presentación de Reuniones Evangélicas Argentinas. Esta organización evangélica, minoritaria, que cuenta con un reducido número de feligreses —solo 320 personas estarían afectadas en su derecho de libertad religiosa, según admiten— argumentaba que la obligación de contribuir con los sindicatos iba directamente en contra de los mandatos de su fe. Un mandato que, sostienen, prohíbe terminantemente cualquier tipo de asociación o participación en organizaciones “que difieran de la propia Iglesia o el Estado”.

Fue así que Rodolfo Barra, junto al resto de la Procuración del Tesoro Nacional, decidió intervenir y emitió un dictamen —publicado la semana pasada— que respalda, echando mano a fallos de la Corte Suprema y tratados internacionales, la necesidad de una “adecuación” del ordenamiento legal actual.

En concreto, la iglesia evangélica solicita poder exceptuar a empleados y empleadores de la congregación en el cumplimiento de las contribuciones atadas a sus respectivos Convenios Colectivos de Trabajo. Son varios convenios, que incluyen a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), a los empleados de Comercio, a la Construcción, Camioneros, entre otros. 

En la práctica, lo que hace es avalar, por ejemplo, el no pago de la cuota sindical del 2% del salario para los trabajadores no afiliados de la UOM. Todo bajo el argumento de que esta “adecuación” no pone en riesgo “el normal funcionamiento de las asociaciones sindicales” y, en cambio, protege “la libertad de conciencia religiosa”. Y lo hace basándose en dos antecedentes: la objeción de conciencia para participar del servicio militar obligatorio y en la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Con un desliz: cuando se refiere a la Ley IVE la define como “el aborto como supresión voluntaria de una vida humana”.

Desfinanciamiento de las organizaciones sindicales

“Hay que leer el dictamen en un contexto general, desde el DNU 70/2023 (el megadecreto que dictó Javier Milei a los pocos días de asumir en la Presidencia) hasta [el texto original de] la Ley de Bases original. Lo que se busca es cuestionar la validez de los aportes solidarios, lo que se busca es desfinanciar a los sindicatos. Esto sienta un precedente complejo”, explica el abogado laboralista y asesor sindical, Álvaro Ruiz, resaltando una continuidad que repetirán varios de los especialistas consultados por elDiarioAr: el dictamen de la Procuración como un nuevo intento, más curioso y rebuscado, de avanzar contra las cuotas solidarias a los sindicatos.

En el DNU 70, Milei intentó avanzar en este sentido, proponiendo introducir la obligatoriedad de un consentimiento explícito del trabajador como condición para que se le retuviera la parte del sueldo destinada a la cuota solidaria. Esta reforma, sin embargo, fue impugnada judicialmente por la CGT y nunca fue puesta en práctica.

El Gobierno llevó el amparo de la CGT a la Corte Suprema de Justicia, que todavía no se expidió. Pero, curiosamente, no lo hizo solo: entre los amicus curiae que se presentaron junto al Estado aparecía, una vez más, la organización Reuniones Evangélicas Argentinas. “No tenemos ninguna relación especial con la organización”, informaron desde el gobierno nacional. La congregación evangelista, en cambio, no respondió a las consultas de este medio.

El Gobierno, luego, volvió a intentarlo con la Ley de Bases, pero lo quitó del proyecto final luego de varias reuniones con representantes de la CGT. “Esta es una vía más rebuscada y acotada de lo que ya intentaron hacer. Están abriendo una puerta, no es más que otro mecanismo para empezar a horadar el financiamiento de las organizaciones sindicales, que se sustentan por el aporte de los afiliados y por los aportes que hacen el resto de los no afiliados por el hecho de firmar un convenio colectivo y beneficiarse de las negociaciones salariales”, explica Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma. 

Campos vincula, además, el dictamen de la Procuración del Tesoro con un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que, en 2018, determinó que un grupo de trabajadores públicos no podía ser obligados a contribuir con la organización sindical que los representaba en las negociaciones colectivas. “En ese caso la cláusula que afectaba era la libertad de expresión. Acá es la objeción de conciencia. Pero que sea una organización religiosa es indistinto a los efectos de lo que buscan, que es decirle a la Secretaría de Trabajo que, cuando homologuen acuerdos paritarios, tengan en cuenta a los objetores de conciencia”, agrega el investigador de la CTA.

El dictamen de la Procuración abre, así, un interrogante en plena faena de negociaciones paritarias en varias actividades. Especialmente cuando el Gobierno se rehúsa a aceptar acuerdos salariales superiores al 1% mensual, abriendo numerosos conflictos con sindicatos que, como Camioneros, cerraron acuerdos más beneficiosos. “Esto va a marcarle la cancha a la Secretaría de Trabajo, que le va a dar más argumentos para poder objetar acuerdos salariales”, advierte Ruiz, que observa que el dictamen profundizará las trabas en el proceso natural de homologación de los convenios colectivos de trabajo.

¿Cómo? Planteando la posibilidad de que puede haber afiliados que son objetores de conciencia que no desean pagar la cuota solidaria. El dictamen, sin embargo, es una recomendación que el equipo de abogados que comanda Barra le hace al Ministerio de Capital Humano. “Nosotros aportamos elementos en base a la visión constitucional que tiene el procurador elegido por el presidente. Pero lo que pase con el dictamen ahora depende de Capital Humano”, explicaron desde la Procuración del Tesoro.

Los especialistas consultados por este diario afirman, de todos modos, que solo es cuestión de tiempo para que la Secretaría de Trabajo, que forma parte del Ministerio de Capital Humano, utilice el dictamen como insumo. En ese caso, el sindicato de Camioneros, por ejemplo, podría verse afectado, ya que la organización Reuniones Evangélicas Argentinas cuenta con trabajadores en la actividad. Y no solo trabajadores. Ya que el pedido de la iglesia evangélica refiere tanto a empleados como a empleadores. Es decir que si el dueño de la empresa transportista integra la congregación todos los trabajadores podrían verse afectados con su decisión de, por ejemplo, rehusarse a hacer el aporte a la obra social del sindicato.

“Acá se trata de intereses de terceros, que son el conjunto de los trabajadores que contribuyen al sujeto colectivo que es el sindicato que podrían verse afectados por el conflicto de objeción de conciencia de unas trescientas personas”, insiste Ruiz.

Los sindicatos consultados por este medio, mientras tanto, calificaron la resolución de “absurda”. “Buscan violar la ley. No es otra cosa. Es como si alguien invoque ‘objeción de conciencia’ para no pagar IVA o el impuesto a las Ganancias. No es serio. Parece un acuerdo concertado entre la organización, a la que le suben el precio, y el gobierno para sentar un precedente”, apuntó el secretario general de la CTA, Hugo Yasky.

MC/JJD