El cierre provisorio, según la versión oficial, del Centro Cultural de la Memoria “Haroldo Conti” y el desmantelamiento de otras instituciones vinculadas a los derechos humanos, abre un interrogante sobre qué ocurrirá con los documentos y pruebas que allí se resguardaran y que fueron el sustento sobre el que se demostró la existencia de un plan sistemático para la desaparición de personas durante la última dictadura militar.

En el último tiempo fueron despedidos del Archivo Nacional de la Memoria (ANM) –ubicado en la exEsma– al menos 30 trabajadores de una planta de total de 130. Más de la mitad de las personas cesanteadas se desempeñaba en áreas de investigaciones históricas, lo que afecta en forma directa las respuestas a oficios judiciales. “Quedó una sola persona a cargo de la conservación de cinco kilómetros lineales de documentos ubicados en 14 depósitos, lo mismo que para dar respuestas a oficios judiciales y antecedentes de crímenes de lesa humanidad. Para la atención de la sala de consultas, no quedó nadie”, afirmaron algunos trabajadores consultados por elDiarioAR que prefirieron no dar sus nombres y apellidos.

A ese panorama se le suma que solo dos personas continúan trabajando en el área de digitalización de documentos y apenas una en la oficina de Recursos Humanos. Además, al frente del Registro Único de Víctimas del Terrorismo de Estado permanecen solo tres personas, quienes tiene la responsabilidad de llevar a cabo las investigaciones de víctimas y Centros Clandestinos de Detención (CCD), al igual que para la actualización de legajos de la Comisión Nacional para la Desaparición de Personas (CONADEP).

La Comisión, presidida por el escritor Ernesto Sábato, presentó hace poco más de 40 años ante la Justicia el informe “Nunca Más”, que dio cuenta de las detenciones, torturas, desapariciones y asesinatos de hombres, mujeres y niños, así como también del robo de bebés a mujeres embarazadas secuestradas en centros clandestinos durante la última dictadura cívico-militar. Uno de los soportes materiales que permitió ordenar y organizar las declaraciones testimoniales de sobrevivientes y familiares de desaparecidos para el informe fue un fichero metálico que agrupó una gran cantidad de fichas enumeradas con el nombre y apellido de personas desaparecidas y de sobrevivientes y con categorías como “cese arresto”, “liberado”, “expulsado” y “desaparecido” para cada uno de ellos.

Aquel fichero forma parte forma parte del fondo “CONADEP” que resguarda la Dirección Nacional de Gestión de Fondos Documentales del ANM y, sujeto a técnicas de protección y conservación, se encuentra exhibido en el edificio del Archivo.

Allí también se encuentran preservados, entre otros documentos, agendas, afiches, actuaciones judiciales, álbumes fotográficos, anotaciones y recursos de amparos legales presentados para obtener información o conocer el paradero de las personas secuestradas y desaparecidas por el régimen militar. Una de las anotaciones rescata el recuerdo que relató una detenida ilegal, de nacionalidad española, tras recuperar su libertad: “Menciona que vio a un detenido que cantaba en francés”.

El Centro Cultural de Memoria Haroldo Conti fue creado en 2008, bajo administración de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, como un espacio de difusión y promoción de la cultura, la educación y los derechos humanos abierto a la comunidad. El nombre del Centro rinde homenaje al escritor, docente y periodista Haroldo Conti, quien fue secuestrado y desaparecido en 1976 por la última dictadura militar cuando tenía 51 años. El Conti, como otras instituciones dedicadas a la preservación de la memoria, se encuentra ubicado en el predio donde funcionó durante el régimen dictatorial uno de los Centros Clandestinos de Detención y Tortura (CCDyT) más emblemáticos: la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde estuvieron secuestradas cerca de 5.000 personas, de las cuales sobrevivieron alrededor de 200. Desde hace más de 16 años se ofrecen allí obras de teatro, cine, conciertos de música, danza y exposiciones de arte. Además, se llevan a cabo seminarios de políticas de la memoria y encuentros internacionales sobre derechos humanos. Uno de los objetivos del Conti es transformar en un espacio de arte y resignificación de lo que antes fuera un sitio emblemático de privación, exclusión y muerte. 

El cierre, por ahora provisorio, del Conti impidió esta semana, por ejemplo, que los visitantes pudieran recorrer la 35º Muestra Anual de Fotoperiodismo Argentino, que expone más de 140 fotografías registradas en 2023 por unos 85 autores. Organizada por la Asociación de Reporteros Gráficos de la Argentina (ARGRA), la muestra es considerada la más importante de la región.

La primera nieta recuperada, despedida

Como varias decenas de trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos, Tatiana Sfiligoy llegó este jueves a la puerta del Conti y se encontró con que su nombre estaba en el listado de despedidos. Sfiligoy es la primera nieta restituida por las Abuelas de Plaza de Mayo y lleva más de 12 años como contratada en la Secretaría. “Veíamos venir los despidos, pero no sabíamos que sería tan ‘motosierra’. La lista de despedidos es enorme y horrible. Nos hace acordar a otras listas siniestras de otras épocas del país”, dijo en declaraciones a Radio Con Vos. Sfiligoy, cuyos padres fueron secuestrados y desaparecidos en 1976 por represores de la última dictadura, consideró que los despidos de trabajadores “no tienen ningún asidero lógico, más allá de la postura del Gobierno de liquidar la política de derechos humanos” vigente en las últimas décadas. “Me llama la atención el coraje que han tenido para hacer semejante salvajada”, sostuvo.

Ante la presunción de que los despidos por parte de la Secretaría de Derechos Humanos iban a ser anunciados con el nuevo año, los trabajadores se manifestaron el viernes 27 de diciembre en la puerta del predio donde funcionó la ESMA. Ese día, según la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), se llevaron a cabo “tareas ilegales de inteligencia” con motivo del “monitoreo de la represión a la protesta social”.

La CPM registró la “presencia de personal policial de civil sin identificación que deambulaba entre los convocados y luego interactuaba con efectivos de la Policía de la Ciudad” en el predio situado en Avenida Del Libertador al 8100, en el barrio de Núñez. La Comisión advirtió que el mismo día “hubo agentes de fuerzas de seguridad realizando videofilmaciones de las y los manifestantes tanto en el interior como en el exterior del edificio” del Conti.

“Me preocupa que la sociedad no tome conciencia de esto porque venimos en un retroceso de derechos”, destacó Sfiligoy. 

La “reestructuración” que el secretario Alberto Baños plantea llevar a cabo en el Conti “es una señal de alarma importante”, dijo a elDiarioAR Verónica Torras, directora de Memoria Abierta e integrante de la Comisión Directiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Para Torras, la decisión tomada por el Gobierno nacional “manifiesta una voluntad de cierre al menos temporal hasta que se pueda llevar adelante una reestructuración que no queda clara, aparentemente tanto de personal como de programas y de actividades”. Sin embargo, resaltó, es necesario “tener en cuenta que este es un Estado liquidador que no dejará nada en pie salvo que lo considere estrictamente indispensable. Por otro lado –sostuvo–, es evidente que no existe interés de este Gobierno en sostener un proyecto como el del Conti, que está en las antípodas de su perspectiva política e ideológica, y que seguramente asumirán como antieconómico”.

Torras opinó que el Gobierno de Milei “se encuentra por momentos en una posición bifronte, en la que no termina de asumir una hostilidad abierta con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia tal como se estructuraron o incluso tiene una retórica de aprobación, como la que manifestó Baños en la audiencia de noviembre pasado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde reivindicó, por ejemplo, que el Gobierno sostiene la ex ESMA, los sitios de la memoria, el rol como querellante en los juicios. En definitiva, sostuvo un discurso de defensa de estas políticas. El problema –destacó Torras– es que ese discurso no se sostiene en las decisiones que están tomando porque despiden a los trabajadores que llevan adelante las políticas, las dejan sin presupuesto, cierran los programas y los espacios.Y tampoco se sostiene en sus posicionamientos públicos en los que desprecian muchas veces lo que se ha construido en este campo y atacan a quienes han contribuido en ese proceso”, agregó.

Para Marina Franco, doctora en Historia e investigadora principal del Conicet, las políticas de derechos humanos “entran, en dos niveles, al dedillo en la lógica de la extrema derecha. Primero, en la destrucción de lo público y el desmantelamiento del Estado, en general. Y, segundo, en la eliminación de lo que le representa realmente sus enemigos ideológicos, en este caso las políticas de derechos humanos y todo aquello que el Estado ha hecho en las últimas décadas en ese sentido. El cierre provisorio del Conti y el desmantelamiento del Archivo Nacional de la Memoria forma parte de la destrucción del Estado focalizada en los mayores enemigos ideológicos”, consideró en declaraciones a elDiarioAR.

El Archivo, comentó Franco, es “el lugar de referencia fundamental de toda la documentación sobre derechos humanos después de la dictadura en adelante y, además, de la información que sirve para todos los juicios de lesa humanidad. Es gravísimo porque se trata de la destrucción del patrimonio histórico y de pruebas documentales sobre las violaciones de los derechos humanos en la Argentina”.

Las periodistas y escritoras Silvana Melo y Claudia Rafael encararon hace más de un año una investigación acerca de los padecimientos psiquiátricos que sufrieron los presos políticos en cárceles durante la última dictadura militar. Para obtener historias y testimonios de la época, recurrieron al Archivo de la Memoria; durante enero de 2023 trabajaron allí más de ocho horas diarias y obtuvieron la asistencia de entre seis o siete trabajadores. “Recibimos de ellos una ayuda imprescindible, porque nos guiaron en el camino de búsqueda de información a través de computadoras, documentos y expedientes judiciales. Aquella asistencia representó más de las 2/3 partes de nuestra investigación”, que será publicada en marzo próximo en formato de libro, contó Melo a elDiarioAR. En un sentido similar a Sfiligoy, Melo recordó que por segunda vez consecutiva se llevan a cabo desde el Gobierno de Milei despidos de trabajadores públicos un 31 de diciembre y por mensaje de WhatsApp. “La parálisis de la sociedad ante lo que está ocurriendo es tremenda”, agregó.

Fuentes judiciales recordaron a elDiarioAR que “gracias a un legajo” perteneciente a la documentación que preserva el ANM del trabajo hecho por la CONADEP se pudo descubrir que durante la última dictadura militar había funcionado, entre marzo y mayo de 1976, un Centro de Clandestino de Detención y Torturas en un inmueble ubicado en la calle Bacacay 3570, en el barrio de Floresta. El sitio estaba situado en la misma manzana donde, casi un año después, fue emplazado el Centro Clandestino “Orletti”. El legajo de la CONADEP “sobre el cual se trabajó fue el de Emma Le Bozec”, precisaron las fuentes judiciales consultadas. Le Bozec era maestra y poeta cuando el 30 de abril de 1976 fue secuestrada por un grupo de tareas y llevada al centro clandestino de la calle Bacacay. “Yo estaba preparando todo para festejar los cumpleaños de mis hijos (...) cuando irrumpieron estas bestias. Entraron encapuchados y con armas largas” contó años después acerca de su secuestro.

Los trabajadores del ANM consultados por elDiarioAR destacaron que a los 30 trabajadores despedidos hay que sumarle que otras 19 personas “están sin contrato y recién se están iniciando sus trámites” a tal fin porque les fueron cambiadas las condiciones del vínculo laboral. Además, otros trabajadores que pertenecen a las plantas transitorias y permanentes del Estado y que se desempeñan en el ANM sufrieron recortes en sus salarios que van del 40% al 60% porque se encontraban contratados por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), la institución que representa a todos los Concesionarios Oficiales de Automotores en el país y que, en los últimos años, se convirtió en un ente cooperador del Ministerio de Justicia. Mediante ACARA, los trabajadores percibían una buena parte de sus salarios en concepto de incentivos.

Los despidos también alcanzaron a trabajadores a cargo de los sitios de la memoria. Uno de ellos es el Centro de la Memoria Virrey Cevallos, situado en el barrio porteño de Monserrat, donde funcionó durante la última dictadura un CCD. El edificio está ubicado en la calle Virrey Cevallos al 600, a pocas cuadras del Departamento Central de la Policía Federal Argentina, y fue un centro clandestino a cargo del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea. Se estima que un centenar de detenidos-desaparecidos pasaron por allí. El lugar quedó al borde del desmantelamiento tras el despido de cinco de los siete trabajadores que se desempeñaban.

“¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Cerrarlo y poner un shopping? ¿Un Starbucks?”, pregunta, indignada, desesperada, una mujer canosa de ojos claros mientras señala el predio de la ex ESMA como si quisiera abarcarlo todo: los árboles, el Casino de Oficiales donde se torturó y desapareció a alrededor de 5 mil personas, el modelo de avión Skyvan que se utilizaba para los “vuelos de la muerte” y, finalmente, el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. El Centro Cultural que el presidente Javier Milei decidió cerrar, con el eufemismo de una “reestructuración”, y cuya defensa motorizó un masivo festival en contra de los despidos y del desmantelamiento de los espacios de Memoria, Verdad y Justicia.

Bajo la consigna “Una memoria que arde”, los trabajadores despedidos del Conti organizaron una fiesta para resistir el cierre de un espacio que, desde 2008, es sinónimo de la vida cultural porteña. Muestras fotográficas, baile, música, teatro, talleres educativos, seminarios: el Conti se estableció hace 16 años como un núcleo nodal de la cultura dentro del predio donde funcionó uno de los más grandes campos de concentración de la dictadura. Alertados por WhatsApp el 31 de diciembre que el centro cerraba y que el personal quedaba en “guardia pasiva” hasta nuevo aviso, los trabajadores del Conti decidieron organizar un festival.

Horror y vitalidad

Los primeros grupos de personas comenzaron a llegar pasadas las cinco de la tarde. El cielo celeste, el runrún de las primeras de las batucadas y el olor de la comida que venía de los puestos de la feria chocaban contra la solemnidad del más grande centro de exterminio de la dictadura militar. Los caminos por donde antes pasaban los detenidos encapuchados, para después no volver, estaban repletos de puestos de comida vegana y sandwiches de bondiola, de stencils y pins con el rostro de Evita, de artesanías y cosmética cannábica. Y de pañuelos blancos, toda una ingeniería de pañuelos blancos: lisos, con la frase “Nunca Más”, con la cara de Lula y de CFK, con dibujos de Mafalda. 

Era la liturgia del 24 de marzo concentrada en los caminos verdes y soleados de la ESMA. Hasta que el cartel con el rostro aniñado de Franca Jarach, adolescente desaparecida en la ESMA, irrumpe con violencia entre los stands que venden agendas. Y concentra todas las miradas. Elvira, una mujer con remera celeste que luego hará el comentario de Starbucks, suspira mientras lee y niega con la cabeza. Su primo, Roberto Vera Barros, fue desaparecido en el 76’ cuando tenía 22 años. 

“Nunca más supimos de él, no sabemos ni a qué centro clandestino lo mandaron. Pero no estoy acá solo por él, sino por el desguace de este lugar de memoria. Yo entiendo que hay que hacer recortes en el Estado, pero anular la memoria de lo que fue el terrorismo de Estado me parece una atrosidad”, suspira, seria. Es radical “hasta la médula” y cuenta que le costó asistir (no lo dice, pero los pines de CFK por todos lados funcionan como explicación). “Ningún presidente hizo esto, ni Macri. Este gobierno no tiene ningún reparo en defender el terrorismo de Estado, empezando por la vicepresidenta y siguiendo por el Presidente. Aunque hubiesen puesto bombas tenían derecho a un juicio, no a terminar torturados, secuestrados y tirados en el río. ¿Qué están reivindicando? ¿El nazismo?”, se pregunta, y emociona.

A unos metros, un hombre de 50 años con una remera de un auto policial prendido fuego sostiene un cartel que dice “Los dos demonios son Milei y su vice”. Las referencias a Victoria Villarruel son moneda corriente: el amigo de la familia, el torturador y violador Alberto “Gato” González, condenado a dos prisiones perpetuas por crímenes de lesa humanidad, participaba del grupo de tareas que funcionaba en la ESMA.

En el escenario ubicado frente al centro cultural, mientras tanto, toca una banda. “El modelo de individuo de este gobierno no tiene nada que hacer con toda esta gente trabajando unida”, sostiene Santiago, uno de los músicos, y se pone a tocar. La gente baila al lado del modelo de avión que se utilizaba para los vuelos de la muerte. 

“Choca el contraste entre el horror y la vitalidad. Yo preferiría el silencio. Pero es importante ver toda esta gente jóven porque el horror no forma parte del pasado, sino del presente”, sostiene Claudia, sonriente debajo de unos anteojos de carey. Una de sus compañeras –son cuatro amigas– disiente: “Más allá del dispositivo, lo importante es mantener encendida la llama de la memoria. Quedan solo tres abuelas vivas, somos nosotras las que tenemos que tomar la posta ahora”.

Cada vez hay más gente y es imposible caminar. “Hay mucha más gente que en el ‘abrazo’. Es la reacción. Porque esto no es contra los derechos humanos, es contra todo el pueblo”, celebra, sobrio, Hernán, mientras hace la fila de los panchos para comprarle uno a su hijo Martino, de nueve años. Hernán se refiere a una de las múltiples actividades que organizaron, la semana pasada, los organismos de Derechos Humanos cuando se empezó a agitar el fantasma de los despidos. Y es que el desmantelamiento de la Secretaría de Derechos Humanos comenzó hace tiempo y viene afectando numerosas áreas que se encargan del sostenimiento de la memoria, como el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado y el Archivo Nacional por la Memoria.

Verónica Castelli, hija de dos militantes peronistas desaparecidos por la dictadura y trabajadora despedida de la Secretaría de Derechos Humanos, es quien mejor narra la cronología del desmantelamiento. Primero se dejaron de dar tareas y se prohibieron algunos de los seminarios. En junio empezaron los primeros despidos de las personas que no habían sido ya desafectadas en marzo, cuando cayeron muchos de los contratos precarios. Castelli, entonces, terminó quedando sola manejando el espacio de memoria que se estaba construyendo en el “Vesubio”, uno de los centros de exterminio de La Matanza. En agosto fueron por los de planta transitoria. Y en septiembre comenzaron con los planes de retiro voluntario forzosos y en cuotas. Los pocos que no adhirieron, como Verónica, fueron echados por WhatsApp el 31 de diciembre. 

“El ataque es contra la Secretaría de Derechos Humanos, porque no quieren que exista. El ataque es contra el Ministerio de Justicia, porque están dejando el 30 por ciento de su planta. Lo que buscan es destruir al Estado”, explica Castelli, con el mismo tono de voz angustiado que se repetirá en varios de los trabajadores despedidos. 

Al día de hoy, en ATE calculan cerca de 600 despidos en la Secretaría de Derechos Humanos. Ya hay espacios de memoria, como el de Virrey Ceballos, que se quedaron sin un trabajador que pueda abrir la puerta.

La llama encendida de la memoria

No hay casi dirigentes políticos. Solo algunos escondidos en la multitud, como los funcionarios bonaerenses Gabriel Katopodis o Daniel Menéndez. Tampoco documentos, aunque Taty Almeida, cuando llega, es recibida como una estrella de rock. En el escenario suben y bajan colectivos sociales y artistas. El bachillerato trans Mocha Cellis toma la palabra: “Las trabas somos herederas de las Madres y Abuelas porque sabemos lo que es luchar para que se respete nuestra identidad. En tiempos oscuros hay que mirar a las Abuelas que, ante la adversidad, saben encontrar el camino”, afirma la directora, Virginia Silveira.

Es el clima de un Día de la Memoria, con grupos de viejos y jóvenes, familias y amigos, gente suelta con remeras de La Renga o Charly. Hay, incluso, parejas con galgos, como María y Horacio. Elegantes, sobrios, viven a unas cuadras de la ESMA, en el barrio de Belgrano. Ella es una reconocida militante contra la violencia obstétrica, pero también es artista y expuso varias obras en el Conti. Él recuerda cuando los jeeps pasaban, hace casi cincuenta años, por las puertas de la ESMA. “No sabíamos que había un centro de detención y tortura. Hay que conservar este espacio de memoria”, sostiene, pero su mujer lo corrige: “Sí, sí sabíamos. Es mentira cuando la gente dice que no sabe nada”. Se enojan, se ríen. Y María se pone seria: “Están eliminando 50 años de cultura. ¿Para qué?”.

De fondo, en el escenario se escucha una voz: “El arte es revulsivo. Es revolucionario. Y por eso lo quieren cerrar. Pero no lo van a lograr. El Conti no se cierra”.

MC/MG

Por el cierre del Centro Cultural Haroldo Conti anunciado por el Gobierno nacional, sus trabajadores realizaron hoy un misa fuera de la institución a cargo del Padre Lorenzo Toto de Vedia, párroco de Caacupé de la Villa 21-24.

Según informó el gremio ATE, el martes pasado el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, decidió cerrar la institución Conti por el mes de enero y notificó a los empleados que no debían concurrir a su lugar de trabajo hasta nuevo aviso por una “reestructuración”.

Asimismo, detalló que los empleados recibieron mensajes de WhatsApp en sus teléfonos que además del cierre de su lugar de trabajo, les anunciaba que quedaban en guardia pasiva y que no debían presentarse a trabajar a partir del 2 de enero.

En este contexto, ATE denunció que a lo largo de 2024 el Centro Cultural Haroldo Conti funcionó sin presupuesto, y que la programación de actividades fue realizada por los propios trabajadores sin una dirección por parte de la Secretaría.  

Con motivo de protesta a la decisión de la cartera dependiente del gobierno del presidente Javier Milei, los trabajadores decidieron luego de una asamblea convocar a la misa para este viernes y para mañana sábado a las 18:00 un festival que se realizará en la puerta del Centro Cultural.

A su vez, se esperaban nuevas acciones de cara a otra asamblea que prevista para el próximo lunes seis de enero. 

Ayer, en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, Melisa Hobert, delegada de ATE en la secretaría de Derechos Humanos, dijo que se enteraron de la decisión en la puerta y que la cifra de despidos ascendería a 600 trabajadores. 

Con información de la agencia NA