La alimentación durante la jornada laboral quedó atravesada por la restricción económica para la mayoría de los trabajadores asalariados en Argentina. Un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA) reveló que el 83,5% reduce la cantidad o la calidad de los alimentos por motivos económicos, una situación que refleja el impacto directo de los ingresos sobre las condiciones materiales de la vida cotidiana.

El estudio se basó en la Encuesta Alimentación de los Trabajadores Asalariados en Argentina (2025), realizada sobre una muestra representativa de 1.171 asalariados en todo el país. El objetivo fue analizar cómo comen los trabajadores durante la jornada laboral y qué factores sociales y laborales condicionan esa práctica.

La restricción económica no solo afecta la calidad de la alimentación, sino también la frecuencia con la que se come durante el día. El informe señala que 56,2% de los trabajadores salteó comidas o eligió alimentos menos nutritivos por motivos económicos, mientras que solo 16,5% afirmó no atravesar ningún tipo de privación alimentaria.

La alimentación durante la jornada laboral tampoco está garantizada para todos. El 22,6% de los trabajadores asalariados declaró que no suele comer durante su jornada laboral, lo que equivale a casi uno de cada cuatro.

Esa situación no se distribuye de manera uniforme. La proporción de trabajadores que no come durante la jornada aumenta con la edad, y supera el 30% entre quienes tienen entre 45 y 59 años (30,4%) y entre los mayores de 60 (31,6%).

Las desigualdades territoriales también aparecen con claridad. La situación más crítica se registra en el NEA, donde el 50,1% de los trabajadores declara que no come durante la jornada laboral, el valor más alto entre todas las regiones del país.

Las condiciones laborales también inciden en estas prácticas. La falta de pausas regulares para comer afecta al 26% de los asalariados, lo que muestra que el tiempo para alimentarse no siempre está garantizado dentro de la organización del trabajo.

Las dificultades se concentran especialmente entre trabajadores de menores ingresos, empleados del sector público y personas que trabajan en lugares sin infraestructura adecuada, como comedores, heladeras o microondas.

El lugar donde se come durante la jornada también refleja las condiciones del entorno laboral. Entre quienes sí realizan alguna comida, el 41,5% lo hace en su escritorio o puesto de trabajo, mientras que el 38,9% utiliza el comedor de la empresa u organización.

Otros trabajadores recurren a alternativas menos frecuentes. El 9% come en espacios públicos como plazas o patios, el 7% lo hace en restaurantes o bares y el 3,6% en su propia casa.

La infraestructura disponible en el lugar de trabajo aparece como un factor decisivo. Contar con comedor, heladera o microondas se asocia con mejores hábitos alimentarios, mayor regularidad en las pausas para comer y menores niveles de privación alimentaria.

Estas condiciones no dependen solo de la voluntad individual de los trabajadores. El tamaño de la empresa, el sector de actividad y el nivel de ingresos influyen en la forma en que se organiza la alimentación durante la jornada laboral, lo que produce diferencias significativas entre distintos grupos de asalariados.

El informe también analiza el vínculo entre alimentación y salud. El 23,1% de los trabajadores asalariados presenta obesidad, definida como un índice de masa corporal superior a 30, una proporción que aumenta en contextos laborales menos favorables.

Los investigadores señalan que las condiciones del trabajo —los tiempos disponibles para comer, los ingresos y la infraestructura del lugar de trabajo— influyen directamente en los hábitos alimentarios y, en consecuencia, en la salud de quienes trabajan.

La mayoría de los trabajadores también manifestó interés en recibir algún tipo de aporte del empleador para cubrir los gastos de alimentación durante la jornada laboral. Según el estudio, 80,4% se mostró a favor de recibir ese tipo de beneficio, lo que refleja la centralidad que tiene el costo de la comida en el presupuesto cotidiano.

El informe concluyó que el lugar de trabajo es un espacio clave para promover mejores condiciones de alimentación y bienestar. La presencia de infraestructura adecuada y de aportes empresariales aparece asociada con mejores prácticas alimentarias y menores niveles de privación.

Las condiciones en que los trabajadores comen —o dejan de comer— durante su jornada laboral muestran cómo los ingresos, la organización del trabajo y el entorno laboral influyen directamente en la alimentación cotidiana.

JJD

Burger King inició el despliegue de un sistema de inteligencia artificial denominado BK Assistant en 500 de sus establecimientos en Estados Unidos. El sistema utiliza un chatbot con voz, al que llamó “Patty”, que se integra en los auriculares de los empleados para monitorizar sus interacciones con los clientes. La herramienta está programada para detectar si los trabajadores utilizan palabras específicas como “bienvenido”, “por favor” y “gracias”.

El chatbot fue desarrollado con tecnología de OpenAI, la creadora de ChatGPT. Según informó Burger King en un comunicado, el sistema combina datos de las conversaciones en el servicio al coche, el inventario y el equipamiento de cocina.

La cadena explica que el sistema se entrenó para reconocer estas frases basándose en criterios de franquiciados y clientes. Los gerentes de los locales podrán consultar al asistente para obtener informes sobre el desempeño de su establecimiento en términos de servicio al cliente, mientras que la compañía trabaja en la capacidad de capturar también el tono de las conversaciones de sus empleados.

Además de evaluar su “amabilidad”, el sistema ofrece “asistencia operativa”, como instrucciones sobre los ingredientes de los menús o alertas sobre la necesidad de limpiar los baños. Burger King afirma que la herramienta no está diseñada para realizar un seguimiento individual ni para imponer guiones a los trabajadores, sino como “un apoyo para la gestión de los equipos”, automatizando, por ejemplo, los cambios en los menús digitales cuando un producto deja de estar disponible.

La cadena prevé que el sistema esté disponible en todos los establecimientos de Estados Unidos para finales de 2026. Burger King avisa, eso sí, que por el momento no tiene planes para extender esta tecnología al trato directo con el consumidor. “No todos los clientes están preparados para eso”, reconoció un portavoz al medio especializado en tecnología The Verge.

Otras cadenas, como McDonald's, cancelaron recientemente proyectos piloto con asistentes de voz de IA para realizar pedidos e interactuar con los clientes en sus establecimientos.

En octubre de 2025, el nivel general de actividad económica mostró una suba interanual del 3,2%, según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) publicado por el Indec. Sin embargo, el trabajo no siguió la misma curva ascendente: los sectores que más empleo generan —como la industria, el comercio y el Estado— siguen estancados o en retroceso, lo que debilita la posibilidad de una mejora real en las condiciones laborales y salariales.

La industria manufacturera cayó 2,7% interanual, y su incidencia negativa fue la más fuerte del mes: le restó casi medio punto al EMAE general. Esta contracción se suma a una tendencia de arrastre y golpea de lleno a las y los trabajadores industriales, especialmente en ramas que ya venían con conflictos abiertos, como metalúrgicos, textiles, plásticos y autopartistas.

La administración pública también cayó 0,8%, en el marco de recortes de gasto, congelamientos de vacantes y revisión de contratos en distintas jurisdicciones. Esta baja afecta a trabajadores estatales, docentes, personal de salud y de seguridad social, que además enfrentan procesos de precarización y pérdida salarial frente a la inflación.

El sector de hoteles y restaurantes, que concentra una importante masa laboral joven y de alta informalidad, bajó 1,0%, lo que refleja una desaceleración del consumo y la actividad turística. Muchos empleos allí son temporales, mal pagos y sin cobertura de derechos, por lo que cualquier retroceso incide directamente en la subsistencia de miles de hogares.

A contramano, los sectores que impulsaron el EMAE en octubre tienen escasa capacidad de generar trabajo genuino. El mayor crecimiento fue de la intermediación financiera (+22,8%), vinculada a la operatoria bursátil y de mercado de capitales, que no derrama ni empleo ni mejoras en la economía real. También creció la actividad inmobiliaria y empresarial (+3,9%), con fuerte peso en la renta de oficinas y contratos de servicios, más cercana a la lógica especulativa que a la creación de puestos de trabajo estables.

De los sectores que más aportaron al crecimiento del EMAE, solo uno —actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler— tiene alguna relación con servicios profesionales, administrativos o de soporte, donde sí hay empleo calificado. Pero incluso allí predominan las contrataciones por fuera del convenio, tercerizadas o en condiciones inestables. Por su parte, la intermediación financiera —que explica más del 0,8% del crecimiento total— no genera empleo masivo y concentra ingresos en una franja muy reducida de actores económicos.

Otro dato destacado fue la suba del 91,4% interanual en Pesca, aunque con bajo impacto en el índice general. Se trata de un sector marginal en términos del PBI y el empleo, con actividad estacional y condiciones laborales históricamente precarias, sobre todo en la costa patagónica.

En términos desestacionalizados, el EMAE cayó 0,4% frente a septiembre, y la serie tendencia-ciclo no mostró variaciones. El acumulado anual hasta octubre mantiene un alza del 5,0% respecto a igual período de 2024, aunque esto responde en parte a la comparación con un año de fuerte caída previa.

Para quienes trabajan, el crecimiento sigue siendo una estadística sin traducción en mejoras concretas. La producción de bienes se achica, los servicios esenciales se recortan y los sectores que crecen no distribuyen. En la economía real, el rebote no se nota en los sueldos, ni en las condiciones de trabajo, ni en la estabilidad del empleo.

JJD

La reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei podría llegar al recinto del Senado el próximo 26 de diciembre, con una estrategia de trámite exprés que lidera la flamante jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich. La iniciativa comenzará a debatirse este miércoles en comisiones, pese al rechazo anticipado de la CGT, que marchará este jueves, y del bloque peronista, que pide abrir el debate a especialistas y actores del mundo del trabajo.

La comisión de Trabajo y Previsión Social, que presidirá la propia Bullrich, se constituirá a las 9 de la mañana, y a las 11 ya está convocado un plenario con Presupuesto y Hacienda para iniciar el tratamiento. La senadora pretende dictaminar la reforma laboral el jueves y llevarla al recinto el lunes 23 o el viernes 26, en el marco de las sesiones extraordinarias. “Tenemos la decisión de sacar la ley antes de fin de año”, dijo Bullrich anoche.

El acuerdo para avanzar fue sellado en una reunión de Labor Parlamentaria presidida por Victoria Villarruel, en la que también participaron José Mayans (UxP), Eduardo Vischi (UCR) y otros jefes de bloque. Mientras el peronismo busca frenar el trámite acelerado, el radicalismo podría convertirse en pieza clave para la mayoría que intenta construir el oficialismo, junto a aliados del PRO y bloques provinciales.

Bullrich calcula tener unos 40 votos a favor, aunque admite que no hay chances de consensuar con el kirchnerismo. “Es una ley que ya se discutió mucho, no necesita más debate”, sostuvo, aludiendo al trabajo realizado en el Consejo de Mayo, donde participó la senadora radical Carolina Losada.

Sin embargo, desde la Confederación General del Trabajo advirtieron que se opondrán a cualquier intento de avanzar sin consulta con los trabajadores. El jueves habrá movilización a Plaza de Mayo. La central sindical considera que la reforma implicaría una regresión de derechos laborales, al flexibilizar condiciones de contratación, reducir indemnizaciones y limitar la actividad sindical.

El proyecto aún no fue difundido oficialmente, lo que genera preocupación entre juristas, gremios y legisladores opositores. Aseguran que no se puede debatir una reforma estructural del trabajo sin conocer el texto completo ni evaluar su impacto en millones de trabajadores registrados y no registrados.

En paralelo, el Gobierno busca modificar también la Ley de Glaciares, aprobada en 2010 tras un fuerte consenso ambiental, científico y social. La reforma apunta a flexibilizar la protección de glaciares y permitir actividad minera en zonas sensibles, dándole más margen a las provincias. Este miércoles se constituirán las comisiones de Ambiente, Justicia y Minería para iniciar el tratamiento.

Organizaciones socioambientales y especialistas ya expresaron su rechazo. Recuerdan que en 2019 la Corte Suprema ratificó la constitucionalidad de la ley vigente, subrayando que el acceso al agua y la protección de los bienes comunes deben estar por encima de los intereses económicos. Alertan además que, en un contexto de crisis climática y retroceso glaciar, el intento de modificar la norma pone en riesgo reservas estratégicas de agua dulce y aumenta la vulnerabilidad de las comunidades.

A una semana de la Navidad, el oficialismo busca imponer su agenda legislativa sin abrir un debate democrático amplio, que esté a la altura de una modificación legislativa de tanto calibre.

JJD

Trabajadores y trabajadoras del subte B liberaron este jueves por la mañana los molinetes de la estación Federico Lacroze, en la ciudad de Buenos Aires, como parte de una protesta gremial contra una situación de acoso y violencia laboral sufrida por una empleada de limpieza. La acción directa tuvo lugar entre las 7 y las 8, y fue levantada tras una hora, aunque los delegados no descartan nuevas medidas en los próximos días.

El hecho que originó la protesta involucra a Araceli Pintos, trabajadora de limpieza recientemente desvinculada de la empresa. Según informaron fuentes sindicales a la agencia Noticias Argentinas, la mujer denunció haber sido acosada por un agente policial mientras prestaba tareas en el subte. Sin embargo, la respuesta empresarial no fue de acompañamiento, sino de represalia: “Defendieron al acosador y trasladaron a la compañera a otra línea”, afirmaron en un comunicado.

Más aún, el conflicto escaló cuando, tras el traslado forzado, la trabajadora fue desvinculada del puesto, lo que —según la versión gremial— fue una forma de castigo encubierto y revictimización. La concesionaria del servicio, Emova, se defendió asegurando que Pintos “fue despedida por reiterados incumplimientos durante su período de prueba” y que se cumplieron todas las instancias previas antes de tomar esa decisión.

“Pretendían que Araceli soportara y callara el abuso del personal policial y la violencia de los supervisores, si quería quedar efectiva”, denunciaron los trabajadores en el mismo texto. Además, calificaron el accionar de la empresa como “discriminatorio, ilegal y contrario a las leyes de igualdad y género vigentes”.

La denuncia no se limita al caso individual. Según señalaron los metrodelegados, la situación de Pintos es parte de un patrón más amplio: “Se enmarca en un avance de las prácticas persecutorias y violatorias del convenio colectivo”, expresaron. En ese sentido, mencionaron también las condiciones generales de trabajo en la red, como la presencia de asbesto cancerígeno, la contaminación ambiental y la ausencia de inversión y mantenimiento, que afectan tanto la salud de los empleados como la calidad del servicio.

La liberación de molinetes funcionó como medida simbólica y de visibilización, pero el malestar persiste y las acciones podrían continuar. El reclamo combina la defensa de los derechos individuales de una compañera acosada con una denuncia estructural sobre el trato empresarial hacia el personal de limpieza, uno de los sectores más vulnerables del sistema.

JJD

La industria manufacturera profundizó su retroceso en agosto, con una caída interanual de 4,4% que afectó a 15 de las 16 divisiones del sector, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Detrás del dato, hay una señal de alarma para el empleo industrial, que viene acumulando meses de deterioro.

Pese a que el acumulado de enero a agosto mostró un crecimiento interanual de 4,4%, la desaceleración de los últimos meses quedó en evidencia con una variación tendencia-ciclo negativa de 0,5%. El leve repunte desestacionalizado de 0,6% respecto a julio no alcanzó para revertir un panorama que ya se traduce en pérdida de puestos de trabajo, suspensiones y menor actividad en las plantas.

Los mayores retrocesos se dieron en ramas laborales intensivas, como productos de metal (-18%), textiles (-18,1%), calzado (-25,6%) y maquinaria y equipo (-8,9%). En estas divisiones se concentra una gran parte del empleo fabril, sobre todo en pymes que enfrentan menores ventas y crecientes costos operativos. La contracción también alcanzó a automotores (-6,2%), sector clave para las cadenas de valor regionales.

En alimentos y bebidas, que representa una proporción significativa del empleo industrial, la caída fue de 2,3% interanual. Hubo fuertes bajas en vino (-15,6%), yerba, té y café (-23,2%) y bebidas gaseosas y alcohólicas (-10,6%), mientras que solo lácteos (4,6%) y la molienda de oleaginosas (21%) mostraron alzas.

Los productos de tabaco cayeron 9,1%, y los productos químicos, 0,8%, aunque con disparidades: los farmacéuticos crecieron 5,3%, mientras que la fabricación de detergentes y jabones cayó 17,2%. La producción de neumáticos se desplomó 39,8%, afectando una rama que ya venía golpeada por conflictos sindicales y freno en la demanda.

En industrias metálicas básicas, la caída fue de 4,3%, con un descenso de 6,1% en la siderurgia. En productos minerales no metálicos, usados en la construcción, el retroceso fue de 3,4%, lo que anticipa un freno en la obra pública y privada, con consecuencias directas sobre el empleo del sector.

La única excepción fue la refinación de petróleo, que creció 4,9% interanual, apuntalada por el aumento de la producción de gasoil (10,2%) y asfaltos (49,5%). Sin embargo, se trata de una rama con bajo impacto en el empleo total de la industria.

El panorama que arroja el informe de agosto del Indec es claro: el freno industrial no solo deteriora la producción, sino que profundiza la pérdida de empleo en sectores ya castigados por la recesión. Detrás de cada porcentaje negativo, hay trabajadores despedidos, suspendidos o con sus ingresos reducidos, mientras las fábricas ajustan turnos, achican líneas y apagan máquinas.

JJD

Los grandes fabricantes de autos no viven un momento tranquilo. Una inquietud que sobrevuela, por ejemplo, a los productores chinos, ante la batería de aranceles que están imponiendo tanto Europa como Estados Unidos para hacer frente a la creciente competencia de sus vehículos eléctricos, mucho más baratos. A uno de esos gigantes de la automoción china, BYD, le ha surgido, además, un nuevo problema: la acusación por parte del Gobierno de Brasil de que se han empleado trabajadores en “condiciones similares a la esclavitud” durante la construcción de una fábrica en ese país.

El Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) brasileño aseguró, en plena Navidad, que había “rescatado” a 163 obreros en la región metropolitana de Salvador, la capital del Estado de Bahía. Trabajaban en la construcción de la fábrica de BYD, que está siendo realizada por una empresa intermediaria, Jinjiang Group. Las investigaciones, según explica el Ministerio en un comunicado, comenzaron el 9 de diciembre y, en ellas, también ha participado la Policía y la Fiscalía brasileña. 

Esas inspecciones pusieron de manifiesto, según el Ministerio, una batería de presuntas irregularidades, tanto en las condiciones de trabajo, como salariales y sanitarias. Por ejemplo, el MTE detalla que a los trabajadores se les “retenía el pasaporte, lo que impedía tanto la salida como el regreso a su país de origen”, que se les exigía realizar jornadas laborales que “llegaban a las 10 horas diarias” con “días libres irregulares” y que se veían “obligados a descansar, a menudo, sobre los materiales de construcción”. También, que “se les retenía el 60% de sus salarios y solo recibían el 40% en moneda china”.

“Las condiciones precarias, combinadas con jornadas de trabajo agotadoras, provocaron frecuentes accidentes laborales”, indica el Ministerio de Trabajo. “Uno de los trabajadores denunció un accidente ocular sin acceso a atención oftalmológica adecuada, mientras que otro sufrió un accidente atribuido a la falta de sueño, provocado por jornadas de trabajo extenuantes y condiciones de alojamiento degradantes”, argumenta.

En cuanto a estas últimas, el MTE afirma que inspeccionó los alojamientos, gestionados por la empresa china Jinjiang Construction Brazil, y habla de “condiciones extremadamente degradantes para los trabajadores”. “Las camas no tenían colchones, no había armarios y los objetos personales se guardaban junto con la comida. Los baños eran insuficientes y precarios” y menciona que “solo un baño daba servicio a 31 trabajadores”.

“Esta precaria situación sanitaria obligaba a los trabajadores a levantarse a las 4 de la mañana para hacer cola y salir a trabajar a las 5:30 de la mañana. Además, los baños no estaban separados por sexo, carecían de asientos y se encontraban en condiciones de higiene inadecuadas”, remarca.

Tras la investigación del Ejecutivo brasileño, BYD aseguró que había cortado todos los vínculos con la empresa contratista, según recoge la agencia Reuters, y que estaba colaborando con las autoridades brasileñas para dar asistencia a los 163 empleados.

Sin embargo, hay más mar de fondo. Según la misma agencia, la compañía contratista, Jinjiang publicó en la red social china Weibo que se ha “etiquetado injustamente” a los empleados como “esclavizados”, lo que “hace que sientan su dignidad insultada”. Unos comentarios que, en esa misma red social, replicó un responsable de Marca y Relaciones Públicas de BYD, Li Yunfei, para asegurar que “fuerzas extranjeras” estaban “difamando deliberadamente a las marcas chinas” para “socavar la relación entre China y Brasil”. 

Al margen de esas respuestas, el Ministerio brasileño asegura que, en los últimos días, se ha reunido tanto con BYD como con Jinjiang Construction Brazil y que se ha realojado a los trabajadores en hoteles. También, de los más de 160 empleados, casi una decena tiene previsto regresar a China en las próximas semanas. El próximo martes está prevista una nueva reunión donde las empresas tienen que responder a las exigencias que han planteado las autoridades brasileñas.

La pelea por ser el mayor fabricante de eléctricos

Este escándalo laboral puede dañar la imagen de la multinacional asiática en Brasil, uno de los grandes mercados que, además, ha aprobado elevar los aranceles a partir de 2026, desde el 18% actual hasta el 35%.

BYD no solo es uno de los mayores fabricantes chinos de autos eléctricos. También está peleando mano a mano con Tesla por ser la empresa del sector que logra un mayor volumen de ventas. De hecho, este otoño superó al gigante estadounidense. En el tercer trimestre del año 2024, el que va del 1 de julio al 30 de septiembre, BYD facturó el equivalente a 27.200 millones de euros, mientras Tesla se quedó en 24.200 millones. Eso sí, hay diferencias en cuanto al negocio, porque BYD también hace híbridos enchufables, no solo eléctricos.

La compañía china se ha revestido a sí misma de una historia de superación. Por ejemplo, señala que BYD es un acrónimo de la expresión en inglés 'build your dreams'. Su fundador es Wang Chuanfu, quien en la década de 1990 puso en marcha una empresa de baterías, para lo que tuvo que pedir un crédito de algo más de 300.000 euros. Años después, transformó la empresa en una compañía de autos eléctricos asequibles y, de ahí, al éxito y a conseguir el respaldo como accionistas de gigantes de la inversión como Blackrock o Berkshire Hathaway, el brazo inversor de Warren Buffett.

Las acusaciones por las condiciones de trabajo en Brasil no son ni mucho menos un caso aislado. También en diciembre, el Ministerio de Trabajo destapó otro caso similar, de 14 empleados que trabajaban en “condiciones similares a la esclavitud” en el festival Rock in Rio 2024 y a más de un centenar de niños y menores empleados en mercados callejeros de diferentes ciudades.

Solo en 2023, la Fiscalía brasileña detectó más de 3.000 personas trabajando en este tipo de condiciones. Unas situaciones que también se han ligado a empresas españolas. Hace más de una década, el Ministerio de Trabajo brasileño puso de manifiesto las condiciones laborales de uno de los proveedores de Inditex en ese país, que tuvo que llegar a un acuerdo con la Administración y comprometerse a mejorar las condiciones de producción de las empresas subcontratadas.

DM