“Este estudio es probablemente el proyecto más deprimente en el que he participado en toda mi vida”, reconoce Luís Nunes Amaral, autor de la mayor investigación realizada hasta el momento sobre las publicaciones científicas fraudulentas, que este lunes publicó la revista PNAS.

A través de la combinación de análisis de datos a gran escala de la literatura científica con estudios de casos, los investigadores de la Universidad Northwestern llegan a una preocupante conclusión: el fraude científico organizado aumenta sin control. De hecho, crece en las revistas especializadas a mayor velocidad que los ‘papers’ legítimos.

Aunque se suele señalar la mala conducta científica de personas aisladas, el estudio revela que –en realidad– se trata de sofisticadas redes globales de individuos y entidades que colaboran sistemáticamente para hacer negocio falsificando investigaciones.

Una especie de mafia que se dedica a producir manuscritos de baja calidad, con datos falsificados, imágenes manipuladas, contenido plagiado e incluso sin sentido, y que luego venden a académicos que desean publicar rápidamente. “No solo pueden comprar artículos, sino también citas. De este modo, alguien puede parecer un científico de renombre cuando apenas ha realizado investigaciones propias”, explica Amaral.

“Son esencialmente organizaciones criminales que actúan para falsificar el proceso científico”, remacha el autor del estudio, que incide en el peso económico de esta actividad: “Hay millones de dólares en juego”.

Las revistas como negocio

“Hay una conciencia de que las malas prácticas científicas pueden estar extendiéndose debido, por una parte, a que existen revistas que son un buen negocio y que siguen de forma parcial los niveles exigibles de control. Y, por otra, de que el uso de indicadores numéricos en la evaluación de proyectos y de profesionales puede estar llevando a la búsqueda de atajos. Esto se ha expresado repetidamente, y en algunos aspectos se está corrigiendo”, señala Pere Puigdomènech, profesor de investigación emérito del Centro de Investigación en Agrigenómica (CRAG) y presidente del Comitè per a la Integritat de la recerca a Catalunya (CIR-CAT), en declaraciones al Science Media Centre España.

Ese negocio editorial al que se refiere Puigdomènech se evidencia en los balances de las editoriales especializadas. Seis de los principales grupos han incrementado su facturación un 250% entre 2019 y 2023 solo por la publicación de artículos. De hecho, el coste medio de los APCs (Article Processing Charges, el dinero que cobra una revista a los científicos para divulgar un artículo) ha pasado de 2.356 euros a 2.983 euros.

Tradicionalmente, las revistas solían pertenecer a sociedades científicas y funcionaban por suscripción. Pero eso limitaba quién podía leer los artículos, y, por tanto, su impacto. Por eso empezaron a ofrecer una alternativa: en vez de cobrar al lector por acceder al artículo, que el investigador pagara por publicarlo y el texto esté en abierto, accesible para todos. Con el tiempo, algunas revistas se han vuelto más laxas con los criterios de aceptación de artículos, multiplicando las publicaciones. Unas publicaciones que los científicos necesitan publicar para progresar en sus carreras. En última instancia, esa necesidad ha encontrado la forma de alimentar el negocio de manera ilegítima.

Las redes mafiosas venden puestos de autoría por cientos o incluso miles de dólares, dependiendo del tipo de 'paper' o si se trata del puesto de primer autor. También se paga para que los artículos sean aceptados automáticamente en una revista a través de un proceso de revisión por pares falso, explica la investigación: “Hay que encontrar a alguien que escriba el artículo. Hay que encontrar personas dispuestas a pagar para ser los autores. Hay que encontrar una revista en la que se pueda publicar todo. Y se necesitan editores en esa revista que acepten ese artículo”.

Para identificar artículos de fábricas de 'papers', el equipo puso en marcha un proyecto para escanear automáticamente los textos publicados sobre ciencia de los materiales e ingeniería y buscó específicamente autores que identificaran erróneamente los instrumentos que utilizaban en sus investigaciones. Para su sorpresa (o no), un artículo con esos resultados fue aceptado por la prestigiosa revista PLOS ONE.

Publicaciones desaparecidas

Otra de las estrategias de estas redes fraudulentas es la de esquivar los controles de las revistas apropiándose de cabeceras desaparecidas o que pueden comprar por poco dinero. Así, asumen una identidad que da credibilidad a sus publicaciones falseadas. El estudio publicado en PNAS pone el ejemplo de la revista HIV Nursing.

“Pertenecía a una organización profesional de enfermería del Reino Unido, luego dejó de publicarse y su dominio online caducó. Una organización compró el nombre de dominio y comenzó a publicar miles de artículos sobre temas que no tenían nada que ver con la enfermería, todos indexados en Scopus”, explica Reese Richardson, becario postdoctoral en el laboratorio de Amaral y primer autor del artículo.

En España, como ya contó elDiario.es, también ha habido casos parecidos en los que una serie de empresas fantasma compraron prestigiosas revistas científicas para lucrarse publicando artículos dudosos. Por ejemplo, la publicación Comunicar llegó a estar entre el 10% de las mejores del mundo en su rama. En 2023, una compañía prácticamente desconocida en el sector, Oxbridge Publishing House, la compró. Un año después, Comunicar fue expulsada de las principales bases de datos del mundo por sospechas en su proceder.

Alberto Martín y Emilio Delgado, documentalistas en la Universidad de Granada, recogen este caso en su artículo La invasión de los ladrones de revistas. “Desde 2020 esta red ha adquirido, con la ayuda de empresas intermediarias, al menos 30 revistas académicas publicadas originalmente en países como España, Reino Unido, Estados Unidos, India o Turquía, todas indexadas en prestigiosas bases de datos científicas como Web of Science y Scopus”, describen.

Este altavoz editorial en el que no hay control de calidad de lo que se publica sirve como vía de salida perfecta para la producción enloquecida de las 'fábricas de papers' que se venden en el mercado negro: una de estas empresas presume de haber colocado más de 12.000 en una década. El perfil de X 'Authorship for sale' reproducía algunas de estas ofertas como puede verse en este tuit.

“Es una llamada más de atención para todos, profesionales de la ciencia y gestores, a no bajar la guardia sobre estos temas y no caer en la ilusión de que cuatro indicadores de impacto lo resuelven todo. La formación de los profesionales en las buenas prácticas de la ciencia y la existencia de instancias que se ocupan de estos temas es esencial. En el mundo actual en el que la desinformación es corriente, la actividad científica no puede perder la credibilidad que tiene ante la sociedad”, reflexiona Pere Puigdomènech.

La noticia se conoció el viernes pasado. Mediante una resolución, el Gobierno nacional anunciaba un nuevo recorte a la ciencia bajo una imprecisa medida que determinaba el cierre de los programas que “deban rendiciones, que estén vencidos y no aporten al crecimiento del país”. Esta resolución, dictada en plenas vacaciones de verano, es un paso más y encendió alarmas en la comunidad científica.

“Es como el blanqueo de una situación que ya veníamos sufriendo concretamente y ahora queda expresado y esbozado en una metodología concreta que van a llevar adelante como para poner el punto máximo a la política científica que este gobierno plantea”, señala Haydeé Pizarro, investigadora responsable del Laboratorio de Limnología del Departamento de Ecología, Genética y Evolución de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, quien describió que la noticia causó una mezcla de “revuelo y desazón”.

Desde la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología, que integran más de 340 autoridades de institutos de Ciencia, se emitió un comunicado de repudio a la medida. Según la organización, la información publicada anticipa una profundización del ajuste en en el área. “Esta resolución busca darle un marco de legitimidad al mayor ajuste que ha sufrido el sistema científico y tecnológico nacional desde la recuperación de la democracia en nuestro país, ajuste que ya provoca un éxodo masivo de investigadores y la paralización y desarticulación de grupos de investigación que ha costado décadas desarrollar”.

Además, hicieron llegar una Declaración de Repudio la Federación de Docentes Universitarios (Fedun), la Federación de Sindicatos Universitarios de América del Sur (Fesiduas) y la Federación Latinoamericana de Trabajadores Científicos (Fedlacti), argumentando que “la resolución plantea la eliminación de las investigaciones científicas relacionadas con las ciencias sociales, el medio ambiente y el calentamiento global entre otras”.

Agregaron que la medida “representa un ataque directo al avance del conocimiento y un grave retroceso en las políticas públicas orientadas al desarrollo sostenible y la soberanía científica nacional” y concluyeron: “Esta medida refleja una postura negacionista que desconoce la importancia estratégica de la ciencia y la tecnología para abordar los desafíos globales y locales”.

En la misma línea, la vicedirectora de la Facultad de Exactas de la UBA, Valeria Levi, señaló que la medida publicada en el Boletín Oficial expresa en un documento oficial un desmantelamiento de la ciencia que ya sucedía de hecho. “Se ve claramente que se le quiere dar un marco de legalidad, que todavía no sabemos si es tal, a algo que fue un hecho durante 2024: todos estos programas fueron suspendidos durante el año pasado, incluyendo los que tenían que ver con construcciones de institutos científicos, de laboratorios, compra de equipamiento, proyectos de vinculación científico-tecnológica con el sector productivo”.

Es que todavía no está claro el alcance del recorte. De los 70 programas que la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología analizará para su cierre o eventual ajuste, el organismo solo dio a conocer algunos que ha definido cerrar, mientras el resto permanecen en evaluación. Según publicó el diario La Nación, son cinco las bajas confirmadas hasta el momento, entre los que se encuentran, Programa Juventudes y Ciencia, Programa Ciencia por contar, Programa de Subsidios institucionales, Programa de Subsidios extraordinarios y Proyectos de Cultura Científica.

El Gobierno hizo el anuncio mediante la Resolución 10/2025 de la Jefatura de Gabinete de Ministros, publicada en el Boletín Oficial el pasado jueves. Allí se estableció la evaluación y posible cierre de programas científicos creados bajo el ex Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MinCyT). La medida se fundamenta en la necesidad de reducir el gasto público en el marco de la emergencia económica y financiera que atraviesa Argentina y asigna como responsable de la evaluación a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología que dirige Darío Genua. Sin embargo, el contexto de emergencia se remonta a principios de 2024, cuando el gobierno de Javier Milei decidió frenar los desembolsos de los programas de financiamiento científico.

En diálogo con elDiarioAR, desde el organismo aseguraron que quedará a salvo del cierre el Programa Federal Equipar Ciencia, destinado a la compra de equipamiento científico, que obtuvo una prórroga de los convenios para el uso de fondos el pasado 29 de noviembre y en la que se habilita al uso de los mismos hasta el próximo 30 de junio de 2025.

Asímismo, se consultó a la Secretaría por los programas de desarrollo científico paralizados: los PICT 2022, que deberían haberse desarrollado durante 2024 y la convocatoria prorrogada por 4º vez a los PICT 2023. El organismo aclaró que los programas permanecen bajo el ala de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+I) y que se debe conformar el Directorio (vacante desde marzo de 2024) para tomar decisiones al respecto. También, se confirmó que los convenios de desarrollo científico con países y embajadas permanecerán vigentes.

Este medio se contactó con Conicet para consultar por el impacto de las medidas anunciadas sobre los científicos de la institución, pero respondieron que por el momento no habrá una declaración oficial al respecto y agregaron que es un tema correspondiente a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.

Levi pone en duda la legalidad de la medida: “Lo que entendemos de esta resolución es que Jefatura de Gabinete quiere poner en papeles que los proyectos que estaban suspendidos se den de baja. Lo que no sabemos es la legalidad de esta medida porque en muchos de los casos hay contratos firmados y de un día para el otro no se puede decir ”damos de baja todos estos contratos“.

Esta resolución busca darle un marco de legitimidad al mayor ajuste que ha sufrido el sistema científico y tecnológico nacional desde la recuperación de la democracia en nuestro país, ajuste que ya provoca un éxodo masivo de investigadores

Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología

Críticas al enfoque productivista de la ciencia e incertidumbre sobre el alcance de los recortes

El discurso de “poner la ciencia al servicio del desarrollo productivo”, circula desde que asumió la gestión del gobierno Javier Milei, incluso como argumento para explicar la parálisis de financiamiento o la subejecución de programas.

El texto publicado en el Boletín Oficial lo transparenta: “Resulta imperioso que la evaluación de los programas se realice verificando su correlato con el Plan Estratégico definido para el 2024-2025, el cual tiene su eje en la redefinición y reorientación de las estructuras institucionales y sistemas de evaluación relacionados con la gestión del conocimiento y la promoción de la ciencia y la tecnología, con una política orientada a la generación de conocimiento y el desarrollo de tecnologías al servicio del crecimiento económico y desarrollo estratégico del país, con asiento en las temáticas de agroindustria, energía y minería, economía del conocimiento y la innovación y salud”.

La investigadora Pizarro reflexionó sobre el modelo de ciencia que plantea la gestión libertaria ligado a la producción: “Lo que a mí me da tristeza es cuando veo a las personas de la sociedad, no toda, pero una gran parte que van de la mano con decir ‘hay que hacer a la ciencia eficiente’, ‘hay que hacerla laburar para algo que sirva’. Y la verdad es que lo han logrado, en ese sentido. Esa bendita batalla cultural la han ganado por el momento. Es una batalla, no es la guerra, así que vamos a seguir”.

Lo que a mí me da tristeza es cuando veo a las personas de la sociedad, no toda, pero una gran parte que dicen ‘hay que hacer a la ciencia eficiente’, ‘hay que hacerla laburar para algo que sirva’. Esa batalla cultura la han ganado. Pero es una batalla, no la guerra. Vamos a seguir

Haydeé Pizarro — investigadora responsable del Laboratorio de Limnología del Departamento de Ecología, Genética y Evolución de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA

Las áreas prioritarias quedaron definidas en la resolución, dejando por fuera temáticas como medio ambiente, el cambio climático y las Ciencias Sociales. Pizarro entiende que este tipo de medidas de recorte en la ciencia “traen realmente límites al conocimiento. Yo me pregunto qué va a pasar con líneas vinculadas con la historia con líneas vinculadas con los derechos humanos, ¿cómo podemos encorsetar determinada generación de conocimiento porque supuestamente no va con el desarrollo económico del país?”.

Beatriz Bragoni, Historiadora del Conicet Y UNCuyo y Directora del Incihusa, Mendoza, analizó la medida y comentó que “no parece estar dirigida solo a revisar o suspender programas o subsidios ejecutados por la anterior gestión del ex MinCyT para reducir el gasto o auditar recursos públicos”.

La investigadora entiende que es una estrategia que permitirá aplicar la “motosierra” prometida en el sector Ciencia y Tecnología con una triple estrategia: El agravio al personal científico y la descalificación de temas y problemas que nutren la agenda de investigación básica y aplicada en los principales centros académicos mundiales. Y por último, el “radical desfinanciamiento de grupos o equipos de trabajo consolidados o de más reciente formación, distribuidos en la desigual geografía del país cuyas contribuciones a los diferentes campos de conocimiento y la excelencia de recursos humanos capacitados en institutos y laboratorios suelen ser reconocidos en el país y más allá de sus fronteras”. 

Por su parte, a Pizarro le preocupa el futuro de las generaciones de sus alumnos, jóvenes científicos, que dejan de encontrar posibilidades de trabajo y desarrollo de carrera dentro del país: “¿Qué nos queda? Cuando empiece el primer cuatrimestre, ¿qué le voy a decir a los estudiantes que están ya se están recibiendo? ¿Qué les digo, cuando me vengan a pedir que por favor les haga una nota de recomendación para irse afuera? ¿Les digo que no? No, les hago la nota”, reflexionó la científica.

El Plan Estratégico 2024-2025: un tuit como única referencia

La resolución menciona un Plan Estratégico 2024-2025 como guía para la evaluación de los programas. Sin embargo, la única referencia pública del programa, lanzado el 14 de noviembre del 2024 es un tuit de la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, y su correspondiente publicación en Instagram.

Allí se plantean cuatro puntos estratégicos seguidos de un párrafo explicativo: Política científico-tecnológica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, Servicios Digitales del Estado y Organismos Descentralizados. A casi dos meses de su lanzamiento, este medio se contactó con la Secretaría de Innovación Ciencia y Técnica para pedir el desglose del plan, pero el organismo contestó que esa información formará parte de un anuncio que se hará en breve. Distintas organizaciones de la comunidad científica manifestaron la necesidad de acceder al plan completo, ya que la información presentada en el tuit no da cuenta de las bases y estudios previos que determinan a las áreas posicionadas como estratégicas, ni se muestra un diagnóstico de cómo se posiciona la ciencia argentina frente a esas áreas de conocimiento.

La situación de la ciencia argentina no hace más que agravarse a lo largo de los meses. El anuncio, dado en un contexto de receso vacacional de las universidades y otros centros de investigación, vuelve a poner en alerta a los científicos que se preguntan cuánto más se puede investigar sin plata.

LG/JJD