En 2024, el derecho a la protesta social en la Argentina enfrentó una de las mayores embestidas represivas de la democracia. Con la entrada en vigencia del protocolo antipiquetes, en diciembre de 2023, se instauraron políticas de control que limitaron severamente las manifestaciones. El informe de Amnistía Internacional titulado "Un año de protestas" es un anuario que detalla un panorama alarmante de violencia institucional, criminalización de manifestantes y restricciones al ejercicio de derechos fundamentales.

Amnistía relevó 15 protestas reprimidas entre enero y septiembre de 2024. Estos eventos dejaron 1.155 personas heridas, de las cuales 33 sufrieron impactos de balas de goma en la cabeza o el rostro, algunas perdiendo parcial o totalmente la visión. Entre los afectados se contaron 50 periodistas que intentaban documentar los hechos y sufrieron agresiones mientras cumplían su labor.

Entre los afectados se contaron 50 periodistas que intentaban documentar los hechos y sufrieron agresiones mientras cumplían su labor

El informe destaca casos paradigmáticos como el de Claudio Astorga, un manifestante que perdió parcialmente la visión de un ojo tras ser impactado por una bala de goma en la marcha frente al Ministerio de Capital Humano. Similar fue la experiencia de Diego Ricciardi, periodista herido en el mentón mientras transmitía en vivo. Estos ejemplos ponen de manifiesto la falta de protocolos claros para el uso de armas menos letales.

La resolución 943/2023, conocida como protocolo antipiquetes, califica cualquier corte de vía pública como un delito flagrante, habilitando el despliegue policial inmediato. Esto incluye el uso de gases lacrimógenos, camiones hidrantes y balas de goma para dispersar manifestaciones. Además, permite iniciar demandas judiciales contra los manifestantes para que asuman los costos operativos de los despliegues policiales.

La normativa no solo vulnera derechos constitucionales como la libertad de expresión y reunión, sino que también contraviene estándares internacionales. En enero de 2024, las Relatorías Especiales de la ONU exhortaron al gobierno de Javier Milei a revisar esta resolución, petición que fue ignorada.

El informe de Amnistía subraya el uso desproporcionado de la fuerza como práctica sistemática. Los gases lacrimógenos, muchas veces utilizados en espacios cerrados, causaron graves afectaciones respiratorias y dermatológicas, especialmente en adultos mayores, niños y embarazadas. Testimonios documentados relatan que los efectos de estos compuestos irritantes podían durar horas, causando dolor intenso y dificultad para respirar.

Por otro lado, las balas de goma fueron dirigidas en múltiples ocasiones a la parte superior del cuerpo, contraviniendo las recomendaciones internacionales que estipulan que deben apuntarse a las extremidades inferiores. Este patrón quedó registrado en varias manifestaciones, incluyendo la marcha de jubilados del 11 de septiembre, donde una niña de 10 años y su madre fueron rociadas con gas pimienta directamente en el rostro.

Las balas de goma fueron dirigidas en múltiples ocasiones a la parte superior del cuerpo, contraviniendo las recomendaciones internacionales que estipulan que deben apuntarse a las extremidades inferiores

La represión no solo apuntó a manifestantes. En al menos 15 protestas, periodistas y trabajadores de prensa fueron blanco de agresiones físicas y detenciones arbitrarias. Diego Ricciardi, Agustina Binotti y Pablo Alonso son solo algunos de los nombres que resuenan en el informe como víctimas del accionar policial. SiPreBA y FOPEA denunciaron esta situación como una amenaza directa a la libertad de prensa.

En la Plaza del Congreso, el 1 de febrero, 35 periodistas resultaron heridos en un operativo que utilizó gases y balas de goma indiscriminadamente. “Proteger la función periodística y su integridad física es una responsabilidad ineludible del Estado”, señalaron las organizaciones de prensa.

Más allá de los números, las historias detrás de las cifras revelan el costo humano de estas políticas. Manifestantes que salieron a pedir por derechos laborales, educación pública o mejoras jubilatorias enfrentaron golpes, gases y balas como respuesta. El caso de Claudio Astorga, quien aún lucha por recuperar su visión, es solo uno entre muchos que reflejan la brutalidad de estas prácticas.

Consulta sobre la publicación de este informe, la ministra Bullrich dijo a la radio El Observador: “Amnistía Internacional no entiende nada. [Vivíamos en] un país que desde hace 25 años que tenía piquetes, que además eran con la gente extorsionada, con la gente yendo para que le den un sueldo, presos de los gerentes de la pobreza. Hemos logrado terminar con eso, con la mínima violencia. Que salgan con un informe así, la verdad es que, bueno, están del lado de los delincuentes”.

Bullrich se mostró indignada por el informe de Amnistía y dijo que en la organiazción “están influenciados por una mirada absolutamente alejada de lo que le pasa a la sociedad”. “¿Por qué no le preguntan a la sociedad si quiere seguir viviendo como vivió durante 25 años, donde los dueños de la calle eran los piqueteros y que le pregunten también a los mismos piqueteros que eran llevados y les sacaban una parte de la plata de su salario? ¿Por qué no les preguntan a ellos, en vez de hacer un informe total y absolutamente fuera de lugar, ridículo? Bueno, nosotros creemos que lo de Amnistía Internacional es pura ideología: la ideología de proteger siempre a los victimarios y a los 46 millones de argentinos, víctimas de los piquetes, de las extorsiones y demás, a esos no los protege nadie. Tranquilo, Amnistía, que nosotros los protegemos”.

La respuesta de Amnistía a Bullrich

Amnistía Internacional salió a responderle a Bullrich, con un posteo en X (Twitter): “Sí, entendemos. Entendemos que los gobiernos se enojen con nuestro trabajo. De hecho, entre los países que desacreditan nuestros informes sobre el uso abusivo de la fuerza, armas menos letales y detenciones arbitrarias están, por ejemplo, Venezuela y Nicaragua. Tiene sentido: demostramos con evidencia que cometen violaciones a los derechos humanos y en múltiples oportunidades nuestras investigaciones han contribuido para que los funcionarios responsables rindan cuentas ante la justicia”, resaltó.

Amnistía Internacional es una organización global que defiende los derechos humanos, investigando abusos y promoviendo justicia, libertad y dignidad. Actúa mediante campañas, informes y presión a gobiernos, buscando garantizar los derechos reconocidos internacionalmente para todas las personas.

La respuesta a la ministra de Milei continuó: “Amnistía Internacional denuncia la represión a la protesta social en todo el mundo, desde España, hasta Rusia, Bangladesh y Filipinas. Nuestros reportes están sujetos a una estricta metodología científica y se nutren de investigación en terreno, entrevistas a las víctimas, pedidos de acceso a la información pública, entre otras herramientas fundamentales. Denunciamos la violencia policial independientemente del gobierno de turno, tal es el caso del encierro en condiciones inhumanas en centros de aislamiento, las desapariciones y asesinatos de personas por parte de las fuerzas de seguridad durante la pandemia, cuyos relevamientos e informes están disponibles en nuestra página web”.

Denunciamos la violencia policial independientemente del gobierno de turno, tal es el caso del encierro en condiciones inhumanas en centros de aislamiento, las desapariciones y asesinatos de personas por parte de las fuerzas de seguridad durante la pandemia, cuyos relevamientos e informes están disponibles en nuestra página web

Amnistía Internacional — en respuesta a las críticas de Patricia Bullrich

Y finalizó: “Entendemos también que tocamos un nervio cuando exponemos los abusos. Recordamos el dramático caso de la niña gaseada en una protesta frente al Congreso. Se difundió un video falso que buscaba trasladar la responsabilidad por el lanzamiento de gas lacrimógeno contra una niña a una manifestante. Luego, la evidencia (eso con lo que trabajamos) mostró que quien había atacado a la niña fue un policía que actuaba bajo el protocolo antipiquetes”.

JJD